En el tribunal
federal de San Francisco se inició una demanda por inconstitucionalidad
respecto a la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La
presentación fue realizada por la Asociación Civil de Derechos Humanos y
Violencia de Género, presidida por Adriana Rearte; dicha demanda también se
efectuó ante el Juzgado Federal de Córdoba (Perfil, 24-1-21).
En el escrito
presentado se señala que la ley aprobada daría lugar, en un caso hipotético que
una mujer “se implante un gameto, conciba, lo fecunde por 14 semanas, cobre
beneficio económico por ser concebido y luego decida abortar porque ya no desea
continuar el embarazo”.
La persona
mencionada encabezó a un sector de policías y sus esposas en el conocido motín
policial de 2013. No tiene antecedentes sobre actividades pro-vida, e incluso
declaró al periódico citado, que está de
acuerdo con el aborto en casos de violaciones o mujeres débiles mentales;
afirmando, contradictoriamente, que defiende el derecho de la persona por
nacer, pues existe la vida en el ser humano desde la concepción (sic).
Nos provoca
desconcierto que la acción legal contra una ley claramente repudiable, no sólo
por cuestiones constitucionales, sino violatorias del orden natural, haya sido
iniciada por una entidad que obtuvo su personería hace menos de un año y sin
fundamentos claros. Creemos que, una vez más, queda en evidencia la
ineficiencia de los grupos católicos que no sabemos defender adecuadamente
nuestras creencias.
