miércoles, 22 de marzo de 2017

24 DE MARZO DE 1976


En vísperas del feriado dedicado a recordar la fecha mencionada, creemos oportuno reproducir un breve artículo publicado hace 11 años, procurando que se reflexione con mayor objetividad sobre un hecho histórico de nuestro pasado.
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¿PUDO EVITARSE EL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO?

Acaba de conocerse, por una carta de lectores al diario Clarín (18-3-06), el testimonio del Sr. Guillermo Bringiotti, quien, siendo estudiante de periodismo, tuvo oportunidad de entrevistar al presidente del Partido Radical, Dr. Ricardo Balbín, días antes de aquella fecha. Relata haber escuchado ésta frase textual: “Ya no hay nada que hacer, la suerte está echada”. Quienes vivimos intensamente lo acontecido en esos días, recordamos que el Dr. Balbín manifestó en una aparición por televisión: “Debe haber una solución, pero yo no la tengo”.

Parece obvio que si el líder del principal partido opositor se expresaba así, es que no existía una alternativa viable al golpe de Estado. Sin embargo, desde hace años se insiste, y acaba de repetirlo el actual gobierno argentino -con motivo de la ley que establece la fecha mencionada como feriado nacional-, que el motivo del derrocamiento fue el deseo de instaurar una dictadura que reprimiera a quienes se opusieran a un nuevo modelo económico de explotación.

Por cierto que no puede avalarse el método utilizado para combatir a los grupos subversivos que actuaron en la década de 1970, pero, tanto el accionar terrorista como la represión ilegal ya existían antes del cambio de gobierno. Hubo 908 desaparecidos antes del 24-3-76, y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista fue dispuesta en 1975 por un gobierno constitucional.

El 24 de marzo, la sociedad argentina estaba al borde de la desintegración, con un sector público anarquizado y que había perdido el monopolio del uso de la fuerza. Todos los mecanismos constitucionales y todos los matices y las combinaciones imaginables dentro del sistema vigente se habían mostrado ineptos para revertir aquella carrera hacia la disolución [1]. Además, como acaban de recordarlo los obispos, el derrocamiento del gobierno fue consentido por parte de la dirigencia de aquellos momentos [2]. Como resume una reciente crónica periodística: Nadie alzó un dedo, siquiera una voz, se vivió una jornada de sugestiva normalidad, para quejarse por esa malhadada interrupción. Más bien, era admitida y hasta querida por imposibilidad de modificar la sistemática incompetencia de un gobierno [3].

En realidad, hasta el último cuatrimestre de 1974 la opinión predominante en las Fuerzas Armadas era refractario a involucrarse nuevamente en la conducción del Estado; incluso consideraban que el problema subversivo debía ser enfrentado por las fuerzas de seguridad y no por los militares. El panorama fue cambiando debido al fracaso del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) al intentar tomar un cuartel, lo que impulsó, como represalia, el asesinato indiscriminado de miembros de las Fuerzas Armadas, y esto, a su vez, comenzó a modificar la opinión militar.

El gobierno constitucional, en 1975, encomendó a las Fuerzas Armadas la represión de la actividad guerrillera. Al inicio de 1976, había dos generales en actividad a cargo, respectivamente, de la Policía federal y de la SIDE (Secretaría de Informaciones del Estado). Si se dio el paso siguiente -asumir el gobierno- fue por la convicción de que era la única manera de terminar con el caos y vencer a la subversión [4].

Carencia de solución institucional

Como la intervención militar en 1976 no fue la primera en la historia política argentina, es necesario detenerse a evaluar el motivo de fondo que produce esas interrupciones en la normal sucesión de autoridades constitucionales. Recordemos que las rupturas institucionales se produjeron, durante el siglo XX, en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, sin contar el alejamiento forzoso del presidente Frondizi, en 1962, por aplicación discutible de la ley de acefalía.

Carece de rigor analítico la suposición de una continuidad en el empeño de las Fuerzas Armadas de ocupar el poder. Además, con excepción de 1955, en que hubo enfrentamientos armados, los cambios de gobierno se hicieron pacíficamente, sin verificarse nunca -ni siquiera en el 55- las características de un fenómeno revolucionario. Tampoco existió nunca una casta militar, que se suceda en el tiempo, ni logias que transmitan a sus continuadores una manera unívoca de actuar en el plano político. El estilo de gobernar y las definiciones públicas de los jefes militares de 1976, no presentan la menor coincidencia con lo registrado 46 años antes, en el gobierno surgido del golpe de 1930.

Consideramos evidente que hay un motivo estructural: la carencia de un remedio institucional, que opere en casos de emergencia. La opinión de los constitucionalistas es clara [5]: quien asume el Poder Ejecutivo como consecuencia de un golpe de Estado es denominado presidente de facto, dado que no es un mero usurpador, y su investidura es admisible cuando se dan algunos requisitos:

a) el acatamiento pacífico de la comunidad;

b) la disposición de los medios para asegurar el orden, la paz, los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos;

c) la necesidad de proveer, mediante la existencia de un gobierno, a la atención de aquellas necesidades;

d) el ejercicio público y pacífico del poder.

Lo señalado no difiere de la doctrina clásica sobre el derecho de resistencia.

Ahora bien, como en nuestro caso se repitió seis veces en un siglo la situación anómala de gobiernos imposibilitados de gobernar, que debieron ser reemplazados por autoridades de facto, debemos concluir que los golpes de Estado funcionan como verdaderas enmiendas constitucionales. Es decir que, al no estar prevista en la Constitución Nacional la solución jurídica que permita el reemplazo pacífico del gobierno que perdió la legitimidad de ejercicio, se admite de hecho la solución fáctica, avalada incluso por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto es consecuencia directa del sistema partidocrático, que ha impedido en todos los casos mencionados la utilización del juicio político, único remedio previsto en la Constitución.

Cabe destacar, que en el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia (7-10-86), creado para procurar el perfeccionamiento de las estructuras políticas, y que sirvió de base para la reforma constitucional de 1994, no se incluyó ninguna propuesta destinada a facilitar una solución institucional en las coyunturas analizadas. Es que el gobierno de entonces, había iniciado una maniobra, continuada por sus sucesores, destinada a evitar para siempre el peligro de golpe de Estado, mediante un recurso drástico: la destrucción de las Fuerzas Armadas. Ello se consiguió, a través de: a) la disminución paulatina del presupuesto militar, que impide el cumplimiento de la misión de las tres fuerzas, y congeló los sueldos del personal; b) la supresión por ley del servicio militar obligatorio; c) el descabezamiento reiterado de los mandos superiores, lo que dificulta un trabajo programado, y desarticula la carrera profesional basada en el mérito.

Se ha señalado [6] que no puede existir un Estado, propiamente dicho, sin Fuerzas Armadas, que constituyen una institución fundacional de la República, y simbolizan la unidad del pueblo, y la capacidad coercitiva que corresponde a la soberanía del poder estatal. Aquellas, han mutado a una Guardia Pretoriana, disponible para ejecutar las órdenes del gobernante de turno, al margen de cualquier código de honor. Del Estado, ya inexistente, sólo resta el gobierno, hipertrofiado en un poder político personalizado carente de todo límite.

Se ha logrado, entonces, el objetivo: impedir que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el futuro como recurso extraordinario en situaciones límites, no solucionables por medio de las normas vigentes, de modo de garantizar la continuidad de la República.

Córdoba (Argentina), marzo 21 de 2006.-

Mario Meneghini


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[1] Iribarne, Miguel Ángel. El rescate de la República; Buenos Aires, Emecé, 1978, p. 11.

[2] Conferencia Episcopal Argentina, 15-3-06.

[3] Ámbito Financiero, 20-3-06.

[4] Fraga, Rosendo. La Nación, 19-3-06.

[5] Bidat Campos, Germán. Manual de Derecho Constitucional Argentino; Buenos Aires, EDIAR, 1972, pgs. 695/697.

[6] Sánchez Sorondo, Marcelo. La Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos; en Revista Militar, Nº 728, 1993, pgs. 13/17.




miércoles, 1 de marzo de 2017

IN MEMORIAM



P. JOSÉ CUESTA SDB


En el año 2011, el P. José aceptó la propuesta de un grupo de profesionales y docentes de realizar una actividad sistemática para contribuir con la formación de los laicos, de acuerdo al Magisterio, y con el enfoque de Santo Tomás, Dr. de la Iglesia. Así nació lo que se denominó Cátedra Juan Pablo Magno, asumiendo el Padre la dirección, que nunca tomó como una gentileza protocolar, puesto que asistía a todas las reuniones, participando activamente, y en varias ocasiones expuso un tema.

El motivo que nos impulsó a esta actividad es lo que llamó con crudeza Benedicto XVI analfabetismo religioso, que es una característica de la época y que alimenta una profunda crisis. Ya durante el Concilio Vaticano II, se aprobó el decreto Apostolicam Actuositatem (1965) dedicado al apostolado de los laicos. Como manifestara el Card. Quarracino, debido a la complejidad del mundo contemporáneo y a la escasez de vocaciones religiosas, en el siglo XXI la evangelización será laical o no habrá evangelización. Por eso, el decreto mencionado (ps. 29 y 32) destaca la necesidad de que los seglares aprendan la doctrina católica, sobre todo en aquellos puntos hoy controvertidos.

Cincuenta años después, surgen declaraciones heréticas, como la de una monja que niega la virginidad de María, que provocan confusión y escándalo, y los obispos argentinos se ven obligados a retirar su apoyo al Movimiento de Scouts, por haber adoptado la ideología de género y aceptar el aborto. Nada menos que el General de los Jesuitas recomienda revisar el Evangelio, pues, como en el primer siglo de nuestra era no existían grabadores, es posible que los discípulos de Jesús hayan interpretado mal sus enseñanzas.

Nuestro patrono, San Juan Pablo, agregó precisiones sobre la formación de los laicos, en la Exhortación Christifdeles Laici (1988), subrayando que no hemos sido llamados a abandonar el lugar que ocupamos en el mundo, sino que debemos contribuir, desde dentro, a la santificación del mundo, ejerciendo nuestras propias tareas.
Además de otros temas, es indispensable para ser eficaces en el orden temporal el estudio de la DSI (p. 60), que nos brinda principios de reflexión, criterios de juicio, y directrices para la acción. Sobre esta disciplina, los obispos argentinos reconocieron (2003) en el documento Navega mar adentro (p. 38), que resulta escandaloso, en un país constituido mayoritariamente por bautizados, el desconocimiento de la DSI.

Juan Pablo abordó también otro  tema polémico (p. 42) al sostener que para animar cristianamente el orden temporal, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Las dificultades y desprestigio actual de esa actividad, no justifican lo más mínimo, ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública.

Con la guía del P. José hemos tratado de aplicar estas directivas, organizando dos diplomados, varios cursos y coloquios, un programa de perfeccionamiento catequético, y otro de difusión de la doctrina social de la Iglesia. En la actualidad, nos concentramos en la difusión doctrinaria por Internet, sin dejar de colaborar con iniciativas de formación que surgen en la Diócesis.

En el primer aniversario de su partida a la Casa del Señor, queremos recordar a don José: modelo de sacerdote, difusor de la Fe y estudioso infatigable. Nos congregaremos el sábado 11 de marzo, a las 10  horas, en la Basílica Santo Domingo, para asistir a la celebración de la Misa en su memoria.



miércoles, 4 de enero de 2017

GUERRA POR LAS DROGAS



Los datos sobre lo ocurrido en Brasil, que se reproducen más abajo, ratifican lo absurdo de insistir en que bastaría con despenalizar el consumo de drogas para terminar con este verdadero flagelo contemporáneo. Da la casualidad de que en los pocos países donde se ha liberalizado el consumo, no existen bandas peligrosas como en el país vecino y en el nuestro.
Nunca se ha propuesto legalizar la producción y comercio de las drogas, por lo que seguirán existiendo narcotraficantes, aunque esté legalizado el consumo. De modo que continuarán produciéndose enfrentamientos violentos entre bandas rivales, como ocurre en Rosario. Por eso, aunque se declame el fin de la estrategia de guerra contra las drogas, se mantendrá la guerra por las drogas.
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Motín en una cárcel de Brasil

Clarín, 4-1-17

Un total de 56 muertos en una cárcel, degollados, descuartizados y carbonizados, son un número suficiente como para conmover a Brasil, sus alrededores e incluso el mundo. Al punto que la propia ONU reaccionó: le pidió al languidecido gobierno de Michel Temer que investigue “con urgencia” y en forma “imparcial” la masacre del penal Anísio Jobim en Amazonas ocurrida entre el domingo y el lunes último.
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Los medios brasileños indicaron que tanto el gobierno federal como el del estado de Amazonas insisten en una versión de los acontecimientos que los eximiría de culpa y cargo. Es la que adjudica las causas de la violencia carcelaria en los estados provinciales del norte del país a la guerra entre grupos mafiosos. 

De hecho, esos conflictos entre bandas traficantes explica una parte de este nuevo asesinato en masa. Esta vez fue la gavilla dominante en la región, Familia del Norte (FDN) la que actuó para “librarse” de competidores del Primer Comando de la Capital, que compartían la prisión. 

“Es una cuestión de hegemonía” indicaron especialistas a la prensa local. Advierten que se trata de librar la batalla por el tráfico de drogas en un área más que sensible. Amazonas fue, y es, la zona por donde ingresa la cocaína que procede de Colombia y de Perú. Y al parecer esta FDN logró, en base a su inmejorable ubicación geográfica, convertirse en puente para la exportación del producto hacia el resto del mundo.

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EDAD DE IMPUTABILIDAD



Ha comenzado un nuevo debate, con motivo del anuncio del Gobierno nacional de promover disminuir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años:

www.foroazulyblanco.blogspot.com.ar/2017/01/la-imputabilidad.html

Uno de los argumentos más comunes, es afirmar la presunta ineficacia de la medida, para disminuir la cantidad de delitos cometidos por menores:

¿Traer el tema de nuevo a debate significa redescubrir una receta eficaz para combatir al delito? No es lo que pasa en los países latinoamericanos que avanzaron sobre el tema. Venezuela, El Salvador, México y Honduras fijaron la edad de imputabilidad en los 12 años y el delito ni se enteró. Allí están las tasas de homicidio más altas del mundo. (Clarín, 4-1-17)

Es necesario, entonces, recordar que la pena persigue varios fines, además de la ejemplaridad, que intenta disuadir a otros que quisieran imitar al delincuente. 
Toda pena se fundamenta en el libre albedrío humano, es decir, en el hecho de que las personas, en general, tienen el gobierno de sus actos y la capacidad de conducirse rectamente, así como la capacidad de apartarse voluntariamente del bien. Toda pena es consecuencia de un delito.

Con el hecho delictivo, el autor se convierte en merecedor de la pena, sin ella resultarían igualmente tratados aquellos que respetan el orden jurídico y aquellos que lo vulneran. Por ello, uno de los fines de la pena es el retributivo, que reafirma el orden de justicia.
La paz social, es otro fin: si los delitos no fuesen sancionados por la autoridad pública, aumentaría el riesgo de la venganza privada.
La tranquilidad social, se genera con el sentimiento de protección de las personas, al comprobar que se aplica una pena a los delincuentes.


[Fuente: Camilo Tale. Compendio de Derecho Natural; Córdoba, 1991]




sábado, 17 de diciembre de 2016

A MODO DE SALUDO NAVIDEÑO




NAVIDAD GAUCHA EN TRES PALABRAS


Dijo por primera vez:
¡Mama!

(como todos los gurises gauchitos)

Dijo por primera vez:
¡Tata!

(como todos los gurises gauchitos)

Una Virgen Inmaculada y
Dios Padre  le respondieron:

¡m’Hijo!




Gloria Martínez


viernes, 16 de diciembre de 2016

MARIO MAYOCHI: INTELECTUAL EMINENTE





http://www.aica.org/images/26549.jpg?t=1481902664

 Aica, 16-12-16

En la madrugada de este viernes 16 de diciembre, falleció en la ciudad de Buenos Aires, a la edad de 88 años, el eminente historiador y periodista Enrique Mario Mayochi. El profesor Mayochi, nació en Buenos el 29 de junio de 1928 y desarrolló una prolífica actividad docente, periodística y literaria. Trabajó durante 35 años en el diario La Nación, donde llegó a ocupar el cargo de prosecretario de Redacción. 

Un católico cabal que dio siempre testimonio de su fe y servicio a la Iglesia, desde sus años como dirigente de la Acción Católica, como presidente la Junta de Historia Eclesiástica Argentina y del Club Gente de Prensa y en tantos otros ámbitos que se enriquecieron con su erudición e hidalguía. 

Las exequias del profesor Mayochi serán el sábado 17 de diciembre a las 11 en el Parque Memorial, en Pilar, provincia de Buenos Aires. La redacción de Aica le rinde homenaje y despide a un amigo. 

Prof. Enrique M. Mayochi 
Nació en Buenos Aires el 29 de junio de 1928 y pasó su infancia y adolescencia en Palermo, donde cursó sus estudios primarios. Posteriormente ingresó al Colegio Mariano Acosta, donde obtuvo el diploma de maestro normal nacional. Luego se graduó como profesor en Letras e Historia y en el ámbito universitario con el título de procurador. 

Su primera actividad docente la ejerció en una escuela primaria del barrio de Chacarita. Tiempo después pasó a la enseñanza secundaria en la Escuela de Comercio Nº 8 Patricias Argentinas. Allí Mayochi fue profesor y más tarde, por concurso, accedió al cargo de director de la escuela comercial. En ese centro educacional permaneció por espacio de 18 años. Al mismo tiempo desarrolló actividades educativas en el curso preparatorio de la Universidad Católica Argentina, como profesor de Historia Argentina, tarea que asimismo desempeñó en el colegio Guadalupe de Buenos Aires. 

Miembro de número de las Academias Nacional de Periodismo, de Historia de la Ciudad de Buenos Aires (que contribuyó a fundar y presidió), Sanmartiniana, de Ciencias y Artes de San Isidro (provincia de Buenos Aires), de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina (que presidió y cuya revista Archivum dirigió); de los institutos nacionales Belgraniano, Browniano y Argentino de Estudios Artiguistas. 

Fue cofundador y presidente de la Junta de Estudios Históricos del barrio porteño de Belgrano. 

Autor de numerosos libros y artículos, entre otros Presencia de José Hernández en el periodismo argentino, El Libertador San Martín, Los congresistas de Tucumán, El barrio de Belgrano (1855-1998), y Manuel Dorrego legislador federal. Publicó sendas monografías sobre El periodismo de la Revolución de Mayo, El periodismo del Centenario de 1910, Pellegrini periodista y El periodismo en la presidencia de Alvear. 

Entre otras distinciones recibió los premios Carlos Saavedra Lamas, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, y República Argentina, de la Academia Nacional de la Historia; Congreso de Tucumán de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia; Historiador Porteño 1996; Laurel de Plata a la personalidad del año 1999, del Rotary Club de Buenos Aires, y Manuel Belgrano 1992 a la Ética y Consagración del Periodismo.+
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