Consideramos
oportuno ocuparnos del tema, con motivo de la declaración “El drama de la droga
y el narcotráfico”, del Episcopado Argentino (CEA)[1]. En
dicho documento, de fuerte tono crítico, no se menciona la despenalización,
pero el presidente de la CEA ,
Mons. José María Arancibia, ya había manifestado que: “La despenalización por
ley solo agregaría la idea de que la droga no hace tanto daño, es decir,
agravaría el problema y no daría una solución” (Aica, 7-2-13).
El
tema se plantea en un momento en que, desde la Organización de
Estados Americanos (OEA), se está impulsando la despenalización del consumo de
drogas, hecho que revela el avance de esta tendencia. El Secretario Ejecutivo
de la Comisión Interamericana
Con respecto a
nuestro país, un reciente informe[2]
muestra que se sitúa por delante del resto de países de Latinoamérica en cuanto
a la tendencia al consumo de drogas, alcohol, tabaco y la afición al juego,
según una lista por países elaborada por Bloomberg sobre la propensión a los vicios.
En el escalafón
mundial, titulado "Most prone to vice: Countries", Argentina se sitúa
en el puesto número 14 mientras que el siguiente país latinoamericano de la
lista, Uruguay, se encuentra en la posición 32.
Esos datos han sido
recogidos por la
Organización Mundial de la Salud , la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Global
Betting and Gaming Consultants.
La presencia social
de las drogas en Argentina, que incluye el consumo de anfetaminas, cannabis,
éxtasis, opiáceos y cocaína, promedia un 11,09 por ciento, con el cannabis (7,2
%) y la cocaína (2,6 %) en cabeza.
Paralelamente, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) dio a conocer el informe anual sobre el narcotráfico del
cual, surge según datos relevados entre 2001 y 2012, que la Argentina ocupa el
tercer puesto entre los países que más vende cocaína al mundo.
En los primeros
puestos de la venta del estupefaciente se encuentran Brasil y Colombia y es la
primera vez que la oficina contra las drogas y el crimen establece un estudio
sobre el origen de los cargamentos incautados en el mundo. Se aclara que el
origen argentino de los cargamentos de cocaína no implica la producción local
de la droga, sino el punto de embarque.
Procuraremos hacer un
análisis objetivo y documentado sobre la despenalización del consumo de drogas,
que, para quienes la postulan, se basa en el Art. l9 de la Constitución Nacional :
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a
la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y
exentas de la autoridad de los magistrados”.
La
propia Corte Suprema de la
Nación , en los casos Bazterrica
y Capalbo, resueltos en 1986, convalidó este criterio, con el argumento de
que “el Estado no debe imponer ideales
de vida a los individuos, sino ofrecerles libertad para que ellos los
elijan...”.
Pero,
la misma Corte, en el caso Montalvo
(11-12-1990), modificó la jurisprudencia confirmando la incriminación legal de
la mera tenencia de drogas para consumo personal. Se consideró que entre las
acciones que ofenden el orden y la moral pública se encuentra la tenencia de
estupefacientes, porque tratándose de una figura de peligro abstracto, está
incluida la trascendencia a terceros, porque “el efecto contagioso de la drogadicción y la tendencia a contagiar de
los drogadictos son un hecho público y notorio o sea un elemento de la verdad
jurídica objetiva que los jueces no pueden ignorar”.
Por
ello, esta acción tiene los efectos aludidos en el Art. l9, “de estar sujeto a la autoridad de los
magistrados y, por lo tanto, se subordina a las formas de control social que el
Estado, como agente insustituible del bien común, pueda emplear lícita y
discrecionalmente” (Fallos CSJ, 3l3-l333).
Lamentablemente,
el 25-8-09, en el fallo Arriola, la Corte retomó la
argumentación de 1986, despenalizando el consumo de marihuana; esto ha sentado
un precedente que ha sido utilizado por quienes promueven el consumo. Este año
el propio director de la revista THC (abreviatura de tetrahidrocannabinol)
dedicada a la difusión pública de la marihuana –se vende libremente en los
quioscos- fue denunciado por tener en la terraza de su edificio, más de 20
plantas de cannabis sativa. Circunstancia que aprovechó el señor Sebastián
Basalo para realizar una demanda de inconstitucionalidad de la penalización de
la siembra de semillas, basado, por extensión, en los fundamentos del fallo Arriola. El Juez Federal, Sergio Torres,
declaró la inconstitucionalidad del anteúltimo párrafo del Art. 5º de la ley
23.737 [3], por
entender que el cultivo de cannabis sativa para uso o consumo personal no
lesiona el bien jurídico salud pública ni perjudica a terceros y por lo tanto
su penalización contraviene los derechos y garantías establecidos en la Carta Magna
El
Fiscal de la causa alegó que el bien jurídico protegido por la ley 23.737 es la
salud pública, afectada no sólo en la salud individual; sino que su protección
tiene en miras las alteraciones de las condiciones de ciudadanía. Dentro de
tales circunstancias se incluyen las alteraciones que producen los
estupefacientes. El límite de actuación del derecho penal está dado, en casos
como éste, no en el hecho concreto de su trascendencia a terceros de la esfera
personal, sino por la relevante posibilidad de que ello ocurra.
Pero
la suerte estaba echada, puesto que la defensa sostuvo que si el Estado permite
el consumo de marihuana en función del respeto por la libertad individual, el
principio de autodeterminación y el derecho a la intimidad, no puede prohibir
el autocultivo[5].
En
la misma revista citada, personajes importantes aportan reflexiones teóricas;
por caso, el ministro de la Corte Supremala Constitución es lo que más tenemos que defender;
tanto por el tema drogas como por la autonomía corporal y de la conciencia. Le
está diciendo a los legisladores: no se
metan con el pecado, sólo pueden castigar el delito”. “Creo que si no
hubiese prohibición, habría menos muertes. ¿Cuánta menos gente moriría si
hubiese control de calidad sobre la cocaína? El tema es cómo legalizar sin que
sea una catástrofe. Pero hay que debatirlo porque es demasiado obvia la
irracionalidad de la prohibición”[6].
No
creemos pecar de pesimistas, al imaginar que no pasará mucho tiempo hasta que
se apruebe una ley de despenalización, puesto que ya en el 2009 se había
consensuado un proyecto en el Congreso, por iniciativa de Aníbal Fernández.
Según el sondeo que realizó entonces THC[7] la
votación resultaría:
Diputados (total 257)
A
favor: 174 (FPV – UCR –Socialista – otros)
En
contra: 38 (PRO – Peronismo anti K – otros)
En
duda: 45 (Coalición Cívica – otros)
Senadores (total 72)
A
favor: 47 (FPV – UCE – Socialista)
En
contra: 13 (Peronismo anti K – otros)
En
duda: 12 (Coalición Cívica – otros)
El
resultado electoral de ese año y otras dificultades, postergaron el tratamiento
del tema, aunque es de presumir que el resultado de una votación en la
actualidad no sería muy diferente a la detallada.
Mientras
tanto, continúa avanzando la promoción del tema en la sociedad. Por ejemplo, la Inspección General
de Justicia de la Nación ,
otorgó la personería jurídica al Centro de Estudios de la Cultura Cannábicala Universidad Nacionalla
Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos
Aires. Uno de los asistentes, fue el Dr. Raúl Zaffaroni.
El
argumento que convence a muchos, es que distinguiendo legalmente entre el
consumidor y el proveedor, se lograría vencer al narcotráfico que lucra con la
adicción a estas sustancias. Las
esperanzas en consecuencias positivas de la legalización son ilusorias; la
experiencia simple del juego legalizado que no ha eliminado el juego
clandestino, debería bastar para comprender que actividades como el consumo de
drogas seguiría vinculado al crimen organizado, que no cederá voluntariamente
un negocio tan lucrativo.
En
realidad, el narcotráfico, que no es una actividad criminal común, moviliza
tantos intereses- 500.000 millones de dólares anuales: la cuarta parte de las
exportaciones mundiales- que los criminales se ven obligados a participar en
política, y parte de la política se involucra con el crimen organizado. El
tráfico ilícito viola leyes nacionales y convenciones internacionales, pero,
además, involucra otras actividades delictivas como extorsión, conspiración,
soborno y corrupción de funcionarios públicos, evasión fiscal, violaciones de
las leyes de importación y exportación, actos violentos y alianza con el
terrorismo. El narcotráfico implica una amenaza:
a)
global, pues constituye un problema mundial;
b)
integral, pues abarca todos los componentes de la vida social; y
c)
permanente, pues todo indica que se mantendrá en el largo plazo.
Ahora
bien, las graves consecuencias del tráfico de drogas pueden poner en peligro la
integridad y estabilidad de los gobiernos. Acaba de denunciar el presidente de la Asociación de
Autoridades Locales de México, que 250 alcaldes de diez estados de ese país,
han sido amenazados y presionados por los narcotraficantes. Señaló que al menos
al menos un décima parte de los municipios ya están, de una forma u otra, “en
manos del crimen organizado”. Las bandas suelen extorsionar a los alcaldes para
les concedan una parte de los contratos de obra pública, e intervenir en el
nombramiento de funcionarios públicos, especialmente los vinculados con la
policía[8].
Debe
destacarse, como lo muestra la experiencia mundial, que no bastan los medios
que pueden utilizar las fuerzas de seguridad para este tipo de guerra. Por el
contrario, es necesaria una estrategia de defensa nacional, que incluya todos
los recursos del Estado.
Para neutralizar el carácter encubierto del
tráfico de drogas y la logística de que dispone, se hace indispensable la
coordinación y cooperación internacionales. En la actualidad, la dirección de
la guerra contra este flagelo está a cargo de las Naciones Unidas.
Pese
a todas las presiones e intereses en
juego, el organismo internacional mantiene un criterio firme en la materia. En
diciembre de 2000 la ONU
celebró la Convención
contra la criminalidad organizada, en la ciudad de Palermo, elegida como
símbolo de la lucha contra la mafia. En esa ocasión, los delegados de 121
Estados firmaron el primer tratado políticamente vinculante para enfrentar el
crimen organizado, con la finalidad de armonizar la legislación de todos los
países.
El
Papa Juan Pablo II, resumió en una frase, pronunciada en la propia Colombia, lo
que implica el narcotráfico: “El tráfico de drogas es hoy lo que era el
comercio de esclavos en el siglo XVII. Los tratantes de esclavos impedían a sus
víctimas el ejercicio de la libertad. Los narcotraficantes conducen a las suyas
a la destrucción misma de la personalidad” (10-7-86).
Esta
reflexión nos lleva a abordar otra cuestión: lo negativo en sí de la
drogadicción. Aún suponiendo que pudiera ser erradicado el tráfico ilegal, ello
no evitaría que continúe existiendo el problema más grave, que es la
utilización misma de la droga.
Recordemos
el concepto de droga: toda sustancia
natural o sintética con capacidad de generar un efecto sobre el sistema
nervioso central; generar una dependencia física o psíquica; y constituir un
peligro sanitario y social. No puede negarse que el adicto es un enfermo, pero
debe destacarse que la drogadicción también es un vicio- hábito negativo- y
para los creyentes, un pecado; así lo establece el Catecismo de la Iglesia Católica
(nº 2291).
Legalizar
el consumo de drogas, sosteniendo que cada persona tiene derecho a decidir
sobre su propia vida, implica ignorar que el adicto -palabra que proviene de “esclavo” - “no es consciente de sus actitudes autodestructivas y carece de la
capacidad de actuar por el libre albedrío. Todo lo contrario, está enajenado y
hasta que no se lo desintoxique no podremos contar con una parte suya capaz de
colaborar con nosotros en su propio tratamiento.” “La drogadicción es un fenómeno humano contra natura”[9].
No
puede descuidarse el hecho de que, además de las drogas ilícitas, se consumen
distintos tipos de sustancias de venta libre o de fácil acceso. Recientemente
se supo de un nuevo cóctel que preparan los adolescentes argentinos en la previa, antes de ir a bailar: cerveza
con lavandina. También es común la mezcla de alcohol con medicamentos, como el
Viagra, que puede producir consecuencias graves en quienes la consumen (La Nación , 21-10-13).
Un
experto en el tema, el Dr. Juan Alberto Yaría, que fue posiblemente el mejor
funcionario dedicado a la prevención de este flagelo, expresa con firmeza:
“Entramos ya de lleno en la existencia tóxica
como propuesta social. Dentro de este contexto de banalización de los
conflictos humanos la droga es un objeto de consumo más. En la ética
mercantilista, que descalifica cualquier marco objetivo de valores, la droga si
es demandada debe ser ofrecida”[10].
El
mismo experto rebate el argumento habitual de que el porcentaje de muerte por
las drogas, es menor al que produce el consumo de alcohol y tabaco. Por lo
tanto, la legalización no aumentaría la tasa actual. Lo que se omite reconocer
“es que las tasas de muerte por el
alcohol y el tabaco son elevadas debido a que estas sustancias se pueden
conseguir con facilidad y son ampliamente consumidas”. “Hay considerables
pruebas para sugerir que la legalización de las drogas crearía problemas de
comportamiento y de salud pública en un nivel que por mucho superaría las
actuales consecuencias de la prohibición de las drogas[11].
Es
importante señalar, para concluir, que en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre las Drogas
(8/10-6-1998), los 185 países representados acordaron, entre otras cosas,
rechazar cualquier sugerencia de legalización de drogas duras o blandas, y
sobre la necesidad de definir una estrategia común de combate que respete las
soberanías y los derechos humanos.
Losprincipios.org, 12-11-2013.-
Anexo
Cualquier proyecto
legislativo de despenalización, debería tener resueltas todas las dudas que
surgen del cuestionario siguiente, cuya lectura basta para comprender lo
absurdo de una propuesta legalizadora:
l. ¿Qué narcóticos y
drogas psicotrópicas deberían legalizarse?
2. ¿Deberían los
narcóticos y las drogas psicotrópicas ponerse a disposición de cualquiera que
quisiera probarlas? ¿Incluso los niños?
3. ¿Se pondría a
disposición de los consumidores habituales o adictos un suministro ilimitado?
¿O tendrían que pagar el precio de mercado? ¿Podrían aquellos que sufren una
fuerte dependencia o son adictos trabajar o incluso desempeñar un empleo?
4. ¿Que pasaría con
los pilotos de aerolíneas, cirujanos, policías, bomberos, personal militar,
maquinistas de ferrocarril, conductores de ómnibus, camioneros, maestros,
etcétera?
5. ¿Quien
suministraría las drogas? ¿Empresas privadas o el gobierno? ¿Se las proveería
al costo, o con un margen de utilidad? ¿Estarían sujetas a impuestos?
6. ¿Donde podrían
obtenerse las drogas? ¿En farmacias, clínicas, supermercados?
7. ¿Afectaría la
legalización las primas de los seguros
de vida, y las cuotas de las obras sociales?
(Cfr. Inciardi, James.
“La guerra contra las drogas”; GEL, 1993, pp. 237/239)
----------------------------------------
[2] La Voz del Interior, 27-6-13.
[3] “En el caso del inciso
a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias,
surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para
consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión y serán
aplicables los artículos 17,18 y 21.” (Párrafo incorporado por art. 1º de la
Ley N
[4] THC, Nº 62, junio 2013, pp. 32 y 33.
[5] THC, ídem.
[6] THC, p. 30.
[7] THC, edición especial,
26-8-2009, pp. 10 y 11.
[8] Perfil, 10-11-13.
[9] Kalina, Eduardo. “Temas
de drogadicción”; Nueva Visión, 1987, p. 100.
[10] Yaría, Juan Alberto.
“La existencia tóxica”; Lumen, 1993, p. IV.
[11] Inciardi, James. “La
guerra contra las drogas”; GEL, 1993, pp. 149 y 139.
