Ayer, el centro de la ciudad de
Córdoba sufrió un embotellamiento de tránsito durante varias horas, debido a “El
Punillazo”, como denominaron los organizadores de una protesta contra la autovía en construcción en la ruta 38. Se
alega que se producirá un ecocidio,
ya que las obras se harán “sin reparar en la salud ambiental de los cursos de
agua, de la flora y la fauna” (La Voz del Interior, 1-9-18).
Sin embargo, además de haberse
celebrado una audiencia pública, las autoridades provinciales solicitaron un
dictamen técnico a un instituto especializado, de la Universidad Nacional de
Córdoba, que propuso varias modificaciones al proyecto original; con ese aval
la Secretaría de Ambiente autorizó la obra que está a cargo de Vialidad
Provincial. Con la nueva traza el tramo respectivo de la ruta 38 permitirá
ahorrar una media hora en los viajes hasta Cosquín, con beneficios notables para
los vecinos y el turismo. Por eso fue suscrito el proyecto por todos los
intendentes de la zona.
Los manifestantes, no obstante,
insisten en su lema: “sin licencia social, no hay licencia ambiental”. Es otro
caso de irracionalidad provocado por la ideología ecologista. Recordemos que, por
primera vez, se esgrimió en nuestro país el concepto de licencia social, durante
el conflicto con Uruguay por la construcción de una planta de fabricación de celulosa,
que un grupo de ambientalistas consideró que sería gravemente contaminante para
la ciudad argentina de Gualeguaychú. Greenpeace incentivó el reclamo, que
generó incluso el corte ilegal de un puente internacional durante tres años.
El concepto de licencia social, consiste
en la autorización para operar que debe ser otorgada por las comunidades que se
van a ver afectadas por la construcción o instalación de una industria o
empresa determinada. Esto implica que un grupo de ciudadanos, representados por
las entidades ecologistas, pueden ejercer un derecho de veto ante una obra que
implique un presunto daño ambiental, al margen del funcionamiento de los
poderes del Estado y de la legislación vigente.
El conflicto mencionado terminó, con
el fallo de la Corte InternacionalLa Haya ,
en abril de 2010; la Corte consideró que al margen de algunas deficiencias
formales en el procedimiento por parte de Uruguay, la planta cuestionada
utiliza una tecnología adecuada para el tratamiento de efluentes, y que no se ha
probado que exista contaminación ambiental.
En conclusión, una correcta concepción
del medio ambiente conlleva la
utilización racional de la naturaleza, sin absolutizarla. Como enseña el
Magisterio de la Iglesia ,
debe rechazarse “una noción del medio ambiente inspirada en el ecocentrismo y
el biocentrismo, porque ésta se propone eliminar la diferencia ontológica y
axiológica entre el hombre y los demás seres vivos, considerando la biosfera
como una unidad biótica de valor indiferenciado”. “Debe darse un mayor relieve
a la profunda conexión que existe entre ecología ambiental y ecología humana”*.
- Pontificio Consejo Justicia y paz. “Compendio de
