PROFESIONAL O CLIENTELISTA
El profesor Oscar
Oszlak acaba de escribir sobre la improvisación habitual en la Argentina, donde
“la gestión pública se convierte en la tediosa repetición de un presente
continuo, sin futuro imaginable ni pasado revisable” (La Nación, 4-7-17). Esa
característica de nuestra realidad, nos lleva a pensar que ocurrirá con el Plan
de Modernización del Estado aprobado hace un año por Decreto N° 434/16. Uno de
los ejes fijados pretende “lograr la profesionalización de los trabajadores de
la administración pública”.
El principal problema
a encarar consiste en mejorar la calidad del personal y racionalizar su
desempeño. El actual gobierno nacional comprobó que, de los 3.000 cargos
directivos sólo 6 funcionarios habían ingresado por concurso, y admite que al final de su gestión recién estarán
concursados el 50 % del total de dichos cargos, que corresponden al nivel administrativo, por
debajo del nivel político que abarca unos 800 cargos que se cubren por
designación directa.
Cabe agregar que muchos
empleados actuales se incorporaron antes de que se implementaran normas de
selección para el ingreso; a su vez, “el manejo político del empleo público”
denunciado por los sindicalistas, hace que existan “90.000 empleados
precarizados (sin estabilidad) a nivel nacional, y 600.000 si se suman provincias
y municipios” (La Nación, 30-4-17). Debemos mencionar que, del total estimado
de agentes estatales (3.490.056) de los
tres niveles de gobierno, el nacional sólo posee el 21 %; los niveles locales
suman 2.748.079. Las provincias 66% y los municipios 13 % (Min. De Trabajo,
19-4-17).
Entonces, suponiendo
que mejore la situación en el plano nacional, continuará el problema en los
niveles locales, donde muy pocos empleados ingresan por concurso; el nudo
gordiano, por lo tanto, de todo plan de reforma del sector público es la
profesionalización del personal, y debería encararse con criterio federal,
incluyendo a las provincias y municipios.
El Estado moderno requiere que los
organismos públicos estén a cargo de especialistas, que actúen con la mayor
objetividad, al servicio de toda la sociedad. En los tres niveles de gobierno
el titular del Ejecutivo es elegido para el cargo y no designado como los
funcionarios administrativos. Y es, precisamente, la conducción política
ejercida por él –y en algunos aspectos, con la intervención del Legislativo- quien
debe fijar los fines y establecer las normas que los funcionarios están
obligados a acatar. Por eso: a) la competencia de los empleados públicos está
delimitada; y b) la autoridad política complementa la racionalidad técnica de
la burocracia con los factores emotivos y la comprensión global de la realidad
social.
Hace muchos años, nos enseñaba don
Pedro J. Frías, que una administración
sin política será siempre arbitraria, y una política sin administración será
siempre estéril. Pues debe haber una relación equilibrada entre los dos
elementos imprescindibles en el funcionamiento del Estado.
Lamentablemente, en nuestro país se
mantiene el llamado sistema de los
despojos (spoil system), que fue
abandonado hace más de un siglo por los países
desarrollados; consistente en cubrir la mayoría de los cargos públicos
con los miembros del partido que obtiene el gobierno. Como los empleados de
planta permanente poseen estabilidad laboral, se añade otro problema: el
incremento incesante –e injustificado- de las dotaciones de personal.
Constituye el aspecto más preocupante del clientelismo
partidario.
En Argentina, y desde hace al menos
tres décadas, los sucesivos gobiernos han carecido de un cuerpo de funcionarios
eficientes. Superando las presiones inevitables de los propios partidarios, y
de los sindicatos, las autoridades políticas tendrán que resolver este dilema
crucial, optando por una administración profesional que reemplace para siempre
el clientelismo en la función pública.
El nuevo modelo de gestión, deberá
quedar reflejado en la legislación; en la ley de Presupuesto, tendrá que
detallarse el número de cargos de nivel político, quedando fijada la obligación
de cubrir todos los demás cargos por concurso de antecedentes y oposición.
Únicamente con un Servicio Civil competente podrá lograrse un desarrollo
integral que permita alcanzar en la Argentina el bien común, con justicia para
todos los ciudadanos.
(Publicado en La Voz del Interior, 8-7-17)
