lunes, 14 de octubre de 2013

OPINIÓN CRÍTICA SOBRE UNA DECLARACIÓN




El comunicado de la Pastoral Carcelaria Argentina –que reproducimos a continuación-, nos resulta preocupante por su contenido, precisamente por reflejar la posición simplista y superficial que dicho texto adjudica a las propuestas actuales en torno al tema de la inseguridad.

La Iglesia ha señalado la importancia de “la actividad que los capellanes de las cárceles están llamados a desempeñar, no sólo desde el punto de visto específicamente religioso, sino también en defensa de la dignidad de las personas detenidas”[1]. Pero la declaración que comentamos, parece más un análisis sociológico, teñido de ideología garantista, que un enfoque basado en la doctrina católica. En efecto, como enseña el Catecismo, la autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas a quien comete un delito, con la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa[2]. Consideramos que el punto 8 del comunicado, especialmente su última frase, contradice la doctrina.

La pena se funda en el libre albedrío humano, que permite a las personas conducirse rectamente, así como apartarse voluntariamente del bien.  “La pena jurídica es una relación que se establece entre el reo que la recibe y la autoridad pública que la aplica. De manera que se requiere merecimiento en aquél, y potestad para infligirla, en esta última. Es necesario admitir que la autoridad política tiene ese derecho de punir, porque en caso contrario sería ilusorio el orden jurídico que ella establece”[3].

En última instancia, todo delito constituye un pecado: “una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta; es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes” (Catecismo, 1849). Por consiguiente, equiparar a la persona honesta con quien delique, al margen de los condicionamientos sociales que lo hayan afectado, configura una grave injusticia que no ayuda a resolver el problema de la inseguridad, ni a mejorar la situación de los privados de libertad.

Córdoba, 14-10-13

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¡ACUÉRDENSE DE LOS PRESOS!


“Acuérdense de los presos, como si también ustedes estuvieran presos con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo.”
Hebreos 13:3.

Comunicado de la Pastoral Carcelaria Argentina, reunido el Equipo Nacional y Secretariado en Rosario 28 y 29 de Setiembre de 2013

Ante la situación coyuntural que ha surgido en torno al tema de la inseguridad, y de las distintas propuestas que vienen surgiendo desde distintos ámbitos de la sociedad toda, como miembros de la Pastoral Carcelaria, que camina en el mundo de la Carcelación, queremos compartir este mensaje al Pueblo de Dios que peregrina en Argentina, a las áreas pastorales, implicadas en los distintos ámbitos de la sociedad, como portadores de buena noticia, desde los valores del Evangelio, de la justicia y la verdad:

1º. Creemos que es una posición simplista y superficial tratar el tema de la inseguridad, desde las consecuencias de la violencia y el delito, poniendo la mirada al final de los hechos.

2º.  No se puede poner la mirada al final del camino, en la Cárcel, las condenas, bajar la imputabilidad, elevar las penas, perseguir a los adictos. Es necesario ir a las causas, a lo que origina toda la situación de inseguridad y violencia.

3º. La realidad de la droga, el narcotráfico, está tocando todos los estamentos de la sociedad, desde el poder político, las estructuras del Estado, la Justicia, los ámbitos de la educación, la vida de los barrios, la familia, la juventud, el trabajo.

4º. Creemos que todas las áreas pastorales de la Iglesia, debemos  implicarnos en estos temas actuales, para procurar responder y acompañar los gozos y sufrimientos de nuestro pueblo.

5º. Creemos que el sistema penitenciario, es superado permanentemente ya que no ayudan a las personas a encontrar sentido a su vida, por faltas de políticas penitenciarias claras, estables e interdisciplinar, al servicio del privado de libertad. Por esto, su estructura queda obsoleta, no se encuentra personal, ni se contrata personal para un bien común, y este ámbito que debería ser un bien publico, termina manejado políticamente, salpicado por el poder, intereses egoístas, corrupción, creyendo que una reforma del código penal puede sanar la situación.

6º. La reforma del Código Penal, transformación de las leyes, no puede estar sujeto a situaciones coyunturales, inseguridad, intereses políticos y manipulación de los medios de comunicación y beneficios económicos de algunos. Y con estas reformas legislativas, se debe buscar alternativas a la Cárcel, que sanen, que incluyan, integren y comprometan a toda la sociedad.

7º. Todo sujeto, ciudadano argentino, necesita sentirse amparado por las leyes. No se puede crear leyes para dar seguridad a una parte de la población, creando inseguridad en el resto. Los códigos de falta y convivencia, han dado seguridad a una parte, en detrimento del resto de la sociedad. Hay en estos códigos actitudes discriminatorias, porque en la mayoría de los lugares, en aras de la seguridad, se abusa de la autoridad cedida a la policía y organismos de seguridad. Priorizando los antecedentes, portación de rostro, expedientes armados, embarrar la cancha,  protegiendo a unos para incriminar a otros, entre ellos, a los más vulnerables.

8º. Mi seguridad no puede violar la seguridad y libertad del otro. Todos somos parte de esta sociedad y estamos implicados en la búsqueda del bien común.  Cuando alguien termina en la Cárcel, es porque en su vida, alguna institución, o la sociedad, han fallado en ese acompañamiento (Iglesia Católica, familia, educación, salud, trabajo, vivienda). No nos hicimos cargo del otro. No reconocí al otro como mi hermano. Al otro lo encerré para que no me haga daño o para que no toque lo que es mío, lo mío es más importante que el otro.

9º. Es nuestro deber, estar cerca de todos, desde este mundo de la Carcelación, y desde abajo, desde los carcelados, solo queremos iluminar y compartir el dolor de todos los que sufren la inseguridad, la violencia, el delito, la injusticia y el abandono, lo descubrimos como nuestro sufrimiento. Sin ser imparciales, desde el Dios de la Vida, buscando la verdad, el camino de la justicia, creemos que es responsabilidad de toda la Iglesia hacernos presentes desde  todos los ámbitos pastorales, en medio de la realidad de sufrimientos y dolor, implicarnos, saliendo a las periferias de la sociedad donde nos movemos y a la que debemos servir, como Iglesia, Pueblo de Dios, desde nuestros ámbitos pastorales.

Pidiéndole a Jesús carcelado interceda ante el Padre Dios para que vivificados por su Espíritu seamos servidores y constructores de su reino.
Por el equipo nacional y el secretariado.
Pbro. Javier E. Ladrón de Guevara
Secretario Ejecutivo de la
Comisión Episcopal de la
Pastoral Carcelaria
Católica Argentina

LosPrincipios.org, 13-10-13





[1] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, p. 403.
[2] Catecismo de la Iglesia Católica: 2266. “La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. A la exigencia de tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y de las normas fundamentales de la convivencia civil”. “La pena finalmente, además de la defensa del orden público y la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal; en la medida de lo posible, debe contribuir a la enmienda del culpable (Cf. Lc 23, 40-43)”.
[3] Tale, Camilo. “Compendio de Derecho Natural”; Córdoba, 1991, p. 282.

sábado, 12 de octubre de 2013

DILEMAS QUE PLANTEA LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA


En otra ocasión, señalamos el riesgo de elegir para la función pública a dirigentes improvisados, que carecen de la preparación y la experiencia necesarias para ocuparse con eficiencia de los asuntos del Estado[1]. Hacíamos referencia a la aparición en la escena política italiana del cómico Beppe Grillo, que obtuvo 8,7 millones de votos en las elecciones de febrero de este año, liderando el Movimiento 5 Estrellas; en esas elecciones, su partido logró 54 senadores y 109 diputados, ubicándose como segunda fuerza política de Italia.

Sin embargo, en esta oportunidad el citado dirigente ha sido criticado, nos parece,  injustamente[2]. A raíz del naufragio en la isla de Lampedusa, donde se ahogaron más de 300 personas de origen eritreo que intentaban llegar a Italia en un viaje clandestino, dos senadores de su movimiento promovieron una moción para abolir la ley que estableció el delito de inmigración clandestina. Grillo afirma que la enmienda propuesta “representa una invitación a los clandestinos a embarcarse hacia Italia. El mensaje que recibirán es: la clandestinidad no es delito”.
“Cuántos clandestinos estamos en condiciones de acoger cuando un italiano sobre ocho no tiene para comer”, pregunta Grillo. Antes de esta situación, ya se había manifestado contra el proyecto de otros partidos de sancionar una ley que otorgue la ciudadanía a todos los nacidos en territorio italiano. Tanto esta propuesta como la ya comentada, cuentan con el apoyo de los partidos de izquierda y de grupos católicos.

El populismo, la demagogia, y una mal entendida sensibilidad social hacia las personas que sufren, lleva a que se critique a quien, como en este caso, reacciona en defensa del interés de la propia comunidad. Las frases transcriptas revelan un sentido común, que parece haberse oscurecido en muchos, por prejuicios ideológicos o debilidad para reaccionar frente a problemas que plantea la realidad contemporánea. Por cierto que nadie puede permanecer indiferente ante una tragedia como el naufragio de Lampedusa. Pero, ante situaciones derivadas de la emigración en masa de personas que huyen de su país natal, corresponde que intervengan los organismos internacionales, como lo está haciendo Naciones Unidas para atender a miles de personas que salen de Siria debido a la guerra civil que se está librando.

Como indica la crónica que algunos de los críticos de Grillo provienen del campo católico, conviene recordar la doctrina de la Iglesia sobre el rol de la autoridad pública[3], encargada de tutelar el bien común, que implica el derecho y el deber de aplicar penas y reprimir las conductas lesivas a las reglas de la convivencia civil. El estado itialiano, ante este problema concreto, puede brindar asistencia a los náufragos, y ayudarlos a encontrar un nuevo lugar de residencia. No están obligados, ni legal ni moralmente, a incorporarlos a su comunidad.
Tampoco resulta justa la pretensión de que se reconozca la ciudadanía italiana a todos los nacidos en el territorio, cuando los padres han ingresado clandestinamente. Recordemos que, a diferencia de nuestro país que se rige por el jus soli –ciudadanía basada en el lugar de nacimiento- en Italia rige el jus sanguinis, que considera ciudadanos a los hijos de italianos al margen del lugar del nacimiento.

Conviene analizar este caso, para estar alertados sobre situaciones que se verifican en nuestro país, y que conllevan un similar dilema moral y político. Nos referimos a la inmigración ilegal de cientos de miles de personas, que provienen de países vecinos. Al carecer de documentación, aceptan trabajar en inferioridad de condiciones –“en negro”-, perjudicando, también, a trabajadores argentinos que son postergados pues, con ellos, la empresa contratante  debe cumplir la legislación laboral. Asimismo, cada Estado tiene el derecho de regular la inmigración, de acuerdo a su política demográfica, sin que pueda pretenderse que existe una obligación moral a aceptar la radicación en el país de cualquier persona que desee hacerlo.

Córdoba, 12-10-13



[2] Clarín, 11-10-13.
[3] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 402.