PARA UNA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL EFICAZ
No resulta fácil analizar este tema, puesto que
existen problemas cuya solución no depende de los especialistas en
administración pública. Repasemos:
1.Sigue pendiente, desde hace 30 años, la ley convenio
de coparticipación de impuestos establecida por la Constitución Nacional en su
artículo 75, inc. 2; puesto que la Disposición Transitoria Sexta, fijó como
fecha límite el año 1996.
Como resume Pablo Garat: el federalismo, sin los recursos financieros correlativos, es sólo
declamatorio.
2.Desde hace medio siglo, el Estado Argentino dejó de
cumplir las tres funciones que lo definen como tal: la integración social, el
planeamiento, y la conducción centralizada (1). En el boletín Civilidad de marzo
nos referimos a este problema, que dificulta que los niveles provincial y local
de nuestro sistema federal, funcionen adecuadamente.
3.La situación se agrava en aquellos distritos
–incluida la Provincia de Buenos Aires- que no han cumplido el mandato
constitucional del artículo 123, de asegurar la autonomía municipal; en ellos,
los gobiernos locales siguen regulados por la legislación provincial.
Diagnóstico general
Un análisis esquemático efectuado por un observador de
la estructura administrativa de los tres niveles de gobierno en nuestro país,
comienza por la demora en los trámites. Esta conclusión se advierte en todo
tipo de gestión de la que se espera una decisión oficial; que resuelva la
petición de un ciudadano o conteste lo solicitado por un empleado.
Esta situación que no es atribuible a un determinado
gobierno, es el aspecto más negativo de la administración del sector público.
Todo intento de reforma siempre queda trunco; los funcionarios son conscientes
de la inoperancia de su gestión que, recurrentemente, es frenada por los
expedientes.
La mayoría de los funcionarios de nivel político y
directivo, tienen poca experiencia administrativa; esto agregado a la
complejidad de ciertos trámites y a la dispersión legislativa, conduce a que la
tramitación se realice de forma defectuosa y no sistematizada, lo que origina
demoras y gastos excesivos.
Al no haberse iniciado correctamente un expediente, y
no existir trámites estandarizados, las actuaciones se realizan en forma
errática, descontrolada, y la duración dependerá de la influencia personal del
interesado o de la insistencia de sus reclamos. No existe generalmente ninguna
norma que establezca un límite en el tiempo que puede demandar un expediente,
ni a quien corresponde señalar lo irracional del procedimiento.
La situación descripta produce una desconexión grave
entre el nivel político y los funcionarios jerárquicos, pese a que
–habitualmente- ambos no provienen de una selección por mérito.
Además, la legislación argentina se ha caracterizado
siempre por su abundancia. La manía reglamentaria ha llegado a constituir una
maraña de disposiciones de difícil interpretación, sin contar las derogaciones
tácitas por incompatibilidad con otras normas posteriores o simplemente por
olvido o desuso.
El control de gestión es una técnica moderna que se ha
difundido en los últimos años, pero que en la mayoría de los municipios se
utiliza únicamente con respecto a la evaluación cuantitativa del cumplimiento
de las metas señaladas en los presupuestos y programas. Normalmente, ningún
organismo realiza el control de gestión de la tramitación administrativa, para
detectar superposición de tareas, pases innecesarios y negligencia de
empleados. Existe un énfasis desmedido en el control de legalidad, repetido en
sucesivas instancias, pero nadie se ocupa específicamente de controlar la
eficiencia y justificación operativas de los trámites.
Utilización de las TIC
El término TIC como abreviatura de “tecnologías de
información y comunicación” surge del ámbito de las ciencias duras incluyendo
tres definiciones entrelazadas, referidas al medio en que la información se
transmite, los contenidos (datos e información) y todos aquellos formatos,
protocolos, acuerdos, normativas y estándares para la transferencia de
información digital.
No cabe duda de los cambios positivos que estas
tecnologías aportan a la administración pública. En la mayoría de los
municipios argentinos, la gestión administrativa ha incorporado mecanismos que
posibilitan diversos trámites en forma on
line. A modo de ejemplo, en el municipio de Rosario, cualquier ciudadano
puede solicitar un turno de atención médica en alguno de los doce centros de
atención primaria de la salud, ingresando al Sistema Único de Atención
Ciudadana (SUA) que opera desde la web municipal.
Pero no siempre la tecnología moderna contribuye a
facilitar la tramitación administrativa. Valga un solo ejemplo; en Córdoba la
obra social provincial (Apross) que también cubre a los empleados municipales,
complica a los beneficiarios, puesto que para obtener atención médica y
adquirir los remedios recetados es imprescindible obtener la categoría de
Ciudadano Digital, y el código (Token) que se modifica cada 3 minutos, requiere
el uso de un teléfono celular. Quien no lo posea o no esté habituado a su
manejo, se enfrenta con esa dificultad absurda e innecesaria.
La incorporación de tecnologías de información y
comunicación dentro de las administraciones públicas, es una condición
necesaria, más no suficiente, para desarrollar el gobierno electrónico en forma
integral y sistémica, en la medida en que el ciudadano represente para las
burocracias una simple entidad abstracta al mejor estilo de un usuario
indefinido. De acuerdo a como se implemente, el gobierno electrónico puede ser
la vía para que la administración pública provea información y servicios de
calidad, además de conceder mayores oportunidades de participación activa de
los ciudadanos en el gobierno local.
Una implementación exitosa del gobierno electrónico
debe asegurar el acceso de toda la población a la información, uso y
aprovechamiento de los diversos servicios públicos que ofrece el gobierno
municipal. Los verdaderos beneficios del e-gobierno no están únicamente en el
uso de la tecnología sino en su correcta aplicación a los procesos
gubernamentales y a la generación de valor para los ciudadanos, las empresas y
otros grupos sociales.
Gobierno abierto
Una administración centrada en el gobierno abierto es
aquella que entabla un diálogo constante con los ciudadanos con el fin de
escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus
necesidades y preferencias, que facilita la colaboración con los funcionarios y
actúa de forma transparente.
En la Argentina, las políticas de gobierno abierto se
encuentran en una etapa embrionaria. La transparencia en la información pública
tiene como antecedente el decreto N° 1172/03, que “garantiza y regula el
derecho de toda persona a requerir, consultar y recibir información por parte
del Poder Ejecutivo Nacional, teniendo como premisa la elaboración de una
sólida fundamentación, la simplificación y claridad conceptual y el respeto de
los estándares internacionales en la materia”.
A su vez, la Carta Iberoamericana de Gobierno
Electrónico, a la cual adhirió la Argentina, promueve los siguientes principios
que amplían los derechos de la ciudadanía:
-Conocer, con la facilidad que implican los medios
electrónicos, lo que están has administraciones públicas.
-Hacerlas más transparencias y, por ello mismo, más
controlables contribuyendo a luchar contra la corrupción y generando la
confianza de los ciudadanos.
-Eliminar las barreras que el espacio y el tiempo
ponen entre los ciudadanos y sus administraciones y que alejan al ciudadano del
interés por la cosa pública.
-Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades
de forma que todos los ciudadanos puedan acceder, cualquiera que sea su
situación territorial o social a los beneficios que procura la sociedad del
conocimiento.
-Participar activamente emitiendo opiniones,
sugerencias y en general en el seguimiento de toma de decisiones, así como
sobre el tipo de servicios que el Estado provee y el modo de suministrarlo.
Conclusión
Hace 33 años venimos insistiendo desde Civilidad en la
necesidad de establecer el sistema de
mérito en la administración pública de los tres niveles de gobierno de
nuestro sistema federal. Mientras no se acepte que todos los cargos que no
pertenezcan al nivel político, deben ser cubiertos por concurso, no podrá
lograrse una administración eficaz.
A
lo anterior, se agrega otro problema
a enfrentar: la constante caída en la
calidad intelectual y moral de los dirigentes políticos en nuestro país. Esto
se agudiza en el plano municipal, donde la postulación para los cargos queda habitualmente
reservada a los simples “punteros” de los partidos, que no pueden aspirar a los
cargos de los niveles provincial y nacional.
No deja de ser significativo que el secretario general
del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, haya escrito: En la Argentina está plenamente probado un
dilema planteado por Aristófanes en su obra “Los Caballeros” que reza de la
siguiente forma: “Solo los peores llegan a los mejores cargos” (2).
Córdoba,
18-8-2026.
*Sánchez Sorondo, Marcelo. Revista Militar N° 728,
1993, pp. 13-17.
**Pirilo, Victorio. La Prensa, 13-8-2026
