sábado, 27 de marzo de 2010

Cuestiones políticas controvertidas en el proceso de la Independencia Argentina



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Nos parece necesario analizar el tema propuesto, con la esperanza de contribuir a su esclarecimiento. Nos hemos ocupado anteriormente de aspectos parciales del tema, pero en esta ponencia procuramos un análisis integral, desde la perspectiva de la ciencia política.

I. BICENTENARIO

1. Hoy existe en la Argentina, como nunca antes, un desaliento generalizado sobre su destino y una falta notoria de interés por la acción cívica. Estos síntomas evidencian que está debilitada la concordia, factor imprescindible para que exista una nación en plenitud, y para que se cumpla un anhelo de la Oración por la Patria: el compromiso por el bien común. De allí, entonces, la importancia de conocer la propia historia nacional. Pues, como enseña el Profesor Widow, “cada cual es lo que ha sido. Condición indispensable para asumir la propia realidad es, por consiguiente, el juicio recto sobre el pasado: es la única base posible para una rectificación o ratificación de intenciones y conductas, evitando las ilusiones y los complejos”.

2. El doble centenario de un país, es ocasión propicia para reflexionar en profundidad sobre los problemas y la mejor manera de superarlos en el futuro, de allí que sea razonable que se hable de un Pacto del Bicentenario. Pero debemos precisar los términos, puesto que, en realidad, se trata de un aniversario equívoco, por lo que es necesario distinguir dos aspectos involucrados en esta celebración. En efecto: ¿el bicentenario alude a la nación o al Estado argentino?

3. Si se toma la expresión Nación Argentina como equivalente a Estado Argentino, es necesario decir que el mismo no quedó constituido el 25 de mayo de 1810, fecha en que se formó un gobierno propio, pero provisorio, hasta que el Rey, que estaba preso de Napoleón, reasumiera su corona. En efecto, al asumir sus cargos los integrantes de la Junta Provisional Gubernativa, consta en el acta de acuerdos del Cabildo que: el presidente [Saavedra], hincado de rodillas y poniendo la mano derecha sobre los Santos Evangelios, prestó juramento de desempeñar lealmente el cargo, conservar íntegra esta parte de América a nuestro Augusto Soberano Fernando VII y sus legítimos sucesores y guardar las leyes del Reino… .
El Estado Argentino sólo surgiría seis años después, con la Declaración de Independencia.

4. Por otra parte, si se toma la expresión Nación Argentina en su sentido sociológico -como conjunto de personas que conviven en un mismo territorio, poseen características comunes y manifiestan el deseo de continuar viviendo juntas- ya estaba consolidada antes del 25 de mayo. A partir del 29 de junio de 1550, con la fundación de la ciudad de Barco -la actual Santiago del Estero- comienza la lenta formación de nuestra nación. Varios autores consideran que la nacionalidad argentina, preexiste al Estado nacional. Por nuestra parte, consideramos que en ocasión de las invasiones inglesas, quedó en evidencia que la Argentina como nación estaba ya consolidada.
Apuntemos al respecto varios elementos.

1º) Existía ya en el territorio del Virreynato del Río de la Plata, mayoría de criollos, algunos de los cuales, como Saavedra y Belgrano -integrantes de la primera Junta-, desempeñaban funciones públicas de importancia.

2º) Existía, como lo afirma el sociólogo Guillermo Terrera, una cultura criolla argentina que, para 1750, tenía características propias y definidas. Agrega Puigbó: “Varias circunstancias facilitaron esta paulatina y coherente asimilación que culminó en una integración social, reconocible fácilmente a mediados del siglo XVIII”.

3º) No existían tropas profesionales en número suficiente, para repeler el ataque extranjero, de modo que la resistencia estuvo a cargo de las milicias criollas y de los vecinos que se sumaron voluntariamente a la lucha. Sería impensable que esto ocurriera en una sociedad cuyos integrantes se conformaran con ser una colonia. Precisamente, la decisión masiva de los criollos de combatir, revela a un pueblo con identidad propia que asume la defensa de su tierra, pese a la ausencia del Virrey, que se había replegado a Córdoba.
“Las Invasiones Inglesas fueron la base de la Revolución de Mayo de 1810, ya que la reconquista y triunfo de las improvisadas fuerzas criollas sobre las aguerridas, disciplinadas ym veteranas, tropas de Albión, dio a los hombres del Plata un sentido de su valía, de su capacidad de resolver problemas por sí”.

5. Por lo señalado, si queremos fijar en una fecha la vigencia de la nacionalidad argentina, la que podría corresponder es la del 12 de agosto de 1806, cuando se produce la Reconquista de Buenos Aires. Como expresa Francisco Ramos Mejía, en carta a Manuel Mantilla: “Cómo, la patria argentina ha nacido recién el 25 de Mayo de 1810? (…) “Cree Ud. que Saavedra y los Patricios y Arribeños son menos argentinos peleando contra los ingleses en las calles de Buenos Aires, que pidiendo la primera Junta aquél, y muriendo en Salta éstos? ¡Oh, no!”.

6. Desde el comienzo de la vida independiente, el Estado Argentino fue el marco formal de una sóla nación, por lo que ambos aspectos mencionados están estrechamente vinculados.

II. EL CONCEPTO DE SOBERANÍA

La cuestión de la soberanía constituye un tópico fundamental en la filosofía política, con evidente proyección sobre la realidad social. Lo que aquí nos interesa dilucidar es el fundamento intelectual de la posición sustentada por los patriotas argentinos en el proceso de la independencia nacional.
Si bien la declaración formal se produce recién en 1816, la emancipación comienza en 1810, al constituirse una Junta de Gobierno que desplaza al Virrey, por considerarse haber caducado el gobierno soberano de España y la reversión de los derechos de la soberanía al pueblo de Buenos Aires. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo, la mayoría de los asistentes respaldó el voto de Cornelio Saavedra que finalizaba con la conocida expresión: que no quede duda de que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando. La resolución del conflicto mereció interpretaciones diferentes, que vamos a analizar sucesivamente.

1. Influencia de Rousseau

Hasta mediados del siglo XX, era opinión generalizada que la frase de Saavedra y la argumentación previa de Castelli, estaban fundamentadas en Rousseau y su tesis de la soberanía popular. Interpretación que puede rechazarse de plano, teniendo en cuenta dos aspectos.

A) Una cuestión de hecho: el Contrato Social de Rousseau, además de haber tenido poca aceptación en España a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, sólo parece haber sido conocido, entre los patriotas que actuaron en el Río de la Plata antes de mayo de 1810, por el Deán Funes. Recién a comienzos de 1811 se termina de reimprimir esta obra en Buenos Aires, por disposición de Mariano Moreno, quien suprimió el capítulo VIII, del Libro IV, y varios pasajes donde el autor tuvo la desgracia de delirar en materias religiosas.
Sin negar que haya influido posteriormente, cabe recordar que en febrero de ese año, el Cabildo llegó a la conclusión “que la parte reimpresa del Contrato Social de Rousseau no era de utilidad a la juventud, y antes bien pudiera ser perjudicial, ...y en vista de todo creyeron inútil, superflua y perjudicial la compra que se ha hecho de los doscientos ejemplares de dicha obra”.

B) El otro aspecto a tener en cuenta, es el contenido en sí de la obra. Puede afirmarse que la misma es incompatible con los argumentos utilizados en el Cabildo de Mayo, donde se alegó la reversión de los derechos de la soberanía al pueblo. En efecto, en la obra del ginebrino se sostiene que el ejercicio de la voluntad general, o sea la soberanía, no puede nunca ser enajenada; el poder puede ser transmitido, pero no la soberanía, lo que significa que no puede volver al pueblo.

2. Influencia del P. Francisco Suárez

Entre quienes atribuyen al P. Francisco Suárez la mayor influencia en los sucesos de Mayo, se destaca el P. Guillermo Furlong quien afirma que “fue el filósofo máximo de la semana de Mayo, el pensador sutil que ofreció a los próceres argentinos la fórmula mágica y el solidísimo substrato sobre qué fundamentar jurídicamente y construir con toda legitimidad la obra magna de la nacionalidad argentina”.

Recordemos que Suárez, en su Defensio fidei, rebate la argumentación del rey de Inglaterra, Jacobo I, quien sostuvo que el poder de los reyes procede inmediatamente de Dios. Según el Doctor Eximio, la sociedad civil se estructura políticamente mediante dos pactos. Por el primero -pacto de asociación- se concreta la necesidad de los hombres de unirse, por tendencia natural; una vez formada la sociedad, se formaliza el segundo acuerdo -pacto de sujeción-, mediante el cual se traslada el poder a los gobernantes. Es decir, que Suárez rechaza el llamado derecho divino de los reyes, sosteniendo que la autoridad política no proviene directamente de Dios, sino por intermedio del pueblo, que la confiere -expresa o tácitamente- al gobernante, y la recupera en caso de vacancia o de tiranía.

Si bien la doctrina de Suárez fue difundida ampliamente en los dominios españoles, creemos que no puede haber influido en la independencia argentina, por varios motivos:

A) El propio Furlong reconoce que: “Es posible que el Río de la Plata haya sido la región americana donde fue menor la influencia de Francisco Suárez...”.

B) A raíz de la expulsión de la Compañía de Jesús, en 1767, fue prohibida, por Cédula Real del año siguiente, la difusión de la doctrina de sus maestros. Por ejemplo, en la Universidad de Córdoba, donde la enseñanza quedó a cargo de los franciscanos, éstos “rectificaron lo que se llamaba doctrina jesuítica, sobre todo en lo que se refiere a la Teoría del Poder”.

El Dr. Roberto Peña afirma que, precisamente, en la Cátedra de Instituta, creada en 1791: “Ya no era Suárez, el Eximio, quien informaba la mente de los jóvenes escolares, sino los juristas defensores del poder divino de los reyes”. Hasta se incluyó en el juramento de los doctores, esta curiosa frase: “juro también, que yo detesto y detestaré mientras viva...la doctrina acerca del Tiranicidio...”.

C) Cabe recordar, que ni siquiera entre los jesuitas era aceptada unánimemente la doctrina de Suárez, pudiendo citarse que ya en 1624 algunos maestros de Lima rechazaban sus opiniones. En carta del 20 de febrero de ese año, el General de los Jesuitas le indica al fundador de la universidad de Chuquisaca, P. Juan de Frías Herrán, que “a ningún maestro ni estudiante se le ha de obligar que siga a este o aquél doctor, sino que se le deje libertad para seguir la doctrina de los Padres Molina, Suárez, Vázquez y Valencia...”.

También Furlong admite que: “Entre nosotros (en el Río de la Plata) sólo conocemos una mención explícita a Suárez, y ella se encuentra en la nota que, con fecha 12 de octubre de 1811, elevó el Obispo Orellana a las autoridades nacionales desde su prisión de Luján”.

D) No existe ninguna evidencia de que Castelli conociera la obra de Suárez, y no es creíble que se inspirara en esta doctrina católica, teniendo en cuenta su actuación posterior en el Alto Perú, donde permitió a Monteagudo la ejecución de actos irreligiosos sumamente graves.

3. Influencia del Iluminismo

La tesis del derecho divino de los reyes fue adoptada como doctrina oficial por la dinastía borbónica. A fines del siglo XVIII se difundieron en América las ideas iluministas y del despotismo ilustrado, cuya influencia se advierte en patriotas como Belgrano, Vieytes, Mariano Moreno y el Deán Funes. En el primer número del Telégrafo Mercantil, publicado en 1801, puede leerse: “Fúndense aquí nuevas escuelas, donde para siempre, cesen aquellas voces bárbaras del Escolasticismo...”.
La enseñanza del derecho natual racionalista se impuso en España, luego de la expulsión de los jesuitas, pudiendo señalarse la importancia de su creador, Hugo Grocio, para el análisis de este tema.

3.1. El vocablo soberanía

Debemos considerar que la palabra soberanía que utilizan Castelli y otros de los participantes del Cabildo de mayo, no pertenece al vocabulario escolástico, lo que obliga a indagar de dónde se adopta, y con qué sentido. Por una parte, como señala Tanzi, el vocablo era utilizado en España y América, en esa época, como equivalente a autoridad o gobierno, y no entendido como el ejercicio de la voluntad general rousseauniana.

A) Zorraquín Becú demuestra la “identidad de pensamiento y hasta de vocabulario”, entre la argumentación de Castelli y lo sostenido por Grocio en el Derecho de la Guerra y de la paz, donde afirma: “...la Monarquía más absoluta no impide que el Pueblo, que ha quedado sometido, no sea el mismo que cuando era libre… Porque si la Soberanía reside entonces en la persona del Rey, como en el Jefe del Pueblo, ella permanece siempre en el Cuerpo del Pueblo, como en un Todo, del cual el Jefe es una parte. Y de aquí viene que si el Rey de un Reino Electivo, o la Familia Real de un Reino Hereditario, vienen a faltar, la Soberanía vuelve al Pueblo.” (Lib. II, cap. IX, P. VIII, nº 1)

En otro párrafo de su obra, Grocio contempla, precisamente, el caso que se daba en el Río de la Plata: "Ocurre a veces que no hay sino un solo Jefe de varios Pueblos, los cuales sin embargo forman cada uno un Cuerpo perfecto...Y una prueba cierta de que, en el caso de que se trata, cada Pueblo es un Cuerpo de Estado perfecto, es que, al extinguirse la Familia Reinante, el Poder Soberano vuelve a cada uno de los Pueblos antes reunidos bajo unmismo Jefe” (Lib. I, cap. III, p. VIII, nº 4).

B) Para añadir otro elemento de juicio, resulta interesante mencionar al P. Antonio Sáenz, Secretario del Cabildo Eclesiástico, quien participó en la reunión del 22 de mayo y votó por la destitución del Virrey, afirmando, en consonancia con Castelli, “que ha llegado el caso de reasumir el Pueblo su originaria autoridad y derechos”. Este sacerdote fue después fundador de la Universidad de Buenos Aires, y escribió la obra Instituciones elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes, donde consta la enseñanza que impartió en la Cátedra del mismo nombre, en 1822/1823.

En esta obra se critica expresamente la tesis de Rousseau, pero en su libro no cita a autores escolásticos y, en cambio, “son frecuentes sus referencias a Grocio, Pufendorf, Wolf, Heinecio, Vattel y Hobbes, ya para criticar parcialmente sus doctrinas, ya para adoptar sus enseñanzas”, lo que indica que incluso los sacerdotes ilustrados que actuaron en la emancipación tuvieron una posición intelectual ecléctica.

C) Debemos agregar, que un año antes de la Revolución, Castelli, en su defensa del inglés Paroissien, argumentó que el establecimiento de las Juntas en España era ilegítimo pues “no hay pacto específico o tácito de reservación en la nación”. Esta postura es análoga a la de Jovellanos y diferente a la que iba a sostener Castelli en el Cabildo Abierto. Lo que induce a creer que este hábil abogado utilizó en su discurso de Mayo la argumentación que consideró más conveniente desde una perspectiva práctica. Y acertó, pues no fue rebatida, habiendo impugnado el Fiscal Villota únicamente el derecho del pueblo de Buenos Aires a formar por sí solo un gobierno soberano.

4. Tradición política hispánica

Los sucesos de Mayo no salieron nunca del marco de la propia tradición política hispánica, que tuvo características singulares. “A partir de la conversión de Recaredo (587), y sobre todo de la promulgación del Liber Judiciorum (654), la monarquía hispano-goda se convierte en un principado dirigido a realizar el bien comun, y está sometido a las leyes, a las costumbres y a las normas religiosas y morales”.

Esta tradición alcanza su madurez intelectual con la escuela teológica y jurídica española del siglo XVI, cuya posición sobre el tema pasamos a resumir. Todos los autores de la época reconocen que el poder legítimo proviene de Dios; “el poder civil, la autoridad suprema, la soberanía, tres nombres de una misma cosa, es una cualidad natural de las sociedades perfectas. La Naturaleza se la otorga y como el autor de la Naturaleza es Dios, de Dios viene como de primero y principal origen este atributo esencial de las sociedades humanas...”.

Ahora bien, cuando en 1528, siendo emperador Carlos V, se eligió a Martín de Azpilcueta, para la disertación pública anual, en la Universidad de Salamanca, a la que se otorgaba gran importancia, este profesor desarrolló la tesis de que: “El reino no es del rey, sino de la comunidad, y la misma potestad regia no pertenece por derecho natural al rey sino a la comunidad, la cual, por lo tanto, no puede enteramente desprenderse de ella”.
Luis de Molina, por su parte, distingue lo que actualmente se denomina soberanía constituyente y soberanía constituida, o sea, entre la potestad fundamental, que pertenece originariamente a la comunidad y que conserva siempre, y aquel poder que libremente atribuye al costituir un régimen políticamente determinado. Así explica en De Iustitia: “Creado un rey no por eso se ha de negar que subsisten dos potestades, una en el rey, otra cuasi-habitual en la república, impedida en su ejercicio mientras dura aquella otra potestad, pero sólo impedida en cuanto a las precisas facultades, que la república obrando independientemente encomendó al monarca. Abolido el poder real, puede la república usar íntegramente de su potestad”.

Ya las Partidas definían al Rey como cabeza que rige los miembros del cuerpo de una comunidad. Esta concepción analógica de la sociedad, permite distinguir dos aspectos de la doctrina española de la soberanía. El problema está tratado en Vitoria, quien llama potestas al poder público correspondiente a la comunidad por derecho natural, al constituir una sociedad perfecta, mientras define como un oficium al ejercicio de esa potestad por el gobernante. De esta forma, se institucionaliza el poder estatal, que se concibe como sujeto al derecho. “Por consiguiente, la comunidad perfecta tiene potestad como un poder ser, que se perfecciona al transformarse en acto en el oficio”.

El vocablo soberanía, que introduce Bodino, no es más que una expresión equivalente a majestas o summa potestas que utilizaban los juristas españoles para indicar la particularidad del poder del Estado, que se define por la cualidad de no reconocer superior. Pero Bodino agrega que es el poder absoluto y perpetuo en una República, lo que perfila una diferencia clara con el enfoque de los pensadores españoles: la desvinculación del poder supremo de la ley.
“Un legislador -dice Vitoria- que no cumpliera sus propias leyes haría injuria a la república, ya que el legislador también es parte de la república. Las leyes dadas por el rey, obligan al rey...”. El gobernante, entonces, posee una facultad suprema, en su orden, pero no indeterminada ni absoluta. El poder se fundamenta en razón del fin para el que está establecido y se define por este fin: el bien común temporal.

5. Fundamentación del discurso de Castelli

En su discurso en el Cabildo, Castelli afirmó -según la versión conocida- “que el pueblo de esta Capital debía asumir el poder Majestas o los derechos de la soberanía”, sosteniendo su argumento “con autores y principios”. Como no se conoce el texto completo de su alegato, únicamente podemos deducir quienes eran esos autores y cuales los principios.

Ya señalamos la probable influencia de Grocio, en la elaboración de las frases mencionadas, pero, como Castelli no fue rebatido, es razonable pensar -como lo hace Marfany- que la bibliografía citada era la utilizada habitualmente por los abogados, sacerdotes y funcionarios. Para ello, conviene recordar el sermón del Deán de la Catedral y profesor de Teología del Colegio de San Carlos, Estanislao de Zavaleta, en el Tedeum oficiado por el Obispo, el 30 de mayo, con presencia de las nuevas autoridades. En esa ocasión, se refirió a los derechos de soberanía, “que según el sentir de los sabios profesores del derecho público, habíais reasumido”.

Parece razonable deducir que los autores utilizados por Castelli fueron esos profesores del derecho público, cuya doctrina era conocida especialmente a través de algunas obras de uso común en América. Una de ellas es la Política para Corregidores y señores de vasallos, de Jerónimo Castillo de Bovadilla, que prevía para el caso de acefalía: “Y no es mucho que en este caso provea el pueblo Corregidor y se permita, pues faltando parientes de la sangre y prosapia real, podría el reino por el antiguo derecho y primer estado, elegir y crear rey”.
Otra obra digna de recordar es Didacus Covarrubias a Leiva, de Diego Ibañez de Faría, que se desempeñó como magistrado en la primera Audiencia de Buenos Aires. Allí se señala: “...faltando el legítimo sucesor de real progenie, la suprema potestad es devuelta al pueblo”. Ambas obras desarrollaron una fórmula que ya se encuentra en las Partidas (siglo XIII) como una de las formas de obtener legítimamente el poder.

Esto significa que la Revolución de Mayo se realizó sin apartarse de la propia legislación vigente. En efecto, Castelli presentó en su discurso un problema concreto; al haber sido obligado a salir de España el Infante don Antonio, caducaba el gobierno soberano, puesto que el Virreynato estaba incorporado a la Corona de Castilla, y no tenía obligación de subordinarse a otro órgano de gobierno. La norma respectiva está incluida en la Recopilación de Leyes de Indias, en la Ley I, Título I, libro III, promulgada por el Emperador Carlos V, en Barcelona, el 14 de setiembre de 1519, que dispone: “Que las Indias Occidentales estén siempre reunidas a la Corona de Castilla y no se puedan enagenar”.

6. El voto de Saavedra
Es opinión común entre los autores considerar que el voto de Saavedra en el Cabildo, al que adhirío la mayoría de los asistentes, implica el reconocimiento del pueblo como fuente de la soberanía, ya sea en la versión rousseauniana o en la suareciana. El voto terminaba con la famosa frase: y que no quede duda de que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando.
Creemos más atinada la interpretación de Marfany: que el propósito de Saavedra fue corregir parcialmente el voto del General Ruiz Huidobro, que fue el primero en votar contra el Virrey, opinando que su autoridad debía reasumirla el Cabildo como representante del pueblo.

Saavedra, que se había desempeñado en el Cabildo como Regidor, Síndico Procurador y Alcalde, comprendió que la fórmula propuesta era defectuosa, pues el Cabildo no podía ejercer actos de soberanía como el que se le pretendía conferir. Era un gobierno representativo del pueblo, pero destinado al gobierno municipal, de modo que la facultad de formar una junta que reemplazara al Virrey debía surgir de una atribución expresa del Cabildo Abierto.
Que esta intención fue comprendida por el Cabildo surge del Reglamento que dictó para la Junta, que expresa en su cláusula Quinta, que, en caso de que las nuevas autoridades faltasen a sus deberes, procedería a su deposición, reasumiendo para este sólo caso la autoridad que le ha conferido el pueblo.

7. Conclusión
La independencia argentina, como lo reconocen hoy la mayoría de los historiadores de prestigio, se produjo como una consecuencia lógica de los sucesos de España, y no por influencia de las revoluciones norteramericana y francesa, ni de los autores de la Enciclopedia. Existió sí, una combinación de influencias intelectuales diferentes y a veces contradictorias, con utilización de autores modernos, pero sin que se produjera una “acentuada inclinación modernista”.

La tradición política hispánica, de sólida raíz católica, es la que prevaleció en el proceso emancipador, lográndose “una síntesis admirable” al incorporar ideas contemporáneas depuradas de “toda connotación agnóstica”. Ünicamente así puede entenderse que en el Congreso de Tucumán, en 1816, se dispusiera que la Declaración de Independencia debía ser jurada por Dios Nuestro Señor y la señal de la Cruz.
Decía Ricardo Font Ezcurra que “la historia es en esencia justicia distributiva: discierne el mérito y la responsabilidad”. Por eso no se puede limitar al relato de los hechos, sino que debe investigar las causas de los hechos. Eso es lo que hemos procurado, en relación a un aspecto sustancial del surgimiento de nuestra sociedad como Estado independiente.

III. AUTONOMÍA MUNICIPAL

1. El Cabildo

Los pueblos hispanoamericanos tenían una verdadera participación en el poder, a través de una noble institución de raíces medievales: el Cabildo, que era un cuerpo representativo de los intereses de la comunidad. Recién cambia la situación con la dinastía de los Borbones, que aplicó las formas políticas del despotismo ilustrado y sostuvo la autosuficiencia del orden temporal; borra los rasgos del régimen mixto y crea las Intendencias, en 1783, con la intención de suprimir la autonomía de los Cabildos. Pero, aún entonces, por haberse arraigado tanto esta institución, el viejo impulso continuó y hasta entró en conflicto con el nuevo, y fueron precisamente los Cabildos los que canalizaron la resistencia.

Según José María Rosa, la España del siglo XVI se trasladó a América pero, inesperadamente, dió un salto atrás de cinco siglos, por las condiciones de vida en el nuevo mundo. Los municipios indianos, en los siglos XVI y XVII, no se parecían a los españoles de esa época, sino a las ciudades de la Castilla medieval, con sus fueros característicos. “La misma ley histórica que creara la libertad foral de las ciudades castellanas, dió nacimiento a la autonomía vecinal de las ciudades indianas” .
Herederos de los antiguos concejos de Castilla, los cabildos ejercen en américa igual amplitud de atribuciones: políticas, judiciales, legislativas, económicas y culturales. Por eso se hablaba de los cincuenta brazos del cabildo, para indicar la multiplicidad de sus funciones .

En el Río de la Plata se heredó también de España, la forma de organizar el Estado, como ordenamiento natural de los diversos niveles de gobierno de una sociedad, por aplicación del principio de subsidiariedad, que España puso en práctica varios siglos antes de que fuera definido por los Papas. En nuestra Patria surgió un orden político, fundado en el municipio como institución primaria y en el federalismo como modo de relación armónica en función del bien común.
La República Argentina se constituyó a partir de las catorce organizaciones comunales que se desarrollaron luego como provincias, reclamando su autonomía; el federalismo fue la respuesta a la necesidad de armonizar dichas autonomías, a fin de constituir la unión nacional. Un ente es autónomo cuando tiene capacidad de darse la norma que lo regirá, norma que debe subordinarse, sin embargo, a la norma originaria, propia del ente soberano del que forma parte.

2. El Gobierno local luego de la Independencia

Al comenzar en España las dificultades que conducirían a la independencia americana, la institución municipal demostró su vitalidad: el cabildo abierto de Buenos Aires, del 14 de agosto de 1806, durante la primera invasión inglesa, suspendió en sus funciones al Virrey Sobremonte, y confió el mando a Liniers. Otro cabildo abierto, el 22 de mayo de 1810, produce la ruptura institucional.

Después de la revolución, los cabildos no sólo siguieron subsistiendo sino que asumieron un rol preponderante en la vida nacional. Del Cabildo de Buenos Aires partió la circular del 27 de mayo de 1810, indicando que los diputados del interior debían elegirse en cabildo abierto. En 1812, tuvo facultades para aprobar los diplomas de dichos diputados; en 1820, a la caída de Rondeau, asumió el gdobierno.La crisis para el municipalismo en la Argentina se produce por una iniciativa de Rivadavia: la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, por la ley del 24 de diciembre de 1821, suprime los cabildos para dar paso a las municipalidades de delegación.
Según Alberdi, en nombre de la soberanía del pueblo se quitó al pueblo su antiguo poder de administrar sus negocios civiles y comerciales. En efecto, se reemplaza el gobierno municipal descentralizado, característico del derecho hispánico, por el sistema francés de municipios, propio de los regímenes unitarios.

3. El régimen municipal argentino

Sarmiento -en Comentarios de la Constitución-, sostenía que no pueden coexistir legislaturas provinciales y cabildos municipales. Consideraba que si se restablecieran las antiguas municipalidades, según las normas españolas, sería preciso suprimir las legislaturas. Ni la palabra cabildo debe nombrarse si se quiere evitar la confusión. Por ello, propone adoptar el régimen municipal de Estados Unidos, que había visto en el Estado del Maine, suprimiendo los Cabildos como cuerpos deliberativos, cuyas funciones son otorgadas a las legislaturas provinciales. El municipio sólo designaría funcionarios locales.

.Alberdi -en Estudios sobre la Constitución Argentina de 1853-, en cambio, y rebatiendo a Sarmiento, reconoce los antecedentes hispánicos del municipio y su pensamiento influyó positivamente, pues fue seguido por la mayoría de las Provincias su proyecto de Constitución para Mendoza. De no haberse adoptado el sistema de concejos deliberantes con facultades propias, frente a las legislaturas, la autonomía del gobierno municipal hubiera desaparecido por completo.

La Constitución Argentina, en 1853, fijó a las provincias en su Art. 5, entre otras condiciones, la de “asegurar el régimen municipal”. La frase no figuraba en el proyecto de Alberdi y fue estampada de puño y letra por el constituyente cordobés, Juan del Campillo. El hecho de no haber estado prevista esta institución en el proyecto y al no haberse debatido el punto en el Congreso, promovió la confusión y la polémica entre los autores.
Por otra parte, al haberse tomado como modelo para las competencias municipales la ley orgánica de la Municipalidad de Buenos Aires, promulgada por el propio Congreso Constituyente, actuando como Congreso ordinario, en 1853, prevaleció una interpretación del régimen municipal, reducido al tipo de municipio de delegación. De allí que las provincias organizaran municipios autárquicos, con atribuciones establecidas por ley, de manera uniforme, como órganos descentralizados del Estado provincial, sin autonomía.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1930 -en el caso Cartagenova- definió al municipio como la administración de aquellas materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito, sin otras atribuciones que las determinadas en las leyes de su creación.
De todos modos, el modelo que se pretendió aplicar ortopédicamente, fracasó por no ajustarse a nuestra realidad histórico-social. Y, a mediados del siglo XX, comienza lentamente a revertirse la situación. Desde 1983, el proceso de reformas constitucionales se acelera de tal modo que hoy la mayoría de las provincias incluyen en su norma fundamental la autonomía municipal. Todas ellas reconocen, como lo hace la actual de Córdoba, en su Art. 180, la existencia del Municipio como una comunidad natural fundada en la convivencia.

Este proceso culminó en marzo de 1989, con un fallo de la Corte Suprema de la Nación -Revademar contra Municipalidad de Rosario- en el que modifica la jurisprudencia, determinando que los municipios no son entidades autárquicas, sino órganos de gobierno.
Poco después, en 1994, la Convención Nacional Constituyente modificó el anterior Art. 106, que, adoptó el siguiente texto: “Art. 123.- Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto en el Art. 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.”
En este marco jurídico, muchas ciudades poseen ya una Carta Orgánica Municipal, sancionada por decisión de sus propios vecinos, lo que constituye la máxima expresión posible de su autonomía, e implica el regreso a la tradición histórica argentina.

4. Conclusión

Afortunadamente, la Argentina que heredó de España una vigorosa forma de gobierno municipal, está retornando a esa concepción originaria, en el mismo momento en que en la madre patria se abandona el rico acervo de los concejos castellanos, para adherir al modelo social-demócrata de municipio, que procura el máximo de independencia del gobierno local, vinculado directamente a un gobierno mundial, por considerar innecesarios los Estados nacionales. Este modelo está representado por la Federación Mundial de Ciudades Unidas, cuyo expresidente, Pierre Mauroy declaró en nuestro país: “vamos a pasar a una etapa decisiva porque nuestras fronteras se van a borrar y Europa será una Europa de ciudades”.
Consideramos que la fidelidad al sentido hispánico de autonomía, nos debe impulsar a sostener una verdadera descentralización política, que debe ser paralela a un fortalecimiento de la autoridad del Estado nacional. Este enfoque no confunde la autonomía municipal con desvinculación de un orden político superior; el municipio autónomo se debe subordinar a un Estado soberano, en el marco de un mismo ámbito geográfico. El gobierno local alcanza su pleno desarrollo cuando es parte de una unidad de destino en lo universal.

Reflexión final
Hemos analizado tres cuestiones de índole política, que consideramos están vinculadas entre sí; resulta necesario precisar la verdad histórica sobre ellas pues son actualmente motivo de confusión. Si se esclarecen estas dudas sobre la historia argentina, se habrá contribuido a afianzar la identidad nacional y a posibilitar que nuestra comunidad política recupere el sitio que la Providencia le ha reservado en el concierto de las naciones.

Córdoba, marzo 5 de 2010.-

Mario Meneghini

(+) Ponencia presentada al Congreso "Argentina: 200 años de Historia"; organizado por la Academia Argentina de la Historia y el Círculo Militar, en Buenos Aires, 5-7 de mayo de 2010.


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Pobreza y solidaridad

POBREZA Y SOLIDARIDAD [1]
(Desde una perspectiva cristiana)

El tema de esta exposición es el eje central del documento del Episcopado Argentino, “Denle ustedes de comer”
[2]. El título hace referencia a la orden que Jesús dio a sus discípulos, cuando se encontró frente a una multitud desprovista de alimentos (Mc 6,35-36). Los apóstoles le habían sugerido que despidiera a la gente para que fuera a comprar comida a los poblados, lo que contrasta con la actitud del Maestro: Denles ustedes mismos de comer. Acotan los Obispos que, “en esa actitud se puede ver reflejado el desinterés por el bien común de buena parte de la dirigencia argentina, que sólo se apacienta a sí misma”.
En aquella ocasión, que relata el Evangelio, se produjo el conocido milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que se transformaron en suficiente alimento para saciar el hambre de todos los presentes. Incluso, con lo que sobró se llenaron doce canastas, número simbólico que parece indicar que cada uno de los apóstoles poseerá este pan inagotable, con el que se puede seguir alimentando a todas las personas, de todas las generaciones.
Los Obispos señalan: “Para reencontrarnos como Nación debemos atender a los que más sufren: los mayores sin salud, los adultos sin trabajo, los jóvenes sin educación y sin futuro, y los niños sin alimento”. Debemos recordar que, siempre, las comunidades cristianas se ocuparon de los pobres. El responsable de ello era el Obispo; a tal punto, que la Didascalia (ordenanza eclesiástica), en el siglo III advertía que con las limosnas privadas se agravia al Obispo. Los pobres que recibían ayuda regular eran denominados matriculari, pues estaban inscriptos en el canon de la Iglesia. Por ejemplo, en el 251, la Iglesia romana tenía 1.500 matriculari, y los recursos alcanzaban para todos. El principio que se aplicaba era: a los capaces de trabajar, procúreseles trabajo; caridad, sólo a aquel que ya no puede trabajar.

Realidad de la pobreza

En la actualidad, el fenómeno de la pobreza adquiere otras características, que debemos indagar para conocer sus rasgos pavorosos e inéditos en la historia del mundo. Nada menos que el Presidente del Banco Mundial, Wolfensohn, en un discurso el 26-9-2000, insistió en que “algo está mal”. Algo está mal cuando el 20 % más rico de la población mundial recibe el 80 % del ingreso global. Algo está mal, cuando 35.000 chicos mueren de hambre cada día. Algo está mal, cuando l.800 millones de personas viven con menos de dos dólares por día, y l.200 millones, con menos de un dólar por día. Frente a esta realidad, Wolfensohn afirma que “ha llegado el tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. El tiempo para darse cuenta de que vivimos juntos en un mismo mundo, no en dos: esta pobreza se encuentra en nuestra propia comunidad, dondequiera que vivimos. Es nuestra responsabilidad”.

Si enfocamos la lente a la realidad argentina, nos encontramos, también aquí con un panorama desolador: l8 millones de pobres -la mitad de la población total-, y 7,5 millones de indigentes. Y en ambos casos -el mundo y el país- el origen de la situación obedece a las mismas causas. Juan Pablo II, en la Sollicitudo rei socialis, aclara que dicha situación no es responsabilidad de los pueblos, ni mucho menos atribuible a una fatalidad. Sino que hay decisiones concretas, que provocan estos consecuencias. Por ejemplo, acotamos nosotros, la competencia desleal denunciada recientemente en la Organización Mundial de Comercio (Clarín, l8-5-04). Estados Unidos gastó en 2003, 20.000 millones de dólares en subsidios a sus productores agrícolas. Por su parte, la Unión Europea invirtió 40.000 millones de euros en similares subsidios; perjudicándose, en ambos casos a los países más pobres. Esta situación ya había sido señalada por el Pontificio Consejo “Cor Unum”, en l996 (“El hambre en el mundo”): “Numerosos países que gozan de un amplio potencial agrícola, como Zaire y Zambia, se han vuelto por primera vez importadores netos”.
Con respecto a la economía en general, los Obispos argentinos precisaron las causas de lo que ocurre hoy en el mundo: “La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza, tienen sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad y del respeto por las personas y los pueblos”.
[3]

Solidaridad

Formulado el diagnóstico, debemos saber cuál es la respuesta de catolicismo a este problema. Recordemos, por ejemplo, a Juan Pablo II explicando el principio de solidaridad
[4], uno de los tres que fundamentan el orden social cristiano -con los de bien común y de subsidiariedad. La interdependencia, dice el Papa, debe convertirse en solidaridad, fundada en el principio de que los bienes de la creación están destinados a todos. Esto no significa que las sociedades no puedan determinar, por medio del derecho, un cierto grado de apropiación de los bienes por parte de los pueblos y de los individuos, para que los bienes no sean poseídos de modo anárquico. Pero siempre serán derechos relativos y revisables, pues el principal es el destino universal de los bienes. La solidaridad, entonces, nos ayuda a ver al prójimo -persona, pueblo o nación- no como un instrumento a ser aprovechado, sino como un semejante nuestro, para hacerlo partícipe, con nosotros, del banquete de la vida al que todos los hombres son igualmente invitados por Dios.
Sería un error afirmar que este enfoque impide la libertad en materia económica. Juan Pablo se queja, en el documento citado, de la represión frecuente del derecho a la iniciativa económica, lo que ocurría entonces en la órbita comunista y que culminó con la caída de la Unión Soviética. El liberalismo - ya había reflexionado Pablo VI- se apoya en el argumento de la eficiencia económica, y la necesidad de enfrentar las tendencias totalitarias de los poderes políticos
[5]. Pero advertía que los cristianos que se comprometen con esta corriente tienden a idealizar el liberalismo, “olvidando fácilmente que en su raíz misma el liberalismo filosófico es una afirmación errónea de la autonomía del individuo en su actividad, sus motivaciones, el ejercicio de su libertad”. En otro párrafo, fulmina el Papa toda posible duda o ambigüedad en materia ideológica:
“No es lícito, por tanto, favorecer a la ideología marxista...y a la manera como ella entiende la libertad individual dentro de la colectividad, negando al mismo tiempo toda trascendencia al hombre y a su historia personal y colectiva.”
“Pero tampoco apoya el cristiano la ideología liberal, que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder, y considerando las solidaridades sociales como consecuencias más o menos automáticas de iniciativas individuales y no ya como fin y motivo primario del valor de la organización social.” (OA, p. 26)
En el último párrafo, se alude al mito liberal de la “mano invisible”, creado por Adam Smith: si cada uno persigue su interés particular, se consigue también el interés general. En la realidad, la mano invisible es la mano del ladrón en el bolsillo ajeno.
Santo Tomás, afirmaba que el hombre es libre para el bien, es decir, que toda elección de un mal se hace sub specie boni, de lo contrario se caería en una contradicción metafísica, pues el hombre no puede querer el mal para sí mismo. Además, la libertad se revela como un bien de cada uno y de todos, por eso la libertad es más bien un vínculo de comunión. Por eso, libertad y ley no se oponen sino que se apoyan mutuamente. Fue la modernidad, la que contrapuso ambas realidades. Para Santo Tomás, la ley tiene un sentido comunitario. La auténtica libertad se vive en comunión, es decir, en el reconocimiento del otro como otro yo; la comunidad no ahoga la libertad, sino que es un ámbito de crecimiento y desarrollo.

Pío XII adoptó como concepto clave el de la unidad del género humano, en su encíclica “Summi Pontificatus”, donde hace referencia al vínculo recíproco y la solidaridad entre todos los seres humanos. Juan XIII y Pablo VI utilizaron el concepto, y el Concilio Vaticano II lo asumió como concepto teológico. Luego, Juan Pablo II lo difundió, especialmente en la encíclica Sollicitudo rei socialis, y más tarde en la Centesimus Annus. Le atribuye a la solidaridad un carácter fundamental, pues inspira una sana organización política en la que la preocupación por los más pobres ocupe un lugar preferencial.
La solidaridad es la capacidad de reconocer y valorar la dignidad compartida, y por ello, es un estar con el otro, compartiendo el mismo destino. La solidaridad como virtud implica una lógica que ha de cultivarse y desarrollarse en confrontación con la lógica del individualismo. Es decir, la solidaridad no es algo que conviene, en sentido utilitarista, sino en sentido moral. La solidaridad se asienta en el principio de que todo individuo vive en deuda con la sociedad, pues, en cierto modo, ha sido “gestado” por la comunidad. Reconocer su deuda, es una cuestión de justicia. Por eso, la solidaridad como virtud tiene su propio fin, que es el bien de la sociedad, el bien común, que ha de ser buscado y realizado entre todos. Juan Pablo afirma que la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común.
Es un fin inmanente, que no se cierra al fin trascendente de la sociedad como comunidad llamada a la salvación, sino que se implican ambos fines mutuamente. El aporte del Papa ayuda a superar la tendencia individualista del personalismo y la asfixia del sujeto del socialismo autocrático. La solidaridad es posible en Cristo, puesto que en Él Dios ha reconciliado a los seres humanos. La actitud filial para con Dios es inseparable de la actitud fraterna para con todo ser humano -especialmente con los más débiles.
En el Catecismo de la Iglesia Católica se comprende la solidaridad como una ley (p. 36l), un principio (p. l939), un deber (p. 2439) y una virtud (p. l942). “Esta no es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común: es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”.
[6]

Buscando la solución

Teniendo ya esbozado el diagnóstico de la realidad y la doctrina que corresponde aplicar, debemos reflexionar sobre las posibles soluciones al problema de la pobreza. Algunos piensan que todo pasa por disminuir la tasa de desempleo, puesto que, teniendo empleo, cada persona puede encarar por sí mismo el problema. Pero ocurre que, en la actualidad, las empresas no toman mano de obra, o la expulsan, sencillamente porque no la necesitan. En efecto, el aumento de la productividad -que se incrementa continuamente, con el avance de la tecnología- hace que disminuya la cantidad de trabajadores estables requeridos. Lo que hace aún más perversa esta situación, es que todo el sistema educativo apunta a brindar a los jóvenes una salida laboral, eliminándose las asignaturas que se consideren teóricas y por lo tanto prescindibles en un plan de estudios. Si se hiciera hincapié en una formación integral, al menos recibirían los estudiantes una preparación que les facilite entender mejor la realidad, y no los lleve a sentirse fracasados por no poder insertarse en el ámbito laboral.

Es necesario destacar que el avance de la pobreza no es consecuencia de un retroceso de la economía global. Por el contrario, el Producto Bruto sigue creciendo, aunque sus beneficios se concentran cada vez más en pocas manos. Ya Pío XI sostenía que los pueblos labran su fortuna por medio del inmenso trabajo acumulado por todos los ciudadanos, y no es correcto atribuir sólo al capital o sólo al trabajo lo que resulta de la eficaz colaboración de ambos. Por lo tanto, “es totalmente injusto que el uno o el otro, desconociendo la eficacia de la otra parte, se alce con todo el fruto”.
[7]
En la actualidad, incluso, es difícil mensurar la exacta contribución de cada sector, siendo el Producto Bruto un verdadero bien colectivo; entonces, la distribución de la riqueza no puede estar regida por la justicia conmutativa, sino por la justicia distributiva.

Para entender esta cuestión es necesario repasar los conceptos básicos de la economía, que surge de una relación del hombre con las cosas. Pero únicamente con las cosas escasas y útiles, que son los requisitos para que las cosas tengan un valor económico. De esta relación nace la ley de la oferta y la demanda. En la medida en que una cosa es más necesaria o más escasa, tiende a aumentar su valor, y tiende a disminuirlo en la medida en que es más abundante o menos necesaria. Esta ley se aplica, desde la Revolución Francesa, al precio del trabajo, que pasa a ser considerado una mercancía, de modo que cuando se aumenta la oferta de trabajo -que es cuando la gente está más necesitada- el valor del salario baja.
Pero lo criticable en el liberalismo no es la defensa de ley, que es natural y espontánea en las relaciones económicos, sino pretender que la tendencia actúe fuera de todo encuadramiento y subordinación a leyes superiores. Pues existe una segunda ley fundamental de la economía que es llamada de reciprocidad en los cambios, a la que corresponde ordenar las tendencias espontáneas del mercado al bien común. Según esta ley, cuando después de haberse producido una cierta riqueza, se realiza el intercambio, este debe ser hecho de tal forma que no produzca ni adelantos ni retrasos económicos en los diferentes sectores de la sociedad. Aristóteles, quien formuló esta ley (Ética a Nicómano, libro V) razonaba: si alguien da más y recibe menos, desaparece todo incentivo para permanecer en la comunidad. La concepción aristotélica fue profundizada por los teólogos, bajo el nombre de justo precio de los bienes.
Puede, tal vez, ser mejor entendida esta cuestión con un ejemplo actual. Durante décadas, en la Argentina, el Producto Bruto -total de riqueza acumulada en un año- se distribuía equitativamente; el sector laboral asalariado recibía entre el 40 y el 50 % del total, y el resto correspondía al capital. Actualmente, el sector laboral no recibe más del 20 %. Esto se traduce en estadísticas concretas: en l983 los pobres eran el l6 % de la población, en 2003 fueron el 48 %, lo que significa que no se cumplido la ley de reciprocidad en los cambios, y lo que perdió un sector fue aprovechado por el otro.

La economía es principalmente intercambio y existen cuatro sectores: el productor de materias primas, el industrializador, el distribuidor y el financiero, que constituyen cuatro piezas diferentes y complementarias. Es imprescindible, para que la economía funcione bien, que las cuatro piezas estén proporcionadas. Cualquier crecimiento de un sector que no sea seguido del crecimiento proporcional de los otros, deforma y frena el aparato económico, además de la injusticia que conlleva al perjudicar a unos en beneficio de otros de los miembros de la comunidad.
Por ello, Pío XI, al denunciar el imperialismo internacional del dinero, en l931, afirmaba:
“...las riquezas incesantemente aumentadas por el incremento económico-social deben distribuirse entre las personas y las clases, de manera que quede a salvo lo que León XIII llama la utilidad común de todos, o con otras palabras, de suerte que no padezca el bien común de toda la sociedad”. (Quadragesimo anno)

En el siglo XX se intentó mejorar la distribución de la riqueza mediante la política impositiva y la seguridad social. Ambos instrumentos son válidos y pueden contribuir a la solución, pero los frutos demoran en lograrse, los procedimientos son complejos y se corre el peligro de centralizar demasiado las acciones en el Estado. Por eso, desde hace un tiempo ha surgido el concepto de Ingreso Básico o Ciudadano, que tiende a garantizar a todos los habitantes de un país -a partir de una edad determinada- una suma mínima de dinero disponible mensualmente. El promotor de esta iniciativa fue James Meade, premio Nobel de Economía, y parte del supuesto de que todos contribuyen a generar la riqueza creada en el país, por lo que merecen ser retribuidos con parte de dicha riqueza. El Ingreso Ciudadano reemplazaría los actuales subsidios y ayudas sociales -del tipo de Jefes de Hogar-, evitando el asistencialismo. Pero también evitaría la discriminación y humillación de los pobres, pues el ingreso sería un derecho de todo ciudadano, al margen de su situación económica y laboral. No fomentaría la ociosidad, puesto que, al ser un ingreso mínimo -sólo suficiente para asegurar el consumo de la canasta básica de alimentos y servicios- continuaría siendo atractivo disponer de otro ingreso, que sería compatible con el primero. Además, toda la sociedad estaría interesada en incrementar el desarrollo del país, pues el monto del Ingreso Ciudadano, dependerá del Producto Bruto.
Este instrumento no es una simple construcción teórica, sino que ya se está aplicando en varios países de Europa, con distintos nombres y modalidades.
[8]

Aportes de los católicos

Las soluciones globales al problema de la pobreza y de la injusta distribución de los bienes, son posibles, como hemos visto, pero dependen del poder político. Esta circunstancia abona la exhortación de Juan Pablo II a que los católicos intervengan activamente la vida cívica:
“Para animar cristianamente el orden temporal -en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad- los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política; es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común.” (Christifideles laici, p. 42)
De todos modos, mientras se procura que mejore la acción cívica y el funcionamiento del Estado como garante del bien común, los católicos no pueden permanecer indiferentes ante la gravedad de la situación descripta. En el orden personal, debería fomentarse la aplicación de un instrumento de la tradición cristiana, que existió durante muchos siglos: el diezmo, es decir, la entrega voluntaria del diez por ciento de los ingresos individuales, para ayuda comunitaria.
El fundamento de esta institución, lo expresa San Agustín (Sermón 85):
“Quédate con lo que te sea suficiente o con más de lo suficiente. De todo, demos una cierta parte. ¿Cuál? La décima parte. Los escribas y fariseos daban el diezmo. Avergonzémonos hermanos: aquellos por los que Cristo aún no había derramado su sangre daban el diezmo. (...) no callaré lo que dijo el que vive y murió por nosotros. Si vuestra justicia no fuese superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos”.

Desde hace una década, en varios países americanos existe la Pastoral del Diezmo. En Perú, por ejemplo, en la Diócesis del Callao se ha logrado comprometer a l.500 diezmistas, con cuyo aporte las parroquias involucradas aumentaron sus ingresos y pueden desarrollar más proyectos para la misión evangelizadora y de promoción humana.
[9] Otra iniciativa de inspiración católica, en este caso de índole grupal, es la impulsada por el Movimiento de los Focolares, denominada “Economía de Comunión”.
La fundadora, Chiara Lubich, indicó la base:
“Como una planta creada por Dios, que sólo absorbe del terreno el agua que necesita, así también nosotros tenemos que tratar de tener sólo aquello que nos es necesario. Mejor si cada tanto vemos que nos falta algo. Mejor ser un poco pobres, que un poco ricos.”
[10]
La Economía de Comunión, consiste en empresas constituidas por personas que se asocian, invirtiendo sus ahorros en empresas, con la finalidad declarada de que las eventuales utilidades serán destinadas a acciones solidarias. Ya se han formado unas 700 empresas en el mundo, y alrededor de cuarenta en la Argentina.
Para finalizar, recordaremos un pensamiento de Pablo VI, que resume la perspectiva cristiana ante la pobreza y la solidaridad:
“No se trata sólo de vencer el hambre, ni siquiera de hacer retroceder la pobreza. (...) Se trata de construir un mundo donde todo hombre...pueda vivir una vida plenamente humana...y donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico.”

Bibliografía utilizada:

Sacheri, Carlos. “La Iglesia y lo social”; Bahía Blanca, La Nueva Provincia, l972.

Yañez, Humberto Miguel (Comp.). “La solidaridad como excelencia”; Buenos Aires, San Benito, 2003.

[1] Conferencia dictada en la Parroquia “Santísima Trinidad” (Córdoba), el 3-6-04.
[2] Conferencia Episcopal Argentina, 3l-5-03.
[3] CEA, “Navega mar adentro”, 3l-5-03, p. 34.
[4] “Sollicitudo rei socialis”, l987.
[5] “Octogésima adveniens”, l97l.
[6] “Sollicitudo rei socialis”, p. 38.
[7] “Cuadragésimo anno”, l93l, p. 53.
[8] Lo Vuolo, Rubén (Comp.). “Contra la exclusión; la propuesta del ingreso ciudadano”; Buenos Aires, Ciepp/Miño y Dávila editores, l995.
[9] Cristo hoy, 2l/27-9-2000.
[10] Araújo, Vera. “Compartir: el uso cristiano de los bienes”; Buenos Aires, Ciudad Nueva editorial, l99l, p. 57.

lunes, 22 de marzo de 2010

El caso Botnia

PAPELERAS: UN CASO DE IRRACIONALIDAD POLÍTICA

El Rey de España aceptó el pedido del presidente argentino de actuar como facilitador, término que equivale a una gestión diplomática de buenos oficios, en el conflicto con Uruguay, por las empresas papeleras Botnia (finlandesa) y Ence (española).

Es cierto que hubo, por parte del país vecino, una autorización apresurada a dichas empresas, sin consulta previa con la Argentina, como lo establece el Estatuto del Río Uruguay. Es claro que no hubo ninguna acción argentina para hacer cumplir el Estatuto, y el presidente Kirchner ya había dado -en un mensaje al Congreso- por superado el conflicto legal. Se reinicia el enfrentamiento, por la exigencia de los asambleístas de Gualeguaychú.

El asambleísta Jorge Frizler, acaba de aclarar: "No vamos a negociar por el monitoreo ni por un laboratorio conjunto, nada de eso". (La Nación, 13-11-06).

Otro asambleísta, Martín Alazard, agrega: "Lo que el rey debe saber es que, si bien apoyamos el diálogo, lo que queremos es que su mediación sea para que las papeleras salgan del río Uruguay. ¡Que no vaya a interpretar que aceptaremos más monitoreos! No, eso no lo queremos. Nada más, que se vayan". (La Nación, 12-11-06).

I) Cuestión ambiental

Cuesta entender el fundamento de quienes se oponen a la instalación de las papeleras en Fray Bentos, pues en la misma página web de la Asamblea, consta como único documento crítico el informe de la Universidad de la República del Uruguay, de junio de 2006, que no contiene ninguna evidencia que justifique la aseveración del peligro de catástrofe ambiental que se anuncia desde Gualeguaychú.

En efecto, el equipo técnico de dicha universidad manifiesta, por ejemplo:

-"Si bien el Río Uruguay brindará una gran capacidad de dilución de los efluentes vertidos... puede determinar respuestas difíciles de predecir a priori".

-"Los pastizales naturales... producen servicios ecosistémicos tales como el secuestro de carbono... y regulan el ciclo hidrológico. Su sustitución por cultivos forestales en grandes extensiones provoca un drástico cambio en el ecosistema. En el mundo, la expansión de este cultivo sobre ecosistemas de pastizales es reciente, por lo cual no hay aún un conocimiento tan profundo como el que se posee de la sustitución inversa (bosques por praderas)".

-"Aspectos como las emisiones aéreas no han sido consideradas, no por desconocer su importancia, sino por no contar en el equipo con científicos especializados en la temática".

En cambio, en la misma página web, se encuentran los tres informes técnicos encargados por la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial:

1) Estudio de Impacto Acumulativo, de la consultora Hartfield (2005)

2) Informe del experto Dwernychuk

3) Informe de la consultora Ecometrix

Los tres informes han hecho recomendaciones para corregir y mejorar los proyectos de obras, pero surge de los mismos que:

-los comentarios que expresan temor de que las plantas causarán un daño ambiental catastrófico no están fundamentados, son irrazonables e ignoran la experiencia de muchas otras plantas modernas de blanqueo de pulpa;

-resulta claro que deben profundizarse algunos estudios e instrumentarse algunas mejoras, pero debe descartarse el abandono de los proyectos o su relocalización en otro sitio;

-las emisiones de las plantas de celulosa no tendrán efectos perjudiciales en la calidad del agua en ninguna de las dos costas;

-la calidad del aire no afectará a la salud humana (aunque no se soslaya que algunos días, no más de 10 por año, pueda haber algo de olor en las zonas aledañas);

-la playa entrerriana de Ñandubaysal, el punto argentino más cercano a Botnia, no sufrirá cambios en el aire.

Sistemas de blanqueo existentes en la producción de celulosa blanqueada

1) Blanqueo con cloro elemental: con este sistema se emiten dioxinas contaminantes. Es el que fue cuestionado en la planta de Pontevedra y el que siguen usando una decena de plantas en la Argentina.

2) Blanqueado libre de cloro elemental (ECF): utiliza productos clorados, como el dióxido de cloro, en vez del cloro molecular o elemental.

3) Blanqueado totalmente libre de cloro (TCF): se usan productos químicos no basados en el cloro, como oxígeno, ozono, etc.

Botnia eligió para usar en Uruguay en su proyecto "Orion", la tecnología ECF-Light. Al respecto, el Banco Mundial sostiene que: "Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han adoptado el blanqueado con ECF como la Mejor Técnica Disponible. La pasta blanqueada con ECF es preferida en el mercado, ya que tiene fibras de mayor fuerza, mayor rendimiento y produce papel que puede ser reciclado más fácilmente. Durante los últimos 10 años, ECF se ha convertido en la técnica de blanqueado dominante, mientras que TCF tiene sólo una participación en el mercado menor y en declinación".

II) Cuestión jurídica


1. La Corte Internacional de Justicia, ante una demanda argentina, consideró que, al momento del fallo, no existe ningún riesgo evidente de contaminación, que justifique -como lo solicitó Argentina- que deban suspenderse las obras.

2. El Tribunal ad hoc del Mercosur, ante una demanda uruguaya, concluyó que no es correcta la posición del gobierno argentino de hacer primar el derecho humano a la libre expresión del pensamiento, sobre el derecho humano al libre tránsito. La actitud de cortar los puentes y de no actuar del gobierno argentino, no es compatible con los compromisos que se han asumido en el Tratado de Asunción del Mercosur.

Conclusión

La única salida lógica y justa de este conflicto es que ambos países designen una comisión técnica bilateral, que complete los estudios necesarios, y establezca la manera de controlar que el funcionamiento de las plantas ocasione la mínima contaminación posible.

De ninguna manera puede admitirse que las resoluciones de la Asamblea de Gualeguaychú -a las que suelen asistir unos 500 vecinos- determine la política exterior de la República Argentina.

Uno de los conceptos que se han esgrimido en este caso, es el de licencia social, que consiste en "la autorización para operar que debe ser otorgada por las comunidades que se van a ver afectadas por la construcción o instalación de una industria o empresa determinada". Precisamente, en la forma de conducirse de estos vecinos de Gualeguaychú, subyace la ideología ecologista -que en este caso ha difundido Greenpeace- que exagera las consecuencias negativas del desarrollo económico, y pretende que la gente -representada por las entidades ecologistas- ejerza un derecho de veto ante una obra que implique un presunto daño ambiental.

Como enseña el Magisterio de la Iglesia:

"La tecnología que contamina, también puede descontaminar; la producción que acumula, también puede distribuir equitativamente, a condición de que prevalezca la ética del respeto a la vida, a la dignidad del hombre y a los derechos de las generaciones humanas presentes y futuras".[1].


Fuentes:

La Nación: 18-4-06, 8-9-06, 26-10-06, 12-11-06, 13-11-06.

Clarín: 10-10-06.

Página 12: 6-2-06, 7-11-06.

Debate: 2-11-06.

Diario OnLine, Concordia, 4-5-06

www.greenpeace.org/argentina

www.noalapapelera.com.ar

www.ifc.org/ufcext/Content/Uruguay


[1] Pontificio Consejo Justicia y Paz. "Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia"; CEA, 2005, p. 465.

(Publicado en: Bitacorapi, 21-11-06)

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LAS PAPELERAS DEL PAPELÓN

El pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya, puede hacer pensar a algunos que la posición de la Argentina ha mejorado. En realidad, los especialistas en derecho internacional sabían desde el comienzo que nuestro país no tiene ninguna posibilidad de ganar este pleito, habiéndose producido sólo una resolución sobre una cuestión accesoria. El motivo es que la mayoría de los jueces de este tribunal se fundamentan habitualmente en el derecho consuetudinario, y el hecho de que las plantas radicadas en el Uruguay utilicen la tecnología ECF que es la misma que usa el 70 % de las plantas de celulosa en todo el mundo, hacen que el resultado sea previsible. Si el fallo admitiera la tesis argentina de la grave contaminación que producirán estas plantas, significaría que queden cuestionadas automáticamente las plantas similares de Europa y Estados Unidos.

Por otra parte, se ha conocido que la defensa uruguaya, para la cuestión de fondo -que se resolverá cuando ya la empresa Botnia esté produciendo pasta de celulosa-, incluirá un informe técnico elaborado conjuntamente por especialistas argentinos y uruguayos (La Nación, 21-1-07). Dicho informe pertenece al grupo "Ambiente y Desarrollo", coordinado por Gustavo Braier, y en el se refuta el estudio realizado por la Universidad La Sapienza, de Roma, que encargó Adolfo Pérez Esquivel y fue anexado al informe argentino ya presentado en La Haya.

El profesor Marcelo Conti, de La Sapienza coordinó un grupo de estudio (GTE) que confeccionó el informe mencionado, que fue sometido a un riguroso análisis por profesionales argentinos y uruguayos. El informe de Ambiente y Desarrollo está firmado por:

Argentinos

-Agustín Viale, ingeniero industrial, con 40 años de experiencia en la industria papelera;

-Mario Féliz, doctor en bioquímica y profesor de la Universidad Nacional de La Plata;

Uruguayos

-Oscar Ventura, investigador de química, con experiencia internacional;

-Walter Isabella, profesor de química, con experiencia en papeleras argentinas;

-Luis Anastasía, consultor en temas de impacto ambiental.

El GTE del profesor Conti sólo estudió los informes de las consultoras EcoMetrix y Hartfield, siendo de destacar que en el grupo no hay expertos en temas relacionados con la industria de la celulosa. Además, Italia no posee experiencia en la fabricación de pasta de celulosa. Tampoco consultó el grupo los informes de impacto ambiental realizados en Uruguay sobre estas fábricas, ni tuvieron en cuenta los detallados modelos fisicoquímicos y computacionales existentes.

Estos factores condujeron a errores relevantes en el informe, que resulta tendencioso y no tiene ninguna base científica. Algunos de las críticas señaladas:

-Confunden procesos como el de fabricación de pasta (objeto del estudio), con el de fabricación de papel, que es un proceso diferente y no se realizará en Uruguay.

-Ignoran que el Convenio de Estocolmo y todos los especialistas de prestigio, coinciden en que en los procesos estudiados no se producen dibenzo-p-dioxinas o dibenzofuranos policlorados en niveles detectables.

-Ignoran la existencia de mecanismos de eliminación y mitigación de las emisiones (notablemente los barros biológicos y los precipitadores electrostáticos) o el significado de las BAT (mejores técnicas disponibles, por su sigla en inglés).

-Basa el análisis del proceso productivo en datos obtenidos de álamos, abedules y abetos, cuando las papeleras uruguayas utilizarán eucalipto como materia prima.

-Se habla de sumatoria continua de aportes contaminantes, como si los efluentes fueran vertidos en una charca sin flujo, cuando en realidad se los vierte en un ambiente receptor (el río Uruguay) que aún en la situación más crítica de su historia tiene un caudal comparable con el Elba, donde se vierten los efluentes de la moderna planta de Stendal, en Alemania.

-No hay ningún análisis matemático, computacional, químico o físico, que respalde las opiniones del informe Conti, que por lo tanto presenta un escaso valor académico.

Todos los procesos de producción de pulpas celulósicas producen algún grado de contaminación, pero actualmente se ha avanzado tanto en las medidas de mitigación que sus emisiones son mínimas. El grado de contaminación que presentan hoy las fábricas modernas de pulpa celulósica, es comparable a la de cualquier otra industria. Pero, para tratar de esclarecer sobre el conflicto con Uruguay sobre las papeleras, Ambiente y Desarrollo detalla las que llama:

Siete mentiras anticapitales

1. Se repite continuamente que la planta de Botnia en Fray Bentos, será la más grande del mundo (Un millón de toneladas/año).

En Finlandia, en el pueblo de Imatra, funciona la planta de Stora-Benso, que produce 1,1 millones de toneladas al año.

2. Se afirma que las fábricas de celulosa son muy contaminantes.

Finlandia, país pequeño, posee 40 plantas que producen 12 millones de toneladas de pulpa celulosa al año, lo que no le ha impedido ser el país que está a la cabeza del mundo por el cuidado de su medio ambiente.

3. Se afirma que la industria del papel acabará con los árboles de la región.

Finlandia es el país más forestado de Europa.

4. Se asegura que las plantas producirán tantas dioxinas que producirán cáncer en muchas personas de la zona.

Según la EPA (agencia norteamericana de control ambiental), en la actualidad el origen del 85 % de las dioxinas liberadas al ambiente, son de origen no industrial, y la contribución de la industria pulpera es prácticamente nula.

5. Se dice que las pasteras abandonan los países desarrollados para que la contaminación afecte a los países pobres.

La producción mundial de celulosa se aproxima a las 280 millones de toneladas anuales. De ese total, el norte de América, Europa y Japón producen más de dos tercios, en más de 500 plantas de pasta.

6. Creen algunos que estas plantas van a utilizar en Uruguay métodos de blanqueado de pulpa prohibidos en Europa.

El método que la Comunidad Europea ha dispuesto exigir, a partir de 2007, y se exige en Estados Unidos y Canadá, es el ECF, el mismo que usarán las dos empresas que se instalaron en Uruguay. Este método ha permitido eliminar la contaminación de las vías de agua.

7. Se teme que las plantas sobre el río Uruguay afecten el turismo entrerriano.

Finlandia, es un país receptor de turistas de todas partes del mundo; en el año 2004 lo visitaron 5 millones de personas.

La producción de pulpa celulósica

Cada tipo de papel requiere un determinado tipo de pulpa:

1) Pueden fabricarse con pulpas mecánicas o fibras recicladas, especialmente: cartones, higiénicos de calidad media, papel de periódicos, revistas y otros.

2) No se puede incluir fibra reciclada ni pulpa mecánica, en papeles para libros de calidad (porque deben perdurar), en papeles tissue de alta calidad (uso facial por ejemplo, ya que deben estar libres de todo contaminante), ni en pañales descartables (por el mismo motivo). Y estos papeles de alta resistencia deben ser fabricados con pulpa kraft de coníferas.

Debido a esta distinción es que la tecnología TCF (totalmente libre de cloro) que recomienda Greenpeace, sólo es utilizada para producir el 5 % de la pulpa celulósica del mundo, pues no es apta para la fabricación del segundo tipo de papel.

La fabricación de pulpa kraft cuenta con un sistema de recuperación de reactivos, que además de minimizar su descarga al efluente, genera la energía que necesita la fábrica para funcionar. Las propuestas más actuales para transformar al proceso kraft en una tecnología limpia, se han tratado en Comités Internacionales (como la comisión de Helsinki, en el año 2004), que definieron acciones para limitar las emisiones y descargas.

El mayor problema es el blanqueo de las pulpas kraft. Este ha sido modificado substancialmente en los últimos 20 años, de forma tal que actualmente produce la misma contaminación que otros procesos productivos. Una pauta importante que evidencia el cambio en la contaminación, al pasar del blanqueo con cloro elemental al sistema ECF (el que se usará en Uruguay), es la recuperación sostenible de ecosistemas acuáticos afectados en el mundo, que fue posible por la casi completa eliminación de dioxinas.

Las alertas de consumo de pescado, río abajo de las fábricas de pulpa y papel están desapareciendo rápidamente en el mundo.

Ha afirmado Eduardo Ferreira, director de la Fundación Argentina para la Ecología Científica, que: "Debajo de Fray Bentos el nivel de dioxina existe por procesos naturales. A todo el barro del río Uruguay le han dado 20 microgramos de dioxina por litro. A partir de las plantas van a tener un microgramo más, eso no es peligroso".

En conclusión, para la Argentina, analizado el tema con la mayor objetividad, no cabe duda que se trata de las papeleras del papelón.

Fuentes:
www.ambienteydesarrollo.com.ar, e Infobae, 17-12-06 y La Nación, 21-1-07

Publicado en Bitacorapi, 30/01/2007

viernes, 19 de marzo de 2010

El sistema preventivo de Don Bosco

Uno de los aportes más significativos a la educación católica, fue el sistema preventivo, que elaboró Don Bosco. Es lógico que el paso del tiempo hace necesario una adecuada actualización de la metodología a las necesidades y problemas actuales. En ese sentido debe mencionarse el congreso realizado el año pasado por la congregación salesiana sobre Sistema preventivo y derechos humanos.
No puede dejar de preocuparnos, sin embargo, que algunos salesianos pretendan una actualización que implicaría distorsionar el pensamiento de Don Bosco. Se procura, por ejemplo, complementar el sistema preventivo con los aportes de pensadores modernos como Michel Foucault y el P. Jon Sobrino SJ. El primero de los autores citados fue claramente anticristiano y el segundo ha sido sancionado por la Santa Sede por su heterodoxia. Adjuntamos algunos datos sobre ambos.
JON SOBRINO

En 26 de noviembre de 2006, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una Notificación aprobada por el Papa Benedicto XVI con el propósito de "llamar la atención acerca de ciertas proposiciones que no están en conformidad con la doctrina de la Iglesia presentes en las obras del P. Jon Sobrino. Tales proposiciones se refieren a cuestiones metodológicas y cristológicas. Sus obras cuestionadas son: Jesucristo liberador: lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret y La fe en Jesucristo: ensayo desde las víctimas”.
Básicamente la Congregación para la Doctrina de la Fe acusa a Jon Sobrino de falsear la figura del Jesús histórico al subrayar en demasía la humanidad de Cristo, ocultando su divinidad.

El 11 de marzo de 2007 el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz dio a conocer la sanción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, contra Sobrino, la cual implica la prohibición de enseñar en instituciones católicas -Sobrino es profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador- y el retiro del nihil obstat (visto bueno eclesial) a sus obras. Consecuentemente con la resolución de la Congregación de la Fe, las autoridades eclesiásiticas quedarían habilitadas para sancionar a Jon Sobrino con la prohibición de dar clases en centros eclesiales o de publicar libros sin permiso previo de la autoridad eclesiástica.


PELIGROS EN LA EDUCACIÓN

El Arzobispo de La Plata, Mons. Héctor Aguer, aclaró que la Iglesia Católica no se opone a la educación sexual en las escuelas sino que pide a las autoridades proponer programas de "educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia".

"Corre la voz, frecuentemente, de que la Iglesia está en contra de la educación sexual. Falso", sostiene el Arzobispo y explica que solo "nos oponemos a la transmisión en la escuela de una noción de la sexualidad humana que elude toda referencia fundante a la naturaleza de la persona y de sus actos y que se agota en información parcializada y en la recomendación de la sospechosa seguridad que brindan anticonceptivos y preservativos".

"Esta instrucción incompleta, y a la vez explícita, no toma en cuenta la dimensión afectiva y relacional, la necesidad de la autodisciplina y del respeto a valores objetivos; tal enfoque conlleva el riesgo de estimular en los adolescentes el acceso prematuro e irresponsable a la experiencia sexual", advierte.

Según Mons. Aguer, "los fundamentos de esta versión reduccionista de la educación se encuentran en la ideología de género, en la sociología constructivista y en las ideas de Michel Foucault, según el cual la sexualidad habría sido confiscada por la familia conyugal para absorberla en la seriedad de la función reproductiva. El propósito implícito es, entonces, liberar a los adolescentes argentinos de ese ‘estereotipo cultural’. Con estas orientaciones sólo puede temerse la destrucción de la familia y la consiguiente ruina de la sociedad".

Asimismo, advirtió que "en las últimas semanas ha cobrado notoriedad un proyecto legislativo que propone difundir en las escuelas bonaerenses la esterilización quirúrgica".

"La norma merece un reproche ético gravísimo, ya que promueve una mutilación contraria al bien integral de la persona: la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir", precisa y lamenta que un grupo de diputadas del oficialismo haya cuestionado la participación de la Iglesia en el debate calificándola de "eventual intromisión".

"Llama la atención esta inclinación totalitaria de las legisladoras, ya que no sólo los obispos, sino cualquier ciudadano y en el caso comentado los padres de familia, tienen el derecho y el deber de peticionar y de emprender toda gestión legítima para procurar que las leyes que se dicten no contradigan el orden moral", precisa.

BUENOS AIRES, 14 May. 08 / 04:40 am (ACI)

martes, 9 de marzo de 2010

Malvinas y el petróleo


Con motivo de la actual disputa diplomática con Gran Bretaña, por el comienzo del trabajo de una plataforma semisumergible de extracción de petróleo en las Malvinas –“Ocean Guardian”-, debemos recordar lo que expresamos hace 27 años en el boletín Acción Nº 4, de enero de 1983:

“De los 3.300.000 km2 que abarca la plataforma continental argntina, 2 millones corresponden a la plataforma marginal Malvinas-San Pedro (Georgias). Esta área es de prioritario interés para varios países que han detectado allí enormes riquezas en hidrocarburos, minerales y proteínas. Con referencia a los hidrocarburos, la principal estimación –utilizando modelos matemáticos- la ha realizado el geólogo chileno Bernardo Grossling y fue publicada por el Departamento del Interior del gobierno norteamericano (“In search of a statistical probability model for petroleum resouce assessment”, 1975).

Es un axioma en el campo de la geología del petróleo que cuanto mayor es el volumen de los sedimentos, mayores son las probabilidades de encontrar petróleo. El volumen de los sedimentos se mide en kilómetros cúbicos y el grosor de los mismos permite comparar las cuencas del Mar del Norte, que tienen un grosor máximo de 3,5 km3., con el de la Cuenca de las Malvinas que supera los 8 km3. Si se toma como base mínima un promedio de 8.000 m3 de petróleo por cada km3 de sedimentos y sabiendo que la Cuenca de las Malvinas tiene un volumen sedimentario de 650.000 km3, la riqueza potencial de la misma es de 5.000 millones de m3 de petróleo.”

“Los ingleses conocen perfectamente la seriedad de las estimaciones sobre la existencia real de petróleo en la zona Malvinas, a tal punto que el gobierno dispuso que todos los trabajos de prospección geofísica en las aguas que circundan el archipíélago malvinense, realizados por institutos del Reino Unido debían mantener en reserva las conclusiones y darlas a conocer al Foreing Office. Este encomienda el primer estudio sistemático a los geólogos de la universidad de Birminghan, Griffith y Parker, en 1970. en base al informe producido, en la temporada 1971/72, el más importante barco oceanográfico de la Marina inglesa –“Shackleton”- efectuó mediciones gravimétricas en la cuenca, y en los dos años siguientes, éste y otro barco –“Endurance”- completan los registros de sísmica, refracción y reflexión, en un recorrido total de 6.700 km.
Con la información recogida, la universidad de Birminghan elabora un informe final titulado “Geology of the region around the Falkland Islands”, en marzo de 1975. Significativamente, a partir de ese momento se endurece la posición británica en las negociaciones diplomáticas con la Argentina.”

En 1993 ya se disponía de estudios más precisos:
1. Los del GRAVSAT (Satellite Observing Systems Litd.), que busca anomalías gravitatorias regionales desde altímetros satelitales.
2. Los del British Geological Survey.
Se conocía así la existencia de una zona de 200.000 km2 alrededor de las islas con posibilidades de contener petróleo en cantidades comerciales. Por eso, el Foreign Office propuso un marco jurídico que permitiera la actividad exploratoria; así surgió la Declaración Conjunta de Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental, de 27-9-1995.
Sobre este tratado -que adoptó la figura de acuerdo para evitar el debate en el Senado-, opinamos que constituía la “claudicación definitiva en las Malvinas” (Acción Nº 38, de noviembre 1995). La Argentina podría haber exigido otros procedimientos para la explotación conjunta:

1) Unit Operation: se denomina así a la explotación de hidrocarburos en una zona en disputa, por un operador único, con distribución de utilidades entre los países interesados. Así se procedió entre Gran Bretaña y Noruega, en 1976, con respecto a la cuenca Frigg, y entre Japón y Corea, en 1974, sobre la plataforma continental.

2) Condominio: el condominio de un área en disputa, reconoce como antecedente el acuerdo entre Arabia Saudita y Sudan sobre una zona del Mar Roja, en 1974. En estos casos, al vencer el plazo fijado para el condominio, se produce la transferencia de soberanía a una de las partes, o bien la partición de la zona; esto último ocurrió entre Kuwait y Arabia Saudita, en 1965.

Como la Argentina no procuró esas opciones, Gran Bretaña logró el tratado que le convenía, y poco después, los kelpers concedieron 12 contratos de exploración. Recién en marzo de 2007 el gobierno argentino dio por concluido el acuerdo mencionado, pero ya era tarde, pues se había confirmado la existencia de hidrocarburos: 12.950 millones de barriles de petróleo de reservas probables, lo que representa 6.475 millones de barriles probadas (un 50 % menos).
A la cotización actual del barril (U$S 80), las reservas producirán 542 mil millones de dólares, lo que hace ilusorio creer que, habiendo llegado a esta instancia, los ingleses renunciarán a un negocio seguro, facilitado por la impericia y negligencia de los sucesivos gobiernos argentinos.

Apuntemos, como antecedente, que el Council on Foreign Relations anunció en 1984 que en 1990 se restablecerían las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Gran Bretaña, lo que efectivamente ocurrió en febrero de ese año. Para enfrentar a un oponente de esta categoría se necesita una estrategia, diseñada por especialistas, no por guerrilleros reciclados como el actual Canciller. Tampoco ayudan los intelectuales que proponen soluciones que implican resignar nuestros derechos, para obtener algunas migajas, como lo sugieren los párrafos que citamos en el anexo.

El patriotismo, en esta hora aciaga, debe comenzar por combatir el pesimismo, y empeñarse en defender los intereses nacionales con la misma fuerza con que lo hicieron nuestros antepasados. Hace pocos días se cumplieron 160 años de un acto que resaltó el triunfo argentino sobre las dos potencias más grandes de la época: el 27-2-1850 el Clte. Reynolds, por orden de su Majestad Británica, izó el pabellón argentino al tope del mástil de una fragata inglesa, saludándolo con 21 cañonazos.
En vísperas del aniversario del fallecimiento de quien hizo posible dicho triunfo, debemos hacer nuestra una frase del P. Alberto Ezcurra:

TE ROGAMOS SEÑOR QUE LE DES A DON JUAN MANUEL DE ROSAS EL DESCANSO ETERNO, Y QUE A NOSOTROS NOS NIEGUES EL DESCANSO, NOS NIEGUES LA TRANQUILIDAD, LA COMODIDAD Y LA PAZ, HASTA QUE, CON LOS ESCOMBROS DE ESTA PATRIA EN RUINAS, SEPAMOS EDIFICAR LA ARGENTINA GRANDE QUE JUAN MANUEL AMÓ, EN LA CUAL SOÑÓ Y POR LA CUAL ENTREGÓ SU VIDA.

(Boletín Acción Nº 135)



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ANEXO

DOS PROPUESTAS PARA MALVINAS QUE IMPLICAN TRAICIONAR EL INTERÉS NACIONAL

La experiencia de Hong Kong
Rodolfo Terragno

¿Teme una escalada conflictiva?

Hay que evitar siempre la diplomacia del megáfono. El problema, en política exterior, es cuando los respectivos gobiernos hablan para su tribuna, pensando en lo que va a salir mañana en los diarios. La Argentina tiene que ser muy firme, debe tomar la ofensiva diplomática, pero con argumentos, con sobriedad, sin imputaciones. Una negociación termina siempre en una ruptura o en un acuerdo. Para que haya acuerdo tiene que haber concesiones recíprocas. Manuel Moreno planteó, en su momento, la posibilidad de repartir una isla para cada país. Juan Manuel de Rosas propuso canjear las islas por deuda. Hoy no se debe pensar ni en partir las islas ni en darlas como parte de pago, pero se debe pensar en fórmulas similares a la de Hong Kong, por ejemplo, que han sido exitosas.

¿En qué sentido?

Se podría pensar en una transición ordenada y respetuosa de ciertos valores, principios y tradiciones de los isleños. Pero una cosa es decir “bueno, vamos a poner sobre la mesa un esquema tipo Hong Kong” y otra, muy distinta, es decir “mañana nos tienen que devolver las islas de manera incondicional”.

La soberanía definitiva, entonces, ¿debería considerarse un imposible en el mediano plazo, según su apreciación?

No. Hay que buscar un punto de acuerdo y ver cuáles son las concesiones que se pueden hacer para ofrecer un esquema de transición. Y si cito a Hong Kong como ejemplo, es porque parecía imposible que se reincorporase a China. Ahora, no se reincorporó por la fuerza, sino sujeta a determinadas normas y con una autoridad especial.

Esto sí lo ve posible.

Lo veo deseable. Ahora, dependerá de la posición de cada uno.
Pero la Argentina no es China.
Y las islas Malvinas no son Hong Kong, es cierto. Pero no planteo un traslado mecánico del “modelo Hong Kong”, sino tomar el espíritu de esa experiencia. Necesitamos una transición que no deje las cosas tal como están, ni implique la aceptación lisa y llana de la posición del otro. Tiene que ser una transición que genere un régimen especial y que nos permita dar pasos adelante, con transferencias graduales, para que, dentro de cincuenta años, por poner una fecha, podamos concretar la soberanía.

Revista Debate, 27-2-10, pag. 13.


“Necesitamos una estrategia con acento en la cooperación”
Juan Gabriel Tokatlian

El primer dato nuevo a tener en cuenta es el renacimiento de una geopolítica de los recursos estratégicos. Y no me refiero solamente al petróleo y al gas sino también a la energía nuclear y a los recursos hídricos o alimenticios. Hay un contexto de tensión y de pugnacidad geopolítica creciente en el escenario internacional relacionado con esto, que no se debe obviar. En segundo lugar, el precio del petróleo es otra variable importante. Cuando se hicieron exploraciones semejantes a éstas, entre 1995 y 1998, abandonadas luego por compañías noruegas o por Shell, el precio del petróleo era bajo. Actualmente está por las nubes y todo indica que va a seguir en alza. En consecuencia, una inversión en este terreno hoy sería potencialmente más factible. Aun así, hay que ponerle muchos paréntesis al tema, porque todavía no se puede hablar de reservas probadas, sino de datos potenciales.

Yo enmarco la cooperación como una estrategia sostenida en varios ejes: un fuerte liderazgo político que vaya más allá de una gestión en particular, rendición de cuentas transparente de lo actuado y nuevos trazos diplomáticos. Por ejemplo, por qué no aprovechar el tema de la explotación petrolera para hacer una asociación entre Enarsa, Petrobrás y Pdvsa para presentarse a la licitación y ganar la capacidad de hacer perforaciones en las Islas Malvinas. Esto no significaría reconocerle nada a Gran Bretaña en términos de soberanía, pero incrementaría la posibilidad de dialogar y resolver problemas con los británicos y con los isleños. Pongo este ejemplo, pero en diferentes ámbitos se podrían encontrar señales concretas. ¿Para demostrar qué? Para demostrar que, por el rumbo de la cooperación, con resultados prácticos para las tres partes y sin olvidar nunca la soberanía, es posible gestar condiciones que permitan, en el muy largo plazo, hacer efectiva la soberanía argentina.

Sería algo así como separar los planos de la negociación, generar dos instancias diferentes.

Y esta otra instancia traería grandes beneficios. La Argentina está ávida de recursos gasíferos y petroleros, ante las limitaciones concretas que ya tenemos. Por lo tanto, necesita potenciar una compañía estatal, como en algún momento lo fue YPF, con un Estado fuerte. Y necesita hacer sociedades estratégicas con nuestros vecinos. Bueno, aprovechemos Malvinas para eso. O para una política pesquera. Además, hay que hacer un sofisticado eslabonamiento temático, entrelazar este tema con otros, en los cuales la Argentina logre ventajas reales y más socios, lo que redituaría también en una posición relativa más fuerte.

Estos casos que pone como ejemplo, ¿implicarían una explotación conjunta con las otras partes en conflicto?

Sí, hay que introducir cosas nuevas para pensar que podemos explotar conjuntamente los recursos de las Malvinas sin que esto menoscabe ni un centímetro el reclamo por la soberanía. Ingresamos en el año del bicentenario sin las Malvinas y es posible que nos lleve otro siglo la recuperación pacífica de la soberanía. El único modo de dar pasos adelante es una estrategia de largo plazo que ponga el acento en la cooperación. La imagen que tenemos que dar es la de un país que quiere enmendar, resolver, solucionar, prosperar, cambiar, mejorar, cooperar. La Argentina no puede presionar, sin recursos, a la espera de que Gran Bretaña, que todavía tiene los movimientos de un viejo imperio, se vaya a sonrojar y abandone las Malvinas. Ni puede jugar a la seducción enviando ositos de peluche. Hay que dejar atrás estos viejos lastres.

Revista Debate, 27-2-10, pags. 14/15.