viernes, 22 de marzo de 2024

PROCURAR LA MEMORIA COMPLETA DEL PASADO


 

En vísperas del feriado dedicado a conmemorar a las víctimas del proceso iniciado el 24 de marzo de 1976 -según lo dispuesto por Ley 25.633 que fija el Día nacional de la memoria por la verdad y la justicia-, creemos oportuno analizar lo ocurrido entonces, procurando que se reflexione con mayor objetividad sobre un hecho histórico de nuestro pasado.


Teniendo en cuenta las marchas que se realizarán el próximo domingo, en las que participarán varias entidades en homenaje a los desaparecidos (Página 12, 21-3-24), no deben confundirse las motivaciones, y superponer esta fecha con la del 10 de diciembre de 1983, en que, por ley 26.323, se recuerda el día de la Restauración de la Democracia.


Antes del comienzo del Proceso de Reorganización Nacional, y por mandato de un gobierno constitucional, las fuerzas armadas recibieron la orden de enfrentar a la subversión. Que, en dicha misión, se hayan cometido errores y abusos, no suprime la necesidad del Estado de restaurar el orden público, y la obligación de acatar la orden por parte de los militares.


Conviene, entonces, comenzar por dimensionar el saldo de bajas producidas en el conflicto mencionado, que de ningún modo ascendió a la mítica cifra de 30.000 desaparecidos. Citemos algunos datos (1):


*La actual Vicepresidente manifestó: “en el Parque de la Memoria hay 8.751 nombres; ¿dónde están los demás?”.

*En el Nunca Más, documento oficial, se fijan las denuncias en 8.961.

*En el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, en la Secretaría de Derechos Humanos, figuran 7.018 desaparecidos y 1.613 asesinados; total: 8.631, entre 1966 y 1983.

*Graciela Fernández Meijide, una de las redactoras del Nunca Más declara: “¿Me van decir que hay 22.000 familias que no han denunciado la desaparición de un miembro?”.

 

Metodología utilizada

En el prólogo del Nunca Más, se citan las palabras de despedida del Jefe de la Delegación Argentina, ante la Junta Interamericana de Defensa, General Santiago Omar Riveros, 24-1-1980: “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores”. (2)

 

En la Revista Militar el General Genaro Díaz Bessone, afirma que: “Cuando el Ejército fue empeñado en la guerra revolucionaria, estaba preparado para ello, aun cuando la teoría contenida en los reglamentos debió ser corregida por la experiencia derivada de los combates” (3) El mismo oficial, acota en un libro, que estaban vigentes desde 1968, reglamentos militares redactados para este tipo de guerra, agregando que: “Desde fines de la década de los años 50 el Ejército Argentino se venía preparando para la Guerra Revolucionaria”; dicha preparación tuvo “como base un cuerpo doctrinario constituido por numerosos reglamentos militares”. (4)

 

 Verdadero fundamento: la escuela francesa

Consideramos que el antecedente en que se basaron las Fuerzas Armadas argentinas para la guerra antisubversiva fue la llamada escuela francesa. El General Reynaldo Bignone, último presidente de facto, reconoció que fue el General Carlos Rosas el gestor de que el Ejército tuviera una asesoría francesa, y que la forma de oponerse a la guerra revolucionaria fue adoptada del modelo francés, que se volcó en los reglamentos que se aplicaron en dicha guerra.


La experiencia militar que adquirieron los franceses en Indochina, dio lugar a la nueva teoría contrarevolucionaria. En efecto, descubrieron que las tácticas y armamentos utilizados en la Segunda Guerra Mundial no era apropiada para la guerra moderna, donde no hay un frente y el enemigo está oculto entre la población. El enemigo es interno lo que obliga a controlar a toda la población. La inteligencia adquiere mayor importancia, la inteligencia implica el interrogatorio, y en el interrogatorio, a veces, se debe aplicar la tortura.


Después de la derrota de Dien Bien Fu, las tropas francesas se ven obligadas a retirarse de Indochina, pero los métodos que experimentaron en ese lugar, los aplicaron luego en Argelia, y los transmitieron a los norteamericanos, quienes, a su vez, los aplicaron en Vietnam. En la nueva guerra de Argelia, el Estado Mayor del Ejército francés adhirió a la doctrina de la guerra revolucionaria, encomendada al General Jacques Massu, de quien Trinquier fue asesor. Además, comenzaron a enseñarse dichas técnicas en un Centro de Entrenamiento en Guerra Subversiva, creado por el ministro de Defensa, Jacques Chaban-Delmas. La difusión de esas experiencias se realizó desde la Escuela de Guerra de Francia, de donde egresó en 1957 el entonces Coronel Carlos Rosas, que asumió como Subdirector de la Escuela Superior de Guerra de la Argentina.


En 1959 suscriben un convenio los ejércitos de Francia y la Argentina, que comienza a cumplirse en febrero de 1960, con la instalación en Buenos Aires de una misión militar francesa, integrada por tres oficiales veteranos de Argelia. Uno de ellos, el Teniente Coronel Henri Grand d’ Esnon, pronuncia una conferencia en la Escuela de Guerra, el 26-5-1960, en la que describe la guerra subversiva. Cabe destacar que, en esa época, el Ejército argentino destinaba al mejor graduado de la Escuela de Guerra a realizar un curso de perfeccionamiento en París, incluyendo un mes de práctica en Argelia. Uno de los oficiales fue el entonces Teniente Coronel Alcides López Aufranc, quien dirigió en 1961 el primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, al que asistieron oficiales de catorce países.

 

En 1963 la influencia francesa se atenúa, pero en 1974 se reactiva la misión, quedando a cargo desde el 15-4-74, del Coronel Robert Servant, ex combatiente de Indochina y Argelia, quien se instala en el piso 12, donde funciona el Estado Mayor del Ejército cuyo jefe era el General Jorge Rafael Videla. Al año siguiente, comienza el combate a los grupos subversivos en la Provincia de Tucumán.

 

Evaluación de la metodología utilizada

Sobre la metodología empleada en la guerra antisubversiva argentina, caben dos tipos de consideraciones, referidas al resultado de la misma y a la caracterización ética. Previo a ello, debemos partir de definir lo ocurrido en la década de 1970 en la Argentina como una guerra, y no una acción represiva. En efecto, el Reglamento RV-136-1 “Terminología castrense de uso en las Fuerzas Terrestres”, que estaba vigente en la época estudiada, define a la represión militar en un sentido acotado a una zona de emergencia. (5)

 

Por el contrario, el Decreto Nº 2772/75, en su Art. 1º, establece que: “Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.”

 

El mismo Reglamento citado, define lo que se entiende por subversión: “Comprende las acciones de los grupos de insurrección clandestina destinados a reducir el potencial militar, económico, sicológico o político del enemigo mediante actividades destinadas a agitar a la población contra un gobierno establecido o contra una fuerza de ocupación.”

 

La Cámara que juzgó y condenó a los integrantes de las Juntas Militares, afirmó que había existido una guerra. Asimismo, el prólogo del informe oficial de la CONADEP -Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-, comienza con la frase: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países”. (6)

 

Las Fuerzas Armadas cumplieron la misión encomendada: aniquilaron el accionar de los grupos subversivos; es decir, lograron un éxito militar. Pero el método elegido para la guerra convirtió a los terroristas en víctimas. Así lo reconoce el General Harguindeguy, ministro del Interior del Proceso: “ganamos la guerra pero perdimos la paz”. Lo ocurrido queda bien reflejado en una frase de Jacobo Timerman: “La guerrilla...no pudo competir. Y sin embargo, no fue derrotada en el terreno ideológico, moral, porque sigue esgrimiendo la irracionalidad de la represión, el abuso de poder, la ilegalidad de los métodos. Y ésa es su carta de triunfo... (7)

 

Ni siguiera puede argumentarse que debieron utilizarse procedimientos especiales, propios de la situación de guerra, puesto que se eludió deliberadamente el encuadramiento del oponente como combatiente. Así queda de manifiesto en el RC-8-3: “El activista, el perturbador del orden, etc., no será considerado prisionero de guerra, y, por tal motivo, no tendrá derecho al tratamiento estipulado en las convenciones internacionales (pag. 93)”.

 

En el documental “Escuadrones de la muerte. Escuela Francesa”, realizado por la periodista Marie-Monique Robin, el General Díaz Bessone admitió los procedimientos clandestinos, y consideró que en la guerra contrarrevolucionaria los desaparecidos y las ejecuciones extralegales son daños colaterales. (8)

 

La metodología empleada fue adoptada de la escuela francesa, cometiendo el error de seguir recetas que, en realidad, ya habían fracasado en Argelia y en Vietnam, países donde terminó triunfando políticamente el enemigo subversivo. Se desconoció que la estrategia de una guerra interna excede el plano militar, y debe apuntar al objetivo político de lograr la paz y asegurar la convivencia entre los ciudadanos.

 

Especialmente en el caso de una guerra revolucionaria, “lo importante no es tanto la derrota del enemigo como la restauración de la confianza de la población”, para lo cual deben evitarse “los excesos de violencia o reacciones incontroladas en la represión, que sólo sirven para impedir o dilatar la reconciliación y la concordia.” (9) Estas reflexiones pertenecen a un libro publicado en 1970 por el Círculo Militar, y lamentablemente no fueron tenidas en cuenta.

 

 El hecho de que se haya procedido siguiendo directivas gubernamentales, y aplicando reglamentos que configuraban un derecho positivo, no altera la cuestión de fondo: la ley si es injusta, no parece que sea ley (San Agustín). “La justicia que no resiste la publicidad no es justicia, y entonces no limpia la ofensa al bien común, sino que lo ensucia con demostraciones de falta de autoridad, de responsabilidad, de razones y de coraje cívico”. “No conocemos un solo argumento válido, ni moral ni estratégicamente, para justificar ejecuciones clandestinas”. (10)

 

No puede negarse que la violencia que enlutó al país, fue iniciada por grupos guerrilleros que, desde el 24-3-1976, asesinaron a 711 personas, y por lo tanto el Estado tenía la obligación de actuar contra dichos grupos con el máximo rigor. Por eso debe distinguirse entre la lucha contra la guerrilla, que estuvo legalmente ordenada y moralmente justificada, de los métodos empleados en esa lucha.

 

Las autoridades estatales aceptaron el argumento perverso de que en una guerra antisubversiva el fin justifica los medios, no pudiendo evitarse acciones que en tiempos normales constituyen delitos. Así lo expresa, con toda claridad, el General Díaz Bessone: “Si ante la agresión decimos que el fin no justifica los medios, preparémonos para ser santos o esclavos, pero no gastemos dinero en prepararnos para la guerra, y aceptemos que nos borren de entre las naciones libres de la tierra.” (11)

 

La doctrina clásica de la guerra, por el contrario, enseña que en la misma es posible ser eficaz y santo. Los principios contenidos en la escuela hispánica, que tuvo su mayor exponente en el P. Francisco de Vitoria, son aplicables a la realidad contemporánea. También la Iglesia Católica se ha pronunciado sobre la moralidad de los actos en este tipo de conflictos, señalando que el secuestro, la tortura y el homicidio, son siempre ilícitos, aunque la causa que se defiende sea justa (12). “Si dichos crímenes son realizados por la autoridad encargada de tutelar el bien común, envilecen a quienes los practican, independientemente de las razones aducidas”. (13)

 

Conclusión

En momentos de honda crisis en nuestra Patria, es necesario esclarecer cuestiones, como la que hemos tratado en este artículo, para poder evaluar con objetividad, no adoptar decisiones injustas, teñidas de venganza, y tampoco reiterar errores cometidos, avalando metodologías inaceptables.

 

1 1) BBC News Mundo, Argentina, 7-12-2023.

2  2) CONADEP. “Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas: Nunca Más”; Buenos Aires, Eudeba, 1997, pg. 8.

   3) Díaz Bessone, Ramón Genaro. “Guerra o represión”; Revista Militar, Nº 721, enero/julio 1989, pg. 35.

4  4) Díaz Bessone, Ramón Genaro. “Guerra revolucionaria en la Argentina (1959-1978)”; Buenos Aires, Círculo Militar, 1988, pgs. 237 y 243.

5 5) “Represión militar: es la acción violenta que ejecutan fuerzas militares en una zona de emergencia para anular cualquier tipo de conmoción interior importante, originada por la acción de grupos de cierta magnitud, organizados y armados de manera tal que supere la capacidad policial y/o pongan en peligro a la seguridad local.”

6  6) CONADEP, op. cit., pg. 7.

7  7)  Timerman, Jacobo. “Preso sin nombre, celda sin número”; Buenos Aires, El Cid Editor, 2da. edic., 1982, pg. 51.

   8) “¿Cómo puede sacar información (a un detenido) si usted no lo aprieta, si usted no tortura?”. “¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar 7000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco con tres. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7000 personas”.

 (http://200.61.159.98/diario/el pais/1-24901.html)


9  9) Crawley, Eduardo. “Subversión y seguridad: la cuestión de la guerra de guerrillas en el contexto argentino”; Buenos Aires, Círculo Militar, 1970, pgs. 107 y 110.

1  10) Castro Castillo, Marcial. “Fuerzas Armadas, ética y represión”; Buenos Aires, Nuevo Orden, 1979, pgs. 140/142.

1  11) Díaz Bessone...Guerra revolucionaria..., op. cit., pg. 17.

1  12) Conferencia Episcopal Argentina, 16-3-1972.

  13) III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. “Documento de Puebla”, 1979, p. 531.

 

 

 

24 DE MARZO DE 1976

 


En vísperas del feriado dedicado a recordar la fecha mencionada, para conmemorar a las víctimas del proceso iniciado en esa fecha -según lo dispuesto por Ley 25.633 que fija el Día nacional de la memoria por la verdad y la justicia-, creemos oportuno analizar lo ocurrido entonces, procurando que se reflexione con mayor objetividad sobre un hecho histórico de nuestro pasado.

 

¿Pudo evitarse el derrocamiento del gobierno?


Se conoció, por una carta de lectores al diario Clarín (18-3-06), el testimonio del Sr. Guillermo Bringiotti, quien, siendo estudiante de periodismo, tuvo oportunidad de entrevistar al presidente del Partido Radical, Dr. Ricardo Balbín, días antes de aquella fecha. Relata haber escuchado ésta frase textual: “Ya no hay nada que hacer, la suerte está echada”. Quienes vivimos intensamente lo acontecido en esos días, recordamos que el Dr. Balbín manifestó en una aparición por televisión: “Debe haber una solución, pero yo no la tengo”.

 

Parece obvio que, si el líder del principal partido opositor se expresaba así, es que no existía una alternativa viable al golpe de Estado. Sin embargo, desde hace años se ha instalado en la opinión pública, que el motivo del derrocamiento fue el deseo de instaurar una dictadura que reprimiera a quienes se opusieran a un nuevo modelo económico de explotación. Este año –con motivo del 48 aniversario-  se ha convocado a una marcha para recordar a los 30.000 desaparecidos, sumando a entidades como la CGT, las dos CTA, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros grupos diversos (Página 12, 21-3-24).

 

Por cierto, que no puede avalarse el método utilizado para combatir a los grupos subversivos que actuaron en la década de 1970, pero, tanto el accionar terrorista como la represión ilegal ya existían antes del cambio de gobierno. Hubo 908 desaparecidos antes del 24-3-76, y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista fue dispuesta en 1975 por un gobierno constitucional.

 

El 24 de marzo, la sociedad argentina estaba al borde de la desintegración, con un sector público anarquizado y que había perdido el monopolio del uso de la fuerza. Todos los mecanismos constitucionales y todos los matices y las combinaciones imaginables dentro del sistema vigente se habían mostrado ineptos para revertir aquella carrera hacia la disolución [1]. Además, como lo señalaron los obispos, el derrocamiento del gobierno fue consentido por parte de la dirigencia de aquellos momentos [2]. Como resume una crónica periodística: “Nadie alzó un dedo, siquiera una voz, se vivió una jornada de sugestiva normalidad, para quejarse por esa malhadada interrupción. Más bien, era admitida y hasta querida por imposibilidad de modificar la sistemática incompetencia de un gobierno” [3].

 

En realidad, hasta el último cuatrimestre de 1974 la opinión predominante en las Fuerzas Armadas era refractario a involucrarse nuevamente en la conducción del Estado; incluso consideraban que el problema subversivo debía ser enfrentado por las fuerzas de seguridad y no por los militares. El panorama fue cambiando debido al fracaso del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) al intentar tomar un cuartel, lo que impulsó, como represalia, el asesinato indiscriminado de miembros de las Fuerzas Armadas, y esto, a su vez, comenzó a modificar la opinión militar.

 

El gobierno constitucional, en 1975, encomendó a las Fuerzas Armadas la represión de la actividad guerrillera. Al inicio de 1976, había dos generales en actividad a cargo, respectivamente, de la Policía federal y de la SIDE (Secretaría de Informaciones del Estado). Si se dio el paso siguiente -asumir el gobierno- fue por la convicción de que era la única manera de terminar con el caos y vencer a la subversión [4].

 

Carencia de solución institucional


Como la intervención militar en 1976 no fue la primera en la historia política argentina, es necesario detenerse a evaluar el motivo de fondo que produce esas interrupciones en la normal sucesión de autoridades constitucionales. Recordemos que las rupturas institucionales se produjeron, durante el siglo XX, en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, sin contar el alejamiento forzoso del presidente Frondizi, en 1962, por aplicación discutible de la ley de acefalía.

 

Carece de rigor analítico la suposición de una continuidad en el empeño de las Fuerzas Armadas de ocupar el poder. Además, con excepción de 1955, en que hubo enfrentamientos armados, los cambios de gobierno se hicieron pacíficamente, sin verificarse nunca -ni siquiera en el 55- las características de un fenómeno revolucionario. Tampoco existió nunca una casta militar, que se suceda en el tiempo, ni logias que transmitan a sus continuadores una manera unívoca de actuar en el plano político. El estilo de gobernar y las definiciones públicas de los jefes militares de 1976, no presentan la menor coincidencia con lo registrado 46 años antes, en el gobierno surgido del golpe de 1930.

 

Consideramos evidente que hay un motivo estructural: la carencia de un remedio institucional, que opere en casos de emergencia. La opinión de los constitucionalistas es clara [5]: quien asume el Poder Ejecutivo como consecuencia de un golpe de Estado es denominado presidente de facto, dado que no es un mero usurpador, y su investidura es admisible cuando se dan algunos requisitos:

 

a) el acatamiento pacífico de la comunidad;

b) la disposición de los medios para asegurar el orden, la paz, los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos;

c) la necesidad de proveer, mediante la existencia de un gobierno, a la atención de aquellas necesidades;

d) el ejercicio público y pacífico del poder.

Lo señalado no difiere de la doctrina clásica sobre el derecho de resistencia.

 

Ahora bien, como en nuestro caso se repitió seis veces en un siglo la situación anómala de gobiernos imposibilitados de gobernar, que debieron ser reemplazados por autoridades de facto, debemos concluir que los golpes de Estado funcionan como verdaderas enmiendas constitucionales. Es decir que, al no estar prevista en la Constitución Nacional la solución jurídica que permita el reemplazo pacífico del gobierno que perdió la legitimidad de ejercicio, se admite de hecho la solución fáctica, avalada incluso por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto es consecuencia directa del sistema partidocrático, que ha impedido en todos los casos mencionados la utilización del juicio político, único remedio previsto en la Constitución.

 

Cabe destacar, que en el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia (7-10-86), creado para procurar el perfeccionamiento de las estructuras políticas, y que sirvió de base para la reforma constitucional de 1994, no se incluyó ninguna propuesta destinada a facilitar una solución institucional en las coyunturas analizadas. Es que el gobierno de entonces, había iniciado una maniobra, continuada por sus sucesores, destinada a evitar para siempre el peligro de golpe de Estado, mediante un recurso drástico: la destrucción de las Fuerzas Armadas. Ello se consiguió, a través de: a) la disminución paulatina del presupuesto militar, que impide el cumplimiento de la misión de las tres fuerzas, y congeló los sueldos del personal; b) la supresión por ley del servicio militar obligatorio; c) el descabezamiento reiterado de los mandos superiores, lo que dificulta un trabajo programado, y desarticula la carrera profesional basada en el mérito.

 

Se ha señalado [6] que no puede existir un Estado, propiamente dicho, sin Fuerzas Armadas, que constituyen una institución fundacional de la República, y simbolizan la unidad del pueblo, y la capacidad coercitiva que corresponde a la soberanía del poder estatal. Aquellas, han mutado a una Guardia Pretoriana, disponible para ejecutar las órdenes del gobernante de turno, al margen de cualquier código de honor. Del Estado, ya inexistente, sólo resta el gobierno, hipertrofiado en un poder político personalizado carente de todo límite. A esto se le agrega, la aparición de un narco-terrorismo, para enfrentar al cual la experiencia de otros países muestra que no bastan las fuerzas de seguridad, ya que no están entrenadas para el combate bélico.

 

Se ha logrado, entonces, el objetivo: impedir que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el futuro como recurso extraordinario en situaciones límites, no solucionables por medio de las normas vigentes, de modo de garantizar la continuidad de la República.

 

[1] Iribarne, Miguel Ángel. El rescate de la República; Buenos Aires, Emecé, 1978, p. 11.

[2] Conferencia Episcopal Argentina, 15-3-06.

[3] Ámbito Financiero, 20-3-06.

[4] Fraga, Rosendo. La Nación, 19-3-06.

[5] Bidat Campos, Germán. Manual de Derecho Constitucional Argentino; Buenos Aires, EDIAR, 1972, pgs. 695/697.

[6] Sánchez Sorondo, Marcelo. La Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos; en Revista Militar, Nº 728, 1993, pgs. 13/17.

miércoles, 20 de marzo de 2024

CRÍTICA CONTUNDENTE

 

 

Mons. Aguer (*) ha efectuado un crudo análisis de la crisis de la Argentina, relacionada con la crisis de la Iglesia. Conviene retener sus conceptos:


"El 8 de marzo ha sido consagrado como ‘Día Internacional de la Mujer’, una apoteosis del feminismo mundial, que se hace ubicuo. En Buenos Aires se concentró una multitud de mujeres jóvenes, ideologizadas, universitarias; el acto fue copado por la izquierda. De esto tendría que ocuparse el Episcopado, que obsesionado por el problema de la pobreza no asume su deber de evangelizar la cultura, y deja a los fieles inermes ante la batalla cultural, en la que el papel decisivo está representado por los discípulos locales de Gramsci."

 

"Leo en La Prensa el informe sobre la audiencia de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal: “Los obispos manifestaron a Milei preocupación por la crisis actual”, y sigue: “La Iglesia reclamó al Presidente contención para los sectores vulnerables que sufren, en especial, la falta de alimentos, y medicamentos”. Esta obsesión episcopal reclama continuar con las dádivas de la década anterior. ¿Qué aporte hace la Iglesia? ¿Y el laicado católico, y Cáritas? Hay que hacer esto, sin descuidar aquello. Pero es inútil, los obispos no entienden los problemas culturales...".


(*) La Prensa, 18.03.2024

 

viernes, 15 de marzo de 2024

UCRANIA: ¿GUERRA A CUALQUIER PRECIO?


 

Recientemente han sido criticadas unas frases del Papa referidas a la situación de Ucrania, y la conveniencia de que ese país acepte negociar el fin de la guerra. Expresó Francisco: “Creo que es más fuerte quien ve la situación, quien piensa en el pueblo, quien tiene el valor de la bandera blanca, de negociar. Y hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales.” (1)


Lo manifestado por el pontífice se encuadra en la doctrina cristiana sobre la guerra y la paz, resumida en el Catecismo. Las consecuencias negativas de todo conflicto bélico, agravadas por el enorme poder de destrucción de las armas actuales, exige a los gobernantes acentuar la prudencia para evitar la guerra, mientras no se den varias condiciones concurrentes:


a)Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto; b) que los restantes medios para ponerle fin hayan resultado impracticables o ineficaces; c) que se reúnan las condiciones serias de éxito; d) que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar.


Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la "guerra justa". (2)


Como observa un especialista (3) que ha estudiado el curso de la guerra de Ucrania, queda en evidencia que Ucrania pudo soportar dos años de conflicto con la ayuda explícita de países europeos y de Estados Unidos. El saldo es un país endeudado y que ha transferido el control de la economía a capitales extranjeros, con millones de ciudadanos exiliados y físicamente en ruinas.


 “La última confirmación de que en marzo de 2022 se había alcanzado un acuerdo de principio entre Moscú y Kiev, que fue torpedeado en primer lugar por el primer ministro británico, Boris Johnson, proviene de las recientes admisiones del asesor del presidente ucraniano Zelensky, David Arakhamia”.


Otro experto, Eli McCarthy, sostiene que el objetivo de Rusia al iniciar el conflicto, fue simplemente evitar que Ucrania lograra incorporarse a la OTAN, pues eso afectaría la seguridad de su país al permitir que EEUU instalara misiles en la frontera (4).


Un actor, Zelensky, devenido en Presidente en 2019, sin experiencia previa en la vida pública, lejos de actuar con la prudencia que es la virtud que rige la política, condujo a un conflicto que no reúne las condiciones que fija la doctrina, y se parece más a un suicidio colectivo. Convendría tomar nota de lo sucedido, para evitar en estas tierras situaciones semejantes.

 

( 1)   La Voz del Interior, 13-3-24.

2) Catecismo de la Iglesia, p. 2309.

( 3)    Cnel. (R) Gabriel Camilli, La Prensa, 7-1-2024

 4)  Cit. p.: Irrazábal, Gustavo, Ucrania, la guerra justa y la paz justa; Criterio digital, 4 abril, 2022

 

 

 

miércoles, 13 de marzo de 2024

PRINCIPIOS NO NEGOCIABLES Y SU APLICACIÓN EN LA ARGENTINA

 

En memoria del P. José Cuesta sdb

 

El P. José insistía en la necesidad de conocer, difundir y aplicar la doctrina, por parte de los laicos católicos; en especial en nuestra época, de gran confusión. Como reflexionaba el Card. Quarrachino: en un mundo alejado de la verdad y con pocas vocaciones religiosas, la evangelización será laical no habrá evangelización.


Por eso nos interesa comentar brevemente el tema indicado; hay principios que debemos difundir y defender, sin aceptar negociarlos. Quien los expuso en 2002, fue el entonces Card. Ratzinger, siendo Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la nota doctrinal sobre la Política. En 2007, siendo ya Benedicto XVI, los resumió en la Exhortación Apostólica Sacramentum caritatis:


*el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural;

*la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer;

*la libertad de educación de los hijos

* y la promoción del bien común en todas sus formas".


La única manera de hacer efectivo este mandato, es participando activamente en la vida cívica, en base a dos premisas doctrinarias:

-la obligación moral del voto (Catecismo, 2240);

-y la obligación de respetar el régimen institucional vigente (Enc. Au milieu des solicitudes, Leon XIII, 1892) sin perjuicio de procurar su perfeccionamiento.


La insistencia actual en los principios no negociables es que nos sirven de guía para la selección de los gobernantes, puesto que dichos principios no se están respetando en la Argentina y afectan gravemente nuestras creencias.


1.Con respecto a la vida: desde la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se han efectuado en sólo dos años, 170.000 abortos, financiados por el Estado (85 millones de dólares). Esto ocurre en una sociedad en que está descendiendo en forma alarmante el índice de fecundidad (promedio de hijos por mujer) que debe ser de 2,1 para que se mantenga la población; el índice actual es de 1,4.

Lo más grave es que, según reveló la Encuesta sobre creencias religiosas (Conycet, 2019), el 80 % de los católicos argentinos aceptan el derecho a abortar.

En el otro extremo de la vida, se proyecta aprobar la eutanasia, de modo formal, aunque ya se la practica con una interpretación flexible del concepto de muerte digna. En la ciudad de Córdoba, recientemente se quitó la alimentación e hidratación a un paciente por disposición del Superior Tribunal de Justicia (sic).


2. Respecto a la familia: disminuye la proporción de matrimonios (incluso por el Civil) y aumentan las separaciones. También se aprobó una ley de matrimonio igualitario.


3. Sobre la educación de los hijos: se ha incrementado la orientación contraria a la fe, especialmente con la ley de Educación sexual integral.


4. El bien común: -entendido como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos ya cada uno de sus miembros, conseguir más plena y fácilmente su propia perfección- no caben dudas que no se está logrando. Baste mencionar el 57 % de pobres, que muestra la injusta distribución de los bienes.


Cómo evaluar el respeto a los principios no negociables


La posición con respecto a los tres primeros principios (vida-familia-educación) queda manifestada directamente en la Plataforma Electoral, en la propaganda, los discursos y los reportajes. Puede detectarse fácilmente, aunque requiere un mínimo de dedicación por parte de los ciudadanos.


En cambio, la posición respecto al Bien Común, siempre está ligada a la ideología o doctrina del candidato/partido; y se vincula a otros dos principios del orden social: solidaridad y subsidiariedad.


Quien profesa -expresa o tácitamente- el liberalismo tiende a descuidar o restringir la solidaridad, para acentuar los derechos individuales, en especial el de propiedad privada.


Quien promueve el colectivismo -como el marxismo o el fascismo- suprime o debilita la subsidiariedad.


Si recordamos la definición de bien común, puede determinarse –ya sea de los antecedentes o de los proyectos- si se proponen criterios que puedan lograrlo.  Puesto que ello no depende de la capacidad económica o poderío político del país respectivo, sino de la orientación del Estado en las políticas públicas.


Valga como prueba que el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas –que refleja en gran medida la calidad de vida de la población- muestra que los ocho países mejor ubicados, no son precisamente los más grandes y poderosos. En efecto, en orden decreciente, figuran: Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong, Australia, Dinamarca, Suecia, Irlanda. Recién en el 9º lugar figura Alemania, en el 18º Reino Unido, en el 20º Japón, y recién en el 21° Estados Unidos.


Como ciudadanos, nos debe interesar que nuestro país recupere el orden y la concordia social, que sólo pueden existir si se logra el bien común, que implica una convivencia armónica lograda con justicia y solidaridad.


El cristianismo siempre ha considerado a la política como una actividad noble, aunque no deben confundirse los planos y pretender con la política lograr la perfección de una sociedad; es imprescindible, sin embargo, para ayudar a reducir el mal y a acentuar el bien lo más posible.


En la última encíclica, Fratelli tutti (2020), el papa Francisco insiste: “Una vez más convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común.” (180)