La drástica medida adoptada por el Decreto 93 (*), referido a la prohibición de nombrar familiares de los funcionarios políticos del gobierno nacional, no es más que un engañapichanga.
Afectará a sólo 40 personas, sin modificar la situación que hemos señalado anteriormente (**): se elude sistemáticamente garantizar la carrera administrativa. Los cargos políticos, de simple designación por el Presidente, deberían estar detallados en el Presupuesto y no superar los 300 que permite Francia, por citar un ejemplo; todos los demás cargos deberían cubrirse por concurso.
