viernes, 26 de mayo de 2017

MARIHUANA MEDICINAL



Las Naciones Unidas, a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en su informe anual, advirtió que cualquier intento de permitir el uso recreativo del cannabis vulnera las convenciones sobre drogas. e hizo un llamado concreto a frenar el avance de la marihuana legal, con críticas a los que aprobaron leyes en ese sentido, como Uruguay y algunos estados norteamericanos. 
Y se alertó: "Las tasas de uso indebido [de drogas] pueden aumentar, especialmente entre los jóvenes, porque las medidas de legalización pueden influir en la manera de percibir los daños, en el sentido de que menos personas considerarán que el cannabis es perjudicial, lo que pone en relieve la necesidad de adoptar medidas de prevención más eficaces". (La Nación, 2-3-17)

Resulta oportuno citar lo mencionado, con motivo de la Ley 27.350 que trata del uso medicinal del aceite de cannabis en la Argentina. El último número de la revista THC (N° 97) –publicación dedicada a promover la cultura cannábica-  tituló “La medicina es ley” (pgs. 30-33) el artículo que relata la aprobación por el Senado, el 29-3-2017, del proyecto que regula la importación, producción por parte del Estado, y uso del aceite de cáñamo por pacientes que cuenten con la indicación médica pertinente. Para quienes alentaron el proyecto, la ley aprobada es sólo un primer paso, pues pretenden que se autorice el cultivo del cannabis, algo que sigue penado por el art. 5 de la ley 23.737.

En palabras de Valeria Salech, de la agrupación Mamá Cultiva: “No nos importa si la obra social nos trae el aceite, lo queremos hacer nosotras, preparárselo con nuestras propias manos”. Una pretensión absurda pues todo producto medicinal debe ser elaborado en un laboratorio, por parte de especialistas, con los debidos recaudos científicos. 

En este tema, se mezclan los legítimos reclamos de los pacientes y sus familiares, con el deseo de quienes buscan que se libere el uso recreativo de la droga. El ejemplo de Estados Unidos, donde varios Estados comenzaron autorizando el uso medicinal de la marihuana, y continuaron legalizando el cultivo y uso de la planta, basta para comprender cuál es el objetivo final de esta campaña.

Uno de los componentes de la planta de marihuana, el cannabidiol (CBD), ha demostrado su utilidad para el tratamiento de ciertas afecciones como epilepsia infantil—una enfermedad que ocasiona convulsiones violentas en los niños. Por esta razón, los científicos han cultivado plantas de marihuana y creado aceite de CBD exclusivamente para uso terapéutico. 

Esta droga no tiene propiedades embriagadoras, por lo tanto no resulta deseable para aquellos que usan marihuana recreacionalmente.
Lo que a ellos interesa son las substancias químicas relacionadas al componente delta9tetrahydrocannabinol (THC), la sustancia sicoactiva principal de la marihuana, que altera la mente*.

Habrá que estar alertas, pues crece el número de personas influyentes que, a contrapelo de las recomendaciones de Naciones Unidas postulan como mejor solución para frenar el narcotráfico, la legalización de las drogas. Baste mencionar las declaraciones de Sergio Berni, ex Secretario de Seguridad de la Nación, y actual senador provincial: “no quedan dudas que con respecto a la marihuana el uruguayo es el modelo a seguir, pero con respecto a las demás drogas se queda a mitad de camino” (Diagonales, 17-5-17).


*National Institute on Drug Abuse, julio 2015








jueves, 11 de mayo de 2017

MUESTRAS DE DEMAGOGIA


Se advierten en nuestro país, a ambos lados de la grieta, entendiendo por demagogia la práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular (Real Academia Española). Reproducimos tres opiniones, para mostrar  que no es únicamente la oposición ni la izquierda ideológica la que incurre en dicha práctica.

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Gobierno: ¿conservador o progresista?

www.foroazulyblanco.blogspot.com.ar/2017/05/macri-quiere-ser-progre.html  


Estampilla del Che

En un editorial del 6 del actual se critica la resolución del Ministerio de Comunicaciones de emitir una estampilla por los 50 años de la muerte del Che Guevara. Los ajustados argumentos basados en la vida y las palabras del Che son irrefutables y demostrativos de la improcedencia del homenaje.

Sólo quiero agregar que pese a su temprana muerte (1967) también se lo debe considerar el mentor, ideólogo e iniciador de la lucha guerrillera en muchos países de América latina y en la República Democrática del Congo; del primer asentamiento guerrillero en el país en plena democracia, durante el gobierno de Illia, y de todos los movimientos guerrilleros posteriores.


 Muchos de nuestros muertos y desaparecidos se le deben al futuro homenajeado. Esperemos que las autoridades recapaciten y su figura en la estampilla sea reemplazada por alguno de los otros muchos argentinos merecedores de tal distinción.

José Luis Rinaldi

La Nación, 11-5-17

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La decisión de la Corte se apoya en los principios constitucionales

Jorge Reinaldo Vanossi

PARA LA NACION, 11 DE MAYO DE 2017


En el caso "Luis Muiña", la Corte Suprema se ha expresado con dos pronunciamientos: uno de ellos por la mayoría integrada por los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti, y otro por minoría, que suscriben los magistrados Lorenzetti y Maqueda.

Como los hechos son tristemente conocidos y se trata de una causa penal que envuelve delitos de "lesa humanidad", la diferencia entre ambas posturas de los jueces surge a la vista. El voto mayoritario que se impuso sigue una línea de fundamentación básicamente apoyada en un razonamiento de orden constitucional, mientras que los votos minoritarios (con fundamentos afines, pero separados entre los dos jueces disidentes) se basan en argumentos de índole procesalista, con abundantes remisiones a fallos de la Corte Interamericana y, también, de otros tribunales internacionales de raigambre europea.


Sin embargo, puede decirse que el voto mayoritario se apoya en los principios constitucionales y las normas legales que nos rigen. Esencialmente, parte del artículo 2 del Código Penal, que establece el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna cuando se está ante un caso de modificaciones en la legislación penal aplicable y el procedimiento a seguir.


Ese Código es aplicable a todos los delitos, sin distinción alguna, y su vigencia corresponde "siempre" . Por lo tanto, los tribunales no pueden negar a algunos lo que debe otorgarse a todos. Vale recordar que hasta con los delitos de narcotráfico se ha procedido de igual manera.


Los principios constitucionales en juego son varios: el de legalidad (artículo 18 de la Constitución), del que se desprende la regla de la tipicidad; el principio de la separación de poderes, y la regla de la imparcialidad en los juzgamientos (principio de la igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución), entre otros. Como las leyes aplicables en lo que comúnmente se llama "el dos por uno", resulta obvio que esas normas son parejas para todos, por cuanto no se hace excepción respecto de los delitos. Por ende, si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera de la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de "lesa humanidad", ahora no lo puede hacer la Corte, pues así se convertiría en legislador, y violaría el aludido principio constitucional de la división de poderes. La salida de este embrollo es confusa o parece inequitativa, pero la responsabilidad fue del Congreso, que no actúa a su debido tiempo para evitar las consecuencias.

Del mismo modo lo entiende hoy el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional de La Haya, tribunal permanente para juzgar los más graves delitos y crímenes contra la humanidad, al que la Argentina ha adherido por la ley 26.200, que incorpora el principio de la ley penal más benigna. Así lo está aplicando ese tribunal.

En uno de los votos mayoritarios se enfatiza la defensa del Estado de Derecho, que "no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico, sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes".

Los votos de los jueces disidentes ponen en duda cuál es el alcance de la "ley penal más benigna" (pues fueron dos leyes sucesivas las referidas al "dos por uno") y se preguntan si la ley posterior al hecho es la expresión de "un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa". Estos jueces se remiten a anteriores fallos de la Corte, con otra composición de miembros contrarios a cualquier apertura hacia amnistías, indultos o prescripción de causas en delitos que fueran tipificados como de esa gravedad.

En rigor, la decisión mayoritaria de la Corte se ajusta a los preceptos normativos vigentes y respeta a rajatabla la doctrina ya sostenida reiteradamente por la Corte Suprema y por los pactos y tratados internacionales que incorporó el artículo 75 inciso 22 de la Constitución, en virtud de los cuales el principio de la aplicación en todos los casos de la ley penal más benigna tiene no sólo categoría constitucional, sino que es también un principio de rango supraestatal.

Muchos sostendrán que el tema en cuestión es opinable, por lo cual se abrirá un debate en el que presuntamente cabrá esperar que se mezclen las apreciaciones jurídicas con los válidos sentimientos personales y con criterios morales, políticos o ideológicos. Pero eso es harina de otro costal, pues resulta categórico el artículo 27 de la Constitución, que sostiene que todos los compromisos que celebre la república deben estar "en conformidad con los principios del derecho público establecidos en esta Constitución".

No hace a la buena salud del sistema que ante una sentencia "definitiva" del más alto tribunal se emitan críticas por parte de jerarquías ejecutivas -sean nacionales o provinciales- que contravienen el espíritu y la razón que animan al artículo 109 de nuestra Constitución, cuando dispone: "En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de las causas pendientes o restablecer las fenecidas". Y esto vale para que también lo sepan quienes ignoran la filosofía que nutre a la Ley Suprema (desde 1812, en la Constitución de Cádiz).

La Corte Suprema es la cabeza visible del Poder Judicial, intérprete final de la Constitución y tribunal de los derechos y garantías. Por lo tanto, como uno de los tres poderes del Estado, sus fallos deben ser acatados. Y con mayor razón aun cuando la desidia legislativa obligó a la Corte a tener que aplicar la "ultraactividad" de la ley más benigna en todas las causas penales.

¿Qué pasará de ahora en más con la "ley correctiva" o "aclaratoria" que viene a "enmendarle la plana" al fallo mayoritario? Es una norma "para salir del paso", pues tuvieron bastante tiempo las comisiones penales del Congreso para expedirse sobre excepciones al artículo 2 del Código (¡el error fue, pues, del Poder Legislativo y no de la Corte Suprema!).

Con una ley de apuro se da aquello de que "es peor la enmienda que el soneto", toda vez que en medio de la agitación producida en la opinión pública se consuma un caso de "entuerto" (agravio que se hace a alguien, según el Diccionario de la Real Academia), en perjuicio de jueces que no merecen ese maltrato. Y se está "parcheando" a la Corte (manoseo) con denuncias de prevaricato, sin que medie dolo específico en ninguno de los fundamentos de la mayoría. Así, el fiscal incurre en un "desaguisado", o sea, en una acción descomedida e inconveniente para el prestigio del cuerpo.

En resumidas cuentas: siguen las desprolijidades en los quehaceres de "las altas esferas", habida cuenta de que el remedio tardío es un remiendo de corta entidad que se hace con la pretendida reparación de un descalabro. Es decir, emparchando con una solución provisional que desdice a lo principal. A la larga, algo muy poco satisfactorio. ß

Ex ministro de Justicia de la Nación

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miércoles, 26 de abril de 2017

CRÍTICAS A UN DOCUMENTO



La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) -Córdoba, realizó en la fecha una reunión para analizar la encíclica Laudato Sii, dedicada por el Papa Francisco a la ecología.
Como este documento ha recibido algunas críticas, conviene tener en cuenta que, al integrar la Doctrina Social de la Iglesia, debe ser interpretado según las reglas fijadas por el Compendio de dicha disciplina (p. 80). En especial, deben distinguirse los aspectos doctrinales de los prudenciales; los primeros son de aceptación obligatoria para los fieles, los segundos son opinables.

En la encíclica citada, los capítulos 2 a 6 resumen la doctrina católica sobre la ecología, y no merece ninguna observación. En cambio, el capítulo contiene un diagnóstico de la realidad ambiental, con datos que coinciden con los de un órgano de las Naciones Unidas, el Panel Intergubernamental sobre el cambio climático, cuya posición nunca obtuvo consenso en el mundo académico. Precisamente, en el 2017 se cumplen 20 años de un documento crítico, la Declaración de Oregon, firmada por 10.000 científicos, encabezados por el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, quienes sostuvieron que el Protocolo de Kyoto "está basado en nuestra opinión en ideas fallidas". Desde entonces no ha cesado la discrepancia con dicho organismo internacional.

Pues bien, el párrafo 61 de Laudato Sii, expresa:
"Sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra definitiva, y entiende que debe escuchar y promover el debate honesto entre los científicos, respetando la diversidad de opiniones".

En conclusión, el capítulo 1 de este documento es prudencial, y por tanto es legítima la discrepancia.

Córdoba, 26-4-17
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Anexo


COMENTARIOS SOBRE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ [1]
Dr. Mario Meneghini

1. Esta encíclica “se agrega al Magisterio social de la Iglesia”, de acuerdo a lo que expresa el Papa Francisco en el párrafo 15 del documento. Por lo tanto: “En cuanto parte de la enseñanza moral de la Iglesia, la doctrina social reviste la misma dignidad y tiene la misma autoridad de tal enseñanza. Es Magisterio auténtico, que exige la aceptación y adhesión de los fieles”[2].

2. Ahora bien, “El peso doctrinal de las diversas enseñanzas y el asenso que requieren depende de su naturaleza, de su grado de independencia respecto a elementos contingentes y variables, y de la frecuencia con la cual son invocados”[3]

En el documento analizado, tanto en  la introducción como en cinco de los capítulos (2 a 6), se resume y actualiza la doctrina católica sobre el tema ecológico, que fue desarrollada por Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, manteniendo la continuidad en la enseñanza.

3. Los especialistas en doctrina social advierten que, en cada documento, es necesario distinguir lo doctrinal de lo prudencial. Únicamente los principios y conceptos que se encuentran en varios documentos y sucesivos papas, es decir cuando existe continuidad, puede afirmarse la autenticidad de la doctrina[4]. Pero, además de enunciar principios, las encíclicas hacen referencias de tipo prudencial, es decir aplicaciones a situaciones o ejemplos particulares. “En estos aspectos prudenciales, resultaría posible cierta inadecuación o confusión por parte del Pontífice, pues en materia tan compleja no compromete al Magisterio como tal”[5]. Es decir, que la evaluación de una problemática concreta puede ser errónea; puede haber párrafos que susciten dudas y hasta objeciones.

4. El Capítulo Primero de la Encíclica: Lo que le está pasando a nuestra casa, contiene un diagnóstico de la realidad ambiental del mundo. A diferencia del resto del documento, y a lo que es habitual en el magisterio pontificio, la mayor parte de los datos consignados, en 10 páginas –párrafos 17 a 30-, no presentan referencias al pié de página. De modo que no se detalla la fuente de dichos datos; pero es lícito deducir que provienen de un organismo de las Naciones Unidas, denominado Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.

5. La actividad de dicho organismo ha merecido críticas en el ámbito científico, desde la famosa Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992. Como se trata de una cuestión prudencial, consideramos que a esta parte del documento pontificio, corresponde analizarlo a la luz del párrafo 61 de la encíclica:
“Sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra definitiva, y entiende que debe escuchar y promover el debate honesto entre los científicos, respetando la diversidad de opiniones”.

6. Citamos a continuación algunos antecedentes sobre las discrepancias indicadas.
6.1. Con motivo de esa reunión internacional de 1992, un grupo de científicos e intelectuales firmaron el Llamamiento de Heidelberg, que desde entonces, ha sido suscripto por 4.000 personas, de 106 países, incluidos 72 premios Nobel.

6.2. En 1997, a raíz del Protocolo de Kyoto, que promovió la reducción de los llamados gases de invernadero, surgió la declaración de Oregón, firmada por 10.000 científicos, que manifestaron que dicho tratado “está basado, en nuestra opinión, en ideas fallidas”. Encabeza las firmas Frederik Steitz, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

6.3. En diciembre de 2008, se publicó el Reporte del Senado de Estados Unidos sobre el calentamiento global originado por el hombre, rebatiendo las tesis del Panel Intergubernamental sobre el Calentamiento Global, firmado por 650 científicos.

6.4. El 27 de abril de este año, ante el anuncio de la inminente aparición de la encíclica papal, un grupo de científicos e intelectuales  dirigieron una Carta abierta al Papa Francisco, encabezada con la firma de Michael Asten, profesor de Geofísica, de Australia. En total, ha sido firmada por 196 personas, hasta la fecha (12-7-2015).

7. El Llamamiento de Heidelberg manifiesta:
“…en los albores del siglo veintiuno, nos preocupa sobremanera la emergencia de una ideología irracional que se opone al progreso científico e industrial, y obstaculiza el desarrollo económico y social”.
“…deseamos poner en guardia a las autoridades responsables del destino de nuestro planeta contra las decisiones fundadas en argumentos seudocientíficos o en datos falsos o que no vienen al caso”.

8. Citaremos cuatro párrafos de la encíclica, y expresiones que contradicen o aclaran lo afirmado en ellos.
8.1. Párrafo 23: “El clima es un bien común, de todos y para todos. (…) Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. (…) Es verdad que hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. (…) Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles…”.
8.1. a. La Carta Abierta mencionada, sostiene lo siguiente:
“La evidencia empírica sugiere que el uso de combustibles fósiles no causará un calentamiento catastrófico”.
“Los modelos climáticos computados del efecto del calentamiento causado por una mayor cantidad de dióxido de carbono atmosférico son la base para ese miedo. Sin embargo, para que los modelos contribuyan válidamente a la toma de decisiones, tienen que estar subordinados a los datos, y se ha producido una creciente divergencia entre las observaciones de temperatura reales y las simulaciones de los modelos. En promedio, los modelos simulan más del doble del calentamiento observado …”.
“El método científico exige que las teorías sean probadas por medio de la observación empírica. Por esa prueba, los modelos están equivocados. Por lo tanto, no proporcionan ninguna base racional para predecir el calentamiento global inducido por el hombre, y por lo tanto ninguna base racional para el esfuerzo por reducir el calentamiento mediante la restricción del uso de combustibles fósiles o de cualquier otro medio”.

8.1. b. Ivar Giaever, premio Nobel de Física (1973), renunció a la American Physical Society en 2011 por discrepar con la tesis del calentamiento global antropogénico (producido por la actividad humana). Sostiene que el aumento de la temperatura promedio en 100 años, es de 0,8 grados Kelvin, es decir, sólo un 0,3 % [6]
8.2 Párrafo 28: “El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana (…).
Párrafo 31: “(…) Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia”.

8.2.a. Sobre este tema, Frederk Segerfeld informa[7] que la precipitación pluvial anual sobre la tierra firme, es de 133.500 kilómetros cúbicos, de la que se evaporan 72.000, lo que deja un saldo de 61.500 kilómetros cúbicos. Esto significa que están disponibles en el planeta –sin contar otras fuentes de agua- 19.000 litros por día por persona.
8.2. b. A su vez, el consultor Jo-Shing Yang comenta que el Acuífero Guaraní, considerado el mayor del planeta, cubre 1.200.000 kilómetros cuadrados, con 40.000 kilómetros cúbicos de agua fresca potable, que permitiría abastecer al mundo por 200 años[8].

8.3. El párrafo 48 trata otra cuestión: “En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos atinan solo a proponer una reducción de la natalidad. (…) Pero, si bien es cierto que la desigual distribución de la población y de los recursos disponibles crean obstáculos al desarrollo y al uso sostenible del ambiente, debe reconocerse que el crecimiento demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario”.
8.3. a. Este párrafo enfrenta la tesis de la explosión demográfica, que exigiría adoptar medidas drásticas para evitar el incremento de población que afectaría la vida humana, al contribuir a la contaminación ambiental. Es la actualización de la teoría de Thomas Malthus, pastor inglés que en 1798, alertó que la población aumentaba en proporción geométrica, mientras los recursos solo crecían en proporción aritmética. Un libro de Giovanni Sartori[9] exhibe esta postura:
“Como cualquier persona de inteligencia libre y normal (libre de anteojeras ideológicas o religiosas) entiende muy bien, nuestro problema es de explosión demográfica; de lo que se deduce que para sobrevivir como género humano tenemos que bloquearla”. “La caída de los nacimientos que se produce en los países desarrollados no se explica por causas naturales, sino por las prácticas contraceptivas que la Iglesia condena como antinaturales. La naturaleza nunca ha parado el crecimiento de los humanos”.

8.4. b. En realidad, las proyecciones actuales de Naciones Unidas [10] muestran que la población actual de 7.000 millones, se está estabilizando, y llegaría en el 2050 a 9.600 millones, y en el 2.100 a 10.900 millones.
8.4. c. Si se mantiene el problema del hambre y otras necesidades insatisfechas en el mundo, ello no se debe al incremento demográfico, sino a motivos económicos y políticos que impiden una adecuada administración y distribución de los recursos. Ya en 1974 el premio Nobel de economía Colin Clark, de la universidad de Oxford (El mito de la explosión demográfica) calculaba que, utilizando la moderna tecnología agrícola en la mitad de los terrenos fértiles disponibles en el mundo, se podría producir suficiente alimento para 35 mil millones de personas. Por su parte, Roger Revelle, de la universidad de Harvard, actualizó la estimación de los recursos mundiales, concluyendo que se pueden producir alimentos de 2.500 calorías per capita por día para 40.000 millones de personas[11].

9. Con respecto al tema demográfico, sobre el que Laudato Si’ ratifica la posición de los Papas anteriores, ha llamado la atención que se haya invitado a participar en la presentación de la encíclica el 18 de junio en el Vaticano, a un científico alemán que defiende la tesis de la explosión demográfica. El profesor John Schellnhuber, que fue incorporado a la Academia Pontificia de Ciencias, afirmó en un artículo publicado en el New York Times[12], que las investigaciones sobre el calentamiento global han permitido estimar la capacidad de carga del planeta, que debe estar por debajo de los 1.000 millones de personas. Como de ese dato surge que el planeta tiene una sobrepoblación de 6.000 millones de personas, ha propuesto una forma de gobierno mundial, que debería encarar las medidas necesarias para solucionar los problemas actuales.

10. Lo expresado se vincula al hecho de que en las Naciones Unidas, desde hace tiempo, influye un enfoque ecologista: “Se debe recordar la indiscutible verdad de que los recursos disponibles y el espacio de la tierra son limitados”[13]. La aspiración de la UNESCO es que una nueva ética universal de vida sostenible informe no sólo a los países sino también a los individuos: “la decisión de tener una familia grande o pequeña tiene consecuencias en toda la sociedad nacional e internacional, es imperativo moral de los estados, fomentar una familia pequeña”[14].

En el breve comentario realizado, como estudiosos de la doctrina social católica, hemos ejercido el derecho a manifestar nuestro criterio, en materia opinable[15].

Córdoba, Julio 14 de 2015




[1] SS Francisco. Laudato Si’; Conferencia Episcopal Argentina, Oficina del Libro, Buenos Aires, 2015.
[2] Pontificio Consejo Justicia y Paz. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia; 2004, p. 80.
[3] Idem.
[4] Cfr.: Palumbo, Carmelo. “Guía para el estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia; Buenos Aires, CIES, 2004, pg. 41: “Es la coherencia, la consistencia, la insistencia de una misma doctrina la que asegura al menos la equivalencia de la inerrancia”.
[5] Sacheri, Carlos. “La Iglesia y lo social”; Bahía Blanca, La Nueva Provincia, 1972, pg. 12.
[7] “El agua”; Centro de Estudios Económico-Sociales; Guatemala, 2006.
[8] Cfr.: Patria Argentina, Junio 2015.
[9] Sartori, Giovanni. “La tierra explota. Superpoblación y desarrollo”; Buenos Aires, Taurus, 2003, pgs. 57/58.
[10]  Tablas de población mundial: www.un.org
[11] Casadei, Rodolfo. “¿Quién ha dicho que somos demasiados?”; en Criterio, N° 2110, 22-4-1993, pg. 166.
[13] Cfr.: UNESCO, “Diez problemas prospectivos de población”, Documento de Trabajo, Caracas, Febrero 1991, pgs. 6-9.
[14] UNESCO, cit., pg. 10. Ver: Sanahuja, Juan Claudio. “Poder global y religión universal”; Buenos Aires, Vórtice, 2000.
[15] Código de Derecho Canónico, Can. 212.3, 227.

miércoles, 19 de abril de 2017

SEMINARIO



 DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA:

CUESTIONES ACTUALES

Objetivo: contribuir al análisis de temas importantes de la realidad contemporánea, utilizando como guía los principios de la enseñanza moral católica.

EN LEGISLATURA  DE CÓRDOBA

Programa
Abril 25    Marco general: Magisterio de la Iglesia
                 Fray Rafael Rossi op

Mayo  2    Doctrina Social  e ideologías
                 Dr. Mario Meneghini

Mayo 16   Vida humana: Encíclica Evangelium vitae
                 Dr. Jorge Scala

Mayo 30   Prevención de la drogadicción
                 Dra. Elsa Corbella

Junio  13   Participación de los cristianos en la vida pública
                 Ing. Mauricio Schmitz

Junio  27  Enfoques de la Economía: socialismo-capitalismo-doctrina social
                  Dr. Carlos Vido Kesman

Julio      4  Coloquio: aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia

Horario: 18,30 a 20 horas
Lugar: Rivera Indarte 33, Sala 1
Organiza: Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba
Directora del Seminario: Lic. María Rosa Marcone



lunes, 10 de abril de 2017

EDUCACIÓN RELIGIOSA



Un dictamen de la Procuración General de la Nación aconseja a la Corte Suprema “ordenar el cese de la enseñanza religiosa dentro del horario escolar y como parte del plan de estudios (…)” (1), impugnando la constitucionalidad del art. 49 de la Constitución de la provincia de Salta, que consagra, como integrando las bases de su sistema educacional,  el derecho de los padres a que sus hijos “reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

El dictamen citado está suscripto por  Víctor Abramovich,  integrante de la asociación llamada “Igualitaria” –Centro de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo. En tanto, la parte demandante, la Asociación por los Derechos Civiles fue fundada, entre otros por Carlos Rosenkrantz, actual juez de la Suprema Corte.

Los representantes de la Provincia han sostenido durante el juicio la improcedencia de la forma procesal del  amparo, han invocado jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, han reivindicado las atribuciones originarias del Estado provincial para permitir la enseñanza religiosa.

En el Dictamen de la Procuración de la Nación, a fojas 4, se realizan dos afirmaciones que nos parece importante analizar: a) que es erróneo que la Argentina se encuentre jurídicamente estructurada como una nación católica apostólica romana; b) que la palabra sostener, mencionada en el art. 2 de la Constitución Nacional, únicamente refiere a un apoyo económico.

Con respecto a la primera cuestión, nos remitimos a la enseñanza del maestro Germán Bidart Campos (2). La constitución nacional de 1853 con la que se dio origen a la República Argentina, puede ser ubicada en la categoría de constitución formal, del tipo racional-normativo con la pretensión de planificar el futuro, pero no de manera racionalista.  Por el contrario, introdujo algunos caracteres del tipo tradicional-historicista, asumiendo un compromiso con la estructura social preexistente: cultura, religión, factores antropológicos y geográficos. 

Se tuvo en cuenta la orientación de Alberdi: “Así pues, los hechos, la realidad, que son obra de Dios existen por la acción del tiempo y de la historia anterior de nuestro país, serán los que deban imponer la constitución que la República Argentina reciba de las manos de sus legisladores constituyentes”. (3)

La constitución asumió valores y costumbres arraigados en la comunidad consolidando dichos contenidos a los que se atribuye implícitamente un carácter pétreo. Esto significa que mientras nuestra comunidad nacional y su estructura social permanezcan, no pueden ser abolidos o alterados dichos contenidos, sin destruir el fundamento ontológico de la norma suprema. En realidad, desde los inicios de nuestra comunidad nacional, aún antes de la emancipación, los valores cristianos impregnaron la vida pública. “Las relaciones de la Iglesia Católica con el Estado argentino derivan de un hecho de profunda raigambre histórica: la entrañable presencia del catolicismo en la vida social argentina”, siendo uno de los “supuestos esenciales de la tradición institucional que nos rige”. (4)

La historia demuestra que en la Argentina, al independizarse,   se formó un nuevo pueblo diferente del español y de los pobladores precolombinos, con una cultura propia, aunque innegablemente cristiana. 
Una nación es un pueblo que toma conciencia de sí mismo de acuerdo a lo realizado por la historia; su concepción de la vida se traduce en leyes, en costumbres, en instituciones, en un orden social determinado. 

Vale recordar que de los veintinueve diputados que firmaron el Acta de la Independencia, once eran sacerdotes, y que todos, al inaugurar el Congreso “después de asistir a la Misa del Espíritu Santo, que se cantó para implorar sus divinas luces y auxilios”, juraron “conservar y defender la Religión Católica, Apostólica y Romana”. (5)

Por lo señalado, uno de los contenidos pétreos de nuestra constitución es la confesionalidad del Estado. En el Preámbulo de la constitución, entre los principios incluidos figura una invocación religiosa: “invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”; esto configura a nuestro régimen como teista –no ateo ni neutro. El art. 14 incluye entre los derechos de todos los habitantes, el “de profesar libremente su culto”, y, por cierto, que la Iglesia Católica no es una iglesia oficial, ni el catolicismo es religión de estado, pero se dice que se le confiere un status constitucional propio, pues se la reconoce como persona jurídica de derecho público (no estatal). Vélez Sarsfield en el art. 33 de su código civil la define como persona de existencia necesaria.

La confesionalidad del Estado argentino implica ubicarlo en la categoría de secularidad: libertad de cultos sin igualdad de cultos. Este concepto difiere de otras dos formas de vincularse el poder temporal con el poder religioso: sacralidad y laicidad. (6)

Sacralidad o Estado sacro hace referencia a una forma de organización política donde lo temporal es casi un instrumento de lo espiritual. Así ocurría en la edad media, con la cristiandad, y actualmente en  varios países musulmanes. Baste como ejemplo, la Constitución de la República Islámica de Irán, cuyo Principio 2° determina que el sistema se basa en la fe: En el Dios único y en la especificidad de la soberanía y del poder de legislar en Él existente y en sumisión total a Él.

Laicidad o Estado laico, por su parte, es la forma política que rechaza el aspecto espiritual en el ámbito público, adoptando una posición de neutralidad, que implica la indiferencia o agnosticismo.

La secularidad o Estado secular, consiste en la forma política que asume la realidad de un poder religioso, y procura –según circunstancias de lugar y tiempo- conciliar lo religioso y lo temporal, admitiendo el hecho de una religión institucionalizada en la Iglesia. Esta es la forma que adoptó nuestra constitución; en este tipo de organización institucional, la libertad religiosa abarca, entre otros, el derecho de los padres a decidir la orientación espiritual y religiosa de sus hijos menores, y el derecho de cada persona o no ser obligado a recibir una enseñanza opuesta a la propia religión.

Con respecto al significado del vocablo sostener del art. 2 de la constitución, no es correcto considerar que se refiere a la obligación del gobierno federal de subsidiar económicamente al culto católico. Sostener implica la vinculación moral del Estado con la Iglesia, y el reconocimiento de ésta como persona jurídica de derecho público. El aporte económico que se incluye en el presupuesto oficial, no se debe a una obligación constitucional, sino a la decisión de compensar pecuniariamente a la Iglesia por la expoliación de sus bienes ocurrida con la reforma dispuesta por el gobierno de Rivadavia.

Pese a momentos de crisis políticas, la Constitución Nacional ha suscitado un consenso pacífico y generalizado de la ciudadanía desde su promulgación, y nunca se han afectado los fines y principios rectores de nuestro régimen político. Ello demuestra que siempre hubo una coincidencia entre las legitimidades de origen y de ejercicio, puesto que el texto de 1853 surgió de una sucesión de pactos y fórmulas de compromiso que asumieron las tradiciones y realidades políticas, lográndose un equilibrio que garantizó la concordia.

La reflexión realizada apunta a sostener el hecho histórico de que el catolicismo –más allá de la práctica del culto, que siempre será voluntaria- es uno de los pilares fundacionales de la comunidad argentina, y, por ello, el Estado Argentino no es neutral en materia religiosa. Modificar lo que se plasmó hace 164 años, configuraría una alteración sustancial de las condiciones en que se asienta la unidad y la paz.

Frente al dictamen motivo de este análisis, que propone a la Corte Suprema de Justicia ordenar el cese de la enseñanza religiosa dentro del horario escolar y como parte del plan de estudios, consideramos necesario tener en cuenta un fallo ejemplar de la misma Corte:

“La interpretación auténtica de la Constitución no puede olvidar los antecedentes que hicieron de ella una creación viva, impregnada de realidad argentina, a fin de que dentro de  su elasticidad y generalidad que le impiden envejecer con el cambio de ideas, crecimiento y distribución de intereses, siga siendo el instrumento de la ordenación política y moral de la Nación”. (7)

Córdoba, 10-4-2017.-


1) En autos: “Castillo, Carina Viviana y otros d Provincia de Salta, Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/amparo” CSJ 1870/2014/CSI.
2) Bidart Campos, Germán. “Manual de Derecho Constitucional Argentino”; Buenos Aires, EDIAR, 1972, pgs. 32-37, 81-82, 147-
3) Las Bases, cap. XVII.
4) Estada, Santiago de. “Nuestras relaciones con la Iglesia”; Buenos Aires, Theoría, 1963, p. 55.
5) Ravignani, Emilio –Director-. “Asambleas Constituyentes Argentinas”, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1937, T. 1, 181.
6) Bidart Campos, Germán. “Doctrina del Estado democrático”; Buenos Aires, EJEA, Buenos Aires, 1961, pgs. 264-266.

7) Fallos de la Corte Suprema de Justicia, Tomo 178, p. 9, caso “Bressani, Carlos H. y otros contra provincia de Mendoza, inconstitucionalidad”. 

martes, 28 de marzo de 2017

INGRESO CIUDADANO


 COMPATIBLE CON EL DERECHO NATURAL*

El concepto de Ingreso Ciudadano, representa un crédito fiscal, reconocido a toda persona, con un monto que le garantice poder cubrir sus necesidades básicas, sin otra condición que la ciudadanía. Consideramos que esta fórmula de redistribución de la riqueza es compatible con los principios del Derecho Natural.

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Se acaba de publicar un artículo del conocido publicista Juan Manuel de Prada:


Aunque coincidimos con la crítica al sistema económico vigente, discrepamos con el rechazo a la renta básica (o ingreso universal) como instrumento eficaz para lograr un equilibrio social y evitar la pobreza masiva que no se justifica en nuestra época. Si el autor reconoce que el desempleo -que ya hace estragos- "alcanzará una magnitud pavorosa"  pues se calcula "que un cincuenta por ciento de los puestos de trabajo hoy existentes serán desempeñados por máquinas", no basta con denunciar a los poderosos que aprovechan el aumento mundial de la productividad.
Precisamente, el capitalismo liberal ha impuesto el criterio de que el trabajo se reduce al empleo remunerado, ignorando que todo esfuerzo humano merece esa denominación, aunque no reciba un beneficio económico.
Publicamos a continuación una ponencia presentada en el año 2005, con la esperanza de contribuir al esclarecimiento de este tema complejo.
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1. La situación actual del mundo, en la era de la globalización, puede resumirse en dos datos: 3.000 millones de personas -la mitad de la población mundial- viven con menos de dos dólares diarios; de ellos, 1.200 millones perciben menos de un dólar diario[a]. No se ha llegado a esta situación por obra de la casualidad, ni por calamidades naturales, sino como consecuencia de un sistema económico perverso. 
Como señalaba Francois Perroux, “desde que existe, la economía industrial y capitalista ha registrado los más mediocres resultados: la mitad de la humanidad está sometida a un régimen infrahumano, oprimida por la enfermedad, la muerte y la ignorancia” [b]. En efecto, esta situación es resultado del capitalismo liberal, que actuando con libertad sin límites, “opera a modo de bomba que acumula en unas partes las riquezas que desaloja de otras” [c], provocando que convivan la riqueza producida, con la miseria de muchos. 

Como enseña Juan Pablo II, los que carecen de las ventajas del desarrollo son bastante más numerosos que los que disfrutan de ellas; y esto no sucede por responsabilidad de los indigentes, ni mucho menos por una especie de fatalidad de las circunstancias (Sollicitudo rei socialis, 9).
Una de las consecuencias que acarrea este sistema económico es la desocupación masiva. En realidad, “las empresas no toman mano de obra por la excelente razón de que no la necesitan” [d]. Existe una curiosa resistencia a admitir esta realidad; se insiste, por ejemplo, en reformar los planes educativos para otorgar a los jóvenes una salida laboral, reduciendo o suprimiendo las asignaturas humanistas, para acentuar las técnicas. Intento inútil, pues la demanda de trabajo supera ampliamente la oferta. Este fenómeno se ha ido generando paulatinamente en la civilización moderna, que ha girado siempre en torno del concepto de trabajo, lo que explica el desconcierto que produce la notoria disminución del factor laboral en el actual proceso productivo.

Para lord Beveridge (1944) el pleno empleo era una situación en que el número de desempleados equivalía al número de vacantes. En la década del 50, se aceptaba como pleno empleo un 3 % de desocupación. En 1958, Phillips concluyó que existía una correlación estadística inversa entre la variación de los salarios nominales y el nivel y la variación del desempleo, conocida como la Curva de Phillips; esto llevó a pensar que para lograr disminuir la tasa de inflación, era inevitable un aumento del desempleo [e].

El sistema capitalista basa su organización en la separación entre los dueños de los medios de producción y los vendedores de su trabajo, reduciendo el concepto de trabajo al de empleo remunerado, siendo esta modalidad de trabajo la fuente única o principal de ingresos. Aunque se usen como sinónimos, trabajo y empleo, son conceptos diferentes. El empleo es la modalidad que el trabajo presenta en la sociedad contemporánea, como actividad remunerada por un empleador. “El trabajo es toda acción transeúnte productora de una obra” [f].

Los gobiernos neoliberales encaran el problema del desempleo con la desregulación del trabajo y con la fórmula del workfare -exigir la disposición a trabajar, como requisito para acceder a la seguridad social. La flexibilización ha logrado frenar el desempleo, pero generando empleos con bajos salarios, que no superan la línea de pobreza, y obligan a quienes los perciben a recibir la asistencia del Estado para sobrevivir. Un ejemplo de workfare es el plan argentino de Jefes y Jefas de Hogar, ya que otorga una ayuda económica a desocupados, con un monto que no cubre ni la canasta básica alimentaria, y se exige el compromiso -no siempre concretado- de una contraprestación laboral.
La situación actual afecta a las personas con daños psíquicos, marginación social y privación económica, incidiendo también en el grupo familiar. La inseguridad laboral alcanza también a quienes tienen empleo, pero temen perderlo, y a quienes carecen de empleo y desesperan de poder lograrlo.

El desempleo es un factor implícito en la economía actual; la utilización de tecnologías que aumentan la productividad, permite producir mayor cantidad de bienes y servicios, empleando menor masa laboral. Ya durante la crisis del año 29, Keynes, en su famosa obra “Teoría general del empleo, el interés y la moneda”, aludía al desempleo tecnológico, producido por el “descubrimiento según el cual se economiza el uso de la mano de obra excediendo el ritmo al que podamos encontrar nuevos usos alternativos para toda esta mano de obra” [g].

2. Antecedentes del ingreso garantizado
En 1963, un grupo de académicos, coordinado por Oppenheimer, de la Universidad de Princeton, publicó una carta abierta al presidente de Estados Unidos, alertando sobre los peligros de la automatización. Consideraban que las nuevas tecnologías requerían un cambio de fondo en la economía, y que debería buscarse una forma de garantizar a cada ciudadano un ingreso como compensación por la pérdida de trabajos provocada por la tecnología.
El economista Theobald argumentaba que, como la automatización seguiría aumentando la productividad y disminuyendo empleos, era necesario asegurar a todos una forma de ingreso, al margen del empleo formal, para que pudieran sobrevivir. A su vez, la economía debía generar a la población el suficiente poder adquisitivo para que pudiese adquirir los bienes y servicios producidos. Esta demanda de un ingreso garantizado, tomó mayor fuerza cuando el economista liberal Milton Friedman presentó su propio modelo, basado en un impuesto negativo a las rentas. Sostenía que era mejor dar a los pobres un ingreso mínimo garantizado que seguir financiando los programas de asistencia social, con una costosa burocracia.

El presidente Johnson, en 1967, creó la Comisión Nacional de Ingreso Garantizado, que emitió un informe admitiendo que no todos quienes desean trabajar pueden hacerlo, y por ello, debería crearse un programa que permitiera a todos los ciudadanos cubrir sus necesidades. Esta recomendación no fue aplicada; solo se instrumentó en Estados Unidos, durante el gobierno de Clinton, una variante de workfare -“Income Tax Credit”-, que complementa los ingresos de los trabajadores pobres, pero sin incluir a quienes no trabajan [h].
En Europa, en cambio, varios países han legislado programas de ingresos mínimos garantizados. El más conocido es el “Revenue Minimun D Insertion” (RMI), que existe en Francia desde 1988, donde el ingreso está condicionado a la aceptación de un contrato de inserción, mediante el cual las personas se comprometen a realizar actividades que dispongan las autoridades, con vistas a su inserción social y laboral. Los recursos provienen de los impuestos, y constituyen un beneficio residual, dado que cubre la diferencia entre el mínimo legal y el ingreso de la persona o familia que lo solicita. Los ingresos provenientes del trabajo se deducen en cierta proporción para que no desaparezca el estímulo a conseguir un empleo. Programas similares existen en Bélgica, Alemania, Holanda y Gran Bretaña. Estas iniciativas contribuyen a evitar disturbios sociales, que son previsibles si continúan utilizándose las enormes ganancias derivadas de la alta tecnología, en aumentar los beneficios de las empresas y retribuir mejor a los ejecutivos y trabajadores especializados, en lugar de distribuirse equitativamente en la sociedad [i].

El enfoque tradicional de la seguridad social parte de considerar que las personas tienen derecho a obtener del Estado algunos beneficios derivados de su condición de trabajador. En efecto, dichos beneficios son financiados con un porcentaje de su remuneración, y requieren una contraprestación: a) las asignaciones familiares y el seguro de salud: el trabajo actual; b) las jubilaciones y pensiones, y el seguro de desempleo: el trabajo anterior; c) el trabajo promovido: la disposición a aceptarlo.
El ingreso ciudadano, en cambio, se fundamenta en el reconocimiento a todas las personas de un derecho a recibir una renta, cualquiera sea su situación laboral y sin compromiso alguno. El argumento es que todos los habitantes merecen recibir una parte de la riqueza producida en la sociedad, a modo de dividendo social. Todos las personas pueden realizar -y habitualmente realizan- tareas que son socialmente útiles, como el trabajo doméstico del ama de casa, la crianza de los niños, la atención de los enfermos y ancianos, así como la formación educativa y perfeccionamiento cultural [j].

La alternativa de otorgar un ingreso inferior al mínimo vital -postulada por la Escuela de Chicago, los liberales alemanes y los conservadores británicos-, para evitar la actitud ociosa de los beneficiarios, parece injusta, pues obligaría a aceptar cualquier empleo, aunque sea intermitente, con salarios y horarios variables, impidiendo todo proyecto de vida, en base a sus preferencias personales[k]. Como enseña el P. Meinvielle, el trabajo precario puede tolerarse como solución de emergencia, pero “las familias tienen derecho a la estabilidad” [l].

Una objeción común al ingreso ciudadano, es que fomentaría la ociosidad, pues al serle garantizado a todo hombre una renta, sin obligación de comprometerse a aceptar un empleo, muchos optarían por vivir de esa renta, sin realizar ningún esfuerzo propio. Es posible sí que algunos eligieran esa conducta, pero el ingreso ciudadano no eliminaría el incentivo a procurar ingresos adicionales, porque la mayoría de las personas no se conforman con cubrir sus necesidades básicas. La experiencia demuestra que aún las personas con una situación económica desahogada, habitualmente trabajan, porque es propio de las personas normales el deseo de progresar o de realizar alguna actividad.

3. El fundamento de la redistribucion de la riqueza
Hay maneras legítimas de adquirir la propiedad y,. por lo tanto, de enriquecerse. Pero, algunas de las riquezas que los hombres adquieren, no se originan únicamente en su esfuerzo y habilidad, sino también en el uso de bienes colectivos (vías de comunicación, seguridad, ciencia y técnica), en cuya creación han participado muchos miembros de la sociedad, en una proporción tan difícil de determinar como innegable es que se trata de frutos colectivos.
Debido a lo señalado, es justo que una parte del patrimonio de los más ricos sea redistribuida entre los menos pudientes, para compensar acumulaciones indebidas de riqueza, en cuya generación han contribuido muchos. De esta manera es posible corregir ciertos desniveles sociales injustificados. También mediante la redistribución se pueden corregir, aunque sea parcialmente, los enriquecimientos que han tenido origen ilícito, así como la desigualdad de oportunidades [m].

Una forma de efectuar la redistribución es aplicar un impuesto sobre las transacciones de divisas, que, en su mayor parte, son puramente especulativas. Es la llamada Tasa Tobin, que propuso el economista James Tobin, Premio Nobel, consistente en imponer una tasa de un 0,5 % del valor de la transacción efectuada. Una variante de la anterior -la Tasa RB (renta básica)-, propone que la tasa se aplique a todo incremento de valor creado sin gastos, sino como simple fruto de la inversión, que funciona sin costes de producción ni con trabajo, sino como revalorización de propiedades o como mecanismos financieros que dependen del volumen de dinero que se acumula, mediante fusión de capitales, agrupación de acciones, etcétera. La recaudación de este impuesto estaría destinado a financiar un programa de Ingreso Ciudadano [n].
Como explica el P. Meinvielle, la esencia de la crisis del sistema capitalista, consiste en que la concepción liberal de la ley de la oferta y la demanda destruye el intercambio. Pues, al no estar limitada dicha ley, funciona fuera de todo encuadramiento. Entonces, en cada transacción, la parte más débil, económicamente, pierde, y la más fuerte, gana. “Y como sobre esa base no puede desarrollarse un proceso productivo, se produce el paro forzoso, que, bajo cierto aspecto, es peor que la esclavitud. Porque en ésta, el patrón daba de comer a su esclavo y en aquella lo abandona al hambre” [o].

Para que la economía pueda funcionar eficazmente, y sin vulnerar la justicia, la ley de la oferta y la demanda, debe ser complementada con la ley de reciprocidad en los cambios. Esta consiste en que la riqueza generada en los intercambios, debe repartirse proporcionalmente entre todos, de manera que la posición relativa de unos en relación a la de los otros continúe siendo la misma. Pues si no se respeta esta reciprocidad y algunos se enriquecen más que otros, se produce no solo una injusticia sino que el proceso económico no puede funcionar adecuadamente, ya que llegará el momento en que una parte no tiene nada que entregar y la otra no necesita recibir nada [p].

Esta relación asimétrica se proyecta también en el plano social y política, afectando la concordia, puesto que si alguien recibe menos que lo que entrega, desaparece su interés de vivir en esa sociedad, “porque si el uno ha dado la mitad de su pequeña fortuna, y el otro ha dado sólo una parte mínima de una propiedad mucho mayor, es claro que el segundo ha perjudicado al primero”[q]. Por eso dice Abelardo Rossi, que la “justicia distributiva es la base y la garantía de la paz social”, y que, en realidad, “en la justicia distributiva no se concede algo a la parte, se le debe” [r]. Es que, como enseña Sto. Tomás: “Las cosas de la que alguien tiene demasiado, son debidas por derecho natural a la sustentación de los pobres” (Sum. Theol., II-II, Q. 66, art. 7).

4. Fundamentación del Ingreso Ciudadano, desde el Derecho Natural

El hombre necesita los recursos materiales, creados por Dios para que pueda satisfacer sus necesidades. Y los creó para todos los hombres, puesto que todos los hombres los necesitan. Además, no hay nada en los recursos naturales que los adscriba a un hombre o a un grupo de hombres en particular. El adscribirlos a uno u otro es cosa accidental, aunque conveniente, para que los bienes alcancen su fin. Esto no quiere decir que los recursos naturales hayan de repartirse por igual, pero cada hombre tiene derecho a los recursos que necesita, y según la necesidad es el derecho.
El Papa Pío XII habló con claridad sobre este punto: “Todo hombre, por ser viviente dotado de razón, tiene efectivamente el derecho natural y fundamental de usar de los bienes materiales de la tierra,... Este derecho individual no puede suprimirse en modo alguno, ni aún por otros derechos ciertos y pacíficos sobre los bienes materiales. (...) Sólo así se podrá y deberá obtener que propiedad y uso de los bienes materiales traigan a la sociedad paz fecunda y consistencia vital y no engendren condiciones precarias, generadoras de luchas y celos y abandonadas a merced del despiadado capricho de la fuerza y de la debilidad” (La Solemnità, 1941, 13).

Como el derecho de todos los hombres a los recursos naturales es anterior al Estado, éste no lo puede suprimir, y como uno de los fines del Estado es la defensa de los derechos de los ciudadanos, el Estado tiene la obligación de defenderlo, aun antes que el derecho de propiedad por ser más fundamental e importante.
Es común entre los economistas y sociólogos admitir como fin inmediato de la economía la satisfacción de las necesidades materiales del hombre, por medio de la producción de los bienes y servicios que necesita. El fin de la economía no es satisfacer las necesidades materiales de algunos hombres, sino de todos los hombres, porque los recursos naturales han sido creados por Dios para ese fin y porque todos los hombres forman parte de la sociedad universal, y como miembros de ella han de procurar el bien común, y forma parte del bien común el que todos los hombres puedan disponer de los medios necesarios para satisfacer sus necesidades.

Debe denifirse, entonces, que se entiende por necesidad. La escuela liberal, conforme a su criterio materialista, entiende por necesidad todo deseo que procede de una sensación no satisfecha. Estando la economía orientada a la satisfacción de las necesidades, el concepto de necesidades humanas es esencial al orden económico y según sea el concepto será la orientación económica.
Si se acepta que la economía debe procurar la satisfacción de los deseos, será difícil evitar muchos males, porque las necesidades son limitadas, los deseos no. Los recursos materiales y humanos de que disponemos pueden satisfacer las necesidades, pero no los caprichos, que no tienen limite. Las necesidades cesan en la medida que son satisfechas, no así los deseos desordenados, los caprichos, que suelen aumentar a medida que se satisfacen. El pretender la satisfacción de los deseos en vez de la satisfacción de las necesidades trae consigo otro mal y es que se emplean en la satisfacción de deseos inútiles y aún perjudiciales, recursos económicos que se sustraen, no pocas veces, a la satisfacción de las verdaderas necesidades.

Conocer las verdaderas necesidades es necesario para conocer derechos fundamentales en materia económica; para ello hay que mirar el fin a que van ordenados los bienes materiales: estos son para el cuerpo, evidentemente, pero van ordenados a la perfección integral del hombre. El hombre tiene la obligación de perfeccionarse, es decir, de desarrollar íntegra y armónicamente sus facultades, y para esto necesita bienes materiales. Lo que sirve para este desarrollo es un bien y satisface una necesidad, lo que no sirve para este fin es inútil, lo que lo impide o estorba es perjudicia l[s].

Según Juan XXIII, el hombre tiene un derecho “a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, cuales son, principalmente, el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia medica y, finalmente, los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado. De lo cual se sigue que el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y, por último, cualquier otra eventualidad que le prive, sin culpa suya, de los medios necesarios para su sustento” (Enc. Pacem in terris, 11).

5. Implementación del Ingreso Ciudadano
Nos parece que una manera viable de aplicar el ingreso ciudadano, consistiría en vincularlo a un sistema integrado de transferencias fiscales, que funcionaría como lo expone el Prof. Barbeito[t]:
a) Se reemplazaría la totalidad de los beneficios monetarios y en especie -como bolsones de alimentos y comedores comunitarios-, así como las deducciones y exenciones tributarias sobre los ingresos personales, por una estructura única de transferencias basada en el reconocimiento de ingresos básicos garantizados.

b) Cada persona (o familia) se toma como “unidad fiscal”. La zona de indiferencia tributaria (ZIT) fija los niveles de ingresos para los cuales las unidades fiscales se encuentran en una situación indiferente o de neutralidad respecto del sistema integrado de transferencias fiscales: saldo nulo entre los beneficios monetarios que percibe y los impuestos que paga sobre sus ingresos.

c) La unidad fiscal que percibe ingresos inferiores a ZIT, es beneficiaria del sistema, pasando a recibir una transferencia fiscal que complemente sus ingresos propios.

d) La unidad fiscal que percibe ingresos superiores a ZIT, pasa a ser contribuyente del sistema.

e) A modo de ejemplo; de $ 371 a $ 801: ZIT, saldo nulo. Ingresos superiores a $ 801: contribuyente. Ingresos inferiores a $ 371: beneficiario.

f) El Ingreso Ciudadano actúa como un crédito fiscal de monto fijo, deducible de la suma del impuesto que corresponda pagar por los ingresos propios; el importe de la transferencia neta recibida irá en disminución a medida que aumenten los ingresos propios.

g) El monto del Ingreso Ciudadano puede admitir adecuaciones a las necesidades particulares de ancianos, niños, mujeres embarazadas o discapacitados.

6. Conclusión
Por todo lo señalado, consideramos que la fórmula del ingreso ciudadano, puede representar una manera adecuada de concretar la redistribución de la riqueza en el mundo contemporáneo, al menos mientras no se reemplace el sistema liberal capitalista por otro más conforme a la dignidad humana. Por cierto, que solo implica un remedio parcial para enfrentar los desafíos de la hora , pero al menos suprimiría la miseria, y evitaría la muerte o el sufrimiento extremo de muchos, por carecer de los bienes de subsistencia. Debería estar incluido en un programa de desarrollo integral, que procure el pleno perfeccionamiento de todo el hombre y de todos los hombres.

La implementación de esta propuesta deberá superar inconvenientes y resistencias, pero, como enseña el magisterio pontificio, lo que se pueda realizar para hacer más humana la vida de los hombres, por imperfecto y provisional que sea, no “se habrá perdido ni habrá sido en vano” (Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, p. 48).



* Meneghini, Mario: Ponencia presentada en las Jornadas de Derecho Natural, Paraná, 30-9, 1 y 2-10, 2005.

[a] Banco Mundial. “Globalización, crecimiento y pobreza”; Bogotá, Alfaomega, 2002, p.xxii.
[b] cit. p. Meinvielle, Julio. “Conceptos fundamentales de la economía”; Buenos Aires, Cruz y Fierro, 1982, p. 160.
[c] Meinvielle, op. cit., p. 161.
[d] Forrester, Viviane. “El horror económico”; Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 92.
[e] V. Rifkin, Jeremy. “El fin del trabajo”; Buenos Aires, Paidós, 2000, pgs. 31 y 127.
[f] Caturelli, Alberto. “Metafísica del trabajo”; Guadalajara, folia universitaria, 2002, p. 35.
[g] cit. p. Rifkin, op. cit., p. 47.
[h] V. Rifkin, op. cit., pgs. 109/111, 301/302.
[i] V. AAVV. “Contra la exclusión: la propuesta del ingreso ciudadano”; Buenos Aires, CIEPP/Miño y Dávila, 1995, pgs. 48/49.
[j] V. Idem, p. 27.
[k] V. Gorz, André. “Miserias del presente, riqueza de lo posible”; Buenos Aires, Paidós, 1998, pgs. 91/93.
[l] Meinvielle, op. cit., pg. 162.
[m] V. Tale, Camilo. “Compendio de Derecho Natural”; Córdoba, 1991, pgs. 295/296.
[n] V. Pinto Cañón, Ramiro. “De la Tasa Tobin a la Tasa RB”; 2004 [www.attacmadrid.org]
[o] Meinvielle, op. cit., pgs. 166/167.
[p] V. Mihura Seeber, Federico. “Filosofía económica en Aristóteles”; Buenos Aires, Forum, 1983, T. II, pgs. 54/58.
[q] Aristóteles. “Moral a Eudemo”; Buenos Aires, Colección Austral, 1942, p. 235.
[r] Rossi, Abelardo. Cit. p. Díaz Araujo, Enrique. “El proyecto nacional y la economía”; en: AAVV. “Actualidad de la Doctrina Social de la Iglesia”; Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1980, p. 212.
[s] V. P. Colon SJ, Antonio. “Filosofía del desarrollo económico”; Corrientes, Fundación Carlos Sacheri; s/f, s/p.
[t] V. Barbeito, Alberto. “La integración de los sistemas de transferencias fiscales como instrumento de integración social”; en: AAVV. “Contra la exclusión...”, op. cit., pgs. 210/213.

[u] Las estimaciones que figuran e. 2 y 3, se han tomado de : Lo Vuolo y otros, “Propuesta Práctica de Ingreso Ciudadano”, Bs.As., CIEPP, 1999 [www.ciepp.ortg.ar]; también se han consultado las estimaciones financieras de: a) Cecilia Del Bono, “Reconocer los Derechos Sociales”, Instituto de Estudios y Formación-CTA, agosto 2004; b) Alberto Barbeito, o.p.. pags. 190/228