Disponer de un diploma de doctor en ciencia política, como el autor de la nota siguiente, no lo convierte en un especialista en tema tan complejo como el narcotráfico. Consideramos inconsistentes los argumentos esgrimidos:
- Por cierto que las Fuerzas Armadas no pueden encargarse de realizar todas las actividades que exige una estrategia integral. El Estado debe distribuir las tareas necesarias entre las diferentes áreas. A las FFAA les corresponde el combate, para el que están preparadas.
- Cuando se señala que algunos países -México y Colombia, por ejemplo- no han podido erradicar el flagelo del narcotráfico, pese a emplear sus fuerzas militares, no se agrega una estimación seria, sobre lo que hubiera sucedido de no utilizarlas.
- En muchos países que no emplean sus FFAA en esta guerra, las bandas lo mismo utilizan aviones, naves y hasta submarinos, además de armamento sofisticado, que superan la capacidad logística de las fuerzas policiales.
- La corrupción de funcionarios públicos -jueces, policías, etc.- ya se verifica en la actualidad aunque no intervengan las FFAA, por ejemplo en la Argentina.
- Sostenemos que únicamente las FFAA disponen del entrenamiento y equipamiento necesarios para enfrentar a bandas organizadas, con vinculaciones internacionales, y apoyo de dirigentes políticos.
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Narcotráfico: los riesgos de la lucha militar
POR ALBERTO FÖHRIG
DOCTOR EN CIENCIA POLÍTICA
(UNIV. DE OXFORD).
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS
En la Argentina no hay políticas de Estado”,
suele escucharse con frecuencia en el debate público. Sin embargo, una de las
políticas de Estado que existió en la Argentina en los últimos 30 años de
manera ininterrumpida fue que los militares no participaban en cuestiones de
seguridad interna.
Esta política de Estado parece estar llegando
a su fin: desde hace algunos meses militares participan del operativo Fortín II
contra el narcotráfico en las provincias del norte del país.
¿Cuáles son los riesgos de la participación
de militares en el combate contra el narcotráfico? Muchos países tienen problemas
de narcotráfico dentro de sus fronteras y sólo un puñado de ellos usa las
fuerzas armadas para enfrentarlo. La razón de ello es que el empleo de
militares para tareas para las que no están preparados entraña significativos
riesgos y no parece aportar soluciones duraderas.
Las fuerzas armadas están formadas para el
combate; sin embargo, para abordar el problema del narco hay que llevar
adelante una gran cantidad de políticas simultáneas que poco tienen que ver con
el combate: hacen falta políticas sociales y de empleo para sectores
vulnerables, políticas urbanas para reconvertir barrios de emergencia,
políticas impositivas que no generen blanqueos de capitales cada par de años,
políticas de lavado de dinero, políticas educativas, políticas de tratamiento
de adicciones, políticas de colaboración activa en materia de inteligencia con
terceros países y muchas otras.
Sin embargo, la razón por la cual se recurre
al atajo de los militares es sencilla: ante fuerzas policiales y de seguridad
que no pueden dar cuenta de la violencia que se registra en determinadas zonas,
las FF.AA. aparecen como “último recurso” para paliar la situación. Esta es una
justificación similar a la que legitimaba los golpes de Estado en el pasado.
El principal problema de este razonamiento es
que su resultado es exactamente el inverso: la intervención violenta –de
combate- por parte del Estado genera en sus contrapartes mucha mayor violencia.
Para el caso mexicano se demostró que en aquellas zonas donde el Estado había
empleado en mayor medida la fuerza se produjo una espiral de violencia que
generó muchas mayores víctimas que donde actuó por otros medios.
El resultado de la “guerra contra las drogas”
en México en los últimos siete años es de 135.000 muertos: tres veces y media
las víctimas de nuestra dictadura, cuyas secuelas seguimos sufriendo 35 años
después.
El segundo problema que presenta esta
estrategia es su sustentabilidad: las operaciones militares suelen producir
resultados rápidos de disminución de violencia, pero esta situación no es
sostenible en el tiempo. Para que la disminución de violencia sea duradera hay
que implementar políticas como las reseñadas más arriba: económicas, sociales,
impositivas, etc. A la inversa, cuanto mayor es la permanencia de actores en el
terreno, crecen las posibilidades de corrupción y cooptación de militares por
parte de las organizaciones del narcotráfico.
El tercer problema es su eficiencia: las
guerras contra las drogas han dado malos resultados. Años después de la guerra
contra las drogas en Colombia con el apoyo de Estados Unidos, dicho país sigue
siendo el primer productor mundial de cocaína. La iniciativa Mérida en México
sólo ha dado como resultado un gran aumento de violencia y víctimas. Los
carteles siguen operando y la captura de alguno de sus líderes divide a las
organizaciones criminales produciendo núcleos más pequeños y violentos. Los
carteles mexicanos operan hoy en 52 países del mundo.
Las intervenciones militares violentas dañan
además a la población civil inocente y ajena a estas problemáticas.
Restañar las víctimas de daños colaterales de
estas operaciones es extremadamente difícil y puede llevar décadas.
El cuarto y último es su adecuación a la
realidad argentina. Las leyes de Defensa y Seguridad Interior fueron el fruto
del consenso entre distintas fuerzas políticas.
No sería deseable ni eficiente que se vulnere
ese consenso de manera unilateral. La Argentina sigue discutiendo y sufriendo
las consecuencias del terrorismo de Estado y la violencia de los setenta. No
parece un buen camino el abordar el problema del narcotráfico con una
estrategia que nos lleve nuevamente a episodios de violencia que llevará
décadas restañar.
Clarín, 29-1-14
