RECEPCIÓN DE PALMAS SANMARTINIANAS

PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES

Un dato importante de las recientes elecciones legislativas en Estados Unidos, que representaron un duro revés para el actual presidente Obama, fue la escasa participación ciudadana en las mismas.

Habitualmente, y en especial en las elecciones de medio tiempo, vota alrededor de la mitad de los ciudadanos, debido a que el voto es voluntario. En 2010, participó el 40,9 %, y en esta oportunidad, sólo un 36,6 % del total de los ciudadanos (*).

Nos surgen dos reflexiones:

- El voto voluntario, que algunos preconizan para nuestro país, conlleva inevitablemente una menor participación, lo que pone en riesgo la representación de los funcionarios electos, fundamento del sistema republicano.

- En países con mayor desarrollo político, la escasa participación electoral en el orden nacional, se compensa con una mayor participación en la selección de los funcionarios locales, y una activa participación de los habitantes en la vida social, a través de las entidades no gubernamentales. Esto no ocurre en la Argentina, donde existe un exagerado centralismo político, y, además,  el desinterés por la cosa pública se extiende al funcionamiento de entidades y asociaciones de la vida social.

Según los datos conocidos, en la reciente elección de representantes de los abogados, para integrar el Consejo de la Magistratura, pese a la importancia que tenía esa elección, sólo votó un 20 % del total de la matrícula.

(*) Clarín, 8-11-14

SAN MARTÍN Y LA MASONERÍA (*)

En esta ocasión, me parece oportuno hacer algunas reflexiones sobre nuestro héroe,  puesto que debemos procurar que su actuación sirva de ejemplo y guía para el presente. Y, para eso, es necesario ir más allá de los hechos, tratando de investigar la causa de los hechos. Puesto que, “la historia es en esencia justicia distributiva; discierne el mérito y la responsabilidad” (Font Ezcurra).

En momentos de honda crisis en nuestra patria, no podrá restaurarse la Argentina, mientras no se afiance en sus raíces verdaderas. Ocurre, sin embargo, que desde hace unos años han surgido de la nada, presuntos historiadores, empeñados en desmerecer la personalidad y la obra de los próceres, sembrando confusión y desaliento.

En realidad, el intento de desprestigiar a quienes consolidaron la nación, comienza muy atrás en el tiempo. Recordemos por ejemplo, lo que escribió Alberdi, en su libro El crimen de la guerra (T. II, pg. 213): “San Martín siguió la idea que le inspiró, no su amor al suelo de su origen, sino el consejo de un general inglés, de los que deseaban la emancipación de Sud-América para las necesidades del comercio británico”. Por cierto que no presenta evidencia alguna, y en cambio se conoce una comunicación de Manuel Castilla, que era el agente inglés en Buenos Aires, dirigida al Cónsul Staples, el 13-8-1812, con motivo del arribo de la fragata Canning, en la que viajó San Martín desde Londres. Allí destaca la llegada de varios militares, y agrega: “Está también un coronel San Martín…de quien…no tengo la menor duda está al servicio de Francia y es un enemigo de los intereses británicos”.

En cambio, un personaje de poca monta, Saturnino Rodríguez Peña, que ayudó a escapar al General Beresford y otros oficiales ingleses, que estaban internados en Luján, luego de la invasión de 1806, fue premiado por sus servicios al Imperio Británico, con una pensión vitalicia de 1.500 pesos fuertes.

Por su parte, otro General argentino, Carlos de Alvear, siendo Director Supremo de las Provincias Unidas, firmó dos pliegos, en 1815, dirigidos a Lord Stranford y a Lord Castlereagh, en los que decía: “Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso.” Estos documentos se conservan en el Archivo Nacional, y prueban una actitud que nunca existió en San Martín, cuya conducta fue siempre transparente y sincera.

Los ejemplos mencionados de Alvear y de Rodríguez Peña, hacen necesario rastrear el pasado para tratar de entender el motivo de sus actitudes. Desde antes de la ruptura con España, ya habían aparecido en el Río de la Plata dos enfoques, dos modos de interpretar la  realidad, diametralmente opuestos:

1) el primer enfoque, nace el 12-8-1806, con la Reconquista de Buenos Aires, y podemos llamarlo Federal-tradicionalista;

2) el segundo enfoque, surge en enero de 1809, con el Tratado Apodaca-Canning, celebrado entre España e Inglaterra, cuando este último país, que había sido derrotado militarmente en el Río de la Plata, ofrece una alianza a España, contra Francia, a cambio de facilidades para exportar sus productos. A este enfoque podemos llamarlo Unitario-colonial.

No caben dudas de que San Martín se identifica con el enfoque tradicionalista, que se manifiesta con el rechazo de las invasiones inglesas, se afianza con la Revolución de Mayo y la guerra de la independencia y culmina en la Confederación Argentina, con el combate de la Vuelta de Obligado.

Quienes atacaron a San Martín y trabaron su gestión, hasta impulsarlo a alejarse del país, se encuadran en el enfoque unitario. Son quienes consideraban más importante adoptar la civilización europea, que lograr la independencia nacional, y por “un indigno espíritu de partido” -decía San Martín- no vacilaron en aliarse al extranjero en la guerra de Inglaterra y Francia contra la Confederación. Lo mismo hicieron en la batalla de Caseros  -cuando se aliaron  con el Imperio de Brasil-, donde llegaron a combatir 3.000 mercenarios alemanes contratados por Brasil. San Martín llegó a la conclusión de que “para que el país pueda existir, es de absoluta necesidad que uno de los dos partidos en cuestión desaparezca” (carta a Guido, 1829).

Uno de las vías de difusión de la mentalidad unitaria-colonial, fue la masonería, que influyó en algunos próceres. Rodríguez Peña, por ejemplo, fue uno de los 58 residentes en el Río de la Plata, que se incorporaron a las dos logias masónicas instaladas durante las invasiones inglesas (Estrella del Sur, e Hijos de Hiram). Otros dos formaron parte de la 1ra. Junta de gobierno: Mariano Moreno y Castelli (Memorias del Cap. Gillespie).

Curiosamente, se ha pretendido vincular a San Martín a la masonería, cuando, además de no existir ninguna documentación que lo fundamente, toda su actuación resulta antinómica con los principios de dicha institución. Cabe citar el testimonio de dos ex presidentes de la República, que desempeñaron, además el cargo de Gran Maestre de la Masonería Argentina.

Bartolomé Mitre escribió: “La Logia Lautaro no formaba parte de la masonería y su objetivo era sólo político”. Por su parte, Sarmiento agregó: “Cuatrocientos hispanoamericanos diseminados en la península, en los colegios, en el comercio o en los ejércitos se entendieron desde temprano para formar una sociedad secreta, conocida en América con el nombre Lautaro. Para guardar secreto tan comprometedor, se revistió de las fómulas, signos, juramentos y grados de las sociedades masónicas, pero no eran una masonería como generalmente se ha creído…”.

La Revista Masónica Americana, en su Nº 485 del 15 de junio de 1873, publicó la nómina de las logias que existieron en todo el mundo, y en ella no figura la Lautaro. El mayor aporte para el esclarecimiento de esta cuestión, lo realizó el historiador Patricio McGuire, quien consultó directamente a la Gran Logia Unida de Inglaterra, recibiendo respuesta el 21-8-1979, firmada por el Gran Secretario, James Stubbs, asegurando que la logia Lautaro “no tenía relación alguna con la Francmasonería regular”, y que San Martín no fue miembro de la misma. Para descartar cualquier posible duda, realizó la misma consulta a las Grandes Logias de Irlanda y de Escocia, cuyas autoridades respondieron que, en la primera mitad del siglo XIX, no hubo logias en Sudamérica, en dependencia de dichas instituciones. La documentación respectiva fue publicada en la revista Masonería y otras sociedades secretas, en noviembre y diciembre de 1981.

La leyenda, sin embargo,  continuó y a falta de otros antecedentes, se mencionó una medalla acuñada en 1825 por la logia La perfecta amistad, de Bruselas. Se conserva un solo ejemplar de la medalla en bronce, en la Biblioteca Real de Bruselas, que tiene escrito, en el reverso (en francés):

“Logia La Perfecta Amistad constituida al oriente de Bruseñas el 7 de julio de 5807 (1807) al General San Martín 5825 (1825).  En el anverso, figura “General San Martín”, alrededor del retrato, y abajo “Simon F”, indicando el nombre del grabador y su pertenencia a la masonería (F: frere, hermano).

El origen de esta medalla es la decisión del Rey de Bélgica, Guillermo I, de hacer acuñar diez medallas diseñadas por el grabador oficial del reino, Juan Henri Simeon, con la efigie de otras tantas personalidades de la época, una de los cuales era el Libertador de América, que estaba residiendo en ese país. Para esta medalla el general posó expresamente, y se logró el único retrato de perfil de nuestro héroe.

Se puede deducir que la medalla de la logia, fue confeccionada sobre el molde de la oficial, facilitado por el grabador que era masón, y no hay constancias de que San Martín la haya recibido, ni mencionó nunca esa distinción. Hay que añadir que eso ocurrió en 1825, y en los siguientes veinticinco años que vivió San Martín en el viejo continente, no se produjo ningún hecho ni documento que lo vinculara a la masonería. La afirmación de la historiadora Patricia Pascuali, de que San Martín frecuentaba en Bruselas la logia Amigos del comercio, constituye un grueso error pues esa logia funcionaba y funciona en la ciudad de Amberes, y el archivista de la misma aclaró por escrito que en los archivos de la logia no se ha encontrado ninguna mención al nombre del general argentino.

Lamentablemente, el Dr. Terragno –actual académico sanmartiniano-, en su libro Maitland & San Martín, introdujo otra duda al recordar que Bélgica fue ocupada en la 2da. Guerra Mundial, y los alemanes incautaron los archivos de la masonería; luego esos archivos quedaron en poder de la Unión Soviética, en Moscú. Por eso, Terragno alegó:  “Cuando todos los materiales estén clasificados y al alcance de los investigadores, quizá surjan nuevos elementos sobre la Perfecta Amistad y los vínculos masónicos de San Martín en Bruselas”.

Pues bien, desaparecida la Unión Soviética, Bélgica recuperó esa documentación; la referida a la masonería, representaba unas 200.000 carpetas. El Dr. Guillermo Jacovella, que se desempeñó como Embajador argentino en Bruselas, entre el 2004 y el 2008, se interesó en el tema, y realizó una investigación en el Centro de Documentación Masónica de  Bruselas, donde se encuentra el archivo de la logia Perfecta Amistad, contando con la colaboración del director, Frank Langenauken. En conclusión, no se pudo encontrar ninguna mención al general San Martín o al homenaje de la referida medalla.

Consideramos muy valiosa la información aportada por el señor Jacovella, publicada en la revista Todo es Historia, de agosto de 2009, para desmentir una falsedad histórica, y dar por terminada definitivamente esta cuestión.

Debemos discrepar, sin embargo, con la afirmacion del autor de que la masonería no estuvo condenada por la Iglesia hasta 1884, y por lo tanto “si San Martín hubiera querido iniciarse en la masonería durante los largos años que vivió en Europa (hasta 1850), ello no hubiera sido abiertamente incompatible con su condición de católico”.

La encíclica de 1884, a la que se refiere el autor, es la Humanum genus, de León XIII. Pues bien, ese documento ratifica expresamente otros anteriores, y en el documento más antiguo, la Constitución In eminenti, de 1738, promulgada por el papa Clemente XII, se prohibe “a todos los fieles, sean laicos o clérigos… que entren por cualquier causa y bajo ningún pretexto en tales centros …bajo pena de excomunión”. Esta condenación fue confirmada por Benedicto XIV en la Constitución Providas, de 1751, y como consecuencia, fue prohibida  la masonería, también,  en España, ese año, por una pragmática de Fernando VI.

Recordemos que sobre la posición religiosa de San Martín, ha investigado especialmente el P. Guillermo Fourlong, quien llega a esta conclusión: “Hemos de aseverar que San Martín no sólo fue un católico práctico o militante, sino que fue además, un católico ferviente y hasta apostólico”. Entonces, es importante esclarecer este punto, pues “el catolicismo profesado por San Martín establece una incompatibilidad con la masonería, a menos que fuera infiel a uno o a la otra”.  Consta en las Memorias de Tomás de Iriarte, que Belgrano rechazó la posibilidad de ingresar en la organización, aduciendo precisamente la condenación eclesiástica que pesaba sobre la secta. Precisamente Belgrano, en carta a San Martín, del 6 de abril de 1814, le comenta, obviamente conociendo su posición: “no deje de implorar a N. Sra. de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra Generala y no olvide los escapularios a la tropa”.

La verdad histórica debe ser defendida y difundida, sin aceptarse distorsiones que confunden y desalientan. El Presidente Avellaneda, en un discurso famoso, con motivo del regreso a la Argentina de los restos del Gral. San Martín,  sostuvo que: “los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos; y los que se apoyan sobre tumbas gloriosas, son los que mejor preparan el porvenir”.

(*) Expuesto en la Legislatura de Córdoba, el 4-11-2014, al recibir las Palmas Sanmartinianas.

Fuentes:

Jacovella, Guillermo. “San Martín y los ideales masónicos”; Todo es Historia, Nº 505, agosto de 2009, páginas 20-25.

McGuire, Patricio. Revista Masonería y otras sociedades secretas; Nº 2, noviembre 1981, pgs. 20-25; Nº 3, diciembre 1981, pgs. 15-20; Nº 5, febrero 1982, pgs. 30-35.

Terragno, Rodolfo H. “Maitland & San Martín”; Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1999, p. 193.

ECOLOGISMO Y PARTICIPACIÓN POPULAR INDEBIDA

Con motivo de la nueva ley de hidrocarburos, que se está debatiendo en el Congreso, afloran dos cuestiones:

-El ecologismo, que distorsiona y exagera los riesgos de contaminación ambiental que puede provocar el sistema de "fracking", para la extracción de petróleo y gas a mucha profundidad.

-Una forma peligrosa de participación en las decisiones políticas.

Un reciente artículo periodístico (*) muestra ambas cuestiones:

"La nueva ley establece otra laguna legal que tendrá indeseadas consecuencias. Los sectores favorables al fracking proponen en todo el mundo que las municipalidades afectadas por las consecuencias de esta práctica no pueden vedar ni suspender. Intentan que los órganos judiciales superiores consideren inconstitucionales dichas decisiones de los organismos locales.

El problema argentino, potenciado con la nueva ley de hidrocarburos, debe ser resuelto pensando en la evolución de la Constitución estadounidense, donde se interpreta como ideal que las prohibiciones y moratorias se establezcan por consulta popular".

"¡Acaso fracturar el suelo no es una violencia contra la hermana Madre Tierra como la llamaba Francisco, el de Asís! (sic)

Aceptar que los residentes de una zona, donde se ha previsto iniciar  una actividad empresaria o una obra pública, sean quienes decidan si se concede la autorización respectiva, implica afectar gravemente el sistema político, y someter la conveniencia económica de un proyecto a la voluntad de personas que carecen de la capacidad necesaria. El gobierno republicano, que nos rige, consiste en el gobierno de los representantes del pueblo,  quienes, se supone, poseen la experiencia e idoneidad suficientes para el análisis de problemas complejos, con el asesoramiento de especialistas. "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución" (Art. 22).

(*) Félix Herrero e Ignacio Zavaleta. "Los vecinos y provincianos, en la política petrolera"; Clarín, 29-10-14.

POBREZA Y REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

El último documento papal –Enc. Evangelii Gaudium- nos recuerda el principio del destino universal de los bienes, que se basa en que Dios ha creado la tierra y  cuanto ella contiene para uso de todos los hombres. Por lo tanto:  “La propiedad privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde”[1]; en consecuencia “los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás”[2]. También Santo Tomás enseña que: “Los bienes superfluos que algunas personas poseen son debidos, por derecho natural, al sostenimiento de los pobres” (ST. 2-2 q. 66 a. 7c.).

Este concepto está fijado en el Código de Derecho Canónico, referido a las obligaciones de los fieles -Canon 222,2-: “Tienen también el deber de promover la justicia social, así como, recordando el precepto del Señor, ayudar a los pobres con sus propios bienes”.

Debemos señalar que, siempre, las comunidades cristianas se ocuparon de los pobres. En los primeros siglos, los pobres que recibían ayuda regular eran denominados matriculari, pues estaban inscriptos en el canon de la Iglesia. Por ejemplo, en el 251, la Iglesia romana tenía 1.500 matriculari, y los recursos alcanzaban para todos.

La Sagrada Escritura nos advierte que siempre ha habido y habrá pobres (Dt. 15,11), pero la situación actual del mundo no tiene antecedentes y es el fruto de un orden económico injusto, promovido por concepciones ideológicas perversas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  1.200 millones de personas en el mundo viven con 1,25 dólares o menos por día, y 842 millones padecen hambre. Simultáneamente, las 85 personas con más dinero del mundo poseen 1,7 billones de dolares, que equivale a lo que tiene en total,  la mitad más pobre de la población del planeta, 3.500 millones de personas (Clarín, 26-1-14, La Nación, 25-7-14).

 Si analizamos la situación de nuestro país, nos encontramos con 11 millones de pobres, de los cuales 2,2 millones, son indigentes, de acuerdo al informe del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina. En esas cifras se destaca que  entre los pobres, se cuentan  5 millones de niños y adolescentes, de los cuales 800.000 son indigentes. Hay muchos lugares del país donde los niños sufren desnutrición, lo que genera daños irreversibles. Hace poco el Dr. Albino, que tanto lucha contra la desnutrición infantil, decía “Lo que nos falta no es comida, lo que nos falta es vergüenza”[3].

Es que, en ambos casos -el mundo y el país- el origen de la situación obedece a las mismas causas. Juan Pablo II, en la Sollicitudo rei socialis, aclara que la misma no es responsabilidad de los pueblos, ni mucho menos atribuible a una fatalidad[4]. Sino que hay decisiones concretas, que provocan estos consecuencias. Los Obispos argentinos precisaron las causas de lo que ocurre hoy en el mundo: “La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza, tienen sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad y del respeto por las personas y los pueblos” (CEA, “Navega mar adentro”, 31-5-03, p. 34).

De allí el error de pensar que para solucionar el problema de la pobreza, hay que apuntar a disminuir la tasa de desempleo, considerando que, teniendo empleo, cada persona puede encarar por sí misma el problema. Pero ocurre que, en la actualidad, muchas empresas no toman mano de obra, o la expulsan, sencillamente porque no la necesitan. En efecto, el aumento de la productividad -que se incrementa continuamente, con el avance de la tecnología- hace que disminuya la cantidad de trabajadores estables requeridos. Lo que hace aún más perversa esta situación, es que todo el sistema educativo apunta a brindar a los jóvenes una salida laboral, eliminándose las asignaturas que se consideren teóricas y por lo tanto prescindibles en un plan de estudios. Si se hiciera hincapié en una formación integral, al menos recibirían los estudiantes una preparación que les facilite entender mejor la realidad, y no los lleve a sentirse fracasados por no poder insertarse en el ámbito laboral.

Es necesario destacar que el avance de la pobreza no es consecuencia de un retroceso de la economía global. Por el contrario, el Producto Bruto sigue creciendo, aunque sus beneficios se concentran cada vez más en pocas manos. Ya Pío XI sostenía que los pueblos labran su fortuna por medio del inmenso trabajo acumulado por todos los ciudadanos, y no es correcto atribuir sólo al capital o sólo al trabajo lo que resulta de la eficaz colaboración de ambos. Por lo tanto, es “totalmente injusto que uno de ellos, negada la eficacia del otro, trate de arrogarse para sí todo lo que hay en el efecto”[5].

En la actualidad, incluso, es difícil mensurar la exacta contribución de cada sector, y siendo el Producto Bruto un verdadero bien colectivo; entonces, la distribución de la riqueza no puede estar regida por la justicia conmutativa, sino por la justicia distributiva.

Para entender esta cuestión es necesario repasar los conceptos básicos de la economía, que surge de una relación del hombre con las cosas. Pero únicamente con las cosas escasas y útiles, que son los requisitos para que las cosas tengan un valor económico. De esta relación nace la ley de la oferta y la demanda. En la medida en que una cosa es más necesaria o más escasa, tiende a aumentar su valor, y tiende a disminuirlo en la medida en que es más abundante o menos necesaria. Esta ley se aplica, desde la Revolución Francesa, al precio del trabajo, que pasa a ser considerado una mercancía, de modo que cuando se aumenta la oferta de trabajo -que es cuando la gente está más necesitada- el valor del salario baja.

Pero lo criticable en el capitalismo liberal no es la defensa de esta ley, que es natural y espontánea en las relaciones económicos, sino pretender que la tendencia actúe fuera de todo encuadramiento y subordinación a leyes superiores. Pues existe una segunda ley fundamental de la economía que es llamada de reciprocidad en los cambios, a la que corresponde ordenar las tendencias espontáneas del mercado al bien común. Según esta ley, cuando después de haberse producido una cierta riqueza, se realiza el intercambio, este debe ser hecho de tal forma que no produzca ni adelantos ni retrasos económicos en los diferentes sectores de la sociedad. Aristóteles, quien formuló esta ley (Ética a Nicómano, libro V) razonaba así: si alguien da más y recibe menos, desaparece todo incentivo para permanecer en la comunidad. La concepción aristotélica fue profundizada por los teólogos, bajo el nombre de justo precio de los bienes.

La economía es principalmente intercambio y existen cuatro sectores: el productor de materias primas, el industrializador, el distribuidor y el financiero, que constituyen cuatro piezas diferentes y complementarias. Es imprescindible, para que la economía funcione bien, que las cuatro piezas estén proporcionadas. Cualquier crecimiento de un sector que no sea seguido del crecimiento proporcional de los otros, deforma y frena el aparato económico, además de la injusticia que conlleva al perjudicar a unos en beneficio de otros de los miembros de la comunidad.

Por ello, Pío XI, al denunciar el imperialismo internacional del dinero, en 1931, afirmaba:

“Es necesario, por ello, que las riquezas, que se van aumentando constantemente merced al desarrollo económico-social, se distribuyan entre cada una de las personas y clases de hombres, de modo que quede a salvo esa común utilidad de todos, tan alabada por León XIII, o, con otras palabras, que se conserve inmune el bien común de toda la sociedad”[6].

En el siglo XX se intentó mejorar la distribución de la riqueza mediante la política impositiva y la seguridad social. Ambos instrumentos son válidos y pueden contribuir a la solución, pero los frutos demoran en lograrse, los procedimientos son complejos y se corre el peligro de centralizar demasiado las acciones en el Estado. Por eso, desde hace un tiempo ha surgido el concepto de Ingreso Básico o Ciudadano, que tiende a garantizar a todos los habitantes de un país -a partir de una edad determinada- una suma mínima de dinero disponible mensualmente.

El promotor de esta iniciativa fue James Meade, premio Nobel de Economía, y parte del supuesto de que todos contribuyen a generar la riqueza creada en el país, por lo que merecen ser retribuidos con parte de dicha riqueza. El Ingreso Ciudadano reemplazaría los actuales subsidios y ayudas sociales -del tipo de Jefes de Hogar-, evitando el asistencialismo. Pero también evitaría la discriminación y humillación de los pobres, pues el ingreso sería un derecho de todo ciudadano, al margen de su situación económica y laboral. No fomentaría la ociosidad, puesto que, al ser un ingreso mínimo -sólo suficiente para asegurar el consumo de la canasta básica de alimentos y servicios- continuaría siendo atractivo disponer de otro ingreso, que sería compatible con el primero. Además, toda la sociedad estaría interesada en incrementar el desarrollo del país, pues el monto del Ingreso Ciudadano, dependerá del Producto Bruto. Este instrumento no es una simple construcción teórica, sino que ya se está aplicando en varios países del mundo, con distintos nombres y modalidades[7].

Las soluciones globales al problema de la pobreza y de la injusta distribución de los bienes, son posibles, como hemos visto, pero dependen del poder político. Benedicto XVI advierte que el mercado puede orientarse en sentido negativo, pero no por su propia naturaleza, sino por una ideología que hace que el más fuerte avasalle al más débil; por eso no debe proclamarse apresuradamente la desaparición del Estado, que debe intervenir activamente, recuperando muchas competencias para asegurar el equilibrio, como ya lo sostenía la Rerum novarum[8]. Como explica el economista Stefano Zamagni: “La competencia, que aporta beneficios a los consumidores, no es el resultado natural de la interacción de las fuerzas del mercado sino que sólo puede conseguirse con la labor anti oligopólica de las autoridades”[9].

De todos modos, mientras se procura que mejore la acción cívica y el funcionamiento del Estado como garante del bien común, los católicos no pueden permanecer indiferentes ante la gravedad de la situación descripta. La Caritas in veritate menciona que, junto a las empresas orientadas al lucro, pueden existir otras con fines mutualistas y sociales[10]. Como ejemplo concreto, se puede citar la llamada Economía de Comunión, surgida desde el Movimiento Focolar, y que consiste en empresas constituidas por personas que se asocian, invirtiendo sus ahorros con la finalidad declarada de que una parte de las eventuales utilidades serán destinadas a acciones solidarias. Ya se han formado unas 700 empresas en el mundo, y alrededor de cuarenta en la Argentina. La fundadora, Chiara Lubich, explicó el fundamento:

“Como una planta creada por Dios, que sólo absorbe del terreno el agua que necesita, así también nosotros tenemos que tratar de tener sólo aquello que nos es necesario. Mejor si cada tanto vemos que nos falta algo. Mejor ser un poco pobres, que un poco ricos”[11].

En el orden personal, los católicos deberían procurar la aplicación de un instrumento de la tradición cristiana, que existió durante muchos siglos: el diezmo, es decir, la entrega voluntaria del diez por ciento de los ingresos individuales, para ayuda comunitaria. El valor de esta institución, lo expresa San Agustín (Sermón 85): “Quédate con lo que te sea suficiente o con más de lo suficiente. De todo, demos una cierta parte. ¿Cuál? La décima parte. Los escribas y fariseos daban el diezmo. Avergonzémonos hermanos: aquellos por los que Cristo aún no había derramado su sangre daban el diezmo. (...) no callaré lo que dijo el que vive y murió por nosotros. Si vuestra justicia no fuese superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos”.

Desde hace una década, en varios países americanos existe la Pastoral del Diezmo. En Perú, por ejemplo, en la Diócesis del Callao se ha logrado comprometer a 1.500 diezmistas, con cuyo aporte las parroquias involucradas aumentaron sus ingresos y pueden desarrollar más proyectos para la misión evangelizadora y de promoción humana (Cristo hoy, 21/27-9-2000). No hay, por tanto, ningún impedimento para que esta milenaria práctica, se aplique también en la Argentina. La reciente campaña anual “Más por menos”, nos motiva a hacer algunas reflexiones sobre la obligación moral de los católicos argentinos de compartir sus bienes, ayudando  a los más débiles. Mientras no se logre un verdadero desarrollo integral, que, para serlo, debe incluir una redistribución de la riqueza, no desaparecerá el flagelo de la pobreza, que ya se ha convertido en un mal estructural. Ahora bien, procurar el desarrollo es una función del Estado, y por lo tanto, depende de la competencia y honestidad de los gobernantes. Mientras no se produzca un cambio positivo en la gestión de la cosa pública, no se logrará la erradicación de la pobreza, sin que medie nuestra participación.

La realidad social de nuestra comunidad nacional, debería incentivarnos a redoblar nuestro esfuerzo. La actividad permanente de Cáritas es digna de elogio, pero no basta para situaciones de crisis profunda como la que muestran los indicadores señalados. En las dos colectas anuales (Caritas y Mas por menos) el aporte de los fieles queda librado a su criterio;  el resultado es decepcionante, y basta para demostrar que esas iniciativas son notoriamente insuficientes. En efecto, la colecta de Caritas[12], en junio 2014, recaudó $ 37.343.721,16 mientras la de Mas por menos[13], 2013, recaudó $ 21.130.195,97. En total, lo recaudado por la Iglesia con finalidad social suma $ 58.473.916,13.

Para visualizar correctamente lo que implica el importe indicado, es necesario analizar algunos datos[14]. De la población argentina, profesan la religión católica 30 millones de personas (76,5 % del total), de los cuales, aproximadamente 7,5 millones son practicantes (23,8 %). Esto significa que el aporte per cápita, por año, de los católicos practicantes, es de $ 8.

En algunos países las autoridades diocesanas, para estimular el aporte de los católicos, se basan en los Mandamientos de la Iglesia, pues el quinto (ayudar a la Iglesia en sus necesidades) “enuncia que los fieles están, además obligados a ayudar, cada uno según sus posibilidades, a las necesidades materiales de la Iglesia”[15]. Para cumplir con esta obligación, en cada país las conferencias episcopales están dando normas precisas al respecto. En México, el llamado diezmo anual corresponde a lo que uno gana en un día de trabajo. En Chile, se ha fijado el uno por ciento mensual de lo que cada uno gana. Consideramos, entonces, que los fieles argentinos  deberíamos procurar la aplicación práctica del principio del destino universal de los bienes, promoviendo una modalidad concreta de ayuda permanente al prójimo necesitado. En una primera etapa, hasta que se logre recuperar el ideal del diezmo, se debería adoptar alguno de los modelos utilizados en países americanos. Podemos estimar que ello bastaría para eliminar la indigencia en el país, suprimir el hambre, y aliviar notablemente la pobreza. En un momento en que la Providencia ha permitido que tengamos un argentino en el sillón de Pedro, que desde que asumió ha tomado como pivote de su prédica el tema de la pobreza, deberíamos comprometernos en el combate a esta tragedia.

Para finalizar, recordemos un pensamiento de Pablo VI, que resume la perspectiva cristiana ante la pobreza y la solidaridad:

“No se trata sólo de vencer el hambre, ni siquiera de hacer retroceder la pobreza. (...) Se trata de construir un mundo donde todo hombre...pueda vivir una vida plenamente humana...y donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico”[16].

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Ponencia expuesta en el Coloquio realizado en la Parroquia María Auxiliadora, el 22-10-14

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[1] Evangelii Gaudium, p. 189.

[2] Idem, p. 190.

[3] Mons. Lozano, Pte. Com. Episcopal de Pastoral Social, homilía, 7-9-14

[4]  Sollicitudo rei socialis; p. 9.

[5]  Cuadragésimo anno,  p. 53.

[6] Cuadragesimo anno, p. 57.

[7] Lo Vuolo, Rubén (Comp.). “Contra la exclusión; la propuesta del ingreso ciudadano”; Buenos Aires, Ciepp/Miño y Dávila editores, 1995.Una aplicación parcial de este sistema, se dá en la Argentina con la Asignación universal a la niñez.

[8] Caritas in veritate, p. 41.

[9] “La visión económica según el papa Bergoglio”; Criterio, Nº 2406, agosto 2014, p. 16.

[10] Caritas in veritate, p. 38.

[11] Araújo, Vera. “Compartir: el uso cristiano de los bienes”; Buenos Aires, Ciudad Nueva editorial, l99l, p. 57.

[12] www.caritas.org.ar

[13] www.colectamaspormenos.com.ar

[14] CONICET. 1ra. Encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina; 6-8-2008.

[15] Catecismo de la Iglesia Católica, p. 2043.

[16] Populorum progressio, p. 47.

LA NACIÓN ARGENTINA Y SU FUTURO POSIBLE

XLIV CONGRESO DE INSTITUTOS DE CULTURA HISPÁNICA

DE ARGENTINA Y PAÍSES HERMANOS

2014

La reciente creación de una Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, nos estimula a reflexionar sobre el futuro de nuestra nación.

 Hoy existe en la Argentina, como nunca antes, un desaliento generalizado sobre su destino y una falta notoria de interés por la acción cívica. Once millones de pobres y cinco millones de indigentes, exhibe nuestra sociedad, que adolece de anomia y  está enferma de violencia. Como señala Mons. Aguer: “Lo que hoy pareciera más notable es un clima de irritación, de división, de descontento, de protesta, de queja, una especie de atomización social que estamos padeciendo”[1]. Estos síntomas evidencian que está debilitada la concordia, factor imprescindible para que exista una nación en plenitud, y para que se cumpla un anhelo de la Oración por la Patria: el compromiso por el bien común.

De allí, entonces, la importancia de conocer la propia historia nacional. Pues, como enseña el Profesor Widow, “cada cual es lo que ha sido. Condición indispensable para asumir la propia realidad es, por consiguiente, el juicio recto sobre el pasado: es la única base posible para una rectificación o ratificación de intenciones y conductas, evitando las ilusiones y los complejos”[2].

La cultura de un pueblo se mantiene vigorosa, cuando defiende sus tradiciones, sin perjuicio de una lenta maduración. La identidad nacional se deforma cuando se corrompe la cultura y se aleja de la tradición, traicionando sus raíces. La nación es una comunidad unificada por la cultura, que nos da una misma concepción del mundo, la misma escala de valores. Se proyecta en actitudes, costumbres e  instituciones

Quienes han logrado  suprimir del calendario el Día de la Raza, instituido por el Presidente Irigoyen, amenazan con dejarnos sin filiación, sin comprender que la raza, en este caso, no es un concepto biológico, sino espiritual. Constituye una suma de imponderables que hace que nosotros seamos lo que somos y nos impulsa a ser lo que debemos ser, por nuestro origen y nuestro destino.

La identidad nacional, está marcada por la filiación de un pueblo. El pueblo argentino es el resultado de un mestizaje; la nación argentina no es europea ni indígena. Es el fruto de la simbiosis de la civilización grecolatina, heredada de España, con las características étnicas y geográficas del continente americano. Un modelo del criollo, fue Hernandarias, nacido en Paraguay dos siglos antes de la emancipación, y que fue reelegido varias veces como Gobernador del Paraguay, y verdadero caudillo de su pueblo.

Lo que caracteriza una cultura es la lengua, en nuestro caso el castellano. Algunos de nuestros antepasados consideraban a este un idioma muerto, pues no era la lengua del progreso, y preferían el inglés o el francés.

Dos siglos después, muchos argentinos manifiestan los mismos síntomas del complejo de inferioridad. Muchos jóvenes caen en la emigración ontológica; en efecto, se van a otros países, creyendo que van a poder ser en otra parte. Olvidan la expresión sanmartiniana: serás lo que debas ser, sino no serás nada.

En esta hora, resulta evidente que solo podrán resistir los embates de la globalización y conservar su independencia, los Estados que se afiancen en sus propias raíces, y mantengan su identidad nacional. El ex-Presidente Avellaneda, en un discurso famoso sostuvo que: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos; y los que se apoyan sobre tumbas gloriosas, son los que mejor preparan el porvenir.

Raíces hispánicas

Al producirse el descubrimiento de América, se proyectaron naturalmente en el nuevo continente las instituciones que representaban lo mejor del orden político español; de allí que convenga describir las características del mismo.

Los pensadores escolásticos de la época, habían comprendido que una política meramente natural es insuficiente para el hombre; por eso, entre la “Política” de Aristóteles y el comentario que hizo Santo Tomás de ese libro, existe una considerable diferencia, fundada en la Revelación. Para el griego, todo régimen político es legítimo en la medida en que procure el Bien Común; para el pensamiento escolástico, el Bien Común inmanente debe estar orientado al Bien Común trascendente.

El criterio comentado explica que el régimen político, para el derecho castellano del siglo XVI, sea una determinación del derecho natural, y fundamenta la flexibilidad jurídica del Imperio, reflejada, por ejemplo, en la casi total ausencia de reglamentos para el funcionamiento de los Cabildos, más apegados a funcionar por normas consuetudinarias.

Cabe recordar, asimismo, que en la Nueva Recopilación de las Leyes de Indias, se establecía que si alguna disposición real era contraria a derecho o perjudicial, debía ser obedecida pero no cumplida. Es decir, que los funcionarios subordinados tenían una especie de derecho de veto -hoy llamado veto-técnico-, difícil de concebir, aún en plena era democrática.

La forma de gobierno que regía en la península era la monárquica, pero carente de todo rasgo absolutista, rechazado por Felipe II como herético, puesto que implicaba asignar origen divino a la soberanía real. Para Felipe, únicamente el poder tiene origen divino; el rey es servidor del pueblo. Además, la frialdad del derecho romano desaparece en el derecho público cristiano, que se venía estructurando desde San Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, y que contiene la idea de que el Rey serán tal si obra rectamente.

El derecho público cristiano es, entonces, la base de la vida política hispánica, hasta la ruptura provocada por el iluminismo, en el siglo XVIII. Esta es nuestra verdadera tradición, en cuanto al orden político, que ponía armonía entre el orden natural y el orden sobrenatural. De allí que para el español de los siglos XVI y XVII no existía separación entre el bien común de la sociedad y el propio fin personal sobrenatural; por eso la conocida respuesta de Sancho a Don Quijote, cuando éste le advirtiera de las dificultades que debe enfrentar un hombre de gobierno: más me quiero ir Sancho al cielo, que gobernador al infierno.

Quedaba claro que la política no puede agotarse en una mera técnica, porque implica una concepción del bien del hombre, y por ello, tiene que estar regida por la Moral.

La insuficiencia de un régimen político puramente natural, llevó a Sto. Tomás a concebir el régimen mixto como el mejor, postulando que el gobierno fuera conducido por uno -principio monárquico-, asistido por los mejores -principio aristocrático-, y con la participación de todos -principio republicano. Precisamente, en Hispanoamérica el poder monárquico no sólo no era despótico, sino compartido, a través de un sistema de frenos y contrafrenos -al decir de Sierra-, en cuya virtud ningún organismo tuvo poderes absolutos, pues siempre existió otro de alzada ante el cual se podía apelar, hasta terminar finalmente en el propio rey, cuyo estrado estuvo abierto a todos los pobladores, españoles o indígenas.

Los pueblos hispanoamericanos tenían una verdadera participación en el poder, a través de una noble institución de raíces medievales: el Cabildo, que era un cuerpo representativo de los intereses de la comunidad. Recién cambia la situación con la dinastía de los Borbones, que aplicó las formas políticas del despotismo ilustrado y sostuvo la autosuficiencia del orden temporal; borra los rasgos del régimen mixto y crea las Intendencias, en 1783, con la intención de suprimir la autonomía de los Cabildos. Pero, aún entonces, por haberse arraigado tanto esta institución, el viejo impulso continuó y hasta entró en conflicto con el nuevo, y fueron precisamente los Cabildos los que canalizaron la resistencia.

Herederos de los antiguos concejos de Castilla, los cabildos ejercen en américa igual amplitud de atribuciones: políticas, judiciales, legislativas, económicas y culturales. Por eso se hablaba de los cincuenta brazos del cabildo, para indicar la multiplicidad de sus funciones.

Todos los derechos y garantías que figuran en las constituciones modernas, ya se habían establecido en las Cartas Pueblas y Fueros, reconocidos por el poder local hispánico, como derecho natural. En los viejos concejos castellanos se practicaban: la igualdad ante la ley, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de elegir y ser elegido, el de ser juzgado por sus jueces naturales, la defensa de la propiedad y el trabajo, la responsabilidad de los funcionarios y la periodicidad de las funciones públicas.

El derecho indiano aplicó modalidades surgidas del derecho castellano, que permitían hacer efectiva la responsabilidad política, durante y después del ejercicio del gobierno, a través de las visitas y de los juicios de residencia. Era tan grande el poder de los cabildos, que podían dejar sin efecto, dentro de su jurisdicción, hasta las cédulas reales. “El Cabildo se convierte así en cuna de las libertades públicas y en reconocimiento de los derechos individuales y la dignidad del hombre.”

En el Río de la Plata se heredó también de España, la forma de organizar el Estado, como ordenamiento natural de los diversos niveles de gobierno de una sociedad, por aplicación del principio de subsidiariedad, que España puso en práctica varios siglos antes de que fuera definido por los Papas. En nuestra Patria surgió un orden político, fundado en el municipio como institución primaria y en el federalismo como modo de relación armónica en función del bien común.

La República Argentina se constituyó a partir de las catorce organizaciones comunales que se desarrollaron luego como provincias, reclamando su autonomía; el federalismo fue la respuesta a la necesidad de armonizar dichas autonomías, a fin de constituir la unión nacional.

De allí que la Constitución de 1819, de cuño unitario, provocó resistencia en el interior. Las autoridades porteñas ordenan al Ejército del Norte y al de San Martín que interrumpan las acciones militares contra los realistas, para enfrentar a los caudillos. San Martín desobedece pues era evidente la prioridad de continuar la campaña libertadora. Belgrano renuncia al mando; y uno de los jefes de su ejercito, el Cnel. Juan Bautista Bustos subleva a las tropas en la posta de Arequito, comenzando un largo período de luchas civiles.

Recién con la Constitución de 1853, se pudo afianzar la organización institucional, pues en su texto se logró un equilibrio entre el interior y Buenos Aires, al respetarse los pactos preexistentes, que menciona el Preámbulo, en especial el Pacto Federal de 1831, ratificado por el Acuerdo de San Nicolas (1852), en que las provincias resolvieron organizarse bajo el sistema federal de Estado.

A partir de ese hito, nuestra sociedad atravesó muchas circunstancias que no podemos describir ahora. Baste decir, que el poder público fue debilitándose y perdiendo la homogeneidad que debería tener según el texto constitucional que, también, fue distorsionado con la reforma de 1994. A su vez, la nacionalidad argentina fue sufriendo un lento desdibujarse.

Pese a tantos aspectos negativos, son tan fuertes las raíces, y la Providencia nos ha bendecido con tantas riquezas naturales, que es posible que la Argentina recupere el rumbo y desarrolle todas sus potencialidades. Por cierto que ello no ocurrirá como consecuencia necesaria de elaborar un buen diagnóstico. Es insensato confiar en que, precisamente en el momento más difícil de la historia nacional, podrá producirse espontáneamente un cambio positivo. Sólo podrá lograrse si un número suficiente de argentinos con vocación patriótica, se decide a actuar en la vida cívica buscando la manera efectiva de influir en ella, en la misma línea que nos marca nuestro pasado. Es evidente que no podrán los dirigentes de un país ocuparse eficazmente de su futuro, sino tienen asumido su pasado. Como afirmó el sociólogo Alain Touraine: “Yo no conozco ningún caso de un país que se haya desarrollado sin tener una fuerte conciencia nacional” (La Nación, 18-4-2004).

Los altos índices de corrupción, impunidad, inseguridad, y desorden, solo pueden ser corregidos por la autoridad pública, y para eso el gobierno debe estar integrado por dirigentes honestos, competentes y patriotas.

Si es correcto el análisis, la prioridad absoluta consiste en restaurar el Estado, como órgano de síntesis, planeamiento y conducción de la sociedad, y procurar que actúe eficazmente al servicio del bien común.

 Una manifestación clara del desinterés por la vida pública, se refiere al tema del proyecto nacional, frecuentemente mencionado como un elemento imprescindible para superar la crisis argentina, y se alega que la carencia del mismo es uno de los factores de dicha crisis. Tal vez por ese motivo son escasas las propuestas  realizadas en orden a la elaboración de un proyecto concreto;  las que han sido publicadas,  son únicamente las once que detallamos en un Anexo a esta ponencia. Por eso, nos interesa tratar de desbrozar los aspectos de fondo que implica encarar la elaboración de un proyecto.

Podemos definir la expresión proyecto nacional como un esquema concreto y coherente de valores, fines, políticas públicas y distribución de responsabilidades, conocido y consentido por la mayoría de la población de una sociedad[3].

Hecha esta introducción, debemos profundizar en cuestiones teóricas, bastante áridas, para determinar si es posible, estrictamente hablando, elaborar un proyecto nacional como anticipación del futuro, y que no sea, por lo tanto, una simple utopía[4]. Debemos plantearnos este interrogante sobre la factibilidad de anticipar el futuro, que se nos presenta como esperanza, como temor o como incógnita. Pero como necesitamos salir del presente, de una u otra manera tenemos que anticiparnos al porvenir.

La primera afirmación sobre el futuro es negar que se identifique con la nada. Algo, para ser, basta con que posea capacidad de existir -aunque no exista actualmente-; si el futuro aún no existe y no se sabe como será, al resultar posible ya es un ente real y, como tal, es lícito pensar sobre él. En cada circunstancia, son muchos los futuros posibles -futuribles- y existen algunos pocos probables -futurables. El riesgo de elegir el que tenga más chance de ser logrado y resultar conveniente, depende del procedimiento utilizado.

Bertrand de Jouvenel explica que  sobre el mañana sólo se puede conjeturar, nunca alcanzar certeza. Es decir, que el análisis predictivo nos aporta un conocimiento de opinión, de manera que la materia objeto del planeamiento es opinable por naturaleza; sólo es susceptible de aproximación conjetural. Lo mismo podemos decir sobre lo político: es pasible de certidumbre en cuanto a sus contenidos pasados o presentes, pero es sólo opinable en cuanto al futuro.

El proyecto es mucho más que extrapolación en el tiempo; el vocablo se refiere a la intervención necesaria de la voluntad humana en su configuración. Si bien generalmente se proyecta de acuerdo a lo que se cree posible, aquí resulta dominante el ámbito de lo deseable. Para lo posible utilizamos la razón, en lo probable domina la voluntad. Entonces, el porvenir es para el hombre dominio de la incertidumbre[5].

Existe el riesgo de hacer futurología, aplicando métodos cuantitativos a los aspectos cualitativos de la vida social, como si se pudiera revelar el porvenir por computación. Evitaremos el intento de hacer futurología y su consecuencia más dañina, la ingeniería social, si reconocemos que la sociedad no es una cosa susceptible de manipular, ni el porvenir un destino asequible por medio de los dudosos oráculos de una nueva ciencia ficción. Creemos, no obstante, que es injusto confundir el planeamiento con el utopismo; Santo Tomás aclara que, por muy imprevisible que en esencia sea la conducta humana, nada es tan contingente que no tenga en sí una parte de necesidad (S. Th. 1,86,3). “Un plan de la nación no aparece, pues, como una fórmula mágica, sino como una combinación perfectible de realismo y voluntad”[6].

Conociendo ya las limitaciones del conocimiento humano, y evitados los riesgos de la voluntad desbocada, resulta posible encauzar la acción sistemática mediante el planeamiento. En primer lugar, aunque dispongamos de la mejor información y el sistema más sofisticado para procesarla, tendremos que elegir entre opciones posibles. En segundo término, los instrumentos técnicos pueden facilitar dichas decisiones, pero no reemplazar la virtud de la prudencia. De allí los límites de la influencia tecnocrática, tan temida por algunos, puesto que el gobernante siempre tiende a ejercer su derecho a la conducción, y los gobernados a reclamar su derecho a la participación en la cosa pública.

De manera que, no sólo es posible sino muy útil al bien común la planificación. Pero siempre, respaldando los planes en el consenso de sus protagonistas, quienes deben participar en su elaboración, ejecución y modificación.

Un proyecto nacional puede contribuir, en ésta época signada por el fenómeno de la globalización, a compatibilizar la inevitable integración del país con los demás países, con la preservación de la propia identidad cultural[7].

Si analizamos los antecedentes argentinos, comprobamos que existen notables coincidencias en todos los documentos citados; en especial, en los dos que fueron impulsados desde el Estado. En efecto, tanto el  generado desde el Ministerio de Planeamiento (l977), como el que fuera leído por el Presidente Perón ante la Asamblea Legislativa, tres años antes, parten de una cosmovisión  similar. Aluden a una cultura “cuyos valores fundamentales reconocen como fuente el acervo religioso y moral del Cristianismo, el saber filosófico de la Grecia clásica y la tradición político-jurídica de la antigua Roma”[8]. 

Los Principios básicos sostienen que:

-El hombre es una persona, creada por Dios, dotada de cuerpo y alma, y poseedora de un destino trascendente.

-El hombre no se basta a sí mismo, sino que necesita de la sociedad. Esta es una pluralidad de personas unidas moralmente de manera estable para la consecución de un bien común. La sociedad humana es una sociedad de sociedades.

-La primera de esas sociedades naturales es la familia. Su constitución y su desarrollo responden -como los derechos humanos- a leyes naturales anteriores a toda organización social.

-Más allá de la familia, las necesidades, intereses y aspiraciones de tipo económico, social, cultural o religioso impulsan al hombre a agruparse en sociedades intermedias, con el fin de defender y promover bienes comunes particulares.

-La historia y la geografía crean, sobre la base de las familias asentadas en un territorio, una comunidad étnica y ética, la Nación, fundada en la lengua, la historia, la cultura, las costumbres y las aspiraciones comunes. Es una comunidad de destino en lo universal.

-Sin confundirse con la Nación, la sociedad,  territorialmente delimitada, crea un órgano especializado en el mando que es el Estado, destinado a regir dicha sociedad [9].

Otro tópico a considerar es el peligro que creen advertir muchos de que el estado sufra una disminución o pérdida total de su soberanía. Para ello, debemos precisar el concepto mismo de soberanía, que es la cualidad del poder estatal que consiste en ser supremo en un territorio determinado, y no depender de otra normatividad superior.[10] No es susceptible de grados; existe o no. Por lo tanto, carece de sentido mencionar la “disminución de soberanía” de los Estados contemporáneos. Lo que puede disminuirse o incrementarse es el poder propiamente dicho, es decir, la capacidad efectiva de hacer cosas, de resolver problemas e influir en la realidad. El hecho de que un Estado acepte delegar atribuciones propias en un organismo supraestatal - como el Mercosur-, no afecta su soberanía, pues, precisamente, adopta dichas decisiones en virtud de su carácter de ente soberano.

Habiendo analizado los aspectos conceptuales de la cuestión, podemos ahora encararla con referencia a nuestro Estado. No cabe duda que la globalización implica un riesgo muy concreto de que disminuya en forma alarmante el grado de independencia que puede exhibir un país en vías de desarrollo. Ningún país es hoy enteramente libre para definir sus políticas, ni siquiera las de orden interno, a diferencia de otras épocas históricas en que los países podían desenvolverse con un grado considerable de independencia. Entendiendo por independencia la capacidad de un Estado de decidir y obrar por sí mismo, sin subordinación a otro Estado o actor externo, la posibilidad de dicha independencia variará según las características del país respectivo y de la capacidad y energía que demuestre su gobierno. Pues, más allá de las pretensiones de los ideólogos de la globalización, lo cierto es que el Estado continúa manteniendo su rol en nuestros días.

La situación internacional, vista sin anteojeras ideológicas ofrece, - en especial desde 1989- posibilidades de actuación autonómica aún a los países pequeños y medianos. Es claro que para poder aprovechar las circunstancias, es necesario que los gobernantes sepan distinguir los factores condicionantes de la realidad, de los “factores determinantes” de la política exterior. Estos últimos, son los hombres concretos que deciden; en los Estados que procuran mantener su independencia, ellos “aplican su voluntad política con entera libertad, aún cuando los márgenes dentro de los cuales esa libertad pueda escoger sean muy estrechos”. [11] La primera decisión política a adoptar es la de fortalecer el rol del Estado para procurar su máxima eficacia. Desde nuestra perspectiva no deben ser motivo de preocupación los cambios de tamaño, forma y funciones del Estado, mientras cumpla su finalidad esencial de gerente del Bien  Común.

Resumiendo lo expresado, consideramos que el mundo contemporáneo permite conservar cuotas significativas de independencia, siempre que exista una estrategia que seleccione el método de análisis y de elaboración de planes, apto para resolver los problemas gubernamentales. Es la actitud de los integrantes del gobierno, cuando carecen de patriotismo y/ o de eficiencia, la que conduce a renunciar a las posibilidades de sostener un Estado independiente y someterse voluntariamente a políticas ajenas.

Sirva de acicate un pensamiento de San Juan Pablo II: “Velad con todos los medios a vuestra disposición sobre esta soberanía fundamental que cada Nación posee  en virtud de la propia cultura. Protegedla como la pupila de vuestros ojos para el futuro de la humanidad. No permitáis que esta soberanía fundamental se vuelva presa de cualquier interés político o económico. No permitáis que se vuelva víctima de totalitarismos, imperialismos o hegemonías” (Discurso en Praga, 21-4-1990).

Córdoba, Agosto 8   de 2014.-

Bibliografía consultada

Bernard, Tomás. “Régimen municipal argentino”; Buenos Aires, Depalma, 1976.

Caturelli, Alberto. “Hispanoamérica y los principios de la política cristiana”; Verbo Nº 210, marzo de 1981, pgs. 57/60.

Meneghini, Mario. “Identidad nacional y el bien común argentino”; San Luis, Congreso de Filosofía Jurídica y Filosofía Política, 31-7-2009.

Ministerio de Planeamiento de la Nación. “Proyecto Nacional” (síntesis), Buenos Aires, 1977.

Montejano, Bernandino. “Elementos filosófico-políticos de la Hispanidad y su vigencia actual”; en Verbo, Nº 214, julio de 1981, pg. 45.

Perón, Juan. “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”; Buenos Aires, El Cid Editor, 1986.

Rosa, José María. “Historia Argentina”; Buenos Aires, Juan Granda, 1965, T. I, pags. 239/241.

Zorraquín Becú, Ricardo. “La organización política Argentina en el período hispánico”; Buenos Aires, Perrot, 1981.

Anexo

ANTECEDENTES ARGENTINOS SOBRE  “PROYECTO NACIONAL”

Ordenados por fecha de publicación

1) Villegas, Osiris. “Políticas y estrategias para el Desarrollo y la Seguridad Nacional”; Buenos Aires, De. Pleamar, l969, 285 pgs.

2) Villegas, Osiris. “El Proyecto Nacional”; Separata, Revista Militar nº 691 (s/f), pgs. l45/l60.

3) Junta de Comandantes en Jefe. “Políticas Nacionales”, Decreto Nacional Nº 46/70.

4) Monti, Ángel. “Proyecto Nacional”;  Buenos Aires, Ed. Paidos, l972, 293 pgs.

5) Perón, Juan Domingo. “El Proyecto Nacional” (Modelo Argentino); Buenos Aires, Ed. El Cid, l986, 150 pgs.

6) Fundación Argentina Año 2000 -Centros de Estudios Prospectivos. “Proyecto Nacional. Síntesis”; Buenos Aires, 1974, l6 pgs.

7) Guevara, Francisco. “Proyecto XXI”; Buenos Aires, Edit. Ancora, l975, 238 pgs.

8) Ministerio de Planeamiento de la Nación. “Proyecto Nacional”; Buenos Aires, l977, 83 pgs. (síntesis).

9) Arguindegui, Jorge Hugo. “La nueva República. Pautas para un Proyecto Nacional”; Buenos  Aires, l986, 36 pgs.

10) Seineldin, Mohamed Alí. “Bases para un Proyecto Nacional”; Buenos Aires,1990, 32 pgs.

11) Calcagno, Alfredo – Calcagno, Eric. “Argentina. Derrumbre neoliberal y proyecto nacional”; Buenos Aires, Capital Intelectual, 2003, 91 págs.

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[1]  Aguer, Héctor. “Sabiduría para un diálogo en la verdad que cierre heridas”; alocución televisiva, 5-7-08.

[2]  Widow, Juan Antonio. “La Revolución Francesa: sus antecedentes intelectuales”; Verbo, Nº 310-311, Marzo-Abril 1991, pág. 13.

[3]  V.: Monti, Ángel. “Proyecto nacional; razón y diseño”; Buenos Aires, Paidós, 1972, pág. 12. Moreno, Antonio Federico. “El planeamiento y nuestra Argentina”; Buenos Aires, Corregidor, 1978, pág. 47.

[4]  En este tema seguimos de cerca el artículo de Marinotti, Héctor Julio: “Prospectiva y planeamiento”; en: www.ucalp.edu.ar.

[5] Imaz, José Luis de. “Nosotros, mañana”; Buenos Aires, Eudeba, 1970: “el futuro es parcialmente controlable”, “el futuro de un pueblo, entendido como proyecto vital colectivo, puede en buena medida ser regulado desde el presente” (pág. 9).

[6]  Massé, Pierre. “El Plan o el antiazar”; Barcelona, Labor, 1968, pág. 37.

[7] Pithod, Abelardo. “Proyecto nacional y orden social”; en AAVV. “Planeamiento y nación”; Buenos Aires, OIKOS, 1979: “En resumen, todas las prevenciones, todas las objeciones y cautelas que se oponen a un proyecto nacional no pueden descalificar los esfuerzos por hacer explícito lo que somos a fin de buscar lo que debemos ser; lo contrario sería abandonarse al futuro sin prudencia, de la mano de un empirismo más o menos ciego” (pág. 63).

[8] Proyecto Nacional (1977), p. 7 – Modelo Argentino (1974) p. 135/136.

[9] Proyecto Nacional (1977) pgs. 9/10 – Modelo Argentino (1974) pgs. 72/92.

[10] Bidart Campos. “Doctrina del Estado Democrático”; Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1961, p. 56.

[11] Peltzer, Enrique. “Cómo se juega el poder mundial”; Buenos Aires, Ábaco de Rodolfo Depalma, 1994, p. 324.