Ante la
información suministrada hoy –que se inserta más abajo-, respecto a promover
oficialmente la industria del cannabis en el país, nos impulsa a reproducir
parcialmente un comentario que hicimos al comienzo de este año.
*****
La experiencia de
otros países muestra que, al uso de la marihuana medicinal, le sigue en poco
tiempo, el uso recreativo de la droga. En este tema, se mezclan los legítimos
reclamos de los pacientes y sus familiares, con el deseo de quienes buscan que
se libere el uso recreativo de la droga. El ejemplo de Estados Unidos, donde
varios Estados comenzaron autorizando el uso medicinal de la marihuana, y
continuaron legalizando el cultivo y uso de la planta, basta para comprender
cuál es el objetivo final de esta campaña.
Uno de los
componentes de la planta de marihuana, el cannabidiol (CBD), ha demostrado su
utilidad para el tratamiento de ciertas afecciones como epilepsia infantil—una
enfermedad que ocasiona convulsiones violentas en los niños. Por esta razón,
los científicos han cultivado plantas de marihuana y creado aceite de CBD
exclusivamente para uso terapéutico.
Esta droga no
tiene propiedades embriagadoras, por lo tanto no resulta deseable para aquellos
que usan marihuana recreacionalmente. Lo que a ellos interesa son las
substancias químicas relacionadas al componente delta‐9‐tetrahydrocannabinol
(THC), la sustancia sicoactiva principal de la marihuana, que altera la mente
(National Institute on Drug Abuse, julio 2015).
La puerta que se
abre ahora es realmente grave; si se despenaliza –legalmente o de hecho- el uso
de la marihuana, se incrementaría la situación ya existente en nuestro país. Un
informe muestra que se sitúa por delante del resto de países de Latinoamérica
en cuanto a la tendencia al consumo de drogas, alcohol, tabaco y la afición al
juego, según una lista por países elaborada por Bloomberg sobre la propensión a
los vicios.
La presencia
social de las drogas en Argentina, que incluye el consumo de anfetaminas,
cannabis, éxtasis, opiáceos y cocaína, promedia un 11,09 por ciento;con el
cannabis (7,2 %) y la cocaína (2,6 %) en cabeza. (La Voz del Interior, 27-6-13)
La despenalización
del consumo de drogas, para quienes la postulan, se basa en el Art. l9 de la
Constitución Nacional: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo
reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.
La propia Corte
Suprema de la Nación, en los casos Bazterrica y Capalbo, resueltos en 1986,
convalidó este criterio, con el argumento de que “el Estado no debe imponer
ideales de vida a los individuos, sino ofrecerles libertad para que ellos los
elijan...”.
El 25-8-09, en el
fallo Arriola, la Corte retomó la argumentación de 1986, despenalizando el
consumo de marihuana; esto ha sentado un precedente que ha sido utilizado por
quienes promueven el consumo. Más decidido aún a favor de la despenalización,
se manifestó el Ministro de Seguridad de
la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni: "Yo estaría de acuerdo si se
despenaliza toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Despenalizar
sólo el consumo no termina de ser efectivo". Agregó otro argumento,
citando al capo narco colombiano Pablo Escobar: "Él decía que no hay
posibilidades matemáticas de que la persecución policial le gane al
narcotráfico, y es verdad. Es la lucha del gato contra el ratón"[1].
Recordemos el
concepto de droga: toda sustancia natural o sintética con capacidad de generar
un efecto sobre el sistema nervioso central; generar una dependencia física o
psíquica; y constituir un peligro sanitario y social. No puede negarse que el
adicto es un enfermo, pero debe destacarse que la drogadicción también es un
vicio- hábito negativo- y para los creyentes, un pecado; así lo establece el
Catecismo de la Iglesia Católica (nº 2291).
Legalizar el
consumo de drogas, sosteniendo que cada persona tiene derecho a decidir sobre
su propia vida, implica ignorar que el adicto -palabra que proviene de
“esclavo” - “no es consciente de sus actitudes autodestructivas y carece de la
capacidad de actuar por el libre albedrío. Todo lo contrario, está enajenado y
hasta que no se lo desintoxique no podremos contar con una parte suya capaz de
colaborar con nosotros en su propio tratamiento.” “La drogadicción es un
fenómeno humano contra natura”[2].
Es importante
señalar, para concluir, que en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre las
Drogas (8/10-6-1998), los 185 países representados acordaron, entre otras
cosas, rechazar cualquier sugerencia de legalización de drogas duras o blandas,
y sobre la necesidad de definir una estrategia común de combate que respete las
soberanías y los derechos humanos.
En un tema tan
complejo, conviene tener en cuenta la experiencia de quienes han enfrentado el
problema mucho antes que los argentinos. Jaime Bermúdez, ex ministro de
Relaciones Exteriores de Colombia, y ex embajador en Buenos Aires, asegura que
despenalizar la droga no ayuda a combatir el narcotráfico, sino todo lo
contrario[3]. Hay que analizar, sostiene, “en qué medida la despenalización de
la droga es utilizada como mecanismo de distribución”. Se refiere a que, “en
estos casos, se vende por acumulación. No se vende el kilogramo de droga, se
vende de a gramo. A usted lo dejan tener una pequeña cantidad y entonces vende
rápidamente esa cantidad. Después lo hace con otra pequeña porción, después con
otra, y así."
Esto explica el
fenómeno actual de multitud de bandas que sólo atienden una zona determinada, o
sea, la descentralización de los carteles, que dificulta la respuesta del poder
público. Mientras haya demanda de drogas, habrá proveedores de la misma. Las
dificultades y peligros que enfrentan en la actualidad los farmacéuticos, con
la venta de drogas legales (asaltos, adulteración de recetas, etc.), se
multiplicarían en el caso de que se autorizara en las farmacias el expendio
libre de las drogas hoy ilegales. Además, siempre el Estado deberá establecer
restricciones al consumo –edad mínima, cantidad máxima de dosis, identificación
del usuario-, lo que hace prever que, aún con la despenalización, continuaría
la distribución por medios no autorizados. Considerando que el narcotráfico
mueve 700.000 millones de dólares anuales, es ilusorio creer que estará
dispuesto a perder ese negocio lucrativo, abandonándolo pacíficamente. No está
de más recordar, que la captura del Chapo Guzmán, fue posible por un operativo
que incluyó a infantes de marina mexicanos.
[1]
Lanoticia1.com, 18-2-14.
[2] Kalina,
Eduardo. “Temas de drogadicción”; Nueva Visión, 1987, p. 100.
[3] MDZ, 21-2-14.
El Gobierno
apuesta a la industria del cannabis
Fernando Soriano
Infobae, 2 de
Junio de 2021
En medio de un
contexto global y particular de pandemia y crisis económica y social, el
gobierno nacional puso la mira en el desarrollo de un negocio que creció
exponencialmente en los últimos años en el resto del mundo -y que promete
todavía más para el futuro-: el de la industria del cannabis para todos los
usos, excepto el psicoactivo (por lo que al abordaje del Estado al fin de la
persecución a consumidores y cultivadores es aún una materia pendiente).
Lo cierto es que
el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, acompañado por sus pares
Carla Vizzotti (Salud), Roberto Salvarezza (Ciencia, Tecnología e Innovación) y
Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca), presentaron este miércoles
junto al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Gustavo Béliz, y la
secretaria de este organismo, Cecilia Nicolini, un proyecto de ley para que
Argentina se meta de lleno en la producción de derivados de la planta
milenaria, desde medicamentos hasta cosméticos, de ropa a ladrillos ecológicos,
alimentos y autopartes, entre otros.
Después de muchos
años de militancia y activismo de organizaciones sin fines de lucro y
especialistas de diversas áreas, a quienes en el último tiempo se les sumaron
empresarios interesados en jugar en este negocio millonario, el gobierno de
Alberto Fernández apunta a la oportunidad de que Argentina se convierta
rápidamente en un líder regional en el prometedor universo del cannabis industrial,
confiado en las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas del país.
Algo que, paradójicamente, había imaginado el prócer Manuel Belgrano en 1797
cuando redactó un memorándum sobre los provechos del cultivo de cáñamo en el
suelo de lo que todavía era el Río de la Plata.
Por eso, después
de la presentación en sociedad de este miércoles en el Museo del Bicentenario,
el proyecto viajará inmediatamente hasta el Congreso para que ambas Cámaras lo
traten y aprueben lo más rápido posible. Desarrollo Productivo trabajó durante
gran parte de 2020 junto a especialistas del Conicet y legisladoras propias en
la confección del borrador de la ley, basado en recomendaciones internacionales
y lecciones de aquellos países pioneros a nivel global y regional.
Se verá en los
próximos días cómo repercute esta idea en la oposición y qué margen existe para
que la ley se sancione. En principio, varias provincias gobernadas por partidos
alternativos al Frente de Todos, como Jujuy y Corrientes (cuyos gobernadores
asistieron “virtualmente” al evento encabezado por Kulfas), ya iniciaron sus
proyectos productivos con cannabis, por lo que se intuye un principio de
acuerdo tácito en los representantes legislativos de estos distritos.
El aspecto sobre
el que Poder Ejecutivo insistirá para aprobar esta iniciativa tiene su base en
la evidencia empírica: las consecuencias positivas sobre la economía local son
notables en países que ya regularon el negocio, como Canadá, Estados Unidos,
Colombia, Israel y Uruguay, entre otros: creación de empleo, aumento de las
exportaciones, acceso a la salud y desarrollo de PyMES y cooperativas en todo
el país, y en el norte, la reconversión de la industria tabacalera hacia la
cannábica. Argentina tiene muchas zonas de clima y tierra ideales para el
cultivo de esta planta originaria de Asia Central, cuyos primeros usos se
remontan a hace 10.000 años.
“La experiencia
internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un
mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para
evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y
productos con destino medicinal. Vemos un mercado mundial en expansión y que en
Argentina hay capacidad e infraestructura. Es necesaria una ley que permita
escalar la producción de cannabis y cáñamo”, dijo Kulfas en la presentación.
“Esta ley apunta a
darle un ordenamiento, regulación e impulso que permita una transformación
productiva con enormes potenciales exportadores y de generación de fuentes de
trabajo”, agregó Gustavo Béliz.
En Casa Rosada
miran lo que pasó en otros países y proyectan un futuro inmediato venturoso
para el país. Según cálculos “conservadores” del equipo de trabajo de Kulfas,
estiman que para 2025 la industria del cannabis ya podría haber generado en
Argentina 10.000 nuevos empleos (con un 20% estimado de trabajadores
calificados en investigación, desarrollo e innovación), US$ 500 millones en
ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación por año, que
se sumarán a los cerca de 45 mil millones de dólares que generan todas las
cadenas productivas.
“Teníamos una ley
que encorsetaba derechos y que tenía una mirada punitiva. Desde el día que
asumimos sabíamos que teníamos una deuda pendiente en estos derechos, de los cuales
ya se había empoderado la sociedad civil. Tener una ley que amplíe esta mirada
y ponga en valor el desarrollo y facilite los pasos que se fueron dando es muy
importante. Nos encontrará trabajando en la Agencia para mejorar el acceso al
cannabis. Está pasando en Argentina”, celebró la titular de la cartera de
Salud, Carla Vizzotti.
El proyecto de ley
que enviará Kulfas al Congreso también contempla la creación de la Agencia
Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que
tendrá como funciones regular, administrar y fiscalizar toda la cadena
productiva, otorgar y administrar autorizaciones para producción y
comercialización y coordinar acciones necesarias con organismos reguladores
para el desarrollo del sector. “Habrá preferencias para cooperativas, PyMES,
con perspectiva de género y diversidades y atención en la economía”, agregó el
ministro.
Según detalló, la
Agencia diseñará políticas activas de financiamiento, “un acompañamiento
especial para asociaciones de sociedad civil y autorizaciones flexibles para el
cáñamo y derivados”. Desarrollo Productivo será uno de los ministerios que
integre la ARICCAME, junto a Salud, Agricultura, Ganadería y Pesca, Ciencia y
tecnología y Seguridad.
“Hay un interés
global y Argentina tiene todas las condiciones para aprovechar esta
oportunidad. Esta industria contribuye a un objetivo sustantivo, que es
diversificar la matriz productiva de la Argentina. Y un punto central: nuevas
oportunidades de innovación desde la etapa de la genética hasta las
investigaciones. Es una industria que tiene todo por delante y la Argentina,
las condiciones para llevarla de una manera eficiente”, consideró Andrés López,
investigador del Conicet, que diseñó un informe que fue una de las bases del
proyecto de ley.
En el aspecto del
uso medicinal, la ley diseñada por el ministerio que comanda Kulfas prevé
complementar la actual 27.350, con un nuevo marco para un ítem que hasta ahora
no está contemplado: las inversiones públicas y privadas en toda la cadena de
la producción de fármacos, fitosanitarios y cosméticos, es decir, aceites,
tinturas y derivados para aplicación en diversas patologías y dolencias.
“Buscamos ampliar la oferta de cannabis medicinal para garantizar un mejor
acceso a la salud, con productos nacionales de calidad, trazabilidad y
validaciones”, explicó Kulfas.
En relación con el
desarrollo de “cáñamo industrial” (”cáñamo” y “cannabis” son la misma planta,
lo que cambia es su forma de cultivo) la legislación regulará los eslabones
productivos y de comercialización de los subproductos, como textiles, papel,
alimentos o materiales para la construcción. En ese sentido, en el Gobierno
también se ilusionan con el desarrollo del sector de proveedores de la
industria: creadores de genéticas de semillas, desarrolladores del “agro 4.0″
(creación de tecnología y datos para mejorar los cultivos), equipamiento y más.
En la
presentación, Matías Kulfas hizo hincapié en que Argentina podría convertirse
en un importante productor en la industria del cannabis porque cuenta con
“ventajas” como el liderazgo en la producción agropecuaria, la red de
investigación científica, el entramado de laboratorios públicos y privados, las
experiencias de las ONG cannábicas y las iniciativas legislativas y productivas
que ya están en marcha en 22 provincias y 80 municipios.
El caso más
difundido es el de Cannava, la empresa estatal jujeña creada por el gobernador
de esa provincia, Gerardo Morales, y comandada por su hijo Gastón. También
existen otros emprendimientos 100% públicos, como los que llevan adelante las
provincias de Misiones y San Juan; empresas mixtas, como la del gobierno de La
Rioja o la Municipalidad de San Pedro (provincia de Buenos Aires), iniciativas
como las de la agrupación cannábica Ciencia Sativa en conjunto con el INTA Río
Negro; o totalmente privadas, como las de la Droguería ABP o Pampa Hemp.
La diputada
entrerriana Carolina Gaillard (FdT), que trabajó en la redacción del proyecto,
consideró que esta ley “completará la 27350 de uso medicinal” ya que ahora “las
familias podrán acceder a productos” y se fomentará la “matriz productiva”.
“El cannabis es un
gigante de escala planetaria que está despertando y abre grandes oportunidades
para nuestro país. Argentina debe hacer de su regulación una ventaja
competitiva. En pocos años podría generar ingresos por miles de millones de
dólares. El mundo nos está mirando, tenemos todo para transformar a la
Argentina en un actor relevante en un mercado global”, agregó Pablo Fazio, de
la Cámara Argentina de Cannabis.
“Es un compromiso
con la vida de nuestro Gobierno. Es una promesa cumplida del presidente
(Alberto) Fernández, que hizo el anuncio en el Congreso. Estamos al borde de
normalizar la producción de cannabis en la Argentina”, comentó Ariel Basterra,
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La diputada Mara
Brawer, que a fines del 2020 había presentado un proyecto de similares
características, celebró la presentación del proyecto. “Estamos recuperando el
sueño de Belgrano con la tecnología del siglo XXI”, comentó. Y explicó que el
cannabis “es una industria sustentable que cumple con los requisitos de la
época; es reparador del suelo, extrae minerales pesados y se usa en Chernobyl
para recuperar el suelo. Toda la industria tiene la huella de carbono negativa,
tan importante. Se inicia una etapa para nuestro país donde la prohibición y la
censura se termina”.
Sin embargo, la
ley, de aprobarse, no regulará sobre los permisos para uso médico o
terapéutico, que dependen de ANMAT y Salud, ni el autocultivo medicinal, y
tampoco para el uso adulto, mal llamado “uso recreacional o recreativo”. Una
nueva ley de drogas que deje de perseguir a los usuarios y cultivadores es una
de las grandes deudas que reclama el colectivo cannábico. Solo en la Ciudad de
Buenos Aires, en los últimos dos años crecieron 500% las detenciones o
aprehensiones a consumidores de drogas.
En ese sentido,
los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de San Luis, Alberto Rodríguez
Saa, quienes participaron de la presentación de manera virtual, remarcaron la
necesidad de un cambio de la ley penal para dejar de castigar a los
consumidores y cultivadores. “El capítulo que viene es un abordaje en la
legislación penal”, dijo Morales. “Es necesario despenalizar el consumo”,
agregó el jefe de gobierno puntano.
De aprobarse la
ley, Argentina integrará un grupo de más de 50 países que ya cuentan con algún
tipo de regulación de los usos medicinal e industrial del cannabis. La
producción de cannabis para uso medicinal creció de 1,4 toneladas en el año
2000 a 468 toneladas en 2018. El movimiento de dinero en el mercado
internacional proyecta un incremento de diez veces superior respecto de lo que
generaba hace una década: para 2024 diversas consultoras especializadas en esta
industria proyectan una generación de USD 42 mil millones.