miércoles, 2 de febrero de 2022

EL MÁS GRAVE PROBLEMA ARGENTINO

 LA INEXISTENCIA DEL ESTADO


Ayer quedó nuevamente en evidencia la situación anárquica que asola a nuestro país, con la marcha contra la Corte Suprema de Justicia, que fue impulsada por parte del frente oficialista. El mismo sector hizo explícito su rechazo al acuerdo con el FMI, con la renuncia a la jefatura del bloque de diputados, del hijo de la Vicepresidente.

Una de las funciones esenciales del Estado moderno es la integración social de los diferentes sectores, de modo de lograr la concordia. Otra de las funciones, es la conducción de la sociedad, para lo cual se necesita la unidad de mando; ninguna institución puede funcionar bien si existe un doble comando.

En la Argentina actual no se cumple ninguna de dichas funciones, a lo que cabe agregar que tampoco existe el planeamiento en el sector público, que es la tercera función esencial del Estado.

El profesor de Mahieu, en la década de 1960, estudió esta cuestión: si un Estado no cumple simultáneamente las tres funciones señaladas, ha dejado de existir; esto ocurrió en nuestro caso hace medio siglo.

Quién primero lo advirtió fue el presidente Perón en un discurso a los gobernadores el 2 de agosto de 1973: "son sus instituciones las que han sido atacadas desde sus basamentos". Sostuvo entonces la necesidad de iniciar la reconstrucción, que fue uno de los objetivos fijados en el Plan Trienal 1974/77. No pudo lograrse debido al fallecimiento de Perón; tampoco pudieron hacerlo los sucesivos gobiernos.

Como no resulta fácil asimilar el concepto de Estado ausente, conviene recordar la reflexión de Marcelo Sánchez Sorondo. No existe Estado sin gobierno, pero no todo gobierno supone la existencia de un Estado, que es una entidad jurídico-política compuesta por una red de instituciones que funcionan complementándose y controlándose mutuamente, para obtener el bien común de los habitantes de la sociedad respectiva.

Debido a la grave crisis que afecta a la nación, sólo podrá iniciarse la recuperación, hasta alcanzar el desarrollo económico-social que puede lograr por sus recursos, con el óptimo funcionamiento del Estado; por consiguiente, la prioridad absoluta consiste en la restauración del mismo. Para ello, los ciudadanos deberían abandonar el abstencionismo cívico que se advierte en los resultados de la última elección: tres millones manifestaron que no desean elegir, entre los que se abstuvieron, los que votaron en blanco y los que anularon el voto.

Si es cierto lo que decía Aristóteles, que no puede funcionar bien una polis si gobiernan los peores, habría que demostrar que queremos ser gobernados por los mejores, apoyando a los más honestos y competentes.