1. Para un católico, hay valores no negociables que deben ser promovidos y protegidos, especialmente, por quienes se dedican a la política. El Papa Benedicto XVI los expresó en forma detallada, siendo Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe[2] -en la Nota Doctrinal referida a la política-, los resumió, después, en la Encíclica Sacramentum Caritatis, y los ha ratificado insistentemente. Ellos son:
"...el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural; la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer; la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas"[3].
2. La única manera de hacer efectiva esta obligación moral es participando activamente en la vida cívica. Por eso es que, antes de ocuparnos del tema específico indicado, se debe partir de dos premisas doctrinarias: la licitud moral del voto[4], y la obligación de respetar el régimen institucional vigente[5], sin que ello implique avalar las imperfecciones que atribuyamos al sistema electoral y a la Constitución vigentes.
2.1. Algunos objetan estas premisas:
A) el artículo del Catecismo referido al voto, estaría interpretado simpliciter –de modo directo o simplista-, y correspondería hacerlo secundum quid –matizado según las circunstancias.
B) sobre la encíclica Au milieu des solicitudes, se alega que estuvo dirigida a los franceses, en una situación determinada, por tanto lo que expone no es magisterio universal.
3. Respondemos:
3.1. Al aprobar el texto del Catecismo, Juan Pablo II manifestó: “Lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe”[6]. Si para interpretarlo adecuadamente fuese necesario conocer teología y latín, no sería una norma segura pues no sería posible una interpretación unívoca. En conclusión, debe ser interpretado simpliciter.
3.2. Si la mencionada encíclica de León XIII estuvo dirigida a los franceses; con posterioridad, la misma enseñanza se reiteró en documentos destinados a los católicos mejicanos, españoles y portugueses, y suscriptos por otros dos Papas (Benedicto XV, Pío XI); por lo tanto, es magisterio universal, y no hay ningún documento que contradiga el criterio fijado.
4. La insistencia actual en los valores no negociables es importante pues, en el pasado reciente, muchos políticos católicos han dado prioridad a otras cuestiones. Por ejemplo, en Italia las leyes de divorcio y aborto fueron firmadas por jefes de Estado y ministros demócratas cristianos. También en España, el Partido Popular, integrado y votado por muchos católicos, ha promovido iniciativas que favorecen el aborto, la homosexualidad, etcétera. En nuestro país, legisladores católicos han votado favorablemente varias leyes, que habían sido públicamente cuestionadas por el Episcopado. La última ocasión fue la Ley Marco de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual, en la Ciudad de Buenos Aires, apoyada por 47 votos a favor y ninguno en contra.
5. No se trata, entonces, de intervenir en la vida pública, para adaptarse a lo que sostiene la mayoría, según las encuestas, sino, precisamente, para defender y procurar aplicar, con firmeza, la propia doctrina.
Tampoco la decisión de participar en política implica que todos se sientan obligados a afiliarse a un partido, ni mucho menos a postularse como candidatos. También la emisión del voto, deberá quedar librada a la conciencia individual.
6. Existen, sin embargo, varias alternativas a la participación en un partido, que podrían utilizarse:
1. En España, cuatro partidos han firmado (septiembre de 2008) un Manifiesto de los Principios no negociables, sin perjuicio de presentar listas separadas y programas distintos.
2. Se ha constituido un Frente Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la vida, presidido por la Senadora argentina Negre de Alonso, e integrada por dirigentes políticos de varios países, con el objeto de coordinar acciones en defensa de la vida y la familia.
3. Fundaciones y centros de estudios tienen la posibilidad de influir en la vida cívica: formulando y difundiendo propuestas, asesorando a gobernantes y partidos, formando dirigentes, y controlando la gestión pública.
4. Varias entidades, que coincidan en los valores no negociables, pueden realizar una tarea conjunta de orientación a los ciudadanos, sobre los candidatos y plataformas electorales, señalando con precisión quienes respetan dichos valores, y por lo tanto, constituyen opciones válidas entre las cuales cada uno podrá decidir apoyar a la de su preferencia.
Objeciones a la participación en política
7. La Iglesia siempre ha considerado válido cualquier sistema político que asegure el bien común; por eso, cada fiel tiene derecho a preferir uno en particular. Algunos podrán considerar que el más perfecto es la monarquía, otros preferir el corporativismo. Pero es obvio, que en un país como el nuestro, donde rige el sistema republicano desde hace 199 años, no habrá posibilidad de cambiarlo por otro, a menos que sea interviniendo en el régimen vigente o utilizando la fuerza.
8. De las dos premisas indicadas al comienzo, se infiere la necesidad de actuar en política, utilizando las herramientas que permite la legislación, sin desconocer las dificultades que conlleva esa decisión. La compleja y desagradable realidad contemporánea puede hacer caer en dos tipos de convicciones erróneas, que, a su vez, conducen a estrategias para enfrentar la realidad.
8.1. Primera posición:
Algunos sostienen que, como existe un oligopolio partidocrático que restringe las chances electorales a dos o tres partidos o alianzas, es un esfuerzo inútil aceptar el combate electoral, con el consiguiente desgaste de dinero y energías que podrían ser mejor empleadas.
Entonces, aducen, mientras no cambie el panorama, conviene concentrar el esfuerzo en el combate intelectual, formando a los jóvenes que en el futuro podrán ocuparse de la política.
8.2. Segunda posición:
Como la corrupción de la política se acelera y se vulneran gravemente los cuatro valores, es necesario enfrentar con energía al gobierno, ejerciendo el derecho de resistencia.
Análisis
A) La acción cultural no debe descuidarse, por el contrario debe acentuarse, perfeccionando los instrumentos correspondientes. Pero, como enseña el Magisterio y demuestra la historia, en última instancia es el poder político el que determina, incluso, las posibilidades de la acción cultural[7].
Refugiarse en cenáculos intelectuales, hasta que se produzca el cambio que soñamos, es caer en la utopía. Afirmaba Juan XXIII: “tengan presente que el crecimiento de todas las cosas es una ley impuesta por la naturaleza y que, por tanto, en el campo de las instituciones humanas no puede lograrse mejora alguna si no es partiendo paso a paso desde el interior de las instituciones”[8].
B) El derecho de resistencia puede y debe aplicarse, pero respetando las condiciones que fija el Catecismo[9]. Saltear los tres grados previos (resistencia pasiva, resistencia legal, resistencia activa de hecho), para promover la rebelión armada, no es lícito moralmente, y es un planteo ineficaz y suicida[10].
Juan Pablo II, hablando a los dirigentes de Irlanda, negó la tesis de que la política no puede conseguir la justicia, y que solamente la violencia conduce al cambio[11].
Un caso concreto de aplicación de la doctrina lo encontramos en la Carta Encíclica de Pío XI “Acerba anima”, donde el Papa explica que al haberse mitigado parcialmente la persecución religiosa en México “parecía conveniente suspender las medidas de resistencia, que podían ser cada vez más dañosas al pueblo cristiano, y adoptar otras medidas más adecuadas a la nueva situación” (p. 10).
Cómo evaluar el respeto a los valores no negociables
9. La posición con respecto a los tres primeros valores (vida-familia-educación) queda manifestada directamente en la Plataforma Electoral, en la propaganda, los discursos y los reportajes. Puede detectarse fácilmente.
No obstante, cabe reconocer que, en muchos casos, la posición del candidato/partido no refleja convicciones o decisiones racionales, sino que obedece a actitudes circunstanciales debidas a: demagogia, adaptación a opiniones mayoritarias, o al asesoramiento de especialistas.
10. En cambio, la posición respecto al Bien Común, que a veces sólo puede detectarse indirectamente y cuesta descubrir, siempre está ligada a la ideología o doctrina del candidato/partido. Puede servir como guía para el análisis, el hecho de que el Bien Común siempre se vincula a otros dos principios del orden social: solidaridad y subsidiariedad.
10.1. Quien profesa -expresa o tácitamente- el liberalismo tiende a descuidar o restringir la solidaridad, para acentuar los derechos individuales, en especial el de propiedad privada.
10.2 Quien promueve el colectivismo -como el marxismo o el fascismo- suprime o debilita la subsidiariedad.
10.3. Como explica un autor uruguayo, se puede representar gráficamente sobre un eje longitudinal la forma de concebir el papel del Estado: “Si uno se mueve desde el centro hacia la derecha sobre el referido eje horizontal, llega un momento en que deja de respetar el principio de solidaridad. En cambio, si uno se mueve desde el centro a la izquierda, llega un momento en que deja de respetar el principio de subsidiariedad. Entre ambos puntos está la zona del pluralismo político legítimo”[12].
10.4. Si partimos de la definición pontificia de Bien Común: el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección, puede determinarse –ya sea de los antecedentes o de los proyectos- si se procura o no el Bien Común. Puesto que ello no depende de la capacidad económica o poderío político del país respectivo, sino de la orientación del Estado en las políticas públicas.
Valga como prueba que el Índice de Desarrollo Humano –que refleja en gran medida la calidad de vida de la población- muestra que los siete países mejor ubicados, no son precisamente los más importantes. En efecto, en orden decreciente, figuran: Islandia, Noruega, Canadá, Australia, Irlanda, Países Bajos y Suecia, entre el 1º y el 7º lugar. Recién en el 8º lugar figura Japón, en el 11º Francia y en el 15º Estados Unidos[13].
Conclusión
El cristianismo siempre ha considerado a la política como una actividad noble, pero no deben confundirse los planos y pretender con la política lograr la perfección de una sociedad; es imprescindible, sin embargo, para ayudar “a reducir el mal y a acentuar el bien lo más posible, y a crear un orden de convivencia estable, en el que, eso sí, puedan florecer libremente las perfecciones personales y comunitarias”[14].
Córdoba, marzo 5 de 2009.-
Mario Meneghini
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[1] Escrito con motivo de los 28 años del Centro de Estudios Cívicos, dedicado, desde 1981 al estudio de los problemas temporales desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia.
[2] Congregación para la Doctrina de la Fe. “Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública”; 24-11-2002, p. 4.
[3] Encíclica Sacramentum Caritatis, 22-2-2007, p. 83.
[4] Catecismo de la Iglesia Católica, 2240.
[5] Encíclica “Au Milieu des solicitudes”, p. 16/23.
[6] Constitución Apostólica Fidei Depositum, 11-10-1992, p. 4.
[7] “Sin embargo, es cosa de todos sabida que, en los campos social y económico –tanto nacional como internacional-, la decisión última corresponde al poder político” (Octogesima Adveniens, 46).
[8] Pacem in terris, 162.
[9] “La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: 1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; 2) después de haber agotado todos los otros recursos; 3) sin provocar desórdenes peores; 4) que haya esperanza fundada de éxito; 5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores (Catecismo, 2243).
[10] “La gravedad de los peligros que el recurso a la violencia comporta hoy evidencia que es siempre preferible el camino de la resistencia pasiva, más conforme con los principios morales y no menos prometedor del éxito” ( Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 401).
[11] Juan Pablo II en Irlanda, 29-9-79, p. 14.
[12] Daniel Iglesias Grèzes. “La acción política de los católicos”; Revista Arbil nº 119.
[13] “Mapa del Mundo para el Índice de Desarrollo Humano de los diferentes Estados, según el Informe 2007/2008” (Naciones Unidas); de Wikipedia.
[14] P. José María Iraburu. “Los católicos y la Política, utopía y política”; El último Alcázar, 26-6-2006.
02/03/2009 15:05 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay comentarios. Comentar.
La Política desde el ángulo doctrinario de los Católicos
Por José Antonio Riesco
Antes de que finalizara el año 2008 en un acto muy concurrido, aunque de público calificado, se hizo la presentación del libro “La Política” (obligación moral del cristiano), de que es autor el doctor Mario A..Meneghini, un reconocido expositor y militante de la ortodoxia católica que, a su identificación con los postulados de la Iglesia suma una manifiesta y permanente vocación política.
Egresado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UCC), se orientó además, con buena formación filosófica, hacia la problemática administrativa del Estado. Es presidente del Centro de Estudios Cívicos.
La obra que comentamos (124 páginas-edición de El Copista- Córdoba), luego de una Introducción, se organiza en dos capítulos principales (I y II), y agrega un Anexo que suma documentos pertinentes al tema como ocurre a lo largo del texto, sobre todo los pontificios. Una bibliografía muy completa oficia de valioso soporte a cada tramo del trabajo.
No deja de llamar la atención, en el diseño de tapa, admirable, la imagen de Tomás Moro, figura consular de tiempos difíciles y que murió en el cadalso en 1535 por su tozudez y limpieza de alma. Se negó a convalidar las infamias domésticas de Enrique VIII de Inglaterra, monarca absoluto y siempre dominado por la impiedad y la lujuria. Al déspota le fue útil Tomás Cromwell, experto en intrigas y ambiciones, de ahí que sustituyó a Moro en el cargo de canciller del reino, aunque luego, al querer imponerle al rey una alemana gorda y sin gracias, para novia, provocando su enojo, también cerró su historia en el cadalso. El nuevo canciller superó en mañas políticas a Moro, pero Enrique sabía más de mujeres que él.
El capítulo 1 comprende: Ideas sobre la crítica a la democracia, La política como obligación moral del cristiano, Actitud política de los católicos frente al sistema de partidos, Mal menor en las elecciones políticas. Votar : ¿Optativo o moralmente obligatorio? – En el capítulo 2: La Política, Doctrina política de la Iglesia, Contenido de la doctrina, Síntesis de la doctrina política de la Iglesia (Enc. Pacem in Terris), Temas polémicos.
La tesis central del Dr. Meneghini –al menos tratándose de los cristianos que responden, con “fe y razón”, al magisterio de la Iglesia Católica-- señala la obligatoriedad moral de todos y cada ciudadano de participar de los instrumentos de acción que ofrece la democracia. Se puede cuestionar y/o combatir pacíficamente los males y vicios de la política, donde y cuando ellos dominen el escenario de la participación cívica, pero la prescindencia no es una opción válida, salvo situaciones excepcionales y transitorias. Su teoría del “mal menor” tiene fuerza y se enriquece con una selección de citas de documentos pontificios y de autores de prestigio. Es una obra, la suya, de mucha responsabilidad en las referencias bibliográficas. Sin pretender compararla me hizo acordar la de dos pensadores católicos cuya amistad siempre me honró: “La persona humana” de Miguel A. Grisolía, escritor y docente universitario en Rosario, y “El orden natural” de Carlos Sacheri, este último martirizado en 1975 por el marxismo enloquecido.
A este libro de Meneghini hay que leerlo y estudiarlo. Por los que creen desde la ortodoxia y también por los agnósticos que, pese a las apariencias, tienen preocupaciones religiosas. Después de todo la idea de Dios es más amplia y motivadora que la imperante en una cofradía. Ya que esto de “la política” pertenece a aquello de “este mundo”, donde estamos todos, por ahora, y que Cristo dejó al costado o por debajo de ”mi Reino”. Nuestro autor hace referencia, precisamente, sin abandono de los deberes prácticos y espirituales del Evangelio, al campo político que “los laicos” están compelidos a no tratar con indiferencia ni abstención. Pero es preciso, aceptar, que se trata de un asunto, la acción política, que se da en un terreno resbaladizo con mayor posibilidad que el que ofrece una carretera firme y recta.
O sea, es bueno aclarar que el deber de participar en los instrumentos de la política, en la actual sociedad compleja y dinámica, brinda oportunidades de servicio al “bien común” que no conocieron los tiempos pasados. El mapa cultural y socioeconómico de la actual vida social contiene una multiplicidad de campos de militancia cívica que excede en mucho (cantidad y calidad) al magro producto del mero partidismo. Y ya nadie identifica esta realidad de nuestra actual “sociedad activa” con los proyectos corporativos de otras partes y otras eras.
De otro lado, no debería confundirse el deber moral (ciertamente innegable) de participar en las actividades orientadas al mejor gobierno del grupo, con una especie de martirologio psico-espiritual. Para una persona, sobre todo jóvenes, con cierto pudor, en cuanto a ideas, sentimientos y conductas en ningún caso le puede ser indiferente el clima cargado de vicios, picardías, artimañas, corrupción y otras monadas que, con sus excepciones, domina en esos ámbitos. A no ser que eso sea, precisamente, lo que inconscientemente buscaba para realizarse. El dejar abierta esta dimensión polémica de la política es una contribución del libro del Dr.Meneghini. Hay que leerlo y discutirlo; por que hace pensar, un mérito poco común en esta materia.
Buenos Aires, enero de 2009.
(teodelestado@yahoo.com.ar)
15/01/2009 17:04 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay comentarios. Comentar.
La Política: obligación moral del cristiano (1)
Mario Meneghini
El libro que se presenta, procura sistematizar la doctrina aplicable en la participación política de los católicos, según el Magisterio de la Iglesia. Ante la ausencia pertinaz de muchos laicos católicos en la vida cívica, es necesario tener en cuenta que en política, como en la física, no existe el vacío. Cuando los buenos ciudadanos no se ocupan de la cosa pública –decía Sarmiento- son los delincuentes y aventureros quienes acceden al gobierno.
El catolicismo posee una doctrina política, que integra la Doctrina Social de la Iglesia, y, como ésta, es obligatoria para los bautizados. Nos preocupa, por eso, que, desde hace tiempo, importantes intelectuales que profesan nuestra misma fe, difundan criterios que conducen a abstenerse de participar en la vida cívica, poniendo en duda la ortodoxia de quienes sostenemos lo contrario. La polémica no se limita a las cuestiones operativas, opinables por definición, sino que incluyen la interpretación de los principios, sobre los cuales no puede haber discrepancia.
En 2002, la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida entonces por el Cardenal Ratzinger, promulgó una Nota Doctrinal sobre la responsabilidad de los católicos en la vida pública. Es el último documento de la Iglesia sobre esta materia, pero el mismo no hace más que actualizar el magisterio anterior; baste señalar que cita expresamente (Ref. 11) las principales encíclicas anteriores al Concilio Vaticano II:
-De León XIII: Diuturnum illud
Immortale Dei
Libertas
-De Pío XI: Quadragesimo anno
Mit Brennender sorge
Divini Redemporis
-De Pío XII: Summi Pontificatus
Es cierto que una encíclica puede contener en su texto alguna frase confusa o ambigua, que justifique la duda o la discrepancia, pero, cuando sobre un mismo tema se expiden del mismo modo docenas de documentos, de varios Papas, no puede quedar dudas de que se trata de la doctrina auténtica. En la Nota Doctrinal no existe ninguna contradicción con las encíclicas citadas, ni con ninguno de los 59 documentos que integran la compilación de la Biblioteca de Autores Católicos (tomo “Doctrina Política”).
En esta oportunidad, voy a resumir el tema enfocando el análisis en dos párrafos de la Nota Doctrinal:
“(en) las actuales sociedades democráticas todos pueden contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes” (p. 1).
“generalmente puede darse una pluralidad de partidos en los cuales pueden militar los católicos para ejercer su derecho-deber de participar en la construcción de la vida de su país” (3).
Estas dos frases incluyen los tres ejes de la polémica actual: la democracia – los partidos – el voto. Uno de las causas de la discrepancia radica en no distinguir entre lo doctrinal y lo prudencial, lo que conduce a asignarle a las propias preferencias sobre temas instrumentales la categoría de principios. La posición rigorista llega a extremos insólitos; el Profesor Stan Popescu, prestigioso autor, sostiene: “Durante dos mil años, la humanidad se desarrolló y evolucionó sin política”; “La filosofía de la política va ligada estrechamente a la teología del infierno” (2).
El enfoque realista de la política, queda expuesto en una frase de Ratzinger: ser sobrios y realizar lo que es posible, en vez de exigir con ardor lo imposible. Analicemos la posición oficial de la Iglesia con respecto a los tres ejes mencionados.
Democracia
Distinguidos intelectuales católicos sostienen que la democracia conduce inevitablemente a la perversión, utilizando dicho vocablo como si fuera unívoco, cuando es polisémico. El magisterio condenó el liberalismo político y sus derivados, el mito de la soberanía del pueblo y la democracia como forma de gobierno. Sin embargo, desde Pío XII consideró conveniente referirse a la democracia como forma de Estado o régimen político, que se opone al totalitarismo y procura el bien común, siendo compatible con cualquier forma lícita de gobierno. Es una manera de designar la legitimidad de ejercicio, y resulta aceptable, si cumple determinados requisitos. La última formulación se encuentra en la encíclica Centesimus Annus:
“La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que:
-asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas
-y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes,
-o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”.
Al decir que “aprecia” el sistema de la democracia, queda en claro que no lo considera el único posible, pero sí lícito. Coincidiendo con el enfoque doctrinario, un famoso tratadista de Derecho Constitucional, Bidart Campos, aporta esta definición:
“La democracia es una forma de Estado que, orientada al bien común, respeta los derechos de la persona humana, de las personas morales e instituciones, y realiza la convivencia pacífica de todos en la libertad, dentro del ordenamiento de derecho divino y de derecho natural” (Doctrina del Estado Democrático).
Partido político
Uno de los aspectos más criticados de la política contemporánea es el de la representación, puesto que el sistema de partidos degenera frecuentemente en la partidocracia. Como en tantos campos de la actividad humana, también en éste la legislación tiende a favorecer indebidamente a quienes dictan la ley, que son, precisamente, aquellos que se postulan para los cargos públicos. Pero el instrumento en sí no es necesariamente malo, y por eso la Constitución Gaudium et Spes reconoce que es conforme a la naturaleza humana que se constituyan dichas estructuras para agrupar a los ciudadanos, según sus preferencias.
En el mundo contemporáneo, en la casi totalidad de Estados, existen sistemas pluripartidarios o de partido único; las pocas excepciones consisten en Estados con gobiernos de facto. Pero, aún en esos casos, la experiencia del último siglo indica que, luego de períodos transitorios, se produce el eterno retorno de los partidos. No se ha logrado articular una forma de convivencia que pueda prescindir de los mismos en la actividad política. Procurar el reemplazo de los procedimientos actuales de selección de los gobernantes, constituye un noble esfuerzo, siempre que la alternativa propuesta sea factible y no una fórmula teórica, para ser aplicada en un futuro indefinido.
Sobre esto escribió Pablo VI: “La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir de las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas” (O.A., 37).
Debe reflexionarse, además, en que hoy más que nunca la actividad gubernamental es tremendamente compleja y requiere una formación adecuada, que se adquiere luego de muchos años de estudio y experiencia. Precisamente, porque no aceptamos la ilusión populista de que cualquier persona puede desempeñar un cargo público, ni bastan la honestidad y el patriotismo para gobernar con eficacia, es que pensamos que resulta imprescindible constituir grupos de hombres con auténtica vocación política, que se preparen seriamente para gobernar. Y, por ahora, no hay otra vía idónea que la que ofrecen los partidos, que se fundamentan -o deberían hacerlo- en una cosmovisión global y elaboran programas con las soluciones que proponen para cada uno de los problemas que debe afrontar el Estado. De todos modos, aclara el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia que la adhesión de los católicos a un partido nunca será ideológica sino siempre crítica (573). Por consiguiente, con esos recaudos, pueden incorporarse a uno, crear uno nuevo, o simplemente apoyar al que les parezca más confiable.
El voto
Suele mencionarse una frase de Pío IX, para justificar la ausencia en todo proceso electoral: sufragio universal, mentira universal. Pese a las objeciones que puedan hacerse a dicho método –que se aplica actualmente en todos los países-, nunca la Iglesia ha afirmado que votar, estando vigente dicho sistema, implique una falta; por el contrario, exhorta a votar como exigencia moral, según se indica taxativamente en el Catecismo (p. 2240) y en Gaudium et Spes (p. 75). Carece de toda lógica suponer que dichos documentos se refieren al voto en sentido abstracto, y no a la forma de votar que rige en el mundo contemporáneo.
Por otra parte, el sufragio universal se limita a habilitar a todos los ciudadanos a participar en la elección de los gobernantes, en igualdad de condiciones. No es sinónimo de sistema electoral, que es el que suele contener aspectos criticables, que impiden una adecuada representación de la ciudadanía, y que nunca será modificado sin la participación activa de quienes se oponen a él.
Consideramos que no pueden negarse a intervenir en la vida cívica, por defectuosa que sea la forma actual de las instituciones. León XIII enseñó al respecto que: “No acuden ni deben acudir a la vida política para aprobar lo que actualmente puede haber de censurable en las instituciones políticas del Estado, sino para hacer que estas mismas instituciones se pongan, en lo posible, al servicio sincero y verdadero del bien público... “(Immortale Dei, 22).
Hecho el análisis precedente, se advierte que la empresa de reconstruir el orden social no es sencilla ni fácil, y los católicos debemos aceptar la guía de la Iglesia, cuya experiencia milenaria resulta invalorable, sin olvidar que es depositaria de la Verdad. Como expresaba Chesterton, no quiero una religión que tenga razón cuando yo tengo razón, quiero una religión que tenga razón cuando yo me equivoco. Pues bien, la doctrina de la Iglesia en materia de regímenes políticos, nos enseña que, en el terreno de las ideas, los católicos pueden preferir uno u otro, incluso llegar a precisar cuál es el mejor, en abstracto, puesto que la Iglesia no se opone a ninguna forma de gobierno legítimo. Pero, en cada sociedad, las circunstancias históricas van creando una forma política específica, que rige la selección y reemplazo de los gobernantes. Y, como toda autoridad proviene de Dios, cuando se consolida de hecho un régimen político determinado, “su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común...” (Au Milieu des Sollicitudes; p. 22, 23, 15).
Si en este siglo se ha producido un alejamiento de los católicos de la actividad política, ello se debe a un menosprecio de la misma -la "cenicienta del espíritu", según Irazusta-, y a una cierta pereza mental que impide imaginar soluciones eficaces para enfrentar los problemas espinosos que plantea la época.
Nunca como hoy la Iglesia ha insistido tanto en el deber cristiano de actuar en la vida social y política. Llama la atención la precisión y severidad con que Juan Pablo II advierte que: “...los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política.” (...) Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican en lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública”. (Chistifedelis Laici, 42).
Que no es imposible ni inútil la empresa, lo demuestra la actuación de tantos dirigentes católicos que, sin renegar de su fe, trabajaron en este campo en consonancia con el bien común. Mencionaremos sólo tres casos de políticos del siglo XX, que están en proceso de beatificación:
-Giorgio La Pira (Alcalde de Florencia)
-Robert Schuman (uno de los fundadores de la Unión Europea)
-Julius Nyerere (Presidente de Tanzania, durante 25 años)
Considero inaceptable, entonces, la actitud de algunos distinguidos intelectuales de negarse a participar en la vida cívica, por considerar cuestionable la misma Constitución y el sistema electoral que de ella deriva, y promover la abstención como única conducta válida para quienes rechazan la teoría de la soberanía popular. Por el contrario, la obligación moral de participar será tanto más grave, cuanto más esenciales sean los valores morales que estén en juego.
Estimo que, sostener en vísperas de toda elección, que es inútil y hasta una falta moral ejercer el voto, pues todos los candidatos son malos y todos los programas defectuosos, revela una apreciación equivocada de la actividad política.
Para cada sociedad política, pueden existir, simultáneamente, tres concepciones del régimen político: el ideal, propuesto por los teóricos; el formal, promulgado oficialmente; y el real -o constitución material-, surgida de la convivencia que produce transformaciones o mutaciones en su aplicación concreta. De modo que negarse a reconocer una constitución formal, implica, a menudo, enfrentarse con molinos de viento, limitándose a un debate estéril, porque, además, no se tiene redactada la versión que se desearía que rigiera.
Si, como afirma Aristóteles, es imposible que esté bien ordenada una polis que no esté gobernada por los mejores sino por los malos, resulta imprescindible la participación activa de los ciudadanos para procurar seleccionar a los más aptos y honestos para el desempeño de las funciones públicas. Nos alienta a continuar en el arduo camino de servir al bien común, con los instrumentos disponibles, el consejo de Santo Tomás Moro, Patrono de los Gobernantes y los Políticos:
La imposibilidad de suprimir en seguida prácticas inmorales y corregir defectos inveterados no vale como razón para renunciar a la función pública. El piloto no abandona su nave en la tempestad, porque no puede dominar los vientos.
Referencias
1. Exposición en el acto de presentación del libro del autor “La Política: obligación moral del cristiano”; Córdoba, Editorial Del Copista, 2008.
2. “Psicología de la política”; Buenos Aires, Euthymia, 1991.
03/12/2008 13:34 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay comentarios. Comentar.
Solzhenitsyn: un profeta del siglo XX
Habiendo fallecido Aleksandr Ysayevitch Solzhenitsyn, merece ser recordado como un modelo de intelectual cristiano, que captó en profundidad la enorme crisis del mundo contemporáneo.
Nació en 1918, el año en que fueron asesinados Nicolás II y su familia. Fue educado en el marco de la Revolución marxista, comenzada un año antes de su llegada a la vida, y el adoctrinamiento ideológico lo condujo a una visión optimista sobre el paraíso que existiría en la tierra. De allí que se incorporara con entusiasmo en el Ejército Rojo para combatir en la guerra, en la que se destacó como artillero, obteniendo dos medallas al mérito militar. Pero, antes de terminada la contienda bélica, ya había comenzado su decepción del régimen soviético, y una carta suya criticando a Stalin causó su detención en la Lubianka de Moscú. Condenado a ocho años de trabajos forzados, pasó por varios campos de concentración, hasta 1953 en que, pese a estar cumplida su pena, y sin juicio previo, fue desterrado a perpetuidad de la Rusia Europea, resolución que se anuló tres años después, con el gobierno de Kruschev.
En su obra más famosa, Archipiélago Gulag, retrató el infierno que vivieron miles de prisioneros políticos bajo el cruel régimen soviético. Contrajo cáncer y estuvo al borde de la muerte, pero en ese período de su vida encontró consuelo en las letras y en la religión. Su arte de escritor fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1970, aunque tuvo que esperar al exilio para recibirlo. En 1974 fue expulsado de su país y se le quitó la ciudadanía. Recién veinte años después pudo regresar a Rusia, aunque la realidad que encontró mereció una nueva crítica de su parte; en un discurso ante la Duma, en 1994, señaló al gobierno de Yeltsin como oligárquico y culpable de haber conducido a la nación a la pérdida del espíritu de la Santa Rusia.
Pese a los padecimientos sufridos en su país, y al reconocimiento que obtuvo en Occidente, tampoco pudo ocultar su decepción por el panorama que descubrió en lo que pensó, sería el polo opuesto del totalitarismo marxista. Esa sinceridad en el análisis descarnado de la sociedad dominada por el crudo capitalismo, es la que le confiere a su vida y obra la objetividad y valentía de un verdadero cruzado en la defensa de la verdad y de los supremos valores espirituales. Parecería que la Providencia lo eligiera para cumplir el rol de profeta del siglo XX.
Intentaremos a continuación -a modo de modesto homenaje a su memoria- resumir las conclusiones de su análisis de la sociedad Occidental contemporánea, expuestas en un famoso discurso en la Universidad de Harvard[1], del que se cumplen 30 años.
1. Comienza advirtiendo a los jóvenes graduados que la verdad nos elude si no nos esforzamos plenamente en seguirla; además la verdad pocas veces es grata, casi siempre es amarga, pero desea suscitar esa ansiedad.
2. La merma de coraje puede ser la característica más sobresaliente que un observador imparcial nota en Occidente en nuestros días. El mundo Occidental ha perdido en su vida civil el coraje, tanto global como individualmente, en cada país, en cada gobierno, cada partido político y por supuesto en las Naciones Unidas. Tal descenso de la valentía se nota particularmente en las élites gobernantes e intelectuales y causa una impresión de cobardía en toda la sociedad. Desde luego, existen muchos individuos valientes pero no tienen suficiente influencia en la vida pública. Políticos e intelectuales muestran esa pasividad y esta perplejidad en sus acciones, en sus declaraciones y, más aún, en sus autojustificaciones tendientes a demostrar cuán realista, razonable, inteligente y hasta moralmente justificable resulta fundamentar políticas de Estado sobre la debilidad y la cobardía.
3. Ese declive de la valentía es acentuado irónicamente por las explosiones de cólera e inflexibilidad de parte de los mismos funcionarios cuando tienen que tratar con gobiernos débiles, con países que carecen de respaldo, o con corrientes desacreditadas, claramente incapaces de ofrecer resistencia alguna. Pero quedan mudos y paralizados cuando tienen que vérselas con gobiernos poderosos y fuerzas amenazadoras, con agresores y con terroristas internacionales.
4. Cada ciudadano tiene garantizada la deseada libertad y los bienes materiales en tal cantidad y calidad como para garantizar en teoría el alcance de la felicidad, en el sentido moralmente inferior en que ha sido entendida durante las últimas décadas. En el proceso, sin embargo, ha sido pasado por alto un detalle psicológico: el constante deseo de poseer cada vez más cosas y un nivel de vida cada vez más alto, con la obsesión que esto implica, ha impreso en muchos rostros occidentales rasgos de ansiedad y hasta de depresión, aunque sea habitual ocultar cuidadosamente estos sentimientos. Esta tensa y activa competencia ha venido a dominar todo el pensamiento humano y no abre, en lo más mínimo, el camino hacia el libre desarrollo espiritual. En este clima, ¿por qué y en beneficio de qué habría uno de arriesgar su preciosa vida en la defensa del bien común, especialmente en el nebuloso caso de que la seguridad de la propia nación tuviera que ser defendida en algún lejano país?
5. Los límites de lo correcto y de los derechos humanos se encuentran determinados por un sistema de leyes, cuyos límites son muy amplios. Si uno está a cubierto desde el punto de vista legal, ya nada más es requerido. Nadie mencionaría que, a pesar de ello, uno podría seguir sin tener razón.
He pasado toda mi vida bajo un régimen comunista y les diré que una sociedad carente de un marco legal objetivo es algo terrible. Pero una sociedad sin otra escala que la legal tampoco es completamente digna del hombre. Siempre que el fino tejido de la vida se teje de relaciones juridicistas, se crea una atmósfera de mediocridad moral, que paraliza los impulsos más nobles del hombre.
En todas partes es posible, y hasta fácil, socavar el poder administrativo. De hecho, este poder ha sido drásticamente debilitado en todos los países occidentales. La defensa de los derechos individuales ha alcanzado tales extremos que deja a la sociedad totalmente indefensa contra ciertos individuos. Es hora, en Occidente, de defender no tanto los derechos humanos sino las obligaciones humanas. Por otro lado, a la libertad destructiva e irresponsable se le ha concedido un espacio ilimitado. La sociedad ha demostrado tener escasas defensas contra el abismo de la decadencia humana; la vida organizada en forma legalista demuestra su incapacidad para defenderse de la corrosión de lo perverso.
6. Cuando un gobierno seriamente se pone a erradicar la subversión, la opinión pública inmediatamente lo acusa de violar los derechos civiles de los terroristas. Hay una buena cantidad de estos casos.
El sesgo de la libertad hacia el mal se ha producido en forma gradual, pero evidentemente emana de un concepto humanista y benevolente según el cual el ser humano -el rey de la creación- no es portador de ningún mal intrínseco y todos los defectos de la vida resultan causados por sistemas sociales descarriados que, por consiguiente, deben ser corregidos.
7. Está universalmente aceptado que Occidente le muestra al resto del mundo el camino hacia el desarrollo económico exitoso; con todo, muchas personas que viven en Occidente están insatisfechas con su propia sociedad. La desprecian o la acusan de no estar ya al nivel de lo que requiere la madurez de la humanidad. Y esto empuja a muchos a inclinarse por el socialismo, lo cual es una falsa y peligrosa tendencia. Nadie debe sospechar que la crítica parcial al sistema occidental, pretende sugerir al socialismo como alternativa. El matemático Igor Shafarevich, miembro de la Academia Soviética de Ciencias, ha demostrado que el socialismo, de cualquier tipo o matiz, conduce a la destrucción total del espíritu humano y a la nivelación de la humanidad en la muerte.
Es claro que no recomendaría vuestra sociedad como un ideal para la transformación de la nuestra.
8. Algunos pensadores occidentales afirman que no se pueden aplicar criterios morales a la política. Así se mezcla el bien y el mal, lo derecho y lo torcido y damos oportunidad para el triunfo absoluto del Mal en el mundo. Por el contrario, sólo los criterios morales puede ayudar a Occidente contra la estrategia bien prevista del mundo del comunismo. No hay otros criterios. Las consideraciones prácticas u ocasionales de cualquier clase serán barridas inevitablemente por la estrategia comunista.
Pero ningún arma, no importa cuál sea su poder, pueden ayudar a Occidente mientras no supere la pérdida de su fuerza de voluntad. En un estado de debilidad psicológica, las armas se convierten en una carga para el lado de quienes capitulan. Para defenderse, uno debe también estar preparado para morir; esta preparación escasea en una sociedad educada en el culto del bienestar material.
9. Si, como pretende el humanismo antropocéntrico, el ser humano naciese solamente para ser feliz, no nacería para morir. Desde el momento en que su cuerpo está condenado a muerte, su misión sobre la tierra evidentemente debe ser más espiritual y no sólo disfrutar incontrolablemente de la vida diaria. Tiene que ser el cumplimiento de un serio y permanente deber, de modo tal que el paso de uno por la vida se convierta, por sobre todo, en una experiencia de crecimiento moral. Para dejar la vida siendo un ser humano mejor que el que entró en ella.
Nadie, en todo el mundo, tiene más salida que hacia un solo lado: hacia arriba.
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[1] Discurso de graduación en Harvard, 8-6-1978.
18/09/2008 20:07 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay comentarios. Comentar.
Sobre la carta del P. Gustavo Morello s.j.
Sobre la carta del P. Gustavo Morello s.j.: “Menéndez, el cristianismo y la revolución”
La Voz del Interior, 4-8-08
El sacerdote jesuita cita algunos datos históricos verídicos, y apreciaciones críticas a la metodología utilizada en la guerra antisubversiva argentina, que pueden compartirse. Pero manifiesta una clara justificación de quienes en la década de 1970 postulaban:
-“la necesidad del cristiano de comprometerse con la lucha revolucionaria para ser coherente con la fe”.
-que “los documentos de la Iglesia abrían la puerta para que los cambios de sistemas injustos se hagan por la vía violenta. Establece que a la luz del Evangelio y la revelación cristiana, no se puede condenar la violencia del oprimido para liberarse de las injusticias que lo someten”.
Afirma, asimismo, sin cuestionar el concepto, que la Revista Cristianismo y Revolución: “En una actualización de la doctrina del tiranicidio, sostuvo que la violencia revolucionaria era un recurso frente a estructuras intolerables e injustas”.
Es necesario recordar:
1. La tesis del tiranicidio fue sostenida, únicamente, por el jesuita Juan de Mariana, en el siglo XVI. Nunca la Iglesia aceptó que se pudiera asesinar a un gobernante aunque fuese considerado tirano. Santo Tomás enseñó: “Han creído algunos que cuando ya ha llegado a ser insoportable el yugo de la tiranía, debe el más esforzado del pueblo dar muerte al tirano exponiendo su vida por el bien de la causa pública”. “Esta opinión es contraria a la doctrina apostólica…”. Es claro que: “Mariana no da mucha importancia al poder espiritual del Papa y en este sentido no es un jesuita típico”. En eso se asemeja al P. Morello.
2. Al momento de la publicación de la citada revista, el Episcopado argentino había declarado en la “Reunión de San Miguel”: “La necesidad de una transformación rápida y profunda de la estructura actual nos obliga a todos a buscar un nuevo y humano, viable y eficaz camino de liberación con el que se superarán las estériles resistencias al cambio y se evitará caer en las opciones extremistas, especialmente las de inspiración marxista, ajenas no sólo a la visión cristiana sino también al sentir de nuestro pueblo” (12-8-1970).
3. La Conferencia de Medellín, tan citada por los sacerdotes que se consideran post-conciliares, tampoco avala el recurso a la violencia, si bien reconoce que América Latina se encuentra, en muchas partes, en una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada”, por lo que no debe extrañar que surja “la tentación de la violencia” (2, 16). Advierte el documento que “la violencia o revolución armada generalmente engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas; no se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor” (2, 19).
Lamento que mi alma mater, la Universidad Católica de Córdoba, esté hoy a cargo de sacerdotes que se apartan notoriamente del Magisterio. Benedicto XVI, de visita en Estados Unidos, les manifestó a los educadores católicos: “toda invocación del principio de libertad académica para justificar posiciones que contradigan la fe y la enseñanza de la Iglesia obstaculizaría o incluso traicionaría la identidad y la misión de la Universidad, una misión que está en el corazón del munus docendi de la Iglesia y en modo alguno es autónoma o independiente de la misma” (17-4-08).
Córdoba, 4-8-08.-
Mario Meneghini
Referencias:
Meneghini, Mario. “Doctrina de Seguridad Nacional y guerra antisubversiva”; en: http://meneghini.blogia.com/temas/guerra-antisubversiva.php
Sabine, George. “Historia de la teoría política”; FCE, 1968, pág. 290.
Ebenstein, William. “Los grandes pensadores políticos”; Revista de Occidente, 1965, pág. 275.
05/08/2008 16:14 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay comentarios. Comentar.
Bicentenario
BICENTENARIO ARGENTINO[1]
1. Es importante analizar el tema que nos convoca hoy, puesto que se están programando actividades para celebrar en el 2010 el Bicentenario de la Argentina; en un momento de profunda crisis en el país. Aunque, como señala Mons. Aguer: “lo propio de la Argentina es, al parecer, vivir en crisis permanente y que, en todo caso, eso ya no puede llamarse crisis sino decadencia”[2]. Agrega el Arzobispo de La Plata: “Lo que hoy pareciera más notable es un clima de irritación, de división, de descontento, de protesta, de queja, una especie de atomización social que estamos padeciendo”. Estos síntomas evidencian que está debilitada la concordia, factor imprescindible para que exista una nación en plenitud, y para que se cumpla el anhelo de la Oración por la Patria: el compromiso por el bien común.
2. El doble centenario de un país, es ocasión propicia para reflexionar en profundidad sobre los problemas y la mejor manera de superarlos en el futuro, de allí que sea razonable que se hable de un Pacto del Bicentenario. Pero, en primer lugar, debemos precisar los términos, puesto que, en realidad, se trata de un aniversario equívoco, por lo que es necesario distinguir dos aspectos involucrados en esta celebración. En efecto: ¿el bicentenario alude a la nación o al Estado argentino?
3. Si se toma la expresión Nación Argentina como equivalente a Estado Argentino, es necesario decir que el mismo no quedó constituido el 25 de mayo de 1810, fecha en que se formó un gobierno propio, pero provisorio, hasta que el Rey Fernando VII -que estaba preso de Napoleón- reasumiera su corona. El Estado Argentino sólo surgiría seis años después, con la Declaración de Independencia. En efecto, al asumir sus cargos los integrantes de la Junta Provisional Gubernativa, consta en el acta de acuerdos del Cabildo: “el presidente [Saavedra], hincado de rodillas y poniendo la mano derecha sobre los Santos Evangelios, prestó juramento de desempeñar lealmente el cargo, conservar íntegra esta parte de América a nuestro Augusto Soberano Fernando VII y sus legítimos sucesores y guardar las leyes del Reino...”.
4. Por otra parte, si se toma la expresión Nación Argentina en su sentido sociológico, como conjunto de personas que conviven en un mismo territorio y poseen características comunes: étnicas, linguisticas, culturales, históricas y religiosas, y manifiestan el deseo de continuar viviendo juntas; la Argentina ya estaba consolidada antes del 25 de mayo. A partir del 29 de junio de 1550, con la fundación de la ciudad de Barco -la actual Santiago del Estero- comienza la lenta formación de nuestra nación.
Consideramos que en ocasión de las invasiones inglesas, quedó en evidencia que la Argentina como nación estaba ya consolidada pues:
1º) Existía ya en el territorio del Virreynato del Río de la Plata, mayoría de criollos, algunos de los cuales, como Saavedra y Belgrano -integrantes de la Primera Junta-, desempeñaban funciones públicas de importancia.
2º) Existía, como lo afirma el sociólogo Guillermo Terrera, una cultura criolla argentina que para 1750, tenía caracteres propios y definidos.
3º) No existían en número suficiente tropas profesionales para repeler el ataque extranjero, de modo que la resistencia estuvo a cargo de las milicias criollas y de los vecinos que se sumaron voluntariamente a la lucha. Sería impensable que esto ocurriera en una sociedad cuyos integrantes se conformaran con ser una colonia. Precisamente, la decisión masiva de los criollos de combatir, revela a un pueblo con identidad propia que asume la defensa de su tierra, pese a la ausencia del Virrey, que se había replegado a Córdoba.
4º) Si queremos fijar en una fecha la vigencia de la nacionalidad argentina, la que corresponde es la del 12 de agosto de 1806, cuando se produce la Reconquista de Buenos Aires. Con buen criterio, en Salta se ha constituído una comisión de homenaje a “La década del bicentenario argentino: 2006-2016”.
5. Desde el comienzo de la vida independiente, el Estado Argentino fue el marco formal de una sóla nación, por lo que ambos aspectos mencionados están estrechamente vinculados; a lo que puede agregarse que uno de los factores concurrentes en el debilitamiento de la nación, es la desaparición del Estado.
6. El Dr. Marcelo Sánchez Sorondo ha estudiado el tema[3], y conviene conocer su argumentación. Sostiene este autor, que todo Estado incluye un gobierno, pero no todo gobierno implica que existe un Estado. El Estado es una entidad jurídico-política, que surge recién en una etapa de la civilización, como complejo de organismos, al servicio del bien común. Supone una delimitación explícita del poder discrecional; si un gobernante puede afirmar “el Estado soy yo”, queda demostrada la inexistencia de un Estado. Pues la hipertrofia del poder personal, sin frenos, es un síntoma de la ausencia de un Estado.
En toda institución -y el Estado es la de mayor envergadura en un territorio determinado-, el dirigente se subordina a la finalidad perseguida y a las normas establecidas. “No hay Estado si el contexto político y el orden jurídico que lo encuadran son una ficción y por momentos una superchería. Cuando el poder no se emplaza en la órbita de las instituciones sino que se adscribe a una tipología grupal o meramente personal, entonces no se alcanza ese nivel de civilización política que implica la existencia en plenitud, la plenipotencia del Estado”[4]. El gobierno no encuadrado en un Estado, es errático y caprichoso; sirve únicamente para el enriquecimiento e influencia individual de los gobernantes, que no pueden lograr el funcionamiento eficaz de la estructura gubernamental. De allí la paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen de los problemas es la ausencia del Estado.
7. En síntesis, la Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos. Pero, para intentar demostrar esta tesis, es necesario profundizar en las notas características que distinguen a un Estado contemporáneo, más allá de las formalidades constitucionales y del tipo de gobierno establecido. Para ello, utilizaremos el esquema del Profesor de Mahieu[5] quien define al Estado como el órgano de síntesis, previsión y mando, de una sociedad territorialmente delimitada, que procura el bien común. Es decir, que sólo puede calificarse de Estado, aquel que cumple las tres funciones básicas señaladas.
A. La función de síntesis. La unidad social es el resultado de la interacción de las diversas fuerzas sociales constitutivas, síntesis en constante elaboración por los cambios que se producen en los grupos y en el entorno. La superación de los antagonismos internos no surge espontáneamente; es el resultado de un esfuerzo consciente por afianzar la solidaridad sinérgica a cargo del Estado. A semejanza del director de orquesta, es el Estado el que logra crear “una melodía social unitaria y armoniosa”[6]. El poder estatal tendrá legitimidad en la medida en que cumpla dicha función, garantizando la concordia política.
B. La función de planeamiento. El Estado centraliza la información que le llega de los grupos sociales; recopila sus problemas, necesidades y demandas. Los datos son procesados y extrapolados en función de los fines comunes, fijados en la Constitución Nacional y en otros documentos, que señalan los objetivos políticos y los valores que identifican a un pueblo. Con mayor o menor intensidad, según el modelo gubernamental elegido, es en el marco del Estado donde debe realizarse el planeamiento global que establezca las metas y las prioridades en el proceso de desarrollo integral de la sociedad, en procura del Bien Común. Por cierto que, en una concepción jusnaturalista, el planeamiento estatal sólo será vinculante para el propio Estado, y meramente indicativo para el sector privado. La autoridad pública no debe realizar ni decidir por sí misma “lo que puedan hacer y procurar las comunidades menores e inferiores”, en palabras de Pío XI. Pero, debido a la complejidad de los problemas modernos, el principio de subsidiariedad resulta insuficiente para resolverlos sin la orientación del Estado, que mediante el planeamiento se dedique a “animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los cuerpos intermedios”[7].
C. La función de conducción. La esencia de la misión del Estado es el ejercicio de la autoridad pública. La facultad de tomar decisiones definitivas e inapelables, está sustentada en el monopolio del uso de la fuerza, y se condensa en el concepto de soberanía. El gobernante posee una potestad suprema, en su orden, pero no indeterminada ni absoluta. El poder se justifica en razón del fin para el que está establecido y se define por este fin: el Bien Común temporal.
8. Si un Estado no posee, en acto, estas tres funciones, ha dejado de existir como tal o ha efectuado una transferencia de poder en beneficio de organismos supraestatales, o de actores privados, o de otro Estado.
Esta es, precisamente, la situación argentina, pudiendo citarse la opinión de tres intelectuales prestigiosos:
* Dr. Jorge Vanossi (siendo Ministro de Justicia): “La Argentina es un Estado debilucho, que está al borde de la anomia...”(La Nación, 17/3/02).
* Dr. Manuel Mora y Araujo: “...el Estado argentino no funciona. No cumple su papel, no brinda a la sociedad los servicios que se esperan de él...”(La Nación, 20/3/02).
* Dr. Natalio Botana: “...podemos llegar a una conclusión provisoria muy preocupante: que tenemos una democracia en un país sin Estado y sin moneda.” (Clarín, 28/4/02).
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, al analizar el reciente conflicto con el campo (26-6-08), cuestiona en su dictámen el “grave deterioro del sistema institucional que diluye la firmeza propia de un auténtico Estado de Derecho”.
Como hipótesis, nos animamos a decir que el Estado argentino dejó de funcionar como tal a partir de junio de 1970, pues, aplicando el esquema teórico expuesto, podemos advertir que desde la fecha indicada resultaron afectadas las tres funciones básicas.
9. En conclusión, si es correcto el análisis, la prioridad absoluta consiste en restaurar el Estado, y procurar que actúe eficazmente al servicio del bien común. Ello no ocurrirá como consecuencia necesaria de elaborar un buen diagnóstico. Por eso, decía Don Ricardo Curutchet: “No basta con denunciar que se pierde la Argentina, es necesario actuar para contribuir a salvarla”. Es insensato confiar en que, precisamente en el momento más difícil de la historia nacional, podrá producirse espontáneamente un cambio positivo. Sólo podrá lograrse si un número suficiente de argentinos con vocación patriótica, se decide a actuar en la vida pública buscando la manera efectiva de influir en ella. Un dirigente político no puede limitarse a exponer los principios de un orden social abstracto. La doctrina tiene que estar encarnada en hombres que cuenten con el apoyo de muchos, formando una corriente de opinión favorable a la aplicación de la doctrina. Debe encararse con seriedad la preparación de un Proyecto Nacional y la constitución de equipos aptos para aplicarlo.
10. Desde hace cuarenta años se menciona frecuentemente el tema del proyecto nacional, aludido como un elemento imprescindible para superar la crisis argentina, y se alega que la carencia del mismo es uno de los factores de dicha crisis. Sin embargo, son escasas las propuestas realizadas en orden a la elaboración de un proyecto concreto.
La expresión proyecto nacional ha sido definida como: “un esquema concreto y coherente de objetivos, instrumentos y distribución de responsabilidades, conocido, aprehendido, consentido y aceptado por la colectividad o por su mayoría efectiva y políticamente significativa y perdurable, las cuales se sienten entonces identificadas con él”[8].
11. Si analizamos los antecedentes argentinos, comprobamos que existen notables coincidencias en todos los documentos existentes; en especial, en los dos que fueron impulsados desde el Estado. En efecto, tanto el generado por el Ministerio de Planeamiento (1977), como el que fuera leído por el Presidente ante la Asamblea Legislativa, tres años antes, parten de una cosmovisión similar. Aluden a una cultura “cuyos valores fundamentales reconocen como fuente el acervo religioso y moral del Cristianismo, el saber filosófico de la Grecia clásica y la tradición político-jurídica de la antigua Roma”[9].
Los Principios básicos, sostienen que[10]:
-El hombre es una persona, creada por Dios, dotada de cuerpo y alma, y poseedora de un destino trascendente.
-El hombre no se basta a sí mismo, sino que necesita de la sociedad. Esta es una pluralidad de personas unidas moralmente de manera estable, para la consecución del bien común. La sociedad humana es una sociedad de sociedades.
-La primera de esas sociedades naturales es la familia. Su constitución y su desarrollo responden -como los derechos humanos- a leyes naturales anteriores a toda organización social.
-Más allá de la familia, las necesidades, intereses y aspiraciones de tipo económico, social, cultural o religioso, impulsan al hombre a agruparse en sociedades intermedias, con el fin de defender y promover bienes comunes particulares.
-La historia y la geografía crean, sobre la base de las familias asentadas en un territorio, una comunidad étnica y ética, la nación, fundada en la lengua, la historia, la cultura, las costumbres y las aspiraciones comunes. Es una comunidad de destino en lo universal.
-Sin confundirse con la nación, la sociedad, territorialmente delimitada, crea un órgano especializado en el mando, que es el Estado, destinado a regir dicha sociedad.
12. Sobre la base de: a) la distinción previa de los conceptos de nación y Estado, b) la necesidad de restaurar el Estado, y c) la elaboración de un Proyecto Nacional que contenga los principios citados, podrá celebrarse dignamente el Bicentenario Argentino, logrando superarse la decadencia actual y lograr una Patria apasionada por la Verdad y comprometida con el Bien Común.
Mario Meneghini
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[1] Exposición realizada en la Tertulia de los Caballeros de Don Bosco, Córdoba, 12-7-08.
[2] Aguer, Héctor. “Sabiduría para un diálogo en la verdad que cierre heridas”; alocución televisiva, 5-7-08.
[3] Sánchez Sorondo, Marcelo: “La Argentina no tiene Estado, sólo Gobiernos”, Revista Militar Nº 728, 1993, p. 13-17
[4] Sánchez Sorondo, Marcelo: op. cit., p. 14
[5] de Mahieu, José María: “El Estado Comunitario”, Bs., As., Arayú, 1962
[6] de Mahieu: op. cit., p. 92
[7] Pablo VI: Enc. “Populorum Progressio”, 1967, § 33.
[8] Monti, Ángel. “Proyecto nacional” (1972), p. 12.
[9] “Proyecto Nacional” (1977), p. 7. “Modelo Argentino” (1974), p. 135/136.
[10] “Proyecto Nacional” (1977), p. 9/10. “Modelo Argentino” (1974), p. 72/92.
14/07/2008 21:10 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política Hay 2 comentarios.
Dilemas sobre la participación en democracia
Muchos intelectuales católicos, en Europa y América, sostienen que la democracia –generalmente mencionada así, sin distingos, como si fuese un vocablo unívoco- conduce inevitablemente a la perversión en la sociedad donde existe; siendo moralmente ilícita cualquier participación en ese tipo de régimen. Consideramos necesario profundizar en este tema, pues da lugar a legítimos disensos, no sólo en los aspectos instrumentales de la acción política, sino también en la interpretación de los principios doctrinales. Por razones de espacio, los argumentos detallados de nuestra posición se encuentran en un blog[1], limitándonos en este artículo a resumir la conclusión.
Que la política contemporánea ofrece un panorama desolador nadie lo puede negar, pero ante este horizonte, consideramos que no basta con trabajar en el campo de la cultura, y criticar la realidad presente, esperando que se produzca un cambio positivo, puesto que: “El poder es la facultad de mover la realidad, y la idea no es capaz por sí misma de hacer tal cosa”[2].
Como se pregunta Gómez Pérez[3]: ¿qué hacer mientras tanto? Porque, si mientras damos el buen combate en el plano religioso e intelectual, nos abstenemos de actuar a través de las instituciones vigentes, “la política, que es un asunto humano de primera importancia, queda relegada al campo de lo casi pecaminoso y, de rechazo, el cristianismo se convierte en algo ya ultraterreno, cuando en realidad su dimensión trascendente no ahorra ahora sino que estimula la acción en las entrañas de la historia”.
Cuando se analizan cuestiones temporales, conviene recordar la afirmación de Fulvio Ramos[4], quien reflexionó sobre la democracia:
“Los cristianos sabemos que en la búsqueda de una recta ordenación social, las soluciones que se hallen serán siempre imperfectas como imperfecta es toda obra humana, y que el sumo bien y la suma perfección no son atributos humanos sino divinos, que sólo podremos alcanzar en la eterna bienaventuranza”.
En otro párrafo del mismo libro, al referirse Ramos a la enseñanza pontificia sobre las formas de gobierno y temas conexos, afirma: “Como ya expresamos, respecto de estas cuestiones tan contingentes y variables no caben las posturas dogmáticas. Lo que sí ha rechazado la Iglesia es el principio de la soberanía popular, el individualismo como base de la vida social y la democracia de masas que es su consecuencia”.
Precisamente, un problema, al abordar cuestiones políticas, es no precisar adecuadamente el límite entre lo doctrinal y lo prudencial. Por cierto que es lícito a todo católico opinar de acuerdo a su propio criterio en temas opinables, pero no en cuestiones que han sido definidas por la Doctrina Social de la Iglesia. Si se afirma, por ejemplo, “la intrínseca ilegitimidad de origen que posee todo gobierno democrático”[5], debe aclararse que se trata de una opinión, que no se basa en ningún pronunciamiento del Magisterio. Sorprende que personas inteligentes y honestas, crean que la acción cívica sólo se justifica cuando existen posibilidades de acceder al poder para aplicar íntegramente la sana doctrina.
Asumir una posición rigorista en temas de procedimiento, implica colocar a quien defiende la necesidad de actuar en la vida cívica, pese a las dificultades, en una situación casi herética, siendo que dicha participación ha sido insistentemente recomendada por los Papas.
El enfoque realista en materia política ha sido destacado por Joseph Ratzinger[6]:
“Ser sobrios y realizar lo que es posible en vez de exigir con ardor lo imposible ha sido siempre cosa difícil… El grito que reclama grandes hazañas tiene la vibración del moralismo; limitarse a lo posible parece, en cambio, una renuncia a la pasión moral, tiene el aspecto del pragmatismo de los mezquinos”.
Es cierto que, en determinadas circunstancias, el lícito negarse a participar activamente en política. Pero, la decisión de abstenerse, de manera permanente y en todas las instancias y niveles electorales, no puede fundamentarse en ningún documento pontificio. Pese a las objeciones que la Iglesia ha hecho al sufragio universal –método utilizado en casi todos los países- nunca ha afirmado que votar implique una falta; por el contrario, exhorta a votar como exigencia moral, según se indica taxativamente en el Catecismo de la Iglesia Católica (p. 2240), y en la Constitución Gaudium et Spes (p. 75).
Procurar el reemplazo de los procedimientos actuales de selección de gobernantes, constituye un noble esfuerzo, siempre que la alternativa propuesta sea factible y no una fórmula abstracta, para ser aplicada en un futuro indefinido. Sobre eso escribió Pablo VI: “La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas”[7].
Para finalizar, nos estimulan a continuar el arduo camino de servir al bien común con los instrumentos disponibles, los consejos de Santo Tomás Moro[8], Patrono de los Gobernantes y Políticos:
-“Si no conseguís todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal”.
-“La imposibilidad de suprimir enseguida prácticas inmorales y corregir defectos inveterados no vale como razón para renunciar a la función pública. El piloto no abandona su nave en la tempestad, porque no puede dominar los vientos”.
Córdoba (Argentina), junio 10 de 2008.-
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[1] Para facilitar la lectura, hemos agrupado varios artículos en dos archivos, a los que puede accederse directamente desde este lugar:
a) Doctrina política de la Iglesia:
http://foroazulyblanco.blogspot.com/search/label/Doctrina%20pol%C3%ADtica%20de%20la%20Iglesia
b) Dilemas que plantea la acción política:
http://foroazulyblanco.blogspot.com/search/label/Dilemas%20de%20la%20acci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica
[2] Guardini, Romano. “El poder”; Guadarrama, 1963, pág. 22.
[3] Gómez Pérez, Rafael. “Introducción a la política activa”; Editorial Magisterio Español, 1978, págs. 105/106.
[4] Ramos, Fulvio. “La Iglesia y la democracia”; Cruz y Fierro, 1984, págs. 200 y 183.
[5] Revista Cabildo, nº 74, editorial.
[6] “Cristianismo y política”; Revista Internacional Communio, julio-agosto de 1995.
[7] Carta Apostólica “Octogesima Adveniens”, p. 37.
[8] “Utopía”; Sopena Argentina, 1944, pág. 64.
11/06/2008 17:55 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay comentarios. Comentar.
24 de marzo de 1976
¿PUD0 EVITARSE EL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO?
Acaba de conocerse, por una carta de lectores al diario Clarín (18-3-06), el testimonio del Sr. Guillermo Bringiotti, quien, siendo estudiante de periodismo, tuvo oportunidad de entrevistar al presidente del Partido Radical, Dr. Ricardo Balbín, días antes de aquella fecha. Relata haber escuchado ésta frase textual: “Ya no hay nada que hacer, la suerte está echada”.
Quienes vivimos intensamente lo acontecido en esos días, recordamos que el Dr. Balbín manifestó en una aparición por televisión: “Debe haber una solución, pero yo no la tengo”. Parece obvio que si el líder del principal partido opositor se expresaba así, es que no existía una alternativa viable al golpe de Estado. Sin embargo, desde hace años se insiste, y acaba de repetirlo el actual gobierno argentino -con motivo de la ley que establece la fecha mencionada como feriado nacional-, que el motivo del derrocamiento fue el deseo de instaurar una dictadura que reprimiera a quienes se opusieran a un nuevo modelo económico de explotación.
Por cierto que no puede avalarse el método utilizado para combatir a los grupos subversivos que actuaron en la década de 1970, pero, tanto el accionar terrorista como la represión ilegal ya existían antes del cambio de gobierno. Hubo 908 desaparecidos antes del 24-3-76, y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista fue dispuesta en 1975 por un gobierno constitucional.
El 24 de marzo, la sociedad argentina estaba al borde de la desintegración, con un sector público anarquizado y que había perdido el monopolio del uso de la fuerza. Todos los mecanismos constitucionales y todos los matices y las combinaciones imaginables dentro del sistema vigente se habían mostrado ineptos para revertir aquella carrera hacia la disolución[1]. Además, como acaban de recordarlo los obispos, el derrocamiento del gobierno fue consentido por parte de la dirigencia de aquellos momentos[2].
Como resume una reciente crónica periodística: Nadie alzó un dedo, siquiera una voz, se vivió una jornada de sugestiva normalidad, para quejarse por esa malhadada interrupción. Más bien, era admitida y hasta querida por imposibilidad de modificar la sistemática incompetencia de un gobierno[3]. En realidad, hasta el último cuatrimestre de 1974 la opinión predominante en las Fuerzas Armadas era refractario a involucrarse nuevamente en la conducción del Estado; incluso consideraban que el problema subversivo debía ser enfrentado por las fuerzas de seguridad y no por los militares. El panorama fue cambiando debido al fracaso del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) al intentar tomar un cuartel, lo que impulsó, como represalia, el asesinato indiscriminado de miembros de las Fuerzas Armadas, y esto, a su vez, comenzó a modificar la opinión militar. El gobierno constitucional, en 1975, encomendó a las Fuerzas Armadas la represión de la actividad guerrillera. Al inicio de 1976, había dos generales en actividad a cargo, respectivamente, de la Policía federal y de la SIDE (Secretaría de Informaciones del Estado). Si se dio el paso siguiente -asumir el gobierno- fue por la convicción de que era la única manera de terminar con el caos y vencer a la subversión[4].
Carencia de solución institucional
Como la intervención militar en 1976 no fue la primera en la historia política argentina, es necesario detenerse a evaluar el motivo de fondo que produce esas interrupciones en la normal sucesión de autoridades constitucionales. Recordemos que las rupturas institucionales se produjeron, durante el siglo XX, en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, sin contar el alejamiento forzoso del presidente Frondizi, en 1962, por aplicación discutible de la ley de acefalía. Carece de rigor analítico la suposición de una continuidad en el empeño de las Fuerzas Armadas de ocupar el poder. Además, con excepción de 1955, en que hubo enfrentamientos armados, los cambios de gobierno se hicieron pacíficamente, sin verificarse nunca -ni siquiera en el 55- las características de un fenómeno revolucionario. Tampoco existió nunca una casta militar, que se suceda en el tiempo, ni logias que transmitan a sus continuadores una manera unívoca de actuar en el plano político.
El estilo de gobernar y las definiciones públicas de los jefes militares de 1976, no presentan la menor coincidencia con lo registrado 46 años antes, en el gobierno surgido del golpe de 1930. Consideramos evidente que hay un motivo estructural: la carencia de un remedio institucional, que opere en casos de emergencia. La opinión de los constitucionalistas es clara[5]: quien asume el Poder Ejecutivo como consecuencia de un golpe de Estado es denominado presidente de facto, dado que no es un mero usurpador, y su investidura es admisible cuando se dan algunos requisitos:
a) el acatamiento pacífico de la comunidad;
b) la disposición de los medios para asegurar el orden, la paz, los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos;
c) la necesidad de proveer, mediante la existencia de un gobierno, a la atención de aquellas necesidades;
d) el ejercicio público y pacífico del poder.
Lo señalado no difiere de la doctrina clásica sobre el derecho de resistencia, que es asimilada por el Catecismo de la Iglesia Católica (nº 2243).
Ahora bien, como en nuestro caso se repitió seis veces en un siglo la situación anómala de gobiernos imposibilitados de gobernar, que debieron ser reemplazados por autoridades de facto, debemos concluir que los golpes de Estado funcionan como verdaderas enmiendas constitucionales. Es decir que, al no estar prevista en la Constitución Nacional la solución jurídica que permita el reemplazo pacífico del gobierno que perdió la legitimidad de ejercicio, se admite de hecho la solución fáctica, avalada incluso por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto es consecuencia directa del sistema partidocrático, que ha impedido en todos los casos mencionados la utilización del juicio político, único remedio previsto en la Constitución.
Cabe destacar, que en el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia (7-10-86), creado para procurar el perfeccionamiento de las estructuras políticas, y que sirvió de base para la reforma constitucional de 1994, no se incluyó ninguna propuesta destinada a facilitar una solución institucional en las coyunturas analizadas. Es que el gobierno de entonces, había iniciado una maniobra, continuada por sus sucesores, destinada a evitar para siempre el peligro de golpe de Estado, mediante un recurso drástico: la destrucción de las Fuerzas Armadas. Ello se consiguió, a través de: a) la disminución paulatina del presupuesto militar, que impide el cumplimiento de la misión de las tres fuerzas, y congeló los sueldos del personal; b) la supresión por ley del servicio militar obligatorio; c) el descabezamiento reiterado de los mandos superiores, lo que dificulta un trabajo programado, y desarticula la carrera profesional basada en el mérito.
Se ha señalado[6] que no puede existir un Estado, propiamente dicho, sin Fuerzas Armadas, que constituyen una institución fundacional de la República, y simbolizan la unidad del pueblo, y la capacidad coercitiva que corresponde a la soberanía del poder estatal. Aquellas, han mutado a una Guardia Pretoriana, disponible para ejecutar las órdenes del gobernante de turno, al margen de cualquier código de honor. Del Estado, ya inexistente, sólo resta el gobierno, hipertrofiado en un poder político personalizado carente de todo límite. Se ha logrado, entonces, el objetivo: impedir que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el futuro como recurso extraordinario en situaciones límites, no solucionables por medio de las normas vigentes, de modo de garantizar la continuidad de la República.
Mario Meneghini
21-3-06 (Publicado en: http://bitacorapi.blogia.com)
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[1] Iribarne, Miguel Ángel. “El rescate de la República”; Buenos Aires, Emecé, 1978, p. 11.
[2] Conferencia Episcopal Argentina, 15-3-06.
[3] Ámbito Financiero, 20-3-06.
[4] Fraga, Rosendo. La Nación, 19-3-06.
[5] Bidat Campos, Germán. “Manual de Derecho Constitucional Argentino”; Buenos Aires, EDIAR, 1972, pgs. 695/697.
[6] Sánchez Sorondo, Marcelo. “La Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos”; en Revista Militar, Nº 728, 1993, pgs. 13/17.
27/03/2008 15:55 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay comentarios. Comentar.
Acusaciones injustificadas a un buen gobernante: Alvaro Uribe
Frente a las críticas y dudas que han circulado últimamente con respecto a la presunta vinculación del Presidente de Colombia con la comercialización de las drogas, y dado que he estudiado el tema del narcotráfico colombiano[1], me permito disentir con algunas conclusiones.
Me tomé el trabajo de leer el Cap. III, del libro: “Los jinetes de la Cocaína”, publicado en Internet por una organización de derechos humanos, que se menciona como fundamento de las críticas. De un total de 38 páginas del capítulo, en el que se detallan muchos datos sobre los clanes del narcotráfico colombiano -coincidentes, en general, con la bibliografía que he consultado-, lo único que se menciona respecto al actual Presidente y a su padre, es lo que transcribo textualmente, a continuación.
1. “También es oriundo de Antioquia el senador Alvaro Uribe Velez,. cuyo padre, Alberto Uribe Sierra, era un reconocido narcotraficante, quien le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil. Uribe estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizabal Guevara, entonces secretario de Gobierno de Medellín, logro que lo pusieran en libertad. Al entierro de Uribe Sierra, asesinado cerca de su finca en Antioquia, asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema y nata de la sociedad antioquena. en medio de veladas protestas de quienes conocían sus vínculos con la cocaína.”
2. “Los coqueros buscaron la solidaridad social a través de programas que aparentaban tener un sentido cívico, como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el Alcalde Alvaro Uribe Velez, y que consistió; según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financiadas por Pablo Escobar también adelantó el programa Medellín Cívico, en el que el narcotraficante dono miles de arbustos para ser plantados en los antejardines y los parques.”
[Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor- Derechos Human Rights el 06oct01]
Reflexión:
A) 1. Del padre -cuyas acciones no pueden afectar al hijo, por cierto-, no se presenta ninguna evidencia de delitos cometidos, ni menos condenados. Que un director de Aeronáutica otorgue el brevet de piloto a quien apruebe las pruebas respectivas, no significa complicidad con lo que realice, posteriormente, dicho aviador.
2. No puede admitirse que haya sido “un reconocido narcotraficante”, pues el mismo libro no lo incluye en ninguno de los clanes, ni menciona operativo alguno en el que haya estado involucrado.
3. Lo que sí ha sido señalado por el periodismo es que, siendo hacendado, colaboró financieramente con grupos paramilitares -cosa común entre los propietarios de fincas-, para la defensa contra la guerrilla, que finalmente lo asesina.
B. Del actual Presidente, sólo se afirma que, siendo Alcalde, aceptó que el jefe de un clan aportara dinero para planes municipales de urbanización. Es curioso que, habiendo sido, después de esa fecha, Gobernador y Presidente -en su segundo mandato-, no haya otro cargo más grave, si siquiera del Presidente Chávez, que lo ataca casi diariamente.
En resúmen, y sin caer en la ingenuidad de transformar en un santo, a un gobernante que tendrá, seguramente, defectos, creo que los datos aportados no tienen consistencia. Por el contrario, estimo que Alvaro Uribe es un modelo de gobernante, por la capacidad y valentía demostradas, en la conducción de un país seriamente anarquizado, antes de su llegada al poder.
Mario Meneghini
[Pueden leerse más antecedentes en el blog: http://foroazulyblanco.blogspot.com (Etiqueta “Terrorismo”)]
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[1] Algunos de los libros y artículos consultados: Aruedy, Alejandro. “El narcotráfico en América”; Córdoba, Marcos Lerner, 1993; Boyer, Jean-Francois. “La guerra perdida contra las drogas”; México, Grijalbo, 2001; Arrieta, Carlos y otros. “Narcotráfico en Colombia”; Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1991; Tovar Pinzón, Hermes. “La economía de la coca en América latina”; en Nueva Sociedad, Nº 130, marzo-abril/1994, Caracas, pgs. 86/111; Krauthausen, Ciro. “Poder y mercado. El narcotráfico colombiano y la mafia italiana”; Nueva Sociedad, op. cit., pág. 112/125; García Bustos, Martha Luz. “Los focos de la mafia de la cocaína en Colombia”; en Nueva Sociedad, Nº 121, setiembre-octubre/1993, pgs. 47/59.
13/03/2008 15:15 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay comentarios. Comentar.
Acuerdo predecible
Ha sorprendido a muchos el acuerdo político entre el ex presidente Néstor Kirchner y quien compitió por la presidencia hace apenas tres meses, encabezando una alianza opositora. El Dr. Roberto Lavagna aceptó reincorporarse al Partido Justicialista y ocupar un lugar expectable en dicha estructura, si bien aduce representar una “alternativa” al oficialismo. En un reportaje efectuado por el diario Clarín (3-2-08), resume su posición:
-”Yo siempre pensé que no había que hacer ingenierías de creación de nuevos partidos, sino que había que hacer un gran esfuerzo por modernizar y transformar los grandes partidos nacionales”.
-”Aquí claramente hay una mayoría, que es la que expresan el ex presidente y la actual Presidenta, y hay una primera minoría, que es el sector que yo orienté en las últimas elecciones”.-”También coincidimos con Kirchner en que un proceso de fortalecimiento y democratización del justicialismo va a impulsar un reordenamiento de todas las fuerzas políticas”.
-”Yo siempre dije que había un gobierno con el cual comparto algunas cosas y le critico otras, que había una oposición a veces muy rabiosa, y que había una alternativa que éramos nosotros. No es lo mismo ser alternativa que ser oposición”.
Esta novedad en el ámbito político argentino, confirma la necesidad de un mayor discernimiento antes de emitir el voto, para lo cual se requiere procurar la información necesaria, y seleccionar los candidatos de acuerdo a sus antecedentes y la coherencia entre sus postulados y la escala de valores del ciudadano. Muchos católicos votaron por candidatos que -como Lavagna- no satisfacían los requerimientos mínimos en materia doctrinaria, por considerar que tenían posibilidades de ganar la elección, derrotando a la candidata oficialista, evaluada -correctamente- como la más peligrosa para el país.
En una breve orientación para las elecciones (27-9-07), estimamos desaconsejable la candidatura de Lavagna:
“H) Roberto Lavagna - Gerardo Morales: Concertación UNA (incluye a la Unión Cívica Radical)
Orientación ideológica: justicialista.
En su programa, no se encuentran definiciones sobre los cuatro temas no negociables. Tampoco puede deducirse la posición de su trayectoria en la función pública, puesto que colaboró en los gobiernos de Perón, Alfonsín, De la Rúa, Duhalde y Kirchner. En un reportaje en La Nación (15-4-07) se manifestó de acuerdo en despenalizar el aborto con algunos límites. Lanzó su candidatura en Tilcara, Jujuy, en una ceremonia de homenaje a la Pachamama (La Nación, 22-7-07)”.
Por eso no nos sorprende la actitud de este dirigente, que ha demostrado poseer un enfoque pragmático de la política, lo que le permite volver a subordinarse al líder del justicialismo, de quien fue ministro de Economía. Conviene, entonces, insistir en la distinción entre “voto útil” y “mal menor”, a la hora de emitir un voto.
El voto útil consiste en que el elector otorgue su voto a un candidato que tiene posibilidades de ganar, aunque no sea confiable, para que el voto no se desperdicie.
El mal menor no se vincula con el maquiavelismo político, que admite hacer un mal para obtener un bien, lo cual es siempre ilícito. El mal menor consiste en tolerar un mal, no realizarlo. Por eso, en la orientación citada, estimamos que, en caso de segunda vuelta, y frente al mayor peligro que representaba la Sra. Kirchner, la candidatura Lavagna podía constituir un mal menor.
Pero, además, no es habitual que no haya ningún partido aceptable; en esos casos, aunque ninguno satisfaga totalmente nuestras aspiraciones, corresponde votar al partido o candidato más afín. Acaban de señalar los obispos españoles que, no siendo posible encontrar en la política el bien absoluto, es necesario elegir el mal menor. Votar un partido que carece de posibilidades de obtener ni siquiera una banca de concejal, no es una acción inútil. Si el partido satisface las expectativas, pues defiende principios sanos y presenta una plataforma que convendría aplicarse, y/o postula a dirigentes capaces y honestos, merece ser apoyado. En la elección 2007 -según nuestra evaluación- había al menos dos partidos en esa condición.
El acuerdo Lavagna-Kirchner, puede servir de advertencia sobre la necesidad de una mayor participación cívica, y lo negativo del voto útil.
[Foro Azul y Blanco, 6]
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Antecedentes relacionados con el tema, que pueden encontrarse en nuestra página (Tema: Política):
-Ideas sobre la crítica a la democracia.
-Mal menor en las elecciones políticas. Votar: ¿optativo o moralmente obligatorio? .
06/02/2008 13:16 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay comentarios. Comentar.
IDEAS SOBRE LA CRÍTICA A LA DEMOCRACIA
1. Si se sostiene que no se puede -o no se debe- actuar en el sistema, pues el sistema es la enfermedad, quedamos paralizados de entrada. El sistema institucional vigente nos incluye, mal que nos pese, puesto que somos ciudadanos de éste Estado, y debemos sujetarnos a los trámites oficiales, cobrar sueldos o jubilaciones, pagar las multas e impuestos, etc.
2. Dice Lilia Genta: “En cuanto al sistema, vivo en el siglo XXI aunque ame el siglo XIII que no es mi tiempo. Dios me hizo vivir en este tiempo y en esta realidad. (...) Es inútil querer forzar la máquina del tiempo. Dios nos exige el testimonio ahora, con todos los medios que se nos presentan. Los medios son sólo eso, medios. El asunto es usarlos sin renuncios.”
3. Señala Ernesto Palacio: “El error de muchos tratadistas políticos, sin excluir a los más excelsos, consiste en objetar la legitimidad de ciertas formas históricas por los errores intelectuales en que se fundan.”
“El sufragio está justificado por la experiencia secular como una forma de selección legítima de las clases gobernantes, aunque la razón se oponga a las fantasías del contrato social e incluso al dogma de la soberanía del pueblo, en que se funda la religión democrática.”
“Todo gobierno es un gobierno mixto. Aunque no lo sea en su constitución escrita, lo será en su constitución real, en su funcionamiento.”
4. El concepto de democracia aceptable para nosotros, es el de la 5ta. acepción, en la clasificación de Héctor Hernandez: participación del pueblo en la cosa pública. “...el recto rechazo de algunas posiciones democratistas produce a veces un rechazo, esta vez injustificado, de contenidos políticos valiosos.” (Democracia: acepciones, valoración; 1991)
5. La Iglesia acepta la democracia como forma de Estado, o régimen político, compatible con cualquier forma de gobierno que asegure el Bien Común. La última formulación, coherente con el Magisterio anterior, está en la Enc. Centesimus Annus, de Juan Pablo II:
“La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que:-asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas-y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, -o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica.”
“Al no ser ideológica, la fe cristiana no pretende encuadrar en un rígido esquema la cambiante realidad sociopolítica y reconoce que la vida del hombre se desarrolla en la historia en condiciones diversas y no perfectas.” (p. 46)
6. Creo que se hace un nominalismo al revés, al hacer hincapié en una palabra, que, en realidad, tiene muchas acepciones. No hay ningún motivo para limitarnos a rechazar el concepto liberal de democracia, ignorando, de paso, la enseñanza de la Iglesia que es madre y maestra, y nos muestra el camino correcto.
7. Desde el plano técnico, considero que la mejor explicación del tema, y que podemos tomar para nosotros, es la de Bidart Campos, en “Doctrina del Estado Democrático”, donde la define así:
“La democracia es una forma de Estado que, orientada al bien común, respeta los derechos de la persona humana, de las personas morales e instituciones, y realiza la convivencia pacífica de todos en la libertad, dentro del ordenamiento de derecho divino y de derecho natural.”“La democracia es una forma de Estado; con ello la negamos como forma de gobierno...”.
8. Nuestra forma de gobierno es la republicana, según establece el Art. 1 de la Constitución Nacional, y ninguno de los elementos que la describen es incompatible con la fe cristiana.
02/11/2007 21:20 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política Hay 1 comentario.
Aplicación de la doctrina
MAL MENOR EN LAS ELECCIONES POLÍTICAS.
VOTAR: ¿OPTATIVO O MORALMENTE OBLIGATORIO?[1]
Mario Meneghini
1. Es lugar común en la Argentina la queja sobre el mal funcionamiento del sistema político, y sobre la calidad de la mayoría de los dirigentes. Por eso, en los últimos años -en especial desde la crisis de 2001- se han lanzado muchos proyectos para intentar mejorar dicho sistema político. El principal problema es que la misma base teórica en nuestro sistema institucional parte de un principio falso: la soberanía popular, que consiste en conferir al pueblo la atribución ontológica del poder. Esta teoría ha quedado consolidada jurídicamente en nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994. En efecto, el nuevo Art. 37 garantiza el ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular. Bidart Campos (1961) demuestra que los supuestos en que se basa esta tesis son científicamente falsos:
Es ficción considerar al pueblo como susceptible de representación, y como entidad unificada que confiere mandato; ficción es suponer que el parlamento representa a la totalidad del pueblo; ficción que los actos de los representantes son actos del pueblo; ficción que el pueblo gobierna.
2. Ahora bien, que señalemos los errores en que se basa la legislación vigente, no nos autoriza a abandonar el campo de la vida cívica. En primer lugar, pues la realidad indica que la teoría democrática no es más que una máscara totemística, y la partidocracia -que implica desmentir la teoría- se impone al margen de las elucubraciones y de las normas. Cuando el electorado es convocado a las urnas, participa en una especie de ballotage, para seleccionar de entre los candidatos que han sido previamente postulados por los partidos. En segundo lugar, no es correcto cuestionar un ordenamiento institucional por que sean discutibles sus fundamentos intelectuales (Palacio, 1973). En el plano de las ideas es lícito preferir un régimen político que consideremos el mejor, pero, en toda sociedad se impone, con el tiempo, una forma determinada de selección y reemplazo de los gobernantes. Si esa forma no afecta de manera directa la dignidad humana, y rige de hecho en una sociedad, su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común...[2].
3. En la Argentina tiene vigencia, desde 1853, un ordenamiento constitucional, que, como se ha dicho (Lamas, 1988) es tributario de una serie de pactos y compromisos en el curso de los acontecimientos políticos nacionales, y rige, desde entonces, con una aceptación pacífica y estable, lo que le confiere legitimidad. Consideramos inaceptable, entonces, la actitud de algunos distinguidos intelectuales de negarse a participar en la vida cívica, por considerar cuestionable la misma Constitución y el sistema electoral que de ella deriva, y promover la abstención como única conducta válida para quienes rechazan la teoría de la soberanía popular[3]. Por el contrario, la obligación moral de participar será tanto más grave, cuanto más esenciales sean los valores morales que estén en juego (Malinas, 1959).
Participación en política
4. Luego de esta introducción, podemos abocarnos al tratamiento de la doctrina del mal menor en el proceso electoral. La historia nos muestra que en todas las épocas y en todos los países, el sufragio ha sido utilizado normalmente como instrumento de selección de las autoridades políticas. Es un modo de poner en acto el derecho natural del ciudadano de participar en la vida pública de su sociedad (Martínez Vázquez, 1966). En todos los tiempos y lugares, se han elegido magistrados, reyes, presidentes y hasta dictadores, sin que de ello se derivara necesariamente un mal para la sociedad. Y la forma republicana de gobierno, que fija nuestra Constitución, implica la periódica elección de autoridades, lo que no es objetable moralmente[4], por el contrario, existe la obligación moral de votar, salvo excepciones[5].
5. Estimamos que, sostener en vísperas de toda elección, que es inútil y hasta una falta moral ejercer el voto, pues todos los candidatos son malos y todos los programas defectuosos, revela una apreciación equivocada de la actividad política. Precisamente en una época histórica caracterizada por problemas sumamente complejos y una gran confusión de ideas, se hace más necesario que nunca acudir a la política para procurar resolver los problemas. Rehusarnos a intervenir en la vida comunitaria porque no nos gusta lo que vemos, equivale a avalar la continuidad de lo existente. Destaca Tomás Moro (1944):
Si no conseguís realizar todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal.
6. Tampoco es correcta la impresión de que la política necesariamente conduce a la corrupción, como afirmaba Lord Acton. Es cierto que el poder es ocasión de peligro moral, lo que ocurre, asimismo, con otras cualidades humanas, como la inteligencia, la cultura, la belleza, la riqueza, lo que no significa que merezcan calificarse de intrínsecamente malas. Puesto que la autoridad ha sido creada por Dios, su ejercicio no puede ser malo en sí mismo[6].
7. Suele alegarse que la decisión de no participar en un proceso electoral, deviene de una obligación de conciencia. Ahora bien, la conciencia debe estar iluminada por los principios y ayudada por el consejo de los prudentes. No es posible identificar la conciencia humana con la autoconciencia del yo, con la certeza subjetiva de sí y del propio comportamiento moral (Ratzinger, 1998)[7].
Por otra parte, como señala el Prof. Tale (2006), el abstenerse de hacer algo por objeción de conciencia es válido, si es la única manera de no afectar el principio en que se funda: no dañar. Y, en muchos casos, la objeción de conciencia no basta para cumplir con el deber moral de participar en la vida comunitaria. Antes de invocar la obligación de conciencia, cada persona debe procurar disponer de la información necesaria para evaluar correctamente a los partidos que se presentan a una elección, así como a los candidatos respectivos. Como ejemplo, podemos citar la última elección presidencial en la Argentina (2003), a la que muchos ciudadanos concurrieron, creyendo que sólo se presentaban cinco candidatos, cuando en realidad fueron dieciocho, de los cuales, por lo menos cuatro no merecían ninguna objeción a quien profese los principios del derecho natural.
8. Como explica Bargallo Cirio (1945): Adecuarse a las circunstancias es sólo contar con ellas para actuar. Para defenderlas o apoyarlas cuando se deba, o para atacarlas, torcerlas o dominarlas, cuando sea necesario. (...) La acción política es antes que nada humilde contacto con la realidad. Criticar la realidad social contemporánea, despreciándola por comparación con alguna forma que existió históricamente, o con un esquema de lo óptimo, implica caer en el utopismo. Es preciso conocer la realidad, tal cual es, antes de intentar mejorarla. No es racional desconocer la fuerza de los hechos. Reconocer que no podemos modificar una situación injusta, no equivale a convalidarla. Tras las ilusiones, vienen las frustraciones, y la conciencia de la miopía padecida conduce, finalmente, a la abominación del objeto, en nuestro caso de la política (Ayuso Torres, 1982).
9. Para cada sociedad política, pueden existir, simultáneamente, tres concepciones del régimen político: el ideal, propuesto por los teóricos; el formal promulgado oficialmente; y el real - o constitución material-, surgida de la convivencia que produce transformaciones o mutaciones en su aplicación concreta. De modo que negarse a reconocer una constitución formal, implica, a menudo, enfrentarse con molinos de viento, limitándose a un debate estéril, porque, además, no se tiene redactada la versión que se desearía que rigiera. Por eso, como enseña Pablo VI:
La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas[8].
La Constitución Nacional (Art. 38) reserva la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, a los partidos políticos, por lo que la única forma de participar en la vida cívica es a través de los mismos, ya sea incorporándose a uno, creando uno nuevo, o simplemente votando por el más afín.
Aplicación del mal menor
10. Afirma Santo Tomás que: Cuando es forzoso escoger entre dos cosas, que en cada una de ellas hay peligro, aquélla se debe elegir de que menos mal se sigue[9]. Por cierto que nunca es lícito, ni aún por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado, pero sí es lícito tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande[10].
Aplicando la doctrina, al tema eleccionario, el Prof. Palumbo (2004) explica que: “En el caso concreto de una elección, al votarse por un representante considerado mal menor, no se está haciendo el mal menor, sino permitiendo el acceso de alguien que posiblemente, según antecedentes, lo hará”.
11. En ocasiones, el ciudadano no tiene la posibilidad de elegir entre varios partidos, pues ninguno le ofrece garantías mínimas, al presentar plataformas que permiten prever acciones perjudiciales para la sociedad, o declaraciones de principios que contradicen la ley natural. En esos casos, tiene el deber de abstenerse de votar. Pero no es habitual que no haya ningún partido aceptable; por lo tanto, aunque no le satisfaga totalmente, debe votar al partido que parezca menos peligroso. Al proceder así, no está avalando aquellos aspectos cuestionables de su plataforma, sino, simplemente, eligiendo el mal menor (Haring, 1965).
Voto útil
12. A menudo se exhibe, incorrectamente, al llamado voto útil, como ejemplo de mal menor. El voto útil consiste en que el elector otorgue su voto a un partido que tiene posibilidades de ganar, aunque no sea el que más le atrae, para que el voto no se desperdicie. Este enfoque pragmático tiene ribetes de exitismo, cuando no de cobardía. El mal menor no se vincula con el maquiavelismo político, que admite hacer un mal para obtener un bien, lo cual es siempre ilícito. El mal menor consiste en tolerar un mal, no realizarlo. Un caso típico es el de la ley seca, en Estados Unidos; la experiencia indicó que prohibir el consumo de alcohol era más perjudicial que tolerarlo.
Votar un partido que carece de posibilidades de obtener ni siquiera una banca de concejal, no es una acción inútil. Si el partido satisface las expectativas, pues defiende principios sanos y presenta una plataforma que convendría aplicarse, y/o postula a dirigentes capaces y honestos, merece ser apoyado. El voto, en este caso, servirá de estímulo para quienes se dedican a la política en esa institución, les permitirá ser conocidos, y facilitará una futura elección con mejores perspectivas.
El concepto de cleavage
13. Los politólogos utilizan el concepto de cleavage, entendido como línea divisoria entre las distintas opciones electorales, ya que el análisis de los sufragios emitidos muestran que la mayoría de los electores deciden su voto en base a cuestiones concretas evaluadas según su posición previa respecto de ellas (Paramio, 1998). Si bien es admisible que el voto esté influenciado por el grupo social de pertenencia, es falso que sean los intereses quienes determinen las preferencias electorales, pues éstas nunca son unidimensionales.
Normalmente, los electores votan al partido que se aproxima más a sus propias preferencias, de acuerdo a las propuestas de la plataforma respectiva. De allí que pueda estimarse que se da una relación de identificación entre los electores y un partido, que los lleva a apoyarlo por considerar que es una opción satisfactoria, en base a los antecedentes, en cuanto a los programas y los candidatos. Esta identificación representa un estímulo para superar la tendencia al abstencionismo o a pensar que todos los políticos son iguales.
Sin embargo, en vísperas de una elección cada partido debe definir posiciones sobre múltiples temas, siendo difícil que el ciudadano pueda compartir lo que se propone en todos ellos. La identificación, entonces, se acentúa en algunas cuestiones que cada persona considera más relevantes según su escala de valores. La forma en que se pronuncien los partidos sobre dichas cuestiones termina de decidir el voto en cada ocasión.
14. Se ha dicho que la clásica división de izquierda y derecha, se mantiene aunque con otro contenido, y acota Hernández (2001) -en referencia a la vida práctica jurídica- que la divisoria en las ideas pasa hoy por las oposiciones: individualismo-solidarismo y cultura de la muerte-cultura de la vida. Agrega Tale (2006), que es necesario defender un derecho natural completo, para no limitarnos a la protección de la vida, descuidando las cuestiones económicas y políticas donde también debe cumplirse el orden natural.
En el último documento del Magisterio Pontificio -Sacramentum Caritatis- se señala la grave responsabilidad social de decidir correctamente, cuando están en juego valores que no son negociables:
-Defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural;
-La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer;
-La libertad de educación de los hijos;
-La promoción del bien común en todas sus formas[11].
Esta orientación puede servir de guía para el análisis de las plataformas electorales y decidir el voto, ya que se concentra en los temas esenciales.
Opción electoral
15. En base a lo expuesto, la opción electoral no resulta tan difícil, puesto que nuestra adhesión a los principios, y la información recopilada, nos van a indicar el camino correcto entre las distintas posibilidades:
1. Anular el voto: no resulta una opción válida, en ningún caso, y denota una actitud infantil de desquite imaginario contra los malos dirigentes.
2. Votar en blanco: debe distinguirse entre dos aspectos:
a) parcial: es decir, votar en blanco, para algunos niveles de gobierno o determinados cargos; esto es admisible, en muchas elecciones.
b) total: el voto en blanco para todos los cargos y niveles, únicamente puede admitirse en casos excepcionales, cuando todos los partidos y candidatos resulten inaceptables o peligrosos. Si tenemos en cuenta que en este año electoral, habrá que votar por cargos agrupados en 9 o 10 boletas, y optar entre una docena de partidos o frentes, según el distrito, es prácticamente imposible que no haya ningún candidato aceptable.
3. Abstenerse: si se da la situación descripta anteriormente, esta opción parece más lógica que concurrir al comicio para introducir en la urna un sobre vacío. Consideramos, que en la Argentina, hubo un sólo caso justificable para la abstención -o el voto en blanco total-, que fue la elección de convencionales constituyentes de 1957. Es inaceptable esta opción cuando está en juego una decisión crucial para la comunidad.
Un ejemplo reciente ilustra al respecto: en el referéndum sobre el aborto, realizado en Portugal, el 56 % de los ciudadanos se abstuvo; esto permitió que los partidarios del aborto obtuvieran la mayoría de los votos positivos, y si bien no se alcanzó el mínimo legal requerido, el gobierno quedó fortalecido y pudo aprobar la ley respectiva en el Parlamento.
4. Voto positivo: puede desagregarse esta opción en varias alternativas:
1. Votar por un partido que satisface íntegramente, para todos los niveles.
2. Votar a varios partidos simultáneamente, seleccionando los mejores candidatos en cada caso.
3. Votar a un partido y/o candidato, pese a merecer objeciones, aplicando la doctrina del mal menor.
Conclusión
La participación en la vida cívica incluye varias acciones, pero el modo más simple y general de participar en un sistema republicano, es el ejercicio del voto, y ninguna causa justifica el abstencionismo político pues equivale a no estar dispuesto a contribuir al bien común de la propia sociedad. Si, como afirma Aristóteles, es imposible que esté bien ordenada una polis que no esté gobernada por los mejores sino por los malos[12], resulta imprescindible la participación activa de los ciudadanos para procurar seleccionar a los más aptos y honestos para el desempeño de las funciones públicas.
Consideramos que en esta compleja actividad, resulta necesario utilizar la antigua doctrina del mal menor, como aplicación concreta de la virtud de la prudencia que debe regir la acción política.
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Referencias:
Ayuso Torres, Miguel (1982). “La política como deber: sentido y misión de la caridad política”; en: “Los católicos y la acción política”; Actas de la XX Reunión de Amigos de la Ciudad Católica, Madrid, Speiro, pág. 353.
Bargallo Cirio, Juan M.(1945) “Ubicación y proyección de la política”; Buenos Aires, Colección ADSUM, Grupo de Editoriales Católicas, págs. 45/46.
Bidart Campos, Germán José (1961). “Doctrina del Estado democrático”; Buenos Aires, EJEA, pág. 186.
Haring (1965). “La ley de Cristo. La teología moral expuesta a sacerdotes y seglares”; Barcelona, Herder, t. II, págs. 124/134).
Hernández, Hector H. (2001). “Interpretación, principios y derecho natural”; cit. p.: Tale, op. cit., pág. 11.
Lamas, Félix Adolfo (1988). “La Constitución Nacional. Sus principios de legitimidad y su reforma”; en: Moenia, Nº XXXIII, págs. 11/40.
Malinas-Unión Internacional de Estudios Sociales (1959). “Código de Moral Política”; Santander, Sal Terrae, pág. 91.
Martínez Vázquez, Benigno (1966). “El sufragio y la idea representativa democrática”; Buenos Aires, Depalma, págs. 20, 25, 31.
Moro, Tomás (1944). “Utopía”; Buenos Aires, Sopena Argentina, pág. 64.
Palumbo, Carmelo (2004). “Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia”; Buenos Aires, CIES, pág. 150.
Paramio, Ludolfo (1998). “Clase y voto: intereses, identidades y preferencias”; Ponencia presentada en el VI Congreso Español de Sociología, A Coruña, 24/26-9-1998 (tomado de: www.iesam.csic.es/doctrab1/dt-9812.htm)
Ratzinger, Joseph (1998). “Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista”; Madrid, Rialp, pág. 54.
Tale, Camilo. “La lucha por el Derecho Natural verdadero y completo”; en: El Derecho, Serie Filosofía del Derecho, Nº 11.539, 28-6-06, págs. 11 y 12.
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[1] Exposición en Simposio de Filosofía Política (15-6-07), en el I Congreso Nacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y IV Jornadas Nacionales de Derecho Natural, San Luis.
[2] León XIII, “Au millieu des sollicitudes”, p. 22 y 23. “Juzgamos innecesario advertir que todos y cada uno de los ciudadanos tienen la obligación de aceptar los cambios constituidos y que no pueden intentar nada para destruirlos o para cambiar su forma”, id., p.17.
[3] “Porque quien pone un voto positivo se hace cómplice avalando el resultado electoral, y al incurrir en lo que los teólogos nombran como cooperación activa al mal, su fe viva no está puesta en Dios sino en la soberanía popular”: Gelonch Villarino, Edmundo. “La secta imperante y la debilidad mental”; en: Centros Cívicos Patrióticos, noviembre de 2002, p. 8.
[4] “Si un pueblo es razonable...es bueno promulgar una ley que permita a ese pueblo darse a sí mismo los magistrados que administran los asuntos públicos”: San Agustín, cit. por Santo Tomás, Suma Teológica, I-II, 97, 1.
[5] “Recuerden, por tanto, todos los ciudadanos el derecho y al mismo tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común” (Constitución Gaudium et Spes, p. 75).
[6] “Por consiguiente, es necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija. Autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la Naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios, que es su autor”; León XIII, Inmortale Dei, p. 2.
[7] “No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al Magisterio de la Iglesia”; Catecismo de la Iglesia Católica, p. 2039.
[8] Pablo VI. “Octogesima adveniens”, p. 37.
[9] Santo Tomás de Aquino. “Del gobierno de los príncipes”; Buenos Aires, Editorial Cultural, 1945, Vol. 1ro., p. 35.
[10] Pablo VI. Carta Encíclica “Humane Vitae”, 25-7-1968.
[11] Benedicto XVI. Exhortación Apostólica Postsinodal “Sacramentum Caritatis”, 22-2-07, p. 83.
[12] Aristóteles. “Política”; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pág. 182.
28/06/2007 14:55 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay comentarios. Comentar.
Tierra del Fuego
PROVINCIA SIN TERRITORIO
El Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos (CEES), con la firma de su Presidente, Sr. Julio Piumato, ha denunciado que la Constitución de la Unión Europea, ha incluido entre los “territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido”, a las “islas Falkland (Malvinas), Georgias del Sur e islas Sandwich del Sur”; dichos territorios “están asociados a la Unión Europea” (Art. III-286, y Anexo II).
El CEES, en nota del 26-4-05, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, solicitó información sobre las gestiones que se hayan realizado para evitar o impugnar la insólita inclusión aludida, siendo que los territorios mencionados son considerados parte integrante de la República Argentina según nuestra Constitución Nacional (Primera Disposición Transitoria). Como, hasta la fecha, sólo han ratificado el texto de la Constitución de la Unión Europea seis Estados, de los veinticinco que la integran, es el momento oportuno para pedir una modificación de la redacción.
Pero, para que sea efectiva la gestión, debería efectuarse, asimismo, una corrección de nuestra legislación interna. Nos referimos a un tema ya analizado en dos Boletines (Nºs. 27 y 30). Desde 1990, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -a la que pertenecerían, en principio, los territorios ya citados- permanece sin territorio definido con precisión.
En efecto, la Ley Nº 23.775, de provincialización del ex-Territorio Nacional, fue promulgada el 10-5-1990, pero vetada por el Poder Ejecutivo, el mismo día, por Decreto Nº 905/90, en gran parte de su Art. 1º, donde se fijaba detalladamente su jurisdicción. El Art. 1º quedó reducido a una frase: “Declárase provincia conforme a lo dispuesto en los arts. 13 y 67, inc. 14 de la Constitución Nacional, al actual Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
El veto produjo una confusión, rayana en un galimatías jurídico, hasta el punto de que en decretos posteriores del Gobierno Nacional se eludió el uso de la palabra Provincia, como puede observarse en los tres ejemplos siguientes:
Dto. 1491/90 (3-8-90) “Art. 1º.- Convócase al electorado de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para el día 9 de diciembre de 1990, con el objeto de elegir DIECINUEVE (19) Convencionales Constituyentes...”.
Dto. 79/91 (14-1-91) “Art. 1º.- Desígnase Gobernador del ex-Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur...”.
Dto. 1387/91 (24-7-91) “Art. 1º.- Convócase al electorado del ex-Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur...”.
Para tratar de entender la situación, hay que retroceder a 1986 cuando el radicalismo aprobó en la Cámara de Diputados la creación de esta nueva Provincia, pero restringiendo su jurisdicción a la Isla Grande de Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y la Isla de Año Nuevo: la denominada provincia chica. El argumento esgrimido por el entonces Canciller Caputo, era que, como las Malvinas están ocupadas por los ingleses, y la Antártida sujeta a las negociaciones para modificar el Tratado Antártico, era razonable crear una provincia con la extensión exenta de disputa.
El Senado se opuso, pues el peronismo prefería la provincia grande -que incluyera la Antártida, Malvinas y demás islas del Atlántico-, y no se sancionó la ley.El veto de 1990, promovido por el Canciller Cavallo, no especificaba el motivo de la observación, pero en declaraciones periodísticas se alegó que se habían cometido errores como la inclusión de las islas Lawrence y Cole, que pertenecen a Chile. Cabe sospechar, sin embargo, que el Dr. Cavallo coincidía en la apreciación de su antecesor Caputo, sobre la necesidad de evitar irritar a los ingleses.
Finalmente, en la Cámara de Diputados, por consenso entre los bloques, se aprobó un proyecto de modificación a la Ley 23.775, cuyo texto constituye un desatino antológico, pues pretendía crear un doble sistema político para la misma provincia (Art. 1º):
- “En la parte oriental de la Isla Grande, Islas de los Estado y Año Nuevo, y demás islas e islotes adyacentes a ellas, tendrá la provincia creada su ámbito político, con vigencia de las atribuciones provinciales y de la organización del poder, de acuerdo con la Constitución provincial prevista en el artículo 3º.”
- “Además el Gobernador de la provincia que resulte elegido a partir de la sanción de la Constitución Provincial y de acuerdo a sus normas, quedará investido de pleno derecho y sin necesidad de formalidad alguna, del carácter de Delegado Federal en el ámbito geográfico que comprende el sector antártico, Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur. En este ámbito geográfico, el Gobernador de la provincia actuará como lo ha hecho el gobierno del Territorio hasta la sanción de la presente Ley.”
Como el Senado no aprobó este proyecto, sigue vigente la Ley 23.775, y, por lo tanto, no está definida con precisión la jurisdicción de la provincia argentina más austral. Entre otras cuestiones dudosas, la jurisdicción del ex Territorio incluía las islas al oriente del Canal de Beagle, que posteriormente fueron adjudicadas a Chile, y estaba vigente la Ley 17.094 que otorgaba soberanía plena a la Argentina sobre las 200 millas en torno a las Malvinas, Sándwich y Georgias, lo que fue modificado al ratificarse la Convención sobre el Derecho del Mar.
Por lo tanto, el texto de la ley comentada ofrece a los ingleses un nuevo manjar para su paladar de diplomáticos expertos, y debería corregirse con urgencia para defender eficazmente el interés nacional. Recordemos que el veto a la ley, fue posterior al Tratado que restableció las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña (Declaración conjunta de las Delegaciones de la Argentina y del Reino Unido, 15-2-90), que fue tan desfavorable para nuestro país, que el Dr. Caballo explicó en la Cámara de Diputados: “Hubo una guerra y la Argentina la perdió” (Página 12, 29-3-90).
Ojalá el actual Gobierno Nacional aplique la definición del Prof. Rizzo Romano de la Política Exterior de un Estado soberano: es un arte para orientar o dirigir, conforme a reglas de probada eficacia, una determinada acción en beneficio del mismo, en el plano externo.
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31/12/2006 16:33 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay comentarios. Comentar.
Política
PAPELERAS: UN CASO DE IRRACIONALIDAD POLÍTICA
El Rey de España aceptó el pedido del presidente argentino de actuar como facilitador, término que equivale a una gestión diplomática de buenos oficios, en el conflicto con Uruguay, por las empresas papeleras Botnia (finlandesa) y Ence (española). Es cierto que hubo, por parte del país vecino, una autorización apresurada a dichas empresas, sin consulta previa con la Argentina, como lo establece el Estatuto del Río Uruguay. Sin embargo,no hubo ninguna acción argentina para hacer cumplir el Estatuto, y el presidente Kirchner ya había dado -en un mensaje al Congreso- por superado el conflicto legal. Se reinicia el enfrentamiento, por la exigencia de los asambleístas de Gualeguaychú.
El asambleísta Jorge Frizler, acaba de aclarar: “No vamos a negociar por el monitoreo ni por un laboratorio conjunto, nada de eso” (La Nación, 13-11-06). Otro asambleísta, Martín Alazard, agrega: “Lo que el rey debe saber es que, si bien apoyamos el diálogo, lo que queremos es que su mediación sea para que las papeleras salgan del río Uruguay. ¡Que no vaya a interpretar que aceptaremos más monitoreos! No, eso no lo queremos. Nada más, que se vayan” (La Nación, 12-11-06).
I) Cuestión ambiental
Cuesta entender el fundamento de quienes se oponen a la instalación de las papeleras en Fray Bentos, pues en la misma página web de la Asamblea, consta como único documento crítico el informe de la Universidad de la República del Uruguay, de junio de 2006, que no contiene ninguna evidencia que justifique la aseveración del peligro de catástrofe ambiental que se anuncia desde Gualeguaychú.
En efecto, el equipo técnico de dicha universidad manifiesta, por ejemplo:
-”Si bien el Río Uruguay brindará una gran capacidad de dilución de los efluentes vertidos...puede determinar respuestas difíciles de predecir a priori”.
-”Los pastizales naturales...producen servicios ecosistémicos tales como el secuestro de carbono....y regulan el ciclo hidrológico. Su sustitución por cultivos forestales en grandes extensiones provoca un drástico cambio en el ecosistema. En el mundo, la expansión de este cultivo sobre ecosistemas de pastizales es reciente, por lo cual no hay aún un conocimiento tan profundo como el que se posee de la sustitución inversa (bosques por praderas)”.
-”Aspectos como las emisiones aéreas no han sido consideradas, no por desconocer su importancia, sino por no contar en el equipo con científicos especializados en la temática”.
En cambio, en la misma página web, se encuentran los tres informes técnicos encargados por la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial:
1) Estudio de Impacto Acumulativo, de la consultora Hartfield (2005)
2) Informe del experto Dwernychuk
3) Informe de la consultora Ecometrix
Los tres informes han hecho recomendaciones para corregir y mejorar los proyectos de obras, pero surge de los mismos que
-los comentarios que expresan temor de que las plantas causarán un daño ambiental catastrófico no están fundamentados, son irrazonables e ignoran la experiencia de muchas otras plantas modernas de blanqueo de pulpa;
-resulta claro que deben profundizarse algunos estudios e instrumentarse algunas mejoras, pero debe descartarse el abandono de los proyectos o su relocalización en otro sitio;
-las emisiones de las plantas de celulosa no tendrán efectos perjudiciales en la calidad del agua en ninguna de las dos costas;
-la calidad del aire no afectará a la salud humana (aunque no se soslaya que algunos días, no más de 10 por año, pueda haber algo de olor en las zonas aledañas);
-la playa entrerriana de Ñandubaysal, el punto argentino más cercano a Botnia, no sufrirá cambios en el aire.
Sistemas de blanqueo existentes en la producción de celulosa blanqueada
1) Blanqueo con cloro elemental: con este sistema se emiten dioxinas contaminantes. Es el que fue cuestionado en la planta de Pontevedra y el que siguen usando una decena de plantas en la Argentina.
2) Blanqueado libre de cloro elemental (ECF): utiliza productos clorados, como el dióxido de cloro, en vez del cloro molecular o elemental.
3) Blanqueado totalmente libre de cloro (TCF): se usan productos químicos no basados en el cloro, como oxígeno, ozono, etc.
Botnia eligió para usar en Uruguay en su proyecto “Orion”, la tecnología ECF-Light. Al respecto, el Banco Mundial sostiene que: “Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han adoptado el blanqueado con ECF como la Mejor Técnica Disponible”. La pasta blanqueada con ECF es preferida en el mercado, ya que tiene fibras de mayor fuerza, mayor rendimiento y produce papel que puede ser reciclado más fácilmente. Durante los últimos 10 años, ECF se ha convertido en la técnica de blanqueado dominante, mientras que TCF tiene sólo una participación en el mercado menor y en declinación
II) Cuestión jurídica
1. La Corte Internacional de Justicia, ante una demanda argentina, consideró que, al momento del fallo, no existe ningún riesgo evidente de contaminación, que justifique -como lo solicitó Argentina- que deban suspenderse las obras.
2. El Tribunal ad hoc del Mercosur, ante una demanda uruguaya, concluyó que no es correcta la posición del gobierno argentino de hacer primar el derecho humano a la libre expresión del pensamiento, sobre el derecho humano al libre tránsito. La actitud de cortar los puentes y de no actuar del gobierno argentino, no es compatible con los compromisos que se han asumido en el Tratado de Asunción del Mercosur.
Conclusión
La única salida lógica y justa de este conflicto es que ambos países designen una comisión técnica bilateral, que complete los estudios necesarios, y establezca la manera de controlar que el funcionamiento de las plantas ocasione la mínima contaminación posible.
De ninguna manera puede admitirse que las resoluciones de la Asamblea de Gualeguaychú -a las que suelen asistir unos 500 vecinos- determine la política exterior de la República Argentina.Uno de los conceptos que se han esgrimido en este caso, es el de licencia social, que consiste en “la autorización para operar que debe ser otorgada por las comunidades que se van a ver afectadas por la construcción o instalación de una industria o empresa determinada”.
Precisamente, en la forma de conducirse de estos vecinos de Gualeguaychú, subyace la ideología ecologista -que en este caso ha difundido Greenpeace- que exagera las consecuencias negativas del desarrollo económico, y pretende que la gente -representada por las entidades ecologistas- ejerza un derecho de veto ante una obra que implique un presunto daño ambiental.
Como enseña el Magisterio de la Iglesia: “La tecnología que contamina, también puede descontaminar; la producción que acumula, también puede distribuir equitativamente, a condición de que prevalezca la ética del respeto a la vida, a la dignidad del hombre y a los derechos de las generaciones humanas presentes y futuras”[1].
Córdoba, noviembre 16 de 2006.-
Mario Meneghini
Fuentes:
La Nación: 18-4-06, 8-9-06, 26-10-06, 12-11-06, 13-11-06.
Clarín: 10-10-06.
Página 12: 6-2-06, 7-11-06.
Debate: 2-11-06.
Diario OnLine, Concordia, 4-5-06
www.greenpeace.org/argentinawww.noalapapelera.com.ar
www.ifc.org/ufcext/Content/Uruguay
[DP 96]
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[1] Pontificio Consejo Justicia y Paz. “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”; CEA, 2005, p. 465.
30/11/2006 22:14 Autor: utopia. Enlace permanente. Tema: Política No hay PROYECTO NACIONAL Y PLANEAMIENTO
Mario Meneghini
1. Introducción
Desde hace muchos años se menciona frecuentemente el tema del proyecto nacional, aludido como un elemento imprescindible para superar la crisis argentina, y se alega que la carencia del mismo es uno de los factores de dicha crisis. Sin embargo, son escasas las propuestas realizadas en orden a la elaboración de un proyecto concreto. Es posible que haya algunos trabajos que no conozcamos, pero los que han trascendido, son únicamente los once que detallamos en el Anexo.
Ahora bien, lo que acotamos al principio es algo más grave; que ni siquiera desde la sociedad -academias, universidades, colegios profesionales, partidos políticos, etcétera- haya habido interés en el estudio del tema que nos ocupa. La situación descripta explica la confusión conceptual en que se incurre al abordar la cuestión del proyecto nacional. Por eso, nos interesa tratar de desbrozar los aspectos de fondo que implica encarar la elaboración de un proyecto.
Podemos definir la expresión proyecto nacional como un esquema concreto y coherente de valores, fines, políticas públicas y distribución de responsabilidades, conocido y consentido por la mayoría de la población de una sociedad[1]. Si analizamos los antecedentes argentinos, comprobamos que existen notables coincidencias en todos los documentos citados; en especial, en los dos que fueron impulsados desde el Estado. En efecto, tanto el generado desde el Ministerio de Planeamiento (l977), como el que fuera leído por el Presidente Perón ante la Asamblea Legislativa, tres años antes, parten de una cosmovisión similar.
Aluden a una cultura “cuyos valores fundamentales reconocen como fuente el acervo religioso y moral del Cristianismo, el saber filosófico de la Grecia clásica y la tradición político-jurídica de la antigua Roma”. [2]Los principios básicos sostienen que:[3]
-El hombre es una persona, creada por Dios, dotada de cuerpo y alma, y poseedora de un destino trascendente.
-El hombre no se basta a sí mismo, sino que necesita de la sociedad. Esta es una pluralidad de personas unidas moralmente de manera estable para la consecución de un bien común. La sociedad humana es un conjunto de grupos sociales.
-El. primero de estos grupos es la familia. Su constitución y su desarrollo responden -como los derechos humanos- a leyes naturales anteriores a toda organización social.
-Más allá de la familia, las necesidades, intereses y aspiraciones de tipo económico, social, cultural o religioso impulsan al hombre a agruparse en sociedades intermedias, con el fin de defender y promover bienes comunes particulares.
-La historia y la geografía crean, sobre la base de las familias asentadas en un territorio, una comunidad étnica y ética, la Nación, fundada en la lengua, la historia, la cultura, las costumbres y las aspiraciones comunes. Es una comunidad de destino en lo universal.
-Sin confundirse con la Nación, la sociedad, territorialmente delimitada, crea un órgano especializado en el mando que es el Estado, destinado a regir dicha sociedad.
2. El proyecto de la generación del ochenta
No podemos dejar de señalar una contradicción notoria, en que incurren algunos de esos trabajos cuando, al par de sostener los principios detallados, se manifiesta que el único proyecto nacional que tuvo la Argentina fue el de la generación de l880. En primer lugar, el supuesto “agotamiento” de dicho proyecto no fue otra cosa que la cronológica verificación de una política errónea, que podríamos analogar con lo ocurrido en la última década con la “convertibilidad”. Nadie puede negar que se lograron progresos materiales, “pero no hacer de la Argentina una gran nación. Y no porque sus planes fracasaron, sino porque sus propósitos no apuntaban tanto a la grandeza política como a la perfección sociológica e institucional”.[4]
No faltaron sin embargo advertencias de lo que ocurriría, como la de Vicente Fidel López, que escribió en la Revista del Río de la Plata: “Somos dependientes del comercio extranjero y de las comisiones que lo agilitan: nuestra producción, es decir nuestra materia prima, que es lo único que la constituye, depende necesariamente de la demanda de los mercados extranjeros. Ellos nos fijan la línea a que puede llegar. Ellos nos tienen bajo su tutela despótica”.[5]
Pero, además, y esto es mucho más grave, los fundamentos ideológicos de la generación del 80 son opuestos a los principios antes expuestos, e impulsaron un intento deliberado de reemplazo de nuestra raíz cultural cristiana por otra basada en el positivismo y el utilitarismo. En efecto, se sancionaron, entre otras, leyes de registro civil, de matrimonio y de educación laica. Esta última -Nº l420-, provocó la oposición del Nuncio Apostólico, Mons. Matera, que fue expulsado del país por el gobierno de Roca.
3. Análisis teórico[6]
Hecha esta introducción, debemos profundizar en cuestiones teóricas, bastante áridas, para determinar si es posible, estrictamente hablando, elaborar un proyecto nacional como anticipación del futuro, y que no sea, por lo tanto, una simple utopía. Debemos plantearnos este interrogante sobre la posibilidad misma de planificar, antes de iniciar la primera etapa que es la confección del modelo. Se trata, entonces, como suelen decir los juristas, de una cuestión de previo y especial pronunciamiento, analizar la factibilidad de anticipar el futuro, que se nos presenta como esperanza, como temor o como incógnita. Pero como necesitamos salir del presente, de una u otra manera tenemos que anticiparnos al porvenir. Para eso utilizamos la profecía, la prudencia o el proyecto.
Como no pretendemos hacer aquí un análisis teológico ni ético, descartamos las dos primeras formas de predicción para abocarnos al proyecto. La primera afirmación sobre el futuro es negar que se identifique con la nada. Consideramos que algo, para ser, basta con que posea capacidad de existir -aunque no exista actualmente- ya sea con una existencia real, ideal o volitiva. El futuro puede ser considerado como ente real posible, como ente ideal o como ente volitivo, según sea el enfoque con que se aborde.
El futuro como posibilidad (ente real): el pasado dejó de tener entidad actual, mientras el presente demuestra en acto su posibilidad de existir, y el futuro todavía no la ha concretado por falta de actualización. Pero si aún no existe y no se sabe como será, al resultar posible ya es un ente real y, como tal, es lícito pensar sobre él. En cada circunstancia, son muchos los futuros posibles -futuribles- existen algunos pocos probables -futurables. El riesgo de elegir el que tenga más chance de ser logrado y resultar conveniente, depende del procedimiento utilizado.
El futuro como conjetura (ente ideal): certidumbre es la convalidación lógica de la veracidad de un pensamiento. Por lo tanto, compartimos la tesis de Bertrand de Jouvenel: sólo se puede conjeturar sobre el mañana, y nunca alcanzar certeza. Es decir, que el análisis predictivo nos aporta un conocimiento de opinión, de manera que la materia objeto del planeamiento es opinable por naturaleza, sólo es susceptible de aproximación conjetural. Lo mismo podemos decir sobre lo político: es pasible de certidumbre en cuanto a sus contenidos pasados o presentes, pero es sólo opinable en cuanto al futuro.
El futuro como proyecto (ente volitivo): proyecto es mucho más que extrapolación en el tiempo; el vocablo se refiere a la intervención necesaria de la voluntad humana en su configuración. Si bien generalmente se proyecta de acuerdo a lo que se cree posible, aquí resulta dominante el ámbito de lo deseable. Para lo posible utilizamos la razón, en lo probable domina la voluntad. Entonces, el porvenir es para el hombre dominio de la incertidumbre.
4. Los riesgos de predecir (futurología)
a) la aplicación de recursos cuantitativos a los aspectos cualitativos de la vida social, como si se pudiera revelar el porvenir por computación
;b) identificar el traslado en el tiempo, como si se tratara de un traslado en el espacio, de modo que cada etapa de un proceso social sería semejante a las sucesivas estaciones que recorre un tren, descartando la posibilidad de utilizar otra vía, avanzar a otra velocidad, u omitir algunas estaciones.
c) considerar el porvenir como el aspecto aún no concretado de un sistema, del cual conocemos ya su estructura y comportamiento (imperio milenario, paz perpetua, sociedad sin clases). Evitaremos el intento de hacer futurología y su consecuencia más dañina, la ingeniería social, si reconocemos que la sociedad no es una cosa susceptible de manipular, ni el porvenir un destino asequible por medio de los dudosos oráculos de una nueva ciencia ficción. No es más que otra aplicación del racionalismo, que, sobre la base de un supuesto contrato social, pretendió codificar legalmente todas las conductas humanas posibles, según un modelo de hombre abstracto y fungible. Ahora se pretende, también, diseñar el futuro.
5. El planeamiento
Conociendo ya las limitaciones del conocimiento humano, y evitados los riesgos de la voluntad desbocada, resulta posible encauzar la acción sistemática mediante el planeamiento. En primer lugar, aunque dispongamos de la mejor información y el sistema más sofisticado para procesarla, tendremos que elegir entre opciones posibles. En segundo término, los instrumentos técnicos pueden facilitar dichas decisiones, pero no reemplazar la virtud de la prudencia. De allí los límites de la influencia tecnocrática, tan temida por algunos, puesto que el gobernante siempre tiende a ejercer su derecho a la conducción, y los gobernantes a reclamar su derecho a la participación en la cosa pública.
Santo Tomás enseña que, por imprevisible que sea la conducta humana nada es tan contingente que no tenga en sí alguna parte de necesidad. De manera que no sólo es posible sino muy útil al bien común la planificación. Pero siempre, respaldando los planes en el consenso de sus protagonistas, quienes deben participar en su elaboración, ejecución y modificación.
6. Hacia un proyecto nacional argentino
Habiendo desbrozado el camino de las dudas teóricas, podemos retomar la exposición sobre la forma de determinar un proyecto nacional argentino. Los antecedentes existentes, especialmente los dos surgidos desde el ámbito oficial, son precedentes valiosos, como asimismo, las denominadas “Políticas Nacionales”, aprobadas en 1970, por Decreto Nº 46 de ese año.
No obstante, al haber transcurrido más de un cuarto de siglo y haber variado el contexto, es imprescindible una actualización y, sobre todo, hacerlos operativos, puesto que nunca tuvieron incidencia en la realidad. En otra aclaración conceptual, debemos acotar que lo que denominamos proyecto nacional, equivale a un plan de largo plazo (entre 30 y 100 años) donde se especifiquen los criterios y pautas sobre la manera de procurar el desarrollo de un país.
Es, en realidad, un modelo, que contiene una cosmovisión o concepción doctrinaria, y un conjunto de hipótesis -futurables- sobre lo que puede y conviene ser realizado para lograr el tipo de desarrollo elegido. En todo proceso de planeamiento, la elaboración de un modelo, surge de la primera etapa que es la confección del diagnóstico, que contiene premisas y restricciones. Sobre la base del diagnóstico, serán fijados los objetivos, diseñadas las políticas y estrategias, y recién enconces podrá iniciarse la programación concreta de acciones a ejecutar.
Así descripto el proceso, fue el Consejo Nacional de Postguerra, creado en agosto de 1944, el primer antecedente de un organismo argentino dedicado a la planificación. Dos años después, la Secretaría Técnica de la Presidencia, que había asumido las funciones del Consejo citado, presentó el Primer Plan Quinquenal, y, con mayor o menor énfasis, se utilizó el planeamiento hasta 1970, fecha en que dejó de funcionar el Estado argentino.
El cese del Estado, fue concomitante con la aprobación del Plan Trienal 1974/77, y la presentación pública del Modelo Argentino, por parte del General Perón, el 1-5-1974. En agosto de 1973, en un mensaje a los Gobernadores, Perón explicaba que la crisis argentina comenzó “por lo más grave que puede producirse: la destrucción del hombre; ha seguido por lo más grave que puede haber después de eso, que es la destrucción del Estado.”
El llamado Plan Trienal, que en realidad comprendía cuatro años, fue elaborado en poco más de dos meses, y no era más que un conjunto de programas sin consistencia. Perón no se privó de señalar: “He quedado en cierta medida admirado de que ustedes hayan podido elaborar un plan que a nosostros nos costó dos años de trabajo, y la tarea de 300 o 400 personas que actuaron en el Consejo Nacional de Postguerra...”[7]. Tres días antes, hablando en la CGT, había afirmado: “Pero en seis meses no hay plan que se pueda concebir ni realizar...”[8].
7. Acerca del Estado
Es obvio que si no funciona el Estado, es imposible que se cumpla una función tan compleja como es el planeamiento, que exige el trabajo interdisciplinario de un equipo de especialistas. Por eso, estimamos que hoy la tarea prioritaria consiste en el esclarecimiento conceptual, pues en el mismo campo nacional han proliferado ideas que provienen de otras ideologías y han contribuido a la confusión y a dificultar la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, se identifican frecuentemente los conceptos de nación y estado, y se repite la definición liberal de estado: nación jurídicamente organizada.
En realidad, al ser la nación una realidad cultural, no puede nunca organizarse, ni modificarse sus componentes, por una decisión voluntarista; surge y se perfecciona espontáneamente, a lo largo de siglos de vida en común. Lo que sí puede organizarse es la sociedad, entendida como conjunto de personas y grupos que conviven en un territorio determinado. Precisamente, el Estado es el órgano de síntesis, planeamiento y conducción de una sociedad determinada, destinado a lograr el bien común.
El ejercicio de las tres funciones señaladas en la definición, es requisito indispensable para la existencia de un Estado; cuando dejan de cumplirse, el Estado desaparece, aunque se mantengan las formalidades constitucionales, y un gobierno. Esto es lo que ha ocurrido en la Argentina.
En cuanto a la función de síntesis, o de integración social, Perón propuso lo que denominó comunidad organizada; un sistema social y político con una conducción centralizada en el gobierno, una ejecución descentralizada, a cargo de los distintos organismos del Estado, y un pueblo libremente organizado. La solidaridad social es una fuerza poderosa de cohesión, que sólo un pueblo maduro puede hacer germinar. Únicamente el pueblo libremente organizado en sociedad es actor de las decisiones, pues las organizaciones libres del pueblo -las entidades intermedias- son factores concurrentes con los órganos públicos, de modo que no sean absorvidas por el Estado, y lograr un equilibrio entre el derecho personal y el comunitario.
La función de planeamiento, siempre es un instrumento importante de gobierno, y se torna crucial para un país en decadencia como el nuestro. Siempre, quien accede al gobierno tiene dos opciones: o gobierna por aproximaciones sucesivas, en forma errática según la presión de las demandas y de las circunstancias, o gobierna según un plan. Pero la Argentina actual ya no tiene opciones si no quiere desaparecer o convertirse en una factoría; necesita planificar, lo que significa que el diseño tiene que ser anterior a la decisión. Se planifica para procurar lo óptimo, se decide para tratar de alcanzarlo. El modelo o planeamiento de largo plazo, requiere definir los Objetivos Nacionales que deben ser consensuados. Para ello, debería implementarse una entidad como el Consejo para el Proyecto Nacional, integrado por las entidades representativas de los grupos sociales.
El plan de mediano plazo, coincidente con el período presidencial, debe estar a cargo del Poder Ejecutivo, con participación del Congreso. Y el plan de corto plazo, corresponde al equipo ministerial.
A las dos funciones anteriores, se agrega la de conducción, que corresponde al gobierno, con las siguientes modalidades:
-Centralizar la conducción y descentralizar la ejecución.
-Actuar con planificación.-Posibilitar la participación de todos los actores sociales.
-Concebir al gobierno como un instrumento al servicio de la sociedad, para lo cual deberá lograr la máxima eficiencia posible.
-Contar con funcionarios estables, que accedan a la función pública por el sistema mérito, y que permanezcan ajenos a los cambios políticos. El Estado no debe constituir una estructura institucional aislada dentro del país, como ocurre con las concepciones oligárquicas -marxistas y liberales. Se justifica únicamente si actua en beneficio de la sociedad. Para ello, el aparato estatal debe procurar un perfeccionamiento contínuo, de modo de aumentar su eficiencia y lograr las metas que fije el gobierno. Su actividad, como regulador de los grupos sociales, es esencial para lograr el máximo nivel de desarrollo económico, compatible con una redistribución equitativa de la riqueza que es producida por el conjunto de la población.
Dicha regulación se efectuará en el marco de una concertación con los representantes de las organizaciones libres del pueblo. En resumen, el papel del Estado en esta nueva etapa institucional, se ajustará a las siguientes pautas:
-El comportamiento del Estado -y su política económica y social- será regido por las directivas del Gobierno, que traducirá en decisiones concretas las líneas estratégicas fijadas en el Plan de Mediano Plazo, según los Objetivos consensuados con todos los sectores de la sociedad.
-El Estado podrá hacerse cargo nuevamente de actividades productivas y de servicios públicos, que se consideren esenciales para el interés nacional. Pero, simultáneamente, acentuará el papel de los entes reguladores de los servicios privatizados y tercerizados, que deberán ejercer un control riguroso de las empresas concesionarias, en cuanto al monto de las tarifas y a la calidad del servicio brindado. Se dará prioridad en la concesión de empresas y servicios, al sector público no estatal, que evite en este campo el fin de lucro, y la intromisión de capitales extranjeros.
-El federalismo, entendido como coordinación armónica de los tres niveles de gobierno, será fortalecido con una nueva metodología de distribución de los ingresos públicos entre el gobierno federal, los gobiernos de las 23 provincias, el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y los gobiernos de los 2.156 municipios. De esa manera, el gobierno federal podrá concentrarse en las cuestiones prioritarias: Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores, Salud, Educación y Desarrollo Económico, pudiendo asumir plenamente las demás funciones los niveles provinciales y locales, tal como establece el esquema constitucional, distorsionado durante varias década.
En la última década, pese al drástico retraimiento en la producción de bienes y prestación de servicios, por parte del gobierno federal, acompañado de la supresión de 800.000 cargos públicos, continuaron concentradas las decisiones gubernamentales más importantes en ese nivel, siendo condicionados los gobiernos locales por las dificultades financieras crónicas, que hacen ilusoria la autonomía política.
-El funcionamiento óptimo del sector público sólo será posible, si paralelamente, se modifica el sistema político, actualmente monopolizado indebidamente por los partidos, a tenor del artículo 38 de la Constitución Nacional. Es cierto que el ciudadano es representado como tal por dichas instituciones, pero la configuración política de una comunidad organizada implica la creación de un sistema de participación efectiva de los ciudadanos en la elaboración de las decisiones y en el control del cumplimiento de las mismas.
Las personas deben poder participar también en su condición de trabajadores, empresarios, profesionales, etc., a través, por ejemplo, de un Consejo para el Proyecto Nacional. La concepción liberal no acepta más representación que la de los partidos; la comunidad organizada estimula la participación de los grupos sociales, garantizando una representación integral.
8. Conclusión
Luego de este pantallazo general sobre el tema, podemos concluir que en torno al concepto de proyecto nacional deberíamos reflexionar seriamente sobre nuestra responsabilidad de ciudadanos de la República Argentina, en un momento verdaderamente dramático de su historia, en que hasta se está desdibujando el entramado de la nacionalidad y se está resquebrajando la concordia cívica.
Córdoba, setiembre 21 de 2006.-
BIBLIOGRAFÍA
Díaz Araujo, Enrique -Pithod, Abelardo - Randle, Patricio H. “Planeamiento y Nación”; OIKOS, Buenos Aires, l979, 191 pgs.
Massé, Pierre. “El Plan o el antiazar”; Barcelona, Edit. Labor, l968, l72 pgs.
Irazusta, Julio. “La generación del 80”; Buenos Aires, Ed. Docencia, l98l, 59 pgs.
Moreno, Antonio Federico. “El planeamiento y nuestra Argentina”; Buenos Aires, Corregidor, 1978.
ANTECEDENTES ARGENTINOS SOBRE “PROYECTO NACIONAL
Ordenados por fecha de publicación
1) Villegas, Osiris. “Políticas y estrategias para el Desarrollo y la Seguridad Nacional”; Buenos Aires, De. Pleamar, l969, 285 pgs.
2) Junta de Comandantes en Jefe. “Políticas Nacionales”, Decreto Nacional Nº 46/70.
3) Monti, Ángel. “Proyecto Nacional”; Buenos Aires, Ed. Paidos, l972, 293 pgs.
4) Perón, Juan Domingo. “El Proyecto Nacional. Modelo Argentino” (1-5-1974); Buenos Aires, Ed. El Cid, l986, 150 pgs.
5) Fundación Argentina Año 2000 -Centros de Estudios Prospectivos. “Proyecto Nacional. Síntesis”; Buenos Aires, 1974, l6 pgs.
6) Guevara, Francisco. “Proyecto XXI”; Buenos Aires, Edit. Ancora, l975, 238 pgs.
7) Ministerio de Planeamiento de la Nación. “Proyecto Nacional”; Buenos Aires, l977, 83 pgs. (síntesis).
8) Arguindegui, Jorge Hugo. “La nueva República. Pautas para un Proyecto Nacional”; Buenos Aires, l986, 36 pgs.
9) Cirigliano, Gustavo. “Metodología del Proyecto de País”; Buenos Aires, revista Defensa y Sociedad, Nº 1, Junio de 1988, pgs. 14/18.
10) Seineldin, Mohamed Alí. “Bases para un Proyecto Nacional”; Buenos Aires,1990, 32 pgs
11) Calcagno, Eric Alfredo - Calcagno, Eric. “Argentina: derrumbe neoliberal y proyecto nacional”; Buenos Aires, Le Monde Diplomatique, 2003, 91 pgs.
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[1] Monti, Ángel. “Proyecto nacional; razón y diseño”; Buenos Aires, Paidos, 1972, pg. 12. Moreno, Antonio Federico. “El planeamiento y nuestra Argentina”; Buenos Aires, Corregidor, 1978, pg. 47.
[2] Ministerio de Planeamiento de la Nación. “Proyecto Nacional”; Documento de Trabajo aprobado por la Junta Militar el 2 de agosto de 1977; pg. 7. Perón, Juan. “Modelo Argentino” (El proyecto nacional, 1974); Buenos Aires, El Cid Editor, 6ta. edición, 1986, pgs. l35/l36.
[3] Ministerio..., op. cit., pgs. 9/10. Perón, op. cit., pgs. 72/92.
[4] Irazusta, Julio. “La generación del 80; profecías y realizaciones”; Buenos Aires, Docencia, 1981, pg. 7.
[5] cit. p. Irazusta, op. cit., pg. 37.
[6] En este tema, seguimos de cerca el artículo de Marinotti, Héctor Julio. “Prospectiva y planeamiento” (www.ucalp.edu.ar)
[7] Perón, Juan. 17-12-1973.
[8] Perón, Juan. 14-12-1973.
29/11/2006
