En
otra ocasión, señalamos el riesgo de elegir para la función pública a
dirigentes improvisados, que carecen de la preparación y la experiencia
necesarias para ocuparse con eficiencia de los asuntos del Estado[1].
Hacíamos referencia a la aparición en la escena política italiana del cómico
Beppe Grillo, que obtuvo 8,7 millones de votos en las elecciones de febrero de
este año, liderando el Movimiento 5 Estrellas; en esas elecciones, su partido
logró 54 senadores y 109 diputados, ubicándose como segunda fuerza política de
Italia.
Sin
embargo, en esta oportunidad el citado dirigente ha sido criticado, nos
parece, injustamente[2]. A
raíz del naufragio en la isla de Lampedusa, donde se ahogaron más de 300 personas
de origen eritreo que intentaban llegar a Italia en un viaje clandestino, dos
senadores de su movimiento promovieron una moción para abolir la ley que
estableció el delito de inmigración clandestina. Grillo afirma que la enmienda
propuesta “representa una invitación a
los clandestinos a embarcarse hacia Italia. El mensaje que recibirán es: la clandestinidad no es delito”.
“Cuántos clandestinos estamos en
condiciones de acoger cuando un italiano sobre ocho no tiene para comer”, pregunta Grillo. Antes de esta situación, ya se
había manifestado contra el proyecto de otros partidos de sancionar una ley que
otorgue la ciudadanía a todos los nacidos en territorio italiano. Tanto esta
propuesta como la ya comentada, cuentan con el apoyo de los partidos de
izquierda y de grupos católicos.
El
populismo, la demagogia, y una mal entendida sensibilidad social hacia las
personas que sufren, lleva a que se critique a quien, como en este caso,
reacciona en defensa del interés de la propia comunidad. Las frases
transcriptas revelan un sentido común, que parece haberse oscurecido en muchos,
por prejuicios ideológicos o debilidad para reaccionar frente a problemas que
plantea la realidad contemporánea. Por cierto que nadie puede permanecer
indiferente ante una tragedia como el naufragio de Lampedusa. Pero, ante
situaciones derivadas de la emigración en masa de personas que huyen de su país
natal, corresponde que intervengan los organismos internacionales, como lo está
haciendo Naciones Unidas para atender a miles de personas que salen de Siria
debido a la guerra civil que se está librando.
Como
indica la crónica que algunos de los críticos de Grillo provienen del campo
católico, conviene recordar la doctrina de la Iglesia sobre el rol de la
autoridad pública[3],
encargada de tutelar el bien común, que implica el derecho y el deber de
aplicar penas y reprimir las conductas lesivas a las reglas de la convivencia
civil. El estado itialiano, ante este problema concreto, puede brindar
asistencia a los náufragos, y ayudarlos a encontrar un nuevo lugar de
residencia. No están obligados, ni legal ni moralmente, a incorporarlos a su
comunidad.
Tampoco
resulta justa la pretensión de que se reconozca la ciudadanía italiana a todos
los nacidos en el territorio, cuando los padres han ingresado clandestinamente.
Recordemos que, a diferencia de nuestro país que se rige por el jus soli –ciudadanía basada en el lugar
de nacimiento- en Italia rige el jus
sanguinis, que considera ciudadanos a los hijos de italianos al margen del
lugar del nacimiento.
Conviene
analizar este caso, para estar alertados sobre situaciones que se verifican en
nuestro país, y que conllevan un similar dilema moral y político. Nos referimos
a la inmigración ilegal de cientos de miles de personas, que provienen de
países vecinos. Al carecer de documentación, aceptan trabajar en inferioridad
de condiciones –“en negro”-, perjudicando, también, a trabajadores argentinos
que son postergados pues, con ellos, la empresa contratante debe cumplir la legislación laboral. Asimismo,
cada Estado tiene el derecho de regular la inmigración, de acuerdo a su
política demográfica, sin que pueda pretenderse que existe una obligación moral
a aceptar la radicación en el país de cualquier persona que desee hacerlo.
Córdoba, 12-10-13
