Mostrando entradas con la etiqueta Proyecto nacional y planeamiento. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Proyecto nacional y planeamiento. Mostrar todas las entradas

viernes, 23 de octubre de 2026

BRASIL Y ARGENTINA


 ante el desorden mundial

 

Por Gabriel Camilli

La Prensa, 20.10.2026

 

La transformación del orden internacional exige que la Argentina y Brasil revisen el lugar que ocupan en el mundo y, sobre todo, las capacidades que necesitan desarrollar para defender sus intereses. Esta fue una de las ideas centrales que expuse en el 1° Simposio de Geopolítica, Seguridad y Conflictos, realizado el 14 de octubre en el auditorio Interlegis del Senado Federal, en Brasilia, organizado por el Instituto de Altos Estudios de Geopolítica, Seguridad y Conflictos (GSEC) y la Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol-BR).

 

Como presidente del Instituto ELEVAN y único expositor extranjero invitado, presenté mis diez tesis sobre los desafíos estratégicos de América del Sur. El punto de partida es que atravesamos una etapa de competencia entre grandes potencias, reconfiguración de alianzas y disputa por recursos, tecnologías y espacios de influencia. En este escenario, la autonomía de nuestros países no puede reducirse a una declaración diplomática: requiere una visión común y capacidades concretas para sostener decisiones propias.

 

No se trata de promover un aislamiento regional ni de sustituir una dependencia por otra. Se trata de evitar que la falta de alternativas económicas, tecnológicas, industriales o militares limite nuestra libertad de acción. La pregunta decisiva es si América del Sur será capaz de actuar como sujeto estratégico o continuará respondiendo a prioridades definidas fuera de la región.

 

LA AUTONOMIA COMO CONDICION DE UNA POLITICA PROPIA

Durante el panel en el que expuse, el periodista Breno Altman coincidió con el diagnóstico general y subrayó una cuestión de fondo: las diez tesis planteadas difícilmente puedan concretarse si América del Sur no supera su relación de dependencia y su condición subordinada frente a Estados Unidos. Su intervención introdujo un debate necesario sobre la soberanía regional y la capacidad de nuestros países para establecer sus propias prioridades.

 

La discusión no debe interpretarse como una invitación a convertir la relación con Washington en una confrontación permanente. La cuestión es más profunda: ningún país puede sostener una política exterior autónoma si carece de alternativas, depende de proveedores únicos para sus necesidades esenciales o no dispone de una base productiva capaz de respaldar sus decisiones. La autonomía exige diversificar relaciones, fortalecer las instituciones regionales y desarrollar instrumentos propios.

 

En este marco, la Argentina y Brasil ocupan una posición singular. Por su dimensión territorial, sus recursos, sus capacidades científicas y sus estructuras productivas, pueden impulsar una cooperación que trascienda los intercambios comerciales. Pero para ello necesitan continuidad política, objetivos compartidos y una evaluación realista de sus vulnerabilidades.

 

IA Y SISTEMA DE ARMAS AUTOCTONOS

Otro aporte significativo del simposio fue el tratamiento de la inteligencia artificial y los sistemas de armas autónomos letales, conocidos internacionalmente como LAWS. María Cecilia Cavalcante y Andrea Catani Carbone, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, abordaron esta problemática y la posición brasileña en las discusiones multilaterales desarrolladas en el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales.

 

La cuestión tiene implicaciones que van más allá de la innovación tecnológica. La incorporación de inteligencia artificial a los sistemas militares plantea interrogantes sobre el control humano del uso de la fuerza, la responsabilidad por las decisiones, el cumplimiento del derecho internacional humanitario y los riesgos de una aceleración de la competencia armamentística.

 

Aquí existe una oportunidad para la cooperación entre la Argentina y Brasil. Ambos países podrían profundizar consultas diplomáticas, intercambios científicos y análisis conjuntos sobre los efectos de estas tecnologías, así como coordinar posiciones en los foros internacionales. El objetivo debería ser contribuir a que el desarrollo tecnológico no elimine la responsabilidad humana ni debilite las normas que regulan los conflictos armados.

 

La experiencia de cooperación nuclear argentino-brasileña constituye un antecedente valioso. Demostró que dos países pueden construir confianza mutua, mecanismos institucionales y capacidades tecnológicas en un ámbito sensible, sin renunciar a sus intereses nacionales. No se trata de trasladar mecánicamente ese modelo a otro campo, sino de recuperar su principal enseñanza: la cooperación sostenida puede convertir una cuestión potencialmente conflictiva en una oportunidad estratégica.

 

TIERRAS RARAS: DE LOS RECURSOS NATURALES A LA CAPACIDAD INDUSTRIAL

La dimensión económica e industrial de la autonomía apareció también en la presentación de Albert Caballé Marimón, del Instituto GSEC, titulada Tierras raras: oportunidad estratégica para Brasil. Su exposición puso de relieve un problema fundamental: disponer de recursos naturales no equivale a dominar las tecnologías necesarias para transformarlos en productos de alto valor agregado.

 

Las tierras raras son insumos relevantes para la electrónica, los motores eléctricos, las energías renovables, los sensores, los radares y diversas aplicaciones aeroespaciales y de defensa. Sin embargo, el desafío no termina en la extracción minera. La separación, el refinado, la producción de materiales y aleaciones y la fabricación de componentes son etapas esenciales de una cadena industrial que permanece concentrada en pocos países.

 

La experiencia brasileña presentada por Caballé Marimón ilustra la distancia que puede existir entre una importante riqueza geológica y la capacidad de convertirla en autonomía tecnológica. Un país puede disponer de minerales estratégicos y, aun así, depender del exterior para procesarlos y fabricar los componentes que necesita. Exportar recursos sin desarrollar las etapas industriales posteriores puede perpetuar esa vulnerabilidad.

 

Este planteo abre una línea de trabajo de interés para la Argentina y Brasil. La cooperación podría explorar proyectos de investigación, formación de especialistas, procesamiento de minerales críticos, desarrollo de materiales avanzados y aplicaciones industriales, siempre sobre la base de estudios de viabilidad, capacidades existentes y beneficios recíprocos. No significa que ambos países deban producirlo todo ni que cada proyecto tenga que ser binacional. Significa identificar dónde la complementación puede reducir dependencias y generar conocimiento, empleo y valor agregado en la región.

 

La cuestión de las tierras raras conecta así la política industrial con la defensa y la seguridad. La autonomía no depende únicamente de disponer de recursos o adquirir sistemas de armas, sino también de contar con conocimientos, proveedores, infraestructura y capacidad de mantenimiento y producción. Sin esa base, las decisiones estratégicas quedan condicionadas por cadenas de suministro externas.

 

DE LAS COINCIDENCIAS A UNA AGENDA COMUN

Los debates del simposio permitieron observar distintas dimensiones de un mismo problema. La discusión sobre la dependencia regional, el futuro de las armas autónomas y la importancia de los minerales críticos conduce a una conclusión compartida: la soberanía necesita instrumentos materiales, científicos, industriales y diplomáticos que la hagan efectiva.

 

Para la Argentina y Brasil, esto supone recuperar una perspectiva estratégica de largo plazo. La cooperación debe identificar prioridades concretas, establecer mecanismos de coordinación y sostener proyectos más allá de los cambios de gobierno. La investigación científica, la industria, la formación de recursos humanos, la seguridad de las cadenas de suministro y la coordinación internacional son ámbitos en los que el trabajo conjunto puede producir resultados.

 

Ninguna alianza elimina las diferencias de intereses ni garantiza por sí sola el éxito. Pero la ausencia de cooperación puede dejar a ambos países más expuestos a decisiones externas y a una competencia tecnológica en la que otros actores cuentan con mayores escalas de producción e inversión.

 

Las diez tesis que presenté parten de esa preocupación: América del Sur necesita comprender el cambio del escenario internacional y actuar en consecuencia. No basta con describir el desorden mundial ni con reivindicar una autonomía abstracta. Hay que construirla mediante instituciones confiables, capacidades industriales, conocimiento propio y acuerdos regionales sostenidos. La Argentina y Brasil tienen la oportunidad de transformar su proximidad geográfica y sus intereses compartidos en una herramienta estratégica. El desafío consiste en pasar de las declaraciones a los proyectos, y de los recursos disponibles a las capacidades efectivas. En un mundo donde la tecnología, la industria y la seguridad están cada vez más vinculadas, la autonomía no se proclama: se construye.

 

Gabriel Camilli

Cnl My (R) - Director del Instituto ELEVAN.­

jueves, 30 de abril de 2020

EL PLANEAMIENTO COMO INSTRUMENTO DE GOBIERNO



 En vísperas de cumplirse 46 años de la presentación ante el Congreso, por parte del Presidente Perón, del Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, nos parece imprescindible volver a meditar sobre este tema, en un momento sumamente grave para la Argentina. Cuando termine la pandemia en curso, la situación socio-económica nos enfrentará a la realidad de un país devastado, con dificultades enormes para recuperarse, y sin un plan de largo plazo. Cuatro décadas sin planeamiento, han dejado una herencia nefasta; ojalá aprendamos la lección.

*****


En la actualidad, resulta evidente que la acción de planificar constituye un instrumento esencial del gobierno. El planeamiento constituye el desarrollo de un proceso de toma de decisiones anticipadas y coordinadas entre sí, con vistas a alcanzar un objetivo predeterminado. (1)

Varios gobernantes argentinos utilizaron el planeamiento, pero esporádica y brevemente; quien lo aplicó en forma sistemática y en mayor medida fue el Gral. Perón. Desde 1944, cuando el gobierno provisional del Gral. Farrell le encarga crear el Consejo Nacional de Posguerra, para preparar una transformación del país al terminar la segunda guerra mundial. Esta experiencia le sirve para, ya siendo Presidente, impulsar el Primer Plan Quinquenal 1947/51, y luego el Segundo  Plan Quinquenal 1953/57.

En el Modelo Argentino encontramos, en la Segunda Parte del documento presentado por Perón ante el Congreso el 1-5-1974, una frase significativa que reproduce un párrafo de la Carta  Apostólica Octogesima adveniens (p. 37), de Pablo VI, haciendo propia la reflexión del flamante Santo:
“La apelación a la utopía es, con frecuencia, un cómodo pretexto cuando se quiere rehuir las tareas concretas y refugiarse en un mundo imaginario; vivir en un futuro hipotético significa deponer las responsabilidades inmediatas.” (2)

La palabra utopía fue inventada por Tomás Moro, y significa lugar que no existe. En sentido inverso, el Modelo propone  el ideal no utópico de realizar dos tareas permanentes:
*acercar la realidad al ideal
*y revisar la validez de ese ideal para mantenerlo abierto a la realidad del futuro.

Este enfoque realista de la política, nos debe servir para orientarnos en esta época de globalización donde existen amenazas y desafíos muy complejos.
Pese a todos los condicionamientos, la situación internacional, vista sin anteojeras ideológicas, ofrece - en especial desde 1989- posibilidades de actuación autonómica aún a los países pequeños y medianos. Por eso no compartimos la opinión de que la soberanía es inalcanzable por un Estado-Nación en el siglo XXI, siendo necesario lograr una organización política supranacional, como sostiene por ejemplo Juan Grabois en un reciente libro (La clase peligrosa, Planeta, 2018, p. 77).

Pero es imprescindible sí, que el Estado funcione con la máxima eficacia. Y allí nos encontramos con un serio problema, que señaló Perón en un mensaje a los Gobernadores el 2 de agosto de 1973:
“la destrucción aquí ha comenzado por lo más grave que puede producirse, la destrucción del hombre; ha seguido por lo más grave que puede haber después de eso, que es la destrucción del Estado”. (3)

Cuando Perón inicia su tercer mandato presidencial, el Estado argentino ya no existía. Esto requiere una explicación; el Prof. de Mahieu  describe al Estado como el órgano de síntesis, conciencia y mando, de una sociedad territorialmente delimitada, destinado a lograr el bien común. (4)

El ejercicio de las tres funciones señaladas -la síntesis o integración social, el planeamiento y la conducción-,  es requisito indispensable para la existencia de un Estado; cuando dejan de cumplirse, el Estado desaparece, aunque se mantengan las formalidades constitucionales. Eso es lo que ocurrió en la Argentina, hace 5 décadas. Si un Estado no posee, en acto, estas tres funciones, ha dejado de funcionar como tal o ha efectuado una trasferencia de poder en beneficio de organismos supraestatales, o de actores privados, o de otro Estado.
La soberanía,  es la cualidad del poder estatal que consiste en ser supremo en un territorio determinado, y no depender de otra normatividad superior. No es susceptible de grados; existe o no. Por lo tanto, carece de sentido mencionar la "disminución de soberanía" de los Estados contemporáneos.
Lo que puede disminuirse o incrementarse es el poder propiamente dicho, es decir, la capacidad efectiva de hacer cosas, de resolver problemas e influir en la realidad.

Ahora bien, el grave problema argentino, es que no existe soberanía pues no existe el Estado. De allí la paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen de los problemas es la ausencia del Estado. Limitándonos ahora al planeamiento como instrumento de gobierno, nos referimos a un proceso permanente que asegure la máxima racionalidad en la adopción de decisiones para el logro de los objetivos del país.

Un plan nacional debe estar basado en un conjunto de concertaciones que lo hacen patrimonio de la sociedad y no sólo del gobierno. Su ejecución es de responsabilidad compartida, de las instituciones públicas, de las asociaciones de trabajadores, de empresarios, de las universidades y en general de todos los ciudadanos.
El planeamiento como proceso político administrativo no se agota en la formulación de un plan. Incluye además, el análisis de la ejecución de las actividades previstas y la revisión periódica  de sus principales programas y proyectos, evaluándose la viabilidad y consecuencias.

El proceso de planeamiento abarca tres niveles de elaboración:
*El largo plazo (no menos de 10 años) requiere la definición de las cualidades de la sociedad que se vislumbra para el futuro y la identificación de las estrategias globales para alcanzarla.
*El mediano plazo (coincidente con el mandato de un gobierno), estará a cargo del poder ejecutivo, con la participación del Congreso.
*El plan de corto plazo -paralelo al presupuesto anual-, así como su ejecución, corresponde al gabinete presidencial.

El control de gestión es parte del planeamiento, requiere un flujo constante de datos que permitan evaluar el cumplimiento de las metas y detectar las anomalías que se presenten.
El proyecto, sin embargo, es mucho más que extrapolación en el tiempo; el vocablo se refiere a la intervención necesaria de la voluntad humana en su configuración.
Existe el riesgo de hacer futurología, aplicando métodos cuantitativos a los aspectos cualitativos de la vida social, como si se pudiera revelar el porvenir por computación. Evitaremos el intento de hacer futurología y su consecuencia más dañina, la ingeniería social, si reconocemos que la sociedad no es una cosa susceptible de manipular. Sin embargo, “el futuro es parcialmente controlable”; “el futuro de un pueblo, entendido como proyecto vital colectivo, puede en buena medida ser regulado desde el presente”. (5)

 “Un plan de la nación no aparece, pues, como una fórmula mágica, sino como una combinación perfectible de realismo y voluntad”. (6)
De manera que, no sólo es posible sino imprescindible  la planificación. Pero siempre, respaldando los planes en el consenso de sus protagonistas, quienes deben participar en su elaboración, ejecución y modificación.

El Estado, en su función de planeamiento, realiza  un proceso permanente con varias etapas:
1. Centraliza la información que le llega de los grupos sociales; recopila sus problemas, necesidades y demandas, elaborándose un Diagnóstico.
2. Sobre la base del diagnóstico, y de las Directivas Políticas que fijan las prioridades, se confecciona un Modelo de Desarrollo –que equivale a un proyecto nacional-, en función de los fines comunes, fijados en la Constitución Nacional y en otros documentos, que señalan los objetivos políticos y los valores que identifican a un pueblo.
3. Del modelo surgen los Objetivos, las Políticas para cada área de gobierno y las Estrategias a utilizar.
4. Recién entonces comienza la faz técnica del proceso que consiste en la Programación de las actividades con el detalle de los programas y proyectos concretos, la previsión financiera y el cronograma respectivo.
5. Mediante el Control de Gestión, se evalúa no solamente el grado de cumplimiento de las metas fijadas, sino también las otras etapas del proceso, de manera de corregir los errores en el diagnóstico, los objetivos, las políticas y las estrategias, adaptando el plan a las circunstancias cambiantes de la realidad.

Para que un plan nacional sea implementado eficazmente, y logre el apoyo de todos los sectores de la sociedad, además de la ya citada concertación previa, se requiere “contar con funcionarios estables, de la mayor capacidad, que permanezcan ajenos a los cambios políticos”, como lo expresa el Modelo Argentino (7).
Esto exige abandonar la administración pública clientelista, opción que se mantiene desde hace mucho tiempo, al margen de los cambios de gobierno, y que consiste en la cobertura de la mayoría de los cargos estatales por la simple voluntad de las autoridades.
Basta mencionar algunos datos oficiales del Ministerio de Modernización: en la administración nacional hay 2.300 cargos de directores y coordinadores, que según la legislación vigente deberían estar nombrados por concurso; sólo hay 72 de ellos concursados, estimándose que para el 2020 estarían concursados la mitad de los cargos (La Nación, 5-8-2018).

Un estado moderno requiere que los organismos públicos estén a cargo de empleados permanentes, designados en función del mérito. La administración pública, integrada por funcionarios de carrera, designados y promovidos por concurso, constituye la mejor garantía de eficiencia del estado, al servicio de la sociedad, y un elemento necesario para el proceso de planeamiento.
El nuevo modelo de gestión, deberá quedar reflejado en la legislación; en la ley de Presupuesto, deberá detallarse el número de cargos de nivel político, que, para el orden nacional, no debería superar la cantidad de 500 funcionarios, quedando fijada la obligación de cubrir todos los demás cargos por concurso de antecedentes y oposición.

En una concepción no totalitaria el planeamiento estatal sólo será vinculante para el propio Estado, y meramente indicativo para el sector privado. La autoridad pública no debe realizar ni decidir por sí misma lo que puedan hacer y procurar comunidades menores e inferiores. Pero, debido a la complejidad de los problemas modernos, el principio de subsidiariedad resulta insuficiente para resolverlos sin la orientación del Estado, que mediante el planeamiento se dedique a  estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los grupos intermedios.

En conclusión:
Un proyecto nacional puede contribuir, en ésta época signada por el fenómeno de la globalización, a compatibilizar la inevitable integración del país con los demás países, con la preservación de la propia identidad cultural, haciendo explícito lo que somos a fin de buscar lo que debemos ser; lo contrario sería abandonarse al futuro sin prudencia, de la mano de un empirismo más o menos ciego. (8)

Exposición realizada en el Congreso “Primero Argentina”, Córdoba, 17-11-18

Referencias:
1)  Moreno, Antonio Federico. “El planeamiento y nuestra Argentina”; Corregidor, 1978, p. 24.
 2) Perón, Juan. Modelo Argentino, 1974;  El Cid Editor, 1986, p. 88.
3) Perón, Juan. Perón en la Argentina 1973;  Vespa Ediciones, 1974, p. 58.
4) De Mahieu, José María.  “El Estado comunitario”;  Arayú, 1962.
 5) de Imaz, José Luis. “Nosotros mañana”; Eudeba, 1968, p. 9.
 6) Massé, Pierre. “El plan o el antiazar”; Barcelona, Ed. Labor, 1968, p. 37.
7) Perón, Juan. Modelo Argentino, p. 129.
 8) Pithod, Abelardo. “Proyecto Nacional y orden social”; en: AAVV. “Planeamiento y Nación”; OIKOS, l979, p. 63.
















jueves, 7 de febrero de 2013

Proyecto nacional y planeamiento




1. Introducción

Desde hace muchos años se menciona frecuentemente el tema del proyecto nacional, aludido como un elemento imprescindible para superar la crisis argentina, y se alega que la carencia del mismo es uno de los factores de dicha crisis. Sin embargo, son escasas las propuestas realizadas en orden a la elaboración de un proyecto concreto. Es posible que haya algunos trabajos que no conozcamos, pero los que han trascendido, son únicamente los once que detallamos en el Anexo.

Ahora bien, lo que acotamos al principio es algo más grave; que ni siquiera desde la sociedad -academias, universidades, colegios profesionales, partidos políticos, etcétera- haya habido interés en el estudio del tema que nos ocupa. La situación descripta explica la confusión conceptual en que se incurre al abordar la cuestión del proyecto nacional. Por eso, nos interesa tratar de desbrozar los aspectos de fondo que implica encarar la elaboración de un proyecto.

Podemos definir la expresión proyecto nacional como un esquema concreto y coherente de valores, fines, políticas públicas y distribución de responsabilidades, conocido y consentido por la mayoría de la población de una sociedad[1]. Si analizamos los antecedentes argentinos, comprobamos que existen notables coincidencias en todos los documentos citados; en especial, en los dos que fueron impulsados desde el Estado. En efecto, tanto el generado desde el Ministerio de Planeamiento (l977), como el que fuera leído por el Presidente Perón ante la Asamblea Legislativa, tres años antes, parten de una cosmovisión similar.

Aluden a una cultura “cuyos valores fundamentales reconocen como fuente el acervo religioso y moral del Cristianismo, el saber filosófico de la Grecia clásica y la tradición político-jurídica de la antigua Roma”. [2] Los principios básicos sostienen que:[3]

-El hombre es una persona, creada por Dios, dotada de cuerpo y alma, y poseedora de un destino trascendente.

-El hombre no se basta a sí mismo, sino que necesita de la sociedad. Esta es una pluralidad de personas unidas moralmente de manera estable para la consecución de un bien común. La sociedad humana es un conjunto de grupos sociales.

-El. primero de estos grupos es la familia. Su constitución y su desarrollo responden -como los derechos humanos- a leyes naturales anteriores a toda organización social.

-Más allá de la familia, las necesidades, intereses y aspiraciones de tipo económico, social, cultural o religioso impulsan al hombre a agruparse en sociedades intermedias, con el fin de defender y promover bienes comunes particulares.

-La historia y la geografía crean, sobre la base de las familias asentadas en un territorio, una comunidad étnica y ética, la Nación, fundada en la lengua, la historia, la cultura, las costumbres y las aspiraciones comunes. Es una comunidad de destino en lo universal.

-Sin confundirse con la Nación, la sociedad, territorialmente delimitada, crea un órgano especializado en el mando que es el Estado, destinado a regir dicha sociedad.

2. El proyecto de la generación del ochenta

No podemos dejar de señalar una contradicción notoria, en que incurren algunos de esos trabajos cuando, al par de sostener los principios detallados, se manifiesta que el único proyecto nacional que tuvo la Argentina fue el de la generación de l880. En primer lugar, el supuesto “agotamiento” de dicho proyecto no fue otra cosa que la cronológica verificación de una política errónea, que podríamos analogar con lo ocurrido en la última década con la “convertibilidad”. Nadie puede negar que se lograron progresos materiales, “pero no hacer de la Argentina una gran nación. Y no porque sus planes fracasaron, sino porque sus propósitos no apuntaban tanto a la grandeza política como a la perfección sociológica e institucional”.[4]

No faltaron sin embargo advertencias de lo que ocurriría, como la de Vicente Fidel López, que escribió en la Revista del Río de la Plata: “Somos dependientes del comercio extranjero y de las comisiones que lo agilitan: nuestra producción, es decir nuestra materia prima, que es lo único que la constituye, depende necesariamente de la demanda de los mercados extranjeros. Ellos nos fijan la línea a que puede llegar. Ellos nos tienen bajo su tutela despótica”.[5]

Pero, además, y esto es mucho más grave, los fundamentos ideológicos de la generación del 80 son opuestos a los principios antes expuestos, e impulsaron un intento deliberado de reemplazo de nuestra raíz cultural cristiana por otra basada en el positivismo y el utilitarismo. En efecto, se sancionaron, entre otras, leyes de registro civil, de matrimonio y de educación laica. Esta última -Nº l420-, provocó la oposición del Nuncio Apostólico, Mons. Matera, que fue expulsado del país por el gobierno de Roca.

3. Análisis teórico [6]

Hecha esta introducción, debemos profundizar en cuestiones teóricas, bastante áridas, para determinar si es posible, estrictamente hablando, elaborar un proyecto nacional como anticipación del futuro, y que no sea, por lo tanto, una simple utopía. Debemos plantearnos este interrogante sobre la posibilidad misma de planificar, antes de iniciar la primera etapa que es la confección del modelo. Se trata, entonces, como suelen decir los juristas, de una cuestión de previo y especial pronunciamiento, analizar la factibilidad de anticipar el futuro, que se nos presenta como esperanza, como temor o como incógnita. Pero como necesitamos salir del presente, de una u otra manera tenemos que anticiparnos al porvenir. Para eso utilizamos la profecía, la prudencia o el proyecto.

Como no pretendemos hacer aquí un análisis teológico ni ético, descartamos las dos primeras formas de predicción para abocarnos al proyecto. La primera afirmación sobre el futuro es negar que se identifique con la nada. Consideramos que algo, para ser, basta con que posea capacidad de existir -aunque no exista actualmente- ya sea con una existencia real, ideal o volitiva. El futuro puede ser considerado como ente real posible, como ente ideal o como ente volitivo, según sea el enfoque con que se aborde.

El futuro como posibilidad (ente real): el pasado dejó de tener entidad actual, mientras el presente demuestra en acto su posibilidad de existir, y el futuro todavía no la ha concretado por falta de actualización. Pero si aún no existe y no se sabe como será, al resultar posible ya es un ente real y, como tal, es lícito pensar sobre él. En cada circunstancia, son muchos los futuros posibles -futuribles- existen algunos pocos probables -futurables. El riesgo de elegir el que tenga más chance de ser logrado y resultar conveniente, depende del procedimiento utilizado.

El futuro como conjetura (ente ideal): certidumbre es la convalidación lógica de la veracidad de un pensamiento. Por lo tanto, compartimos la tesis de Bertrand de Jouvenel: sólo se puede conjeturar sobre el mañana, y nunca alcanzar certeza. Es decir, que el análisis predictivo nos aporta un conocimiento de opinión, de manera que la materia objeto del planeamiento es opinable por naturaleza, sólo es susceptible de aproximación conjetural. Lo mismo podemos decir sobre lo político: es pasible de certidumbre en cuanto a sus contenidos pasados o presentes, pero es sólo opinable en cuanto al futuro.

El futuro como proyecto (ente volitivo): proyecto es mucho más que extrapolación en el tiempo; el vocablo se refiere a la intervención necesaria de la voluntad humana en su configuración. Si bien generalmente se proyecta de acuerdo a lo que se cree posible, aquí resulta dominante el ámbito de lo deseable. Para lo posible utilizamos la razón, en lo probable domina la voluntad. Entonces, el porvenir es para el hombre dominio de la incertidumbre.

4. Los riesgos de predecir (futurología)

a) la aplicación de recursos cuantitativos a los aspectos cualitativos de la vida social, como si se pudiera revelar el porvenir por computación

b) identificar el traslado en el tiempo, como si se tratara de un traslado en el espacio, de modo que cada etapa de un proceso social sería semejante a las sucesivas estaciones que recorre un tren, descartando la posibilidad de utilizar otra vía, avanzar a otra velocidad, u omitir algunas estaciones.

c) considerar el porvenir como el aspecto aún no concretado de un sistema, del cual conocemos ya su estructura y comportamiento (imperio milenario, paz perpetua, sociedad sin clases). Evitaremos el intento de hacer futurología y su consecuencia más dañina, la ingeniería social, si reconocemos que la sociedad no es una cosa susceptible de manipular, ni el porvenir un destino asequible por medio de los dudosos oráculos de una nueva ciencia ficción. No es más que otra aplicación del racionalismo, que, sobre la base de un supuesto contrato social, pretendió codificar legalmente todas las conductas humanas posibles, según un modelo de hombre abstracto y fungible. Ahora se pretende, también, diseñar el futuro.

5. El planeamiento

Conociendo ya las limitaciones del conocimiento humano, y evitados los riesgos de la voluntad desbocada, resulta posible encauzar la acción sistemática mediante el planeamiento. En primer lugar, aunque dispongamos de la mejor información y el sistema más sofisticado para procesarla, tendremos que elegir entre opciones posibles. En segundo término, los instrumentos técnicos pueden facilitar dichas decisiones, pero no reemplazar la virtud de la prudencia. De allí los límites de la influencia tecnocrática, tan temida por algunos, puesto que el gobernante siempre tiende a ejercer su derecho a la conducción, y los gobernantes a reclamar su derecho a la participación en la cosa pública.

Santo Tomás enseña que, por imprevisible que sea la conducta humana nada es tan contingente que no tenga en sí alguna parte de necesidad. De manera que no sólo es posible sino muy útil al bien común la planificación. Pero siempre, respaldando los planes en el consenso de sus protagonistas, quienes deben participar en su elaboración, ejecución y modificación.

6. Hacia un proyecto nacional argentino

Habiendo desbrozado el camino de las dudas teóricas, podemos retomar la exposición sobre la forma de determinar un proyecto nacional argentino. Los antecedentes existentes, especialmente los dos surgidos desde el ámbito oficial, son precedentes valiosos, como asimismo, las denominadas “Políticas Nacionales”, aprobadas en 1970, por Decreto Nº 46 de ese año.

No obstante, al haber transcurrido más de un cuarto de siglo y haber variado el contexto, es imprescindible una actualización y, sobre todo, hacerlos operativos, puesto que nunca tuvieron incidencia en la realidad. En otra aclaración conceptual, debemos acotar que lo que denominamos proyecto nacional, equivale a un plan de largo plazo (entre 30 y 100 años) donde se especifiquen los criterios y pautas sobre la manera de procurar el desarrollo de un país.

Es, en realidad, un modelo, que contiene una cosmovisión o concepción doctrinaria, y un conjunto de hipótesis -futurables- sobre lo que puede y conviene ser realizado para lograr el tipo de desarrollo elegido. En todo proceso de planeamiento, la elaboración de un modelo, surge de la primera etapa que es la confección del diagnóstico, que contiene premisas y restricciones. Sobre la base del diagnóstico, serán fijados los objetivos, diseñadas las políticas y estrategias, y recién enconces podrá iniciarse la programación concreta de acciones a ejecutar.

Así descripto el proceso, fue el Consejo Nacional de Postguerra, creado en agosto de 1944, el primer antecedente de un organismo argentino dedicado a la planificación. Dos años después, la Secretaría Técnica de la Presidencia, que había asumido las funciones del Consejo citado, presentó el Primer Plan Quinquenal, y, con mayor o menor énfasis, se utilizó el planeamiento hasta 1970, fecha en que dejó de funcionar el Estado argentino.

El cese del Estado, fue concomitante con la aprobación del Plan Trienal 1974/77, y la presentación pública del Modelo Argentino, por parte del General Perón, el 1-5-1974. En agosto de 1973, en un mensaje a los Gobernadores, Perón explicaba que la crisis argentina comenzó “por lo más grave que puede producirse: la destrucción del hombre; ha seguido por lo más grave que puede haber después de eso, que es la destrucción del Estado.”

El llamado Plan Trienal, que en realidad comprendía cuatro años, fue elaborado en poco más de dos meses, y no era más que un conjunto de programas sin consistencia. Perón no se privó de señalar: “He quedado en cierta medida admirado de que ustedes hayan podido elaborar un plan que a nosostros nos costó dos años de trabajo, y la tarea de 300 o 400 personas que actuaron en el Consejo Nacional de Postguerra...”[7]. Tres días antes, hablando en la CGT, había afirmado: “Pero en seis meses no hay plan que se pueda concebir ni realizar...”[8].

7. Acerca del Estado

Es obvio que si no funciona el Estado, es imposible que se cumpla una función tan compleja como es el planeamiento, que exige el trabajo interdisciplinario de un equipo de especialistas. Por eso, estimamos que hoy la tarea prioritaria consiste en el esclarecimiento conceptual, pues en el mismo campo nacional han proliferado ideas que provienen de otras ideologías y han contribuido a la confusión y a dificultar la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, se identifican frecuentemente los conceptos de nación y estado, y se repite la definición liberal de estado: nación jurídicamente organizada.

En realidad, al ser la nación una realidad cultural, no puede nunca organizarse, ni modificarse sus componentes, por una decisión voluntarista; surge y se perfecciona espontáneamente, a lo largo de siglos de vida en común. Lo que sí puede organizarse es la sociedad, entendida como conjunto de personas y grupos que conviven en un territorio determinado. Precisamente, el Estado es el órgano de síntesis, planeamiento y conducción de una sociedad determinada, destinado a lograr el bien común.

El ejercicio de las tres funciones señaladas en la definición, es requisito indispensable para la existencia de un Estado; cuando dejan de cumplirse, el Estado desaparece, aunque se mantengan las formalidades constitucionales, y un gobierno. Esto es lo que ha ocurrido en la Argentina.

En cuanto a la función de síntesis, o de integración social, Perón propuso lo que denominó comunidad organizada; un sistema social y político con una conducción centralizada en el gobierno, una ejecución descentralizada, a cargo de los distintos organismos del Estado, y un pueblo libremente organizado. La solidaridad social es una fuerza poderosa de cohesión, que sólo un pueblo maduro puede hacer germinar. Únicamente el pueblo libremente organizado en sociedad es actor de las decisiones, pues las organizaciones libres del pueblo -las entidades intermedias- son factores concurrentes con los órganos públicos, de modo que no sean absorvidas por el Estado, y lograr un equilibrio entre el derecho personal y el comunitario.

La función de planeamiento, siempre es un instrumento importante de gobierno, y se torna crucial para un país en decadencia como el nuestro. Siempre, quien accede al gobierno tiene dos opciones: o gobierna por aproximaciones sucesivas, en forma errática según la presión de las demandas y de las circunstancias, o gobierna según un plan. Pero la Argentina actual ya no tiene opciones si no quiere desaparecer o convertirse en una factoría; necesita planificar, lo que significa que el diseño tiene que ser anterior a la decisión. Se planifica para procurar lo óptimo, se decide para tratar de alcanzarlo. El modelo o planeamiento de largo plazo, requiere definir los Objetivos Nacionales que deben ser consensuados. Para ello, debería implementarse una entidad como el Consejo para el Proyecto Nacional, integrado por las entidades representativas de los grupos sociales.

El plan de mediano plazo, coincidente con el período presidencial, debe estar a cargo del Poder Ejecutivo, con participación del Congreso. Y el plan de corto plazo, corresponde al equipo ministerial.

A las dos funciones anteriores, se agrega la de conducción, que corresponde al gobierno, con las siguientes modalidades:

-Centralizar la conducción y descentralizar la ejecución.

-Actuar con planificación.-Posibilitar la participación de todos los actores sociales.

-Concebir al gobierno como un instrumento al servicio de la sociedad, para lo cual deberá lograr la máxima eficiencia posible.

-Contar con funcionarios estables, que accedan a la función pública por el sistema mérito, y que permanezcan ajenos a los cambios políticos. El Estado no debe constituir una estructura institucional aislada dentro del país, como ocurre con las concepciones oligárquicas -marxistas y liberales. Se justifica únicamente si actua en beneficio de la sociedad. Para ello, el aparato estatal debe procurar un perfeccionamiento contínuo, de modo de aumentar su eficiencia y lograr las metas que fije el gobierno. Su actividad, como regulador de los grupos sociales, es esencial para lograr el máximo nivel de desarrollo económico, compatible con una redistribución equitativa de la riqueza que es producida por el conjunto de la población.

Dicha regulación se efectuará en el marco de una concertación con los representantes de las organizaciones libres del pueblo. En resumen, el papel del Estado en esta nueva etapa institucional, se ajustará a las siguientes pautas:

-El comportamiento del Estado -y su política económica y social- será regido por las directivas del Gobierno, que traducirá en decisiones concretas las líneas estratégicas fijadas en el Plan de Mediano Plazo, según los Objetivos consensuados con todos los sectores de la sociedad.

-El Estado podrá hacerse cargo nuevamente de actividades productivas y de servicios públicos, que se consideren esenciales para el interés nacional. Pero, simultáneamente, acentuará el papel de los entes reguladores de los servicios privatizados y tercerizados, que deberán ejercer un control riguroso de las empresas concesionarias, en cuanto al monto de las tarifas y a la calidad del servicio brindado. Se dará prioridad en la concesión de empresas y servicios, al sector público no estatal, que evite en este campo el fin de lucro, y la intromisión de capitales extranjeros.

-El federalismo, entendido como coordinación armónica de los tres niveles de gobierno, será fortalecido con una nueva metodología de distribución de los ingresos públicos entre el gobierno federal, los gobiernos de las 23 provincias, el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y los gobiernos de los 2.156 municipios. De esa manera, el gobierno federal podrá concentrarse en las cuestiones prioritarias: Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores, Salud, Educación y Desarrollo Económico, pudiendo asumir plenamente las demás funciones los niveles provinciales y locales, tal como establece el esquema constitucional, distorsionado durante varias década.

En la última década, pese al drástico retraimiento en la producción de bienes y prestación de servicios, por parte del gobierno federal, acompañado de la supresión de 800.000 cargos públicos, continuaron concentradas las decisiones gubernamentales más importantes en ese nivel, siendo condicionados los gobiernos locales por las dificultades financieras crónicas, que hacen ilusoria la autonomía política.

-El funcionamiento óptimo del sector público sólo será posible, si paralelamente, se modifica el sistema político, actualmente monopolizado indebidamente por los partidos, a tenor del artículo 38 de la Constitución Nacional. Es cierto que el ciudadano es representado como tal por dichas instituciones, pero la configuración política de una comunidad organizada implica la creación de un sistema de participación efectiva de los ciudadanos en la elaboración de las decisiones y en el control del cumplimiento de las mismas.

Las personas deben poder participar también en su condición de trabajadores, empresarios, profesionales, etc., a través, por ejemplo, de un Consejo para el Proyecto Nacional. La concepción liberal no acepta más representación que la de los partidos; la comunidad organizada estimula la participación de los grupos sociales, garantizando una representación integral.

8. Conclusión

Luego de este pantallazo general sobre el tema, podemos concluir que en torno al concepto de proyecto nacional deberíamos reflexionar seriamente sobre nuestra responsabilidad de ciudadanos de la República Argentina, en un momento verdaderamente dramático de su historia, en que hasta se está desdibujando el entramado de la nacionalidad y se está resquebrajando la concordia cívica.

Córdoba, setiembre 21 de 2006.-

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Monti, Ángel. “Proyecto nacional; razón y diseño”; Buenos Aires, Paidos, 1972, pg. 12. Moreno, Antonio Federico. “El planeamiento y nuestra Argentina”; Buenos Aires, Corregidor, 1978, pg. 47.

[2] Ministerio de Planeamiento de la Nación. “Proyecto Nacional”; Documento de Trabajo aprobado por la Junta Militar el 2 de agosto de 1977; pg. 7. Perón, Juan. “Modelo Argentino” (El proyecto nacional, 1974); Buenos Aires, El Cid Editor, 6ta. edición, 1986, pgs. l35/l36.

[3] Ministerio..., op. cit., pgs. 9/10. Perón, op. cit., pgs. 72/92.

[4] Irazusta, Julio. “La generación del 80; profecías y realizaciones”; Buenos Aires, Docencia, 1981, pg. 7.

[5] cit. p. Irazusta, op. cit., pg. 37.

[6] En este tema, seguimos de cerca el artículo de Marinotti, Héctor Julio. “Prospectiva y planeamiento” (www.ucalp.edu.ar)

[7] Perón, Juan. 17-12-1973.

[8] Perón, Juan. 14-12-1973.



BIBLIOGRAFÍA

Díaz Araujo, Enrique -Pithod, Abelardo - Randle, Patricio H. “Planeamiento y Nación”; OIKOS, Buenos Aires, l979, 191 pgs.

Massé, Pierre. “El Plan o el antiazar”; Barcelona, Edit. Labor, l968, l72 pgs.

Irazusta, Julio. “La generación del 80”; Buenos Aires, Ed. Docencia, l98l, 59 pgs.

Moreno, Antonio Federico. “El planeamiento y nuestra Argentina”; Buenos Aires, Corregidor, 1978.

ANTECEDENTES ARGENTINOS SOBRE “PROYECTO NACIONAL

Ordenados por fecha de publicación

1) Villegas, Osiris. “Políticas y estrategias para el Desarrollo y la Seguridad Nacional”; Buenos Aires, De. Pleamar, l969, 285 pgs.

2) Junta de Comandantes en Jefe. “Políticas Nacionales”, Decreto Nacional Nº 46/70.

3) Monti, Ángel. “Proyecto Nacional”; Buenos Aires, Ed. Paidos, l972, 293 pgs.

4) Perón, Juan Domingo. “El Proyecto Nacional. Modelo Argentino” (1-5-1974); Buenos Aires, Ed. El Cid, l986, 150 pgs.

5) Fundación Argentina Año 2000 -Centros de Estudios Prospectivos. “Proyecto Nacional. Síntesis”; Buenos Aires, 1974, l6 pgs.

6) Guevara, Francisco. “Proyecto XXI”; Buenos Aires, Edit. Ancora, l975, 238 pgs.

7) Ministerio de Planeamiento de la Nación. “Proyecto Nacional”; Buenos Aires, l977, 83 pgs. (síntesis).

8) Arguindegui, Jorge Hugo. “La nueva República. Pautas para un Proyecto Nacional”; Buenos Aires, l986, 36 pgs.

9) Cirigliano, Gustavo. “Metodología del Proyecto de País”; Buenos Aires, revista Defensa y Sociedad, Nº 1, Junio de 1988, pgs. 14/18.

10) Seineldin, Mohamed Alí. “Bases para un Proyecto Nacional”; Buenos Aires,1990, 32 pgs

11) Calcagno, Eric Alfredo - Calcagno, Eric. “Argentina: derrumbe neoliberal y proyecto nacional”; Buenos Aires, Le Monde Diplomatique, 2003, 91 pgs.