Mario Meneghini
El presidente
Javier Milei aseguró durante un reportaje concedido a un sitio de noticias
estadounidense llamado “The Free Press”:
“Amo ser el topo
dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro… “Es como estar infiltrado en las filas enemigas,
la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado…” (1)
Es cierto que lo
mencionado agrava la crónica debilidad institucional e imprevisilidad que
afecta a la Argentina, y que involucra a los tres niveles del sector público, y
no es responsabilidad exclusiva de un partido político.
El Prof. Bidart
Campos explica que el hombre y las
instituciones temporales están en el Estado como círculos concéntricos dentro
de uno mayor; logran la posibilidad de su fin dentro de un fin de bien común
público, que incumbe a la sociedad máxima; máxima porque es la suprema en la
órbita de las competencias temporales, y dentro de ella, la única sociedad
perfecta. (2)
Creemos que, en
nuestro país, el problema es muy profundo y complejo: no es que el Estado
funcione defectuosamente, sino que dejó de existir como tal, y desde hace mucho
tiempo; sobre esto han coincidido varios intelectuales (3). Quien mejor
desarrolló el tema fue el Dr. Marcelo Sánchez Sorondo (4) y conviene recordar
su argumentación. Sostiene este autor, que todo Estado incluye un gobierno,
pero no todo gobierno implica que existe un Estado. El Estado es una entidad
jurídico-política, que surge recién en una etapa de la civilización, como
complejo de organismos, al servicio del bien común. Supone una delimitación
explícita del poder discrecional; si un gobernante puede afirmar “el Estado soy
yo”, queda demostrada la inexistencia de un Estado. Pues la hipertrofia del
poder personal, sin frenos, es un síntoma de la ausencia de un Estado.
En toda
institución -y el Estado es la de mayor envergadura en un territorio
determinado-, el dirigente se subordina a la finalidad perseguida y a las
normas establecidas. “No hay Estado si el contexto político y el orden jurídico
que lo encuadran son una ficción y por momentos una superchería. Cuando el
poder no se emplaza en la órbita de las instituciones, sino que se adscribe a
una tipología grupal o meramente personal, entonces no se alcanza ese nivel de
civilización política que implica la existencia en plenitud, la plenipotencia
del Estado” (4).
El gobierno no encuadrado
en un Estado, es errático y caprichoso; sirve únicamente para el
enriquecimiento e influencia individual de los gobernantes, que no pueden
lograr el funcionamiento eficaz de la estructura gubernamental. De allí la
paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen de los
problemas es la ausencia del Estado.
En síntesis, la
Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos. Pero, para intentar fundamentar brevemente
esta tesis, es necesario describir las notas características que distinguen a
un Estado contemporáneo, más allá de las formalidades constitucionales y del
tipo de gobierno establecido. Para ello, partimos del esquema del Profesor de
Mahieu (5), y definimos al Estado como el órgano de integración social,
planeamiento y conducción, de una sociedad territorialmente delimitada, que
procura el bien común. Es decir, que sólo puede calificarse de Estado, aquel
que cumple las tres funciones básicas señaladas.
1. Integración social. La unidad social
es el resultado de la interacción de las diversas fuerzas sociales
constitutivas, síntesis en constante elaboración por los cambios que se
producen en los grupos y en el entorno. La superación de los antagonismos
internos no surge espontáneamente; es el resultado de un esfuerzo consciente por
afianzar la solidaridad sinérgica a cargo del Estado. A semejanza del director
de orquesta, es el Estado el que logra crear una melodía social unitaria y
armoniosa. El poder estatal tendrá legitimidad en la medida en que cumpla dicha
función, garantizando la concordia
política.
2. Planeamiento. El Estado centraliza la
información que le llega de los grupos sociales; recopila sus problemas,
necesidades y demandas. Los datos son procesados y extrapolados en función de
los fines comunes, fijados en la Constitución Nacional y en otros documentos,
que señalan los objetivos políticos y los valores que identifican a un pueblo.
Con mayor o menor intensidad, según el modelo gubernamental elegido, es en el
marco del Estado donde debe realizarse el planeamiento global que establezca
las metas y las prioridades en el proceso de desarrollo integral de la
sociedad, en procura del Bien Común. Por cierto, que en una concepción
jusnaturalista, el planeamiento estatal sólo será vinculante para el propio
Estado, y meramente indicativo para el sector privado. La autoridad pública no
debe realizar ni decidir por sí misma lo que puedan hacer y procurar las
comunidades menores e inferiores. Pero, debido a la complejidad de los
problemas modernos, el principio de subsidiariedad resulta insuficiente para
resolverlos sin la orientación del Estado, que mediante el planeamiento se
dedique a animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los
individuos y de los cuerpos intermedios.
3. Conducción. La esencia de la misión del
Estado es el ejercicio de la autoridad pública. La facultad de tomar decisiones
definitivas e inapelables, está sustentada en el monopolio del uso de la
fuerza, y se condensa en el concepto de soberanía. El gobernante posee una
potestad suprema, en su orden, pero no indeterminada ni absoluta. El poder se
justifica en razón del fin para el que está establecido y se define por este
fin: el Bien Común temporal.
Si un Estado no
posee, en acto, estas tres funciones, ha dejado de existir como tal o ha
efectuado una transferencia de poder en beneficio de organismos supraestatales,
o de actores privados, o de otro Estado.
Como hipótesis,
nos animamos a decir que el Estado argentino dejó de funcionar como tal a partir
de junio de 1970, con la renuncia del Gral. Onganía. Aplicando, sintéticamente,
el esquema teórico expuesto, podemos advertir que en la fecha indicada
resultaron afectadas las tres funciones básicas:
Integración social: a fines de la década del 60 comienzan
enfrentamientos y disturbios sociales graves, que culminan en una guerra civil.
En mayo de 1969 se produce el Cordobazo, y un año más tarde, el secuestro y
asesinato del Gral. Aramburu. Del presente, para comprobar el desorden de la
sociedad, baste citar: los 12.849.616 de pobres y los 2.866.085 de indigentes
según cifras oficiales (Infobae, 5-2-2026); promedio de condenas por delitos
cometidos en la última década, 3,2%; 45.000 prófugos de la Justicia.
Planeamiento: luego de haberse aplicado en los dos Planes
Quinquenales, y perfeccionado el sistema con la creación del Consejo Nacional
de Desarrollo, que logró, por primera y única vez, fijar las Políticas
Nacionales (Decreto 46/70); dejó de aplicarse el planeamiento como instrumento
de gobierno, hasta el presente, desde junio de 1970.
Conducción: Al aceptarse la renuncia del Gral. Onganía, el 8 de
junio de 1970 asume el poder político la Junta de Comandantes en Jefe. El
Proceso de Reorganización Nacional formalizó a la Junta Militar como órgano
supremo, con lo que, durante varios años la jefatura del Estado dejó de ser
individual y se convirtió en triunvirato. Desde entonces, el sector público
argentino carece de una conducción unificada, homogénea, racional.
En el panorama descripto,
deja de funcionar el Estado como compendio de instituciones con recíproca
interdependencia, y es reemplazado por un ejercicio discrecional del poder.
En conclusión, si
es correcto el análisis, la prioridad absoluta –y urgente- consiste en restaurar
el Estado, y procurar que actúe eficazmente. Ello no ocurrirá como consecuencia
necesaria de elaborar un buen diagnóstico. Por eso, decía Don Ricardo
Curutchet: No basta con denunciar que se
pierde la Argentina, es necesario actuar para contribuir a salvarla.
Es insensato
confiar en que, precisamente en el momento más difícil de la historia nacional,
podrá producirse espontáneamente un cambio positivo. Sólo podrá lograrse si un
número suficiente de argentinos con vocación patriótica, se decide a actuar en
la vida pública buscando la manera efectiva de influir en ella. Un dirigente
político no puede limitarse a exponer los principios de un orden social
abstracto. La doctrina tiene que estar encarnada en ciudadanos que cuenten con
el apoyo de muchos, formando una corriente de opinión favorable a la aplicación
de la doctrina. Debe encararse con seriedad la preparación de un Proyecto
Nacional y la constitución de equipos aptos para aplicarlo.
Referencias:
1) Infobae,
6-6-2024.
2) Bidart Campos,
Germán. “Doctrina del Estado democrático”, EJEA. 1961, p. 28.
3) Por ejemplo:
Jorge Vanossi (La Nación, 17/3/02); Manuel Mora y Araujo: (La Nación, 20/3/02);
Natalio Botana (Clarín, 28/4/02).
4) Sánchez
Sorondo, Marcelo. “La Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos”; Revista
Militar N° 728, 1993, p., 13-17.
4) Idem, op.cit.,
p. 14.
5) de Mahieu, José
María. “El Estado comunitario”; Buenos Aires, Arayú, 1962.
