El
último número de la revista Le Monde diplomatique (mayo 2022), incluye un
artículo que puede contribuir para un análisis de la grave situación argentina.
Julio
Burdman, politólogo, describe el panorama del peronismo (*) que, por
definición, es el partido de la justicia
social. Se ahí viene su apellido: justicialismo. Históricamente esto se ha
concretado a través de la vigilancia de un gobierno peronista o de la acción de
los sindicatos, y consiste en articular la relación entre empresarios y
trabajadores de manera de garantizar que la distribución del ingreso sea más
equitativa para estos últimos. La principal herramienta de este método era un
mundo de derecho laboral, pleno empleo formal y un Estado regulador que tal vez
ya no existe más.
Juan Perón explicó numerosas veces que las reformas
sociales –las políticas que conducen a la justicia social- están supeditadas al
crecimiento económico.
Además, es el partido de las reformas económicas, sean
del signo que sean, porque es –supuestamente- el que tiene la capacidad de
reunir los apoyos necesarios para llevarlas a la práctica.
Tanto el peronismo histórico como sus penúltimos
herederos –Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner- enfrentaron
diferentes tipos de crisis, y no ahorraron discursos culpabilizadores hacia sus
predecesores. Sin embargo, se los
recuerda más por las decisiones drásticas que tomaron para enfrentar la
herencia, el problema inicial diagnosticado, que por sus lamentos
justificadores.
En esta última etapa, sin embargo, el peronismo carece
de diagnóstico y de método. Sólo han quedado los discursos exculpatorios.
Para volver a transformar, para ser nuevamente el
partido de la economía, el peronismo necesita un liderazgo decidido a cambiar
el régimen federal. Y un Alberto enfrentado con el kirchnerismo, más necesitado
que nunca de los gobernadores, no está en las mejores condiciones de dar esa
disputa.
*“La crisis del partido de la economía”; pp. 8 y 9.
