jueves, 22 de septiembre de 2011

Una posición inaceptable sobre Malvinas





Así calificamos la que manifesta el artículo publicado hoy en Clarín (22-9-11), y que reproducimos a continuación. En la etiqueta Malvinas de este blog, detallamos nuestro criterio sobre el tema; agregamos una declaración reciente, que puede leerse más abajo, y cuyo contenido vale como réplica al artículo.




Malvinas: nuestro problema no son las islas sino la causa


Por Vicente Palermo
POLITOLOGO (INVESTIGADOR DEL CONICET Y MIEMBRO DEL CLUB POLITICO ARG.)


Cuando escuchamos “Malvinas” los argentinos pensamos por lo menos en otras tres cosas. Primero, en un diferendo de carácter territorial, segundo, en la guerra de 1982 y, tercero, en la causa nacional que tiene por norte la recuperación del archipiélago . El diferendo territorial sería parecido a muchos de los que hubo y hay en cualquier parte del mundo: dos estados disputan un territorio y, en los tiempos que corren, deben hacerlo en los carriles del derecho internacional y la diplomacia.

Digo “sería” porque este diferendo es en verdad algo muy diferente: está cargado pesadamente por la terrible experiencia de la guerra y por la fuerza asertiva de la causa. Mi convicción es que despojar al diferendo Malvinas de esos lastres, convirtiendo al conflicto en un simple diferendo, es una tarea ardua, pero que iría en el sentido de nuestro mejor interés nacional. Como se aproximan las tres décadas de la guerra, y los debates al respecto empiezan a perfilarse, así como las publicaciones a menudear, tematizar esta posibilidad es necesario.

¿En qué consiste la causa Malvinas? Se trata de una configuración discursiva, que incluye un relato del pasado, una interpretación del presente, y un mandato en relación al futuro. La causa Malvinas reza que los argentinos fuimos víctimas de un despojo. Como consecuencia la Argentina está sufriendo una mutilación territorial.

La mutilación territorial y el despojo hacen de la nación una entidad incompleta. Esto implica que la redención territorial (la “recuperación” de las islas) sea una condición necesaria de la afirmación nacional. Precisamente porque la nación está incompleta, debemos ser enfáticamente nacionalistas.

Esto exalta el nacionalismo, y en particular una variante del nacionalismo: la que percibe la nación como víctima, despojada, mutilada e incompleta.

En verdad, la causa Malvinas es un modo particular del nacionalismo argentino, es un precipitado en el que se integraron, a lo largo del tiempo, nociones, formas, palabras, símbolos, creencias, memorias, propias de ese nacionalismo.

De tal modo, las Malvinas terminan constituyendo “el ADN de la identidad nacional”, y esta identidad se define a partir de una falta.

Se piensa así la identidad nacional desde la cuestión Malvinas, y no esta última desde la identidad nacional.

Por fin, para la causa Malvinas, que la verdad y la justicia están del lado argentino es en los hechos un postulado. El examen crítico o la discusión de las premisas (jurídicas, políticas, etc.) de la posición argentina son inadmisibles, precisamente porque ellas se desprenden, no tanto de “hechos”, como de las propias creencias básicas de la causa.

Por todo esto, aquello que se relaciona con Malvinas, su pasado, su presente, su futuro, es visto a la luz de la causa, y ésta condiciona gran parte de nuestra relación con el mundo. Es el caso del conflicto bélico de 1982, que recibió el apelativo de “causa justa en manos bastardas”, y tiende cada vez más frecuentemente a ser considerado una gesta – distinguiendo, eso sí, como si fuera posible, el respaldo popular y la invasión, de los dictadores.

La reivindicación de esa guerra está presente entre nosotros en muchas formas, desde la determinación del 2 de abril como feriado nacional hasta la obstinación en denominar Puerto Argentino a la capital de las islas (no sin decir, eso sí, que habremos de respetar el modo de vida de los isleños). La causa le da forma a las pautas de nuestra diplomacia, de un modo tal que resulta inevitable que nos mintamos a nosotros mismos.

Por ejemplo, sostenemos que los británicos se niegan a negociar pero, ¿reconocemos acaso que nosotros tampoco estamos dispuestos a hacerlo? Para que haya una auténtica negociación, ambas partes deben estar dispuestas a ceder en una parte significativa de sus pretensiones.

Pero la posición argentina es absolutamente rígida (fijada por la disposición constitucional transitoria); ¿qué es lo que Argentina podría así negociar? También sostenemos que los británicos, con su negativa, “violan las resoluciones de la Asamblea General” o del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, omitiendo el hecho obvio de que tales resoluciones apenas instan a las partes a negociar (sin pronunciarse en el fondo de la cuestión, dígase de paso).

¿Frente a quién se oscurecen estos puntos de la cuestión? Frente a la opinión pública doméstica que, sin elementos de juicio, termina reforzando su fe en los lugares comunes de la causa. Pero un curso de acción alternativo, que encare con valentía la complejidad del problema y como tal lo presente a la opinión pública, es posible.

Entre las propuestas concretas disparadoras del debate deberían estar, a mi juicio, las siguientes: 1. la propuesta a Gran Bretaña de reeditar la fórmula del “paraguas de soberanía” como marco para una política de cooperación de gran alcance ; 2. el reconocimiento de los isleños (malvinenses/Falklanders) como sujetos de derechos y deseos y no apenas de intereses; 3. la remoción de la cuestión Malvinas de la cúspide de las prioridades de la política exterior argentina y 4. la adopción de algunas decisiones simbólicas y legales (como la relacionada al feriado del 2 de abril).

Restituir a la cuestión Malvinas al lugar importante pero no prioritario que debería tener está en función del mejor interés nacional. Es hora de hacerlo.

Clarín, 22-9-11




.....................




El trasfondo del petróleo

El endurecimiento que planteó la Presidenta frente al Reino Unido por Malvinas tiene un trasfondo cercano, ligado al petróleo: la Cancillería británica apoyaría a una petrolera de ese país para que consiga US$ 2.000 millones para extraer crudo de la plataforma continental.

Según una versión que difundió la agencia Reuters esta semana, “altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Foreing Office) se reunirán con inversionistas y potenciales clientes de la petrolera inglesa Rockhopper para discutir las exploraciones en Malvinas”. Buscarán darles seguridades jurídicas sobre la inversión.

El miércoles 14, Rockhopper anunció que intentará captar US$ 2.000 millones para sus planes de explotación petrolera al norte de las Malvinas. La compañía está haciendo prospección petrolera en esas aguas desde febrero de 2010. Hay otras empresas que también han hecho pozos en la zona, pero declararon que no eran económicamente productivos. Rockhopper, en cambio, confía en que podrá empezar a producir crudo en las Malvinas a partir de 2016.

La petrolera anunció el descubrimiento de petróleo en el área Sea Lion en 2010, y asegura que para el 2018, la producción podría llegar a un máximo de alrededor de 120.000 barriles de crudo por día. Estima contar allí con reservas por 350 millones de barriles .

Clarín, 22-9-11






............................






Llamamiento para la constitución de la Comisión Patriótica Nacional y Delegaciones Provinciales de Conmemoración del Trigésimo Aniversario de la Gesta de Recuperación de las Islas Malvinas del 2 de abril de 1982.


Los abajo firmantes convocamos a todos los compatriotas, hombres y mujeres de nuestra Patria, a todos los patriotas, demócratas y luchadores de la causa de la Independencia y la Integridad Nacional y los derechos del pueblo argentino, a conmemorar con Actos, Homenajes y distintas actividades, en cada lugar de nuestro país, el Trigésimo Aniversario de la Justa Recuperación de Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Mares adyacentes, que legítimamente son parte de nuestro territorio y que están usurpados por el colonialismo inglés.


Esta conmemoración del Trigésimo Aniversario de la Reconquista Patriótica de las Islas Malvinas, tendrá lugar en el año del Bicentenario del izamiento de la enseña patria a orillas del Paraná por el General Don Manuel Belgrano. La Bandera Nacional que flameó orgullosa en Rosario es la misma que lo hizo en Malvinas el 2 de abril, uniendo aquella gesta emancipadora con ésta, la de Malvinas , jalón de la lucha por la completa y definitiva independencia nacional de todo dominio extranjero.


La Conmemoración del 30 aniversario de la recuperación de Malvinas debe ser una oportunidad ineludible de reafirmar los derechos argentinos.


Reivindicamos la Gesta de Malvinas y creemos que es necesario recalcar, una vez más, los derechos que asisten a la República Argentina. Debe quedar claro a los ojos de mundo, en este Trigésimo Aniversario, que mientras haya un patriota argentino vivo, la Causa de Malvinas seguirá vigente. Todos los argentinos debemos demostrarles a los ingleses, en forma permanente, que nunca podrán descansar tranquilos en tanto sigan con la usurpación, que nunca nos daremos por vencidos y que nunca dejaremos escapar cualquier oportunidad que se presente para recuperar las islas.


En nada ha cambiado la circunstancia de la ocupación colonial de una parte de nuestro territorio. Además, a pesar de insistentes reclamos de ciudadanos argentinos, los convenios de Londres y Madrid, verdaderos estatutos de sumisión nacional, no han sido denunciados y siguen vigentes.


A riesgo de ser reiterativos, ante los “olvidos y errores” que a menudo se producen, conviene recalcar que:


1º) La causa de Malvinas es una causa justa. Se trata del reclamo argentino por una parte de su territorio ocupado por una potencia colonialista, tal cual se reconoció en la Resolución 1514 del año 1960 de las Naciones Unidas. Es decir, la lucha por nuestra soberanía en Malvinas es parte de la lucha contra el colonialismo, que es crimen de lesa humanidad.


La cuestión Malvinas no es una disputa territorial entre Argentina e Inglaterra, ni un debate sobre el derecho de los Kelpers a la autodeterminación. Es la causa justa de Argentina por lograr que se le restituya una parte de su territorio que le ha sido cercenado por el Imperio Británico, en un acto de colonialismo.


2º) La guerra de Malvinas fue una guerra justa. La guerra de cualquier país oprimido contra un país opresor, independientemente de quien la inicie y de quienes sean los gobernantes del país oprimido y del opresor, es una guerra justa. Por eso la guerra por la Recuperación de nuestros Territorios ocupados por Inglaterra es justa para los argentinos y, conviene aclararlo, no hay argumentos ni subterfugios legales o políticos que justifiquen y hagan justa para los ingleses la agresión contra los argentinos.


3º) La Causa de Malvinas e Islas del Atlántico Sur es inclaudicable. No sólo por los argumentos anteriores, por los derechos que nos asisten, por sus riquezas y porque hay una cláusula constitucional que así lo establece.


No sólo porque, como se ha visto reiteradas veces, los ingleses aspiran siempre a más y ejercen soberanía sobre parte de nuestra plataforma continental que esperan extender y proyectar también a la Antártida.


No sólo porque, como vemos en la actualidad, explotan nuestras riquezas en la zona y avanzan en el intento de explotar nuestro petróleo.


Es inclaudicable porque sería un peligro para un proyecto nacional de Argentina Independiente, de democracia grande, que las Malvinas continúen en poder inglés o de cualquier otra potencia o combinación entre ellas. Porque esas Malvinas, artilladas por el enemigo, son un portaaviones gigante, una fuente permanente de agresiones militares contra una Argentina Soberana.


El avance inglés, al que continuamos asistiendo, que sigue manteniendo la ocupación, reforzándola militarmente para constituir la base militar extranjera más importante de Latinoamérica y explotando nuestras riquezas, es una demostración del fracaso total de la política de conciliación con el Reino Unido, de la “desmalvinización”, de “la política de relaciones carnales” y de la de convertirnos en un país “confiable para el mundo”, como dijeron sucesivamente sucesivos gobiernos.


Las recientes declaraciones del Primer Ministro británico que, de manera arrogante, declara la voluntad inglesa de continuar con la ocupación colonial, así lo demuestran. Esas declaraciones merecen la respuesta unánime argentina en este Trigésimo Aniversario.


Queda hoy demostrado que la usurpación de Malvinas es el núcleo de avance sobre porciones crecientes de nuestro patrimonio nacional.


El “paraguas de soberanía” inventado por los ingleses sirve a los ingleses:


· que fortalecen cada vez más su base en Malvinas con armamento de última generación,


· que avanzan en sus pretensiones marítimas y antárticas,


· que, con el aeropuerto en el paralelo 42, propiedad del ciudadano inglés Lewis, pueden desembarcar con sus aviones de la base de Malvinas, dividiendo Argentina continental en dos,


· que rapiñan nuestra pesca y nuestro petróleo,


· que mantienen el control del Atlántico Sur para la OTAN, con su presencia militar en Malvinas.


Ya hace tiempo el Dr. Adolfo Silenzi de Stagni, prestigioso defensor del petróleo argentino con posiciones continuadoras de las del General Mosconi y opositor a la reiniciación de las relaciones diplomáticas y comerciales con Gran Bretaña y a lo que hoy llamamos desmalvinización, decía:


“Son muchos los que desean cubrir con un manto de olvido y de silencio lo acontecido entre el 2 de abril y el 14 de junio.” (...) “Es evidente que, en estos momentos hay un enfrentamiento ético e ideológico sobre el camino que debe seguir la Argentina: Llevar la empresa de la reconquista del 2 de abril hasta sus últimas consecuencias, o llevar la rendición del 14 de junio hasta sus últimas consecuencias.”.


Por lo antedicho la causa de Malvinas es una causa nacional que deben levantar todos los patriotas y demócratas, parte de la inclaudicable causa de la Independencia de la Patria y de la Soberanía del Pueblo.


En este Trigésimo Aniversario cada ciudad, cada pueblo y cada corazón argentino deben ser un bastión para la recuperación de nuestros territorios ocupados por el colonialismo inglés. La sangre de los héroes patriotas caídos en Malvinas nos compromete y nos lo reclama.


La Independencia Nacional completa sólo será posible con nuestra Integridad Territorial completa.

Agosto 28 de 2011.-


Martínez de Philippeaux, Virginia del Valle; Rearte de Giachino, Delicia; VGM Büsser, Carlos; VGM Vizoso Posse, Jorge Manuel; VGM Crippa, Owen; González, Julio C.; VGM Tettamanzi, Santiago; VGM Parada, José; VGM Rodríguez, Lorenzo; VGM Villagra, Raúl; VGM Vital, Víctor Eduardo; VGM Oggioni Catena, Sergio; Lemos, Horacio José; Forero, Néstor; Marzocchi, Victorio; Micucci, Horacio; Mendiondo, Patricio; Lualdi, Eduardo Mariano; Galván, Miguel; Marioni, Humberto; Sassetti, Fernando; Aversa, Salvador; Román, Emilio; Ríos, Carlos; Solís, Carlos; Fernández Iturraspe, Francisco; Montenegro, Jorge; Stein, Enrique; Torreiro, Vicente; Gutiérrez, Mauro; Ovejero Paz, Patricio; Toledo, Julio; Aviles, José; Cena, Juan Carlos; Balvé, Beatriz; Rodríguez Berruti, Camilo; Coppola, Silvio; Ruiz de Galarreta, Juan Lucio; Parga, Marcos; Eguaburu, César José; Asís Damasco, Luis; Varela, Juanita; Ceruti, Carlos; Galíndez, Roberto; González, Omar; Genisans, Miryan; Márquez, Manuel; Boggio Marzet, Pablo; Lons, Patricio; Breide Obeid, Gustavo; Gasco, Oscar; Arce, Eduardo; Vespa, Luis; Lucero, Esteban; Saelices, Susana; Campos Janeiro, Manuel; Casabianca, Roberto;






lunes, 5 de septiembre de 2011

Ponencia



DILEMA: DERECHO DE RESISTENCIA O ACCIÓN POLÍTICA (*)

Mario Meneghini

Ponencia:

En el mundo contemporáneo es frecuente el impulso a utilizar el derecho de resistencia frente a los abusos de la autoridad pública. Estimamos, sin embargo, que en la mayoría de los casos: a) o no se justifica el empleo de este recurso, b) o bien el intento está condenado al fracaso, por carecer de viabilidad, deviniendo entonces en una actitud imprudente e ineficaz. En ambos casos, existe renuencia a la acción política, considerando que es insuficiente para lograr la solución de los problemas, o por que conduce inevitablemente a una conducta inmoral.

Fundamentación:

1. La doctrina establece cuatro tipos o grados de resistencia, que permiten matizar la aplicación de los principios, según las circunstancias y el juicio prudencial: Resistencia pasiva - Resistencia activa ( legal o de hecho) – Rebelión.
Tanto para la rebelión como para la resistencia activa de hecho, deben tenerse en cuenta los requisitos que fija la doctrina, resumida en el Catecismo:
“La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: 1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; 2) después de haberse agotado todos los otros recursos; 3) sin provocar desórdenes peores; 4) que haya esperanza fundada de éxito; 5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores.” (Nº 2243)

2. Las indicaciones doctrinarias son precisas, y deben servir para evitar insurrecciones o guerras civiles, cuando no se dan las condiciones mínimas para asegurar el bien común
[1]. En palabras de Pablo VI: “No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor” (PP, 31).
Como les advirtió severamente Juan Pablo II a los políticos irlandeses: “Los que recurren a la violencia sostienen siempre que solamente la violencia conduce al cambio. Afirman que la acción política no puede conseguir la justicia. Vosotros, los políticos, debéis demostrar que están equivocados. Debéis mostrar que hay un camino pacífico, político, para la justicia. La violencia florece mejor, cuando hay un vacío político o una repulsa del movimiento político”
[2].

3. Suele suceder, entre algunos intelectuales o dirigentes católicos, que invocan frecuentemente el derecho de resistencia, no porque estén dadas las condiciones que lo justifican moralmente, sino por rechazo al régimen político vigente, que consideran debe ser modificado de raíz pues impide un gobierno que garantice el bien común.
Procurar el reemplazo de los procedimientos actuales de selección de gobernantes, constituye un noble esfuerzo, siempre que la alternativa propuesta sea factible y no una fórmula teórica, para ser aplicada en un futuro indefinido. Sobre eso escribió Pablo VI: “La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas”
[3].

4. Si se sostiene que no se puede -o no se debe- actuar dentro del sistema político vigente, pues el sistema es la enfermedad, quedamos paralizados de entrada. El sistema institucional vigente nos incluye, mal que nos pese, puesto que somos ciudadanos de éste Estado, y debemos sujetarnos a los trámites oficiales, cobrar sueldos o jubilaciones, pagar las multas e impuestos, etcétera.
La única manera efectiva de procurar un cambio es participando activamente en la vida cívica. Pero para eso, se debe partir de dos premisas doctrinarias: la licitud moral del voto
[4], y la obligación de respetar el régimen institucional vigente[5], sin que ello implique avalar las imperfecciones que atribuyamos al sistema electoral y a la Constitución vigentes.

5. Algunos objetan estas premisas:

5.1. El artículo 2240 del Catecismo referido al voto, estaría interpretado simpliciter –de modo directo o simplista-, y correspondería hacerlo secundum quid –matizado según las circunstancias.

Sin embargo, al aprobar el texto del Catecismo, Juan Pablo II manifestó: “Lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe”
[6]. Si para interpretarlo adecuadamente fuese necesario conocer teología y latín, no sería una norma segura pues no sería posible una interpretación unívoca. En conclusión, debe ser interpretado simpliciter.

5.2. Sobre la encíclica Au milieu des solicitudes, se alega que estuvo dirigida a los franceses, en una situación determinada, por tanto lo que expone no es magisterio universal. Pero la misma enseñanza se reiteró posteriormente y no hay ningún documento que contradiga el criterio fijado. Pío XI, en la carta apostólica Firmissimam constantiam, dirigida a los obispos mejicanos, luego de la guerra cristera, explica que: “un católico se guardará de descuidar, por ejemplo, el ejercicio del derecho de votar cuando entran en juego el bien de la Iglesia o de la patria” (p. 40).

6. No se trata, por cierto, de intervenir en la vida pública, para adaptarse a lo que sostiene la mayoría, sino, precisamente, para defender y procurar aplicar, con firmeza, la propia doctrina.
Tampoco la decisión de participar en política implica que todos se sientan obligados a afiliarse a un partido, ni mucho menos a postularse como candidatos. También la emisión del voto, deberá quedar librada a la conciencia individual.

Objeciones a la participación en política

7. La Iglesia siempre ha considerado válido cualquier sistema político que asegure el bien común; por eso, cada persona tiene derecho a preferir uno en particular. Pero es obvio, que en un país como el nuestro, donde rige el sistema republicano desde hace dos siglos, no habrá posibilidad de cambiarlo por otro, a menos que sea interviniendo en el régimen vigente o utilizando la fuerza.

8. De las dos premisas indicadas, se infiere la necesidad de actuar en política, utilizando las herramientas que permite la legislación, sin desconocer las dificultades que conlleva esa decisión. La compleja y desagradable realidad contemporánea puede hacer caer en dos tipos de convicciones erróneas, que, a su vez, conducen a estrategias diferentes para enfrentar la realidad.

Primera posición:

9. Algunos sostienen que, como existe un oligopolio partidocrático que restringe las chances electorales a dos o tres partidos o alianzas, es un esfuerzo inútil aceptar el combate electoral, con el consiguiente desgaste de dinero y energías que podrían ser mejor empleadas.
Entonces, aducen, mientras no cambie el panorama, conviene concentrar el esfuerzo en el combate intelectual, formando a los jóvenes que en el futuro podrán ocuparse de la política.

10. La acción cultural no debe descuidarse, por el contrario debe acentuarse, perfeccionando los instrumentos correspondientes. Pero, como enseña el Magisterio y demuestra la historia, en última instancia es el poder político el que determina, incluso, las posibilidades de la acción cultural
[7].
Refugiarse en cenáculos intelectuales, hasta que se produzca el cambio que soñamos, es caer en la utopía. Afirmaba Juan XXIII: “tengan presente que el crecimiento de todas las cosas es una ley impuesta por la naturaleza y que, por tanto, en el campo de las instituciones humanas no puede lograrse mejora alguna si no es partiendo paso a paso desde el interior de las instituciones”
[8].

Segunda posición:

11. Se alega que, como la corrupción de la política se acelera y se vulneran gravemente los llamados valores no negociables, es necesario enfrentar con energía al gobierno, ejerciendo el derecho de resistencia.

12. El derecho de resistencia puede y debe aplicarse, cuando se dan las condiciones que fija el Catecismo. Saltear los tres grados previos (resistencia pasiva, resistencia legal, resistencia activa de hecho), para promover la rebelión armada, no es lícito moralmente, y es un planteo ineficaz y suicida
[9].
Un caso concreto de aplicación de la doctrina lo encontramos en la Carta Encíclica de Pío XI Acerba anima, donde el Papa explica que, al haberse mitigado parcialmente la persecución religiosa en México “parecía conveniente suspender las medidas de resistencia, que podían ser cada vez más dañosas al pueblo cristiano, y adoptar otras medidas más adecuadas a la nueva situación” (p. 10).

13. Que la política contemporánea ofrece un panorama desolador, nadie lo puede negar, pero ante este horizonte, consideramos que no basta con trabajar en el campo de la cultura, y criticar la realidad presente, esperando que se produzca un cambio positivo, puesto que: “El poder es la facultad de mover la realidad, y la idea no es capaz por sí misma de hacer tal cosa”
[10].
Como se pregunta el P. Gómez Pérez
[11], ¿qué hacer mientras tanto? Porque, si mientras damos el buen combate en el plano religioso e intelectual, nos abstenemos de actuar a través de las instituciones vigentes, “la política, que es un asunto humano de primera importancia, queda relegada al campo de lo casi pecaminoso y, de rechazo, el cristianismo se convierte en algo ya ultraterreno, cuando en realidad su dimensión trascendente no ahorra ahora sino que estimula la acción en las entrañas de la historia”.

14. Si desde hace un siglo se ha producido el alejamiento de los católicos de la actividad política, ello se debe a un menosprecio de la misma -la "cenicienta del espíritu", según Irazusta- y a una cierta pereza mental que impide imaginar soluciones eficaces para enfrentar los problemas espinosos que plantea la época.
Asumir una posición rigorista en temas de procedimiento, implica colocar a quien defiende la necesidad de actuar en la vida cívica, pese a las dificultades, en una situación casi herética, siendo que dicha participación ha sido insistentemente recomendada por los Papas
[12].
La posición rigorista llega a extremos insólitos; el prestigioso autor Stan Popescu, sostiene que: "Durante dos mil años, la humanidad se desarrolló y evolucionó sin política"; "La filosofía de la política va ligada estrechamente a la teología del infierno. La política no es una creación divina…"
[13].

15. El enfoque realista en materia política ha sido destacado por Joseph Ratzinger
[14]:
“Ser sobrios y realizar lo que es posible en vez de exigir con ardor lo imposible ha sido siempre cosa difícil… El grito que reclama grandes hazañas tiene la vibración del moralismo; limitarse a lo posible parece, en cambio, una renuncia a la pasión moral, tiene el aspecto del pragmatismo de los mezquinos”.
Los consejos de Santo Tomás Moro, Patrono de los Gobernantes y Políticos, nos estimulan a continuar el arduo camino de servir al bien común con los instrumentos disponibles
“La imposibilidad de suprimir enseguida prácticas inmorales y corregir defectos inveterados no vale como razón para renunciar a la función pública. El piloto no abandona su nave en la tempestad, porque no puede dominar los vientos”
[15].

Conclusión

El cristianismo siempre ha considerado a la política como una actividad noble, pero no deben confundirse los planos y pretender con la política lograr la perfección de una sociedad; es imprescindible, sin embargo, para ayudar “a reducir el mal y a acentuar el bien lo más posible, y a crear un orden de convivencia estable”
[16]. Si, como afirma Aristóteles[17], es imposible que esté bien ordenada una ciudad que no esté gobernada por los mejores sino por los malos, resulta imprescindible la participación activa de los ciudadanos para procurar seleccionar a los más aptos y honestos para el desempeño de las funciones públicas.




(*) Presentada al III Congreso Nacional de Filosofía del Derecho, Derecho Natural, Política y Bioética; en Resistencia (Chaco), 2/4-9-2011.



















Bibliografía consultada

Aquino, Santo Tomás de. “Del gobierno de los príncipes”; Buenos Aires, 1945, T. I.

Castaño, Sergio Raúl. “Defensa de la política”; Buenos Aires, Editorial ábaco de Rodolfo Palma, 2003.

Doctrina Pontificia; Madrid, 1958, T. II, Documentos Políticos.

Hoffner, Joseph. “Doctrina social cristiana”; Madrid, Rialp, 1964.

Irazusta, Julio. “La Política, cenicienta del espíritu”; Buenos Aires, Dictio, 1977.

Messner, Johannes. “Ética social, política y económica; a la luz del derecho natural”; Madrid, Rialp, 1967.

Portela, Jorge Guillermo. “La justificación iusnaturalista de la desobediencia civil y de la objeción de conciencia”; Buenos Aires, EDUCA, 2005.

Rommen, Heinrich. “El Estado en el pensamiento católico”; Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1956.

Unión Internacional de Estudios Sociales (Malinas). “Código de Moral Política”; Santander, Sal Terrae, 1959.








[1] El profesor Juan A. Widow cita cuatro ejemplos concretos de rebeliones en que se dieron todas las condiciones exigidas por la doctrina; incluso en dos que fracasaron (Alemania, 1944, y Hungría, 1956) existían probabilidades de éxito, por lo que estaban justificadas: El hombre, animal político, Buenos Aires, Nueva Hispanidad Académica, 2007, pp. 141/142.
[2] Homilía, 29-9-1979, en Irlanda del Norte (p. 14).
[3] Carta Apostólica “Octogesima Adveniens”; p. 37.
[4] Catecismo de la Iglesia Católica, Nº 2240.
[5] Encíclica Au Millieu des Solicitudes, pp. 16/23.
[6] Constitución Apostólica Fidei Depositum, 11-10-1992, p. 4.
[7] “Sin embargo, es cosa de todos sabida que, en los campos social y económico –tanto nacional como internacional-, la decisión última corresponde al poder político” (Octogesima Adveniens, p. 46).
[8] Encíclica Pacem in terris, p. 162.
[9] “La gravedad de los peligros que el recurso a la violencia comporta hoy evidencia que es siempre preferible el camino de la resistencia pasiva, más conforme con los principios morales y no menos prometedor del éxito” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, p. 401).
[10] Guardini, Romano. “El poder”; Guadarrama, 1963, pág. 22.
[11] Gómez Pérez, Rafael. “Introducción a la política activa”; Editorial Magisterio Español, 1978, págs. 105/106.
[12] “…los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política”: Juan Pablo II. Exhortación apostólica Christifideles laici, p. 42.
[13] “Psicología de la política”; Buenos Aires, EUTHYMIA, 1991, pp. 69 y 74.
[14] “Cristianismo y política”; Revista Internacional Communio, julio/agosto, 1995.
[15] “Utopía”, Sopena Argentina, 1944, pág. 64.
[16] Iraburu, P. José María. “Los católicos y la Política, utopía y política”; El último Alcázar, 26-6-2006.
[17] “Política”; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 182.

Conferencia

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y ORDEN ECONÓMICO (*)



Nos corresponde reflexionar sobre la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), que es, según el Cardenal Martino, “el secreto mejor guardado de la Iglesia Católica”
[1]; precisamente, Renato Martino preside el Pontificio Consejo Justicia y Paz que redactó el Compendio de esta rama de la teología moral.
El Compendio dedica su capítulo séptimo a la Vida Económica, que comienza señalando las dos posturas del Antiguo Testamento frente a los bienes económicos y la riqueza
[2]: la primera, considerando una bendición de Dios la disposición de los bienes materiales necesarios para la vida; la segunda, condenando los bienes económicos y la riqueza cuando hay mal uso. En consonancia con el antecedente bíblico, la DSI enseña que la economía posee una connotación moral, en lo que se diferencia sustancialmente con las teorías contemporáneas más conocidas.
Es que, desde el Renacimiento, la ética dejó de vincularse con la economía, en un proceso que llega a expresar, con Keynes: Por tanto, después de todo, las tasas reales de ahorro y gasto totales no dependen de la precaución, la previsión, el orgullo o la avaricia. La virtud y el vicio no tienen nada que ver con ellos
[3].
En una conferencia, el entonces Cardenal Ratzinger, criticó la perspectiva de Adam Smith de que: “cualquier acción moral voluntaria contradice las reglas del mercado”
[4]. Por el contrario, las reglas sólo funcionan cuando existe un consenso moral que las sostiene. Pues si el individuo carece de una regulación moral adecuada, tiende a subordinar a sus intereses egoístas el uso de los bienes que posee. Este egoísmo -alentado por el individualismo- trae aparejada toda clase de abusos e injusticias. Quien posee tiende a imponer condiciones injustas a quienes no poseen bien alguno, con el objeto de aumentar las propias ganancias, como lo atestigua la historia.

La Iglesia siempre ha defendido, con energía, que la propiedad privada de los bienes materiales es un derecho natural de la persona, cuyo respeto y protección es fundamental para la paz y la prosperidad sociales. En efecto, si el hombre es un ser racional, libre y responsable, la primera proyección de su naturaleza en el campo de los bienes económicos, de los cuales ha de servirse para vivir y alcanzar su plenitud, es precisamente la propiedad privada y personal sobre tales bienes.
No obstante lo señalado, el derecho de propiedad es un derecho secundario o derivado. De la tendencia natural a nuestra conservación, deriva el derecho de todo hombre a la libre disposición de los bienes necesarios a dicha subsistencia; este derecho es anterior al derecho de propiedad privada sobre los mismos. Esta reflexión pone de manifiesto la gravedad del error liberal, según el cual la propiedad no admite limitación alguna so pena de verse destruida en los hechos. Por el contrario, el orden natural señala que este derecho no es un derecho absoluto sino subordinado a otro aún más fundamental y anterior (MM, 43).

Si el liberalismo fue sensible al hecho de que si se traba la iniciativa privada, no habrá producción abundante de bienes económicos, las corrientes socialistas reivindicaron otra verdad parcial, a saber, que el uso de los bienes ha de ordenarse a las necesidades sociales. El error de ambos planteos, es haber desconocido que ambas afirmaciones no son excluyentes sino absolutamente complementarias.

Tales situaciones parten del desconocimiento de la función social de la propiedad. Este concepto complementa y equilibra la función personal antes explicada. Siendo la propiedad un derecho derivado, su ejercicio efectivo ha de ordenarse no sólo a la satisfacción de las necesidades individuales, sino también al bien común de la sociedad política. Los bienes de los particulares deben contribuir a solventar todas aquellas actividades y servicios de utilidad común, que son indispensables a la buena marcha de la sociedad. Ello requiere una justa distribución de los ingresos, cuyo arbitraje supremo deberá ser ejercido por la autoridad política. Por eso, Juan Pablo II, en el discurso inaugural de la Conferencia Episcopal de Puebla (1979), afirmó que sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social.

En el orden nacional, el Estado deberá cuidar que todos los miembros de la comunidad reciban y puedan obtener con facilidad, los bienes necesarios. Y sobre los superfluos, podrá orientarlos cuando vea que la distribución no se hace con la debida facilidad, a través de la aplicación por parte de los mismos propietarios, al fin social. Cuando el propietario descuida el compartir sus bienes o la discreción en el uso de los mismos, la sociedad tendrá derecho a intervenir en defensa de la destinación universal de los bienes. De aquí nace la función rectificadora del Estado acerca de la propiedad privada.

No basta, por cierto, reconocer jurídicamente el derecho de propiedad, sino se verifica en la realidad el derecho a la propiedad (MM, 113). Hoy, más que nunca, existe la posibilidad de difundir la propiedad, pues los recursos técnicos y el mayor dominio de los recursos naturales, lo permite, si se aplica una adecuada política económica y social (MM, 115). Pues las relaciones económicas no surgen de hechos fortuitos, sino como resultado de la conducta humana. No hay fatalidad en la economía. Si bien la ciencia económica, posee sus propias leyes y métodos, la economía como actividad humana debe estar subordinada a la política y a la moral, para que sea posible un recto Orden Económico. Recordemos que ordenar es disponer las cosas a un fin; es una operación de la inteligencia, no de la voluntad.
Desde una perspectiva doctrinaria, podemos mostrar las alternativas que puede presentar un orden económico, según el enfoque intelectual y político que se elija. Seguimos de cerca la clasificación del Prof. Palumbo
[5]:

i) Algunos consideran que el Orden Económico surge sólo, por interacción de los factores. Es la hipótesis liberal de la “mano invisible”, que va disponiendo las cosas de tal modo que se produce un equilibrio de intereses en el mercado.
La Iglesia rechaza esta hipótesis, que no se ha verificado nunca en la historia. Por el contrario, considera que:
“No se puede confiar el desarrollo ni al solo proceso casi mecánico de la acción económica de los individuos ni a la sola decisión de la autoridad pública. Por este motivo hay que calificar de falsas tanto las doctrinas que se oponen a las reformas indispensables en nombre de una falsa libertad como las que sacrifican los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción.” (GS, 65)

ii) Cuando el Orden Económico es diseñado por el Estado y realizado por él mismo, se cae en el estatismo. El párrafo citado anteriormente explica los motivos del rechazo de esta posición, por parte de la Iglesia. La experiencia histórica demuestra que una economía estatizada anula la libertad de los ciudadanos y de los grupos sociales, además de resultar ineficiente en el largo plazo.

iii) El Orden Económico diseñado por el Estado, pero realizado por los particulares, con la mayor libertad posible, es el promovido por la Iglesia.
No corresponde al Estado “hacer” en materia económica, sino “ordenar y coordinar”. La justicia impone los límites a la libertad de los particulares en este campo, así como las cargas que puede imponer la autoridad pública. En efecto:
“Toca a los poderes públicos escoger y ver el modo de imponer los objetivos que hay que proponerse, las metas que hay que fijar, los medios para llegar a ellas, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas agrupadas en esta acción común. Pero han de tener cuidado de asociar a esta empresa las iniciativas privadas y los cuerpos intermedios. Evitarán así el riesgo de una colectivización integral o de una planificación arbitraria que, al negar la libertad, excluirá el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona humana.” (PP, 33)

La economía es principalmente una relación del hombre con las cosas. Pero con un determinado tipo de cosas únicamente, que son las cosas escasas y útiles. Escasez y utilidad, son necesarias para que las cosas tengan valor económico. De esta relación, surge una ley fundamental de la economía que es la Ley de la oferta y la demanda.
Una cosa, en la medida en que es más necesitada o es más escasa tiende a aumentar su valor, y tiende a disminuirlo en la medida en que es más abundante.
Lo aberrante del liberalismo no consiste en defender esta ley natural y espontánea de las relaciones económicas, sino pretender que esa tendencia funcione fuera de todo encuadramiento y subordinación a leyes superiores. Que esta ley sea espontánea en la economía, no quiere decir que no se pueda hacer un ordenamiento inteligente de esa tendencia natural.

Existe una segunda ley fundamental de la economía que es la Ley de Reciprocidad en los Cambios, que tiene por virtud ordenar las tendencias espontáneas del mercado al Bien Común, siendo por eso, al mismo tiempo, una ley política. La ley de reciprocidad en los cambios, es la condición o supuesto previo para que la ley de la oferta y la demanda funcione regularmente sin deformar y desequilibrar la economía de una sociedad.
Esta ley fue expuesta por Aristóteles en el libro V de la Ética a Nicómaco, donde sostiene que debe haber un valor equivalente entre lo que se da y lo que se recibe. Porque si alguien “da más y recibe menos, desaparece su razón para vivir en sociedad”
[6].
Por eso, las dos leyes fundamentales de la economía deben funcionar necesariamente juntas, representando: la ley de la oferta y la demanda, la espontaneidad, la vitalidad y la libertad de los intercambios económicos; y la de reciprocidad en los cambios, la armonía de la estructura económica, la justicia social, y el crecimiento sostenido de la economía, libre de dependencias y condicionamientos exteriores.

La Encíclica “Centesimus Annus” considera justo rechazar un sistema económico que asegura el predominio absoluto del capital respecto a la libre subjetividad del trabajo del hombre, y no garantiza el bien común mediante un sólido contexto jurídico. Cuando el capitalismo asume este enfoque, se considera inaceptable.
Promueve, por el contrario, una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa -entendida como comunidad de hombres- y en la participación. Este tipo de sociedad, acepta el mercado como un instrumento eficaz para colocar los recursos y responder a las necesidades, pero exige que sea controlado por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad. Cuando el capitalismo responde a esta descripción, se considera aceptable.

La distinción, contenida en el párrafo 42 de la encíclica, no resulta ambigua, pues se encuadra en la diferencia que los especialistas han formulado, entre dos tipos de capitalismo: el anglosajón y el renano
[7]. La primera parte del párrafo, señala el capitalismo anglosajón, que, en líneas generales, coincide con el concepto de neoliberalismo. La segunda parte, describe lo que se conoce como capitalismo renano.
En otra parte de la encíclica (p. 19), el pontífice destaca el esfuerzo positivo que realizan algunos países para: “evitar que los mecanismos de mercado sean el único punto de referencia de la vida social y tienden a someterlos a un control público que haga valer el principio del destino común de los bienes de la tierra.” Luego detalla los aspectos positivos:

► una cierta abundancia de ofertas de trabajo;
► un sólido sistema de seguridad social;
► la libertad de asociación y la acción incisiva del sindicato;
► la previsión social en casos de desempleo.

Esta caracterización corresponde, precisamente, al capitalismo renano, que es el sistema económico que tiene vigencia en varios países, en especial: Alemania, Italia y Japón. La mención de este antecedente es importante para que no se tome a la enseñanza social de la Iglesia como a una “utopía” -lugar que no existe-, sino que, al menos parcialmente, coincide con experiencias concretas de la realidad.

Capítulo clave de la doctrina social en materia económica, lo constituye la necesidad de la participación del Estado (CA, p. 15), que debe actuar:
A) Indirectamente, según el principio de subsidiariedad, pues el orden económico debe estar a cargo de los particulares, salvo en situaciones excepcionales. No corresponde al Estado “hacer”, en materia económica, sino “ordenar” la actividad para que los particulares ejecuten. La acción del Estado debe consistir en: fomentar, estimular, ordenar, suplir y completar, la actividad de los particulares.
La interpretación neoliberal que atribuye al Estado poder actuar sólo por delegación de los particulares, es insuficiente. Lo correcto es que el Estado actúe siempre como gestor del bien común, orientando la economía y, en casos excepcionales, realizando directamente actividades que no pueden ser ejecutadas por los particulares.

B) Directamente, según el principio de solidaridad, para:
► corregir abusos: usura - monopolio, etc., pudiendo usar el instituto jurídico de la expropiación;
► redistribuir la riqueza: aplicando la ley de reciprocidad en los cambios. Mediante, por ejemplo, la política impositiva y la seguridad social.

No es suficiente reconocer el deber de intervención estatal en la economía, es necesario también limitar esa intervención. Pues la regulación estatal no debe anular o afectar gravemente la propiedad y la libertad individuales. Advierte el Papa que “se olvida que la convivencia entre los hombres no tiene como fin ni el mercado ni el Estado, ya que posee en sí misma un valor singular a cuyo servicio deben estar el Estado y el mercado.” (CA, p. 49)

Por eso, la Doctrina Social de la Iglesia no acepta:
Ni la no- intervención de la autoridad pública en materia económica
Ni la intervención total.

La doctrina social parte de una actitud realista, que conoce la lucha eterna entre el bien y el mal a que está sometido el hombre, y por ello “valiéndose de todas las aportaciones de las ciencias y de la filosofía, se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación.” (CA, p. 54). Como definió Pío XII esta doctrina está fijada definitivamente en sus principios fundamentales, pero se adapta a las situaciones variables a las que debe aplicarse (Aloc. 29-4-1945). Por ello, desde Populorum Progressio hasta la última encíclica social, Caritas in Veritate, ha hecho hincapié en el concepto de desarrollo humano. El desarrollo es algo más que simple crecimiento económico; “es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas” (PP, 20). La economía debe estar al servicio del hombre, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y espirituales.

Juan Pablo II (CA, 35) advirtió sobre la necesidad de un sistema económico apto para la realidad contemporánea, basado en tres instancias: el mercado, el Estado y la sociedad civil. La solidaridad requiere que todos se sientan responsables de todos; por tanto no se la puede dejar solamente en manos del Estado. Junto a la empresa privada, orientada al beneficio, y los diferentes tipos de empresa pública, deben poderse establecer y desenvolver aquellas organizaciones productivas que persiguen fines mutualistas y sociales. Es lo que Stefano Zamagni llama economía civil: “el conjunto de todas aquellas actividades en las que, ni la coerción formal ni la finalidad del beneficio, constituyen el principio formal de tales actividades. En otras palabras, mientras en los sectores estatal y del mercado privado, el principio de legitimidad de las decisiones económicas está constituido, en un caso, por el derecho de ciudadanía y, en el otro, por el poder de adquisición, en la economía civil está constituido por el principio de reciprocidad”
[8].
En las relaciones económicas, “el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria”
[9]. Iniciativas concretas, como la denominada economía de comunión, demuestran que es posible que en el mercado actúen personas y grupos que optan por tipos de gestión alejados del mero lucro, sin perjuicio de producir valor económico (CV, 37).

El ya citado Profesor Zamagni, consultor del Consejo Justicia y Paz, y uno de los redactores de Caritas in Veritate, ha cuestionado desde la perspectiva cristiana la tesis de la disminución económica, de Serge Latouche, que como solución a las injusticias del sistema económico actual, propone el decrecimiento
[10]. Explica que, etimológicamente, desarrollo significa liberar los rollos, o sea los vínculos que limitan la libertad de la persona; buscar las vías del desarrollo significa amar la libertad. Tres son las dimensiones del desarrollo humano: la cuantitativo-material, la socio-relacional, y la espiritual. Es verdad que la dimensión cuantitativo-material opaca las otras dos, pero esto no significa que, reduciendo el crecimiento económico se garantice el crecimiento de las otros dos dimensiones. El desarrollo humano exige la armonía de las tres dimensiones: procurando menos bienes materiales, más bienes relacionales y más bienes espirituales. El antídoto al actual modelo no es la disminución económica, sino la economía civil. Mientras la economía política busca el bien total, la economía civil tiene como meta el bien común.

En conclusión, vivimos en una época, signada por la globalización y enormes injusticias sociales; por eso, el desarrollo humano exige un esfuerzo enorme, al que todos estamos llamados, y obligados moralmente, por lo tanto, no se justifican ni la desesperación, ni el pesimismo, ni la pasividad. “Aunque imperfecto y provisional, nada de lo que se puede y debe realizar mediante el esfuerzo solidario de todos y la gracia divina en un momento dado de la historia, para hacer más humana la vida de los hombres se habrá perdido ni habrá sido en vano.” (SRS, 48)

(*) Exposición efectuada en el III Congreso Nacional de Filosofía del Derecho, Derecho Natural, Política y Bioética; en Resistencia (Chaco), 2/4-9-2011.

Fuentes:

CA, encíclica Centesimus annus.
CV, encíclica Caritas in veritate.
MM, encíclica Mater et Magistra.
GS, constitución Gaudium et Spes.
PP, encíclica Populorum Progressio.
SRS, encíclica Solicitudo rei socialis.
Garda Ortiz, Ignacio. Seminario “Defensa e ilustración de la libertad económica”; Buenos Aires, Fundación Forum, s/f.
Meneghini, Mario. “Sumario de Doctrina Social”; Córdoba, Escuela de Dirigentes Santo Tomás Moro, 2009.
Sacheri, Carlos. “La Iglesia y lo social”; Bahía Blanca, La Nueva Provincia, 1972.
Widow, Juan Antonio. “El hombre, animal político”; Buenos Aires, Fundación Forum, 1984.



[1] Martino, Renato Raffaele Card. Conferencia en Barcelona; cit. en Catholic.net, 17-2-06.
[2] Pontifico Consejo Justicia y Paz. “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”; Buenos Aires, Conferencia Episcopal Argentina, 2005, p. 211.
[3] “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” (p. 105); cit. por: Vitta, Carlos – Fior, Santos. “Ética y economía”; Buenos Aires, revista Imagen Profesional, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Mayo de 2011, p. 33/34.
[4] Ratzinger, Joseph. “Economía de Mercado y Ética”; conferencia en la Universidad Urbaniana, noviembre de 1985.
[5] Palumbo, Carmelo. “Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia”, Buenos Aires, CIES, 2004, pp. 316/323.
[6] Meinvielle, Julio. “Conceptos fundamentales de la economía”; Buenos Aires, Eudeba, 1973, p. 35.
[7] Albert, Michel: “Capitalismo contra capitalismo”, Buenos Aires, Paidós, 1992.

[8] “Hacia uma economía civil”; Revista Criterio, Nº 2205, octubre 1997.
[9] Caritas in Veritate, nº 36.
[10] Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan, Newsletter n º 344, 8-4-2011.

jueves, 1 de septiembre de 2011

Doctrina Social de la Iglesia y orden económico (*)



Nos corresponde reflexionar sobre la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), que es, según el Cardenal Martino, “el secreto mejor guardado de la Iglesia Católica”[1]; precisamente, Renato Martino preside el Pontificio Consejo Justicia y Paz que redactó el Compendio de esta rama de la teología moral.
El Compendio dedica su capítulo séptimo a la Vida Económica, que comienza señalando las dos posturas del Antiguo Testamento frente a los bienes económicos y la riqueza
[2]: la primera, considerando una bendición de Dios la disposición de los bienes materiales necesarios para la vida; la segunda, condenando los bienes económicos y la riqueza cuando hay mal uso. En consonancia con el antecedente bíblico, la DSI enseña que la economía posee una connotación moral, en lo que se diferencia sustancialmente con las teorías contemporáneas más conocidas.
Es que, desde el Renacimiento, la ética dejó de vincularse con la economía, en un proceso que llega a expresar, con Keynes: Por tanto, después de todo, las tasas reales de ahorro y gasto totales no dependen de la precaución, la previsión, el orgullo o la avaricia. La virtud y el vicio no tienen nada que ver con ellos
[3].
En una conferencia, el entonces Cardenal Ratzinger, criticó la perspectiva de Adam Smith de que: “cualquier acción moral voluntaria contradice las reglas del mercado”
[4]. Por el contrario, las reglas sólo funcionan cuando existe un consenso moral que las sostiene. Pues si el individuo carece de una regulación moral adecuada, tiende a subordinar a sus intereses egoístas el uso de los bienes que posee. Este egoísmo -alentado por el individualismo- trae aparejada toda clase de abusos e injusticias. Quien posee tiende a imponer condiciones injustas a quienes no poseen bien alguno, con el objeto de aumentar las propias ganancias, como lo atestigua la historia.

La Iglesia siempre ha defendido, con energía, que la propiedad privada de los bienes materiales es un derecho natural de la persona, cuyo respeto y protección es fundamental para la paz y la prosperidad sociales. En efecto, si el hombre es un ser racional, libre y responsable, la primera proyección de su naturaleza en el campo de los bienes económicos, de los cuales ha de servirse para vivir y alcanzar su plenitud, es precisamente la propiedad privada y personal sobre tales bienes.
No obstante lo señalado, el derecho de propiedad es un derecho secundario o derivado. De la tendencia natural a nuestra conservación, deriva el derecho de todo hombre a la libre disposición de los bienes necesarios a dicha subsistencia; este derecho es anterior al derecho de propiedad privada sobre los mismos. Esta reflexión pone de manifiesto la gravedad del error liberal, según el cual la propiedad no admite limitación alguna so pena de verse destruida en los hechos. Por el contrario, el orden natural señala que este derecho no es un derecho absoluto sino subordinado a otro aún más fundamental y anterior (MM, 43).

Si el liberalismo fue sensible al hecho de que si se traba la iniciativa privada, no habrá producción abundante de bienes económicos, las corrientes socialistas reivindicaron otra verdad parcial, a saber, que el uso de los bienes ha de ordenarse a las necesidades sociales. El error de ambos planteos, es haber desconocido que ambas afirmaciones no son excluyentes sino absolutamente complementarias.

Tales situaciones parten del desconocimiento de la función social de la propiedad. Este concepto complementa y equilibra la función personal antes explicada. Siendo la propiedad un derecho derivado, su ejercicio efectivo ha de ordenarse no sólo a la satisfacción de las necesidades individuales, sino también al bien común de la sociedad política. Los bienes de los particulares deben contribuir a solventar todas aquellas actividades y servicios de utilidad común, que son indispensables a la buena marcha de la sociedad. Ello requiere una justa distribución de los ingresos, cuyo arbitraje supremo deberá ser ejercido por la autoridad política. Por eso, Juan Pablo II, en el discurso inaugural de la Conferencia Episcopal de Puebla (1979), afirmó que sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social.

En el orden nacional, el Estado deberá cuidar que todos los miembros de la comunidad reciban y puedan obtener con facilidad, los bienes necesarios. Y sobre los superfluos, podrá orientarlos cuando vea que la distribución no se hace con la debida facilidad, a través de la aplicación por parte de los mismos propietarios, al fin social. Cuando el propietario descuida el compartir sus bienes o la discreción en el uso de los mismos, la sociedad tendrá derecho a intervenir en defensa de la destinación universal de los bienes. De aquí nace la función rectificadora del Estado acerca de la propiedad privada.

No basta, por cierto, reconocer jurídicamente el derecho de propiedad, sino se verifica en la realidad el derecho a la propiedad (MM, 113). Hoy, más que nunca, existe la posibilidad de difundir la propiedad, pues los recursos técnicos y el mayor dominio de los recursos naturales, lo permite, si se aplica una adecuada política económica y social (MM, 115). Pues las relaciones económicas no surgen de hechos fortuitos, sino como resultado de la conducta humana. No hay fatalidad en la economía. Si bien la ciencia económica, posee sus propias leyes y métodos, la economía como actividad humana debe estar subordinada a la política y a la moral, para que sea posible un recto Orden Económico. Recordemos que ordenar es disponer las cosas a un fin; es una operación de la inteligencia, no de la voluntad.
Desde una perspectiva doctrinaria, podemos mostrar las alternativas que puede presentar un orden económico, según el enfoque intelectual y político que se elija. Seguimos de cerca la clasificación del Prof. Palumbo
[5]:

i) Algunos consideran que el Orden Económico surge sólo, por interacción de los factores. Es la hipótesis liberal de la “mano invisible”, que va disponiendo las cosas de tal modo que se produce un equilibrio de intereses en el mercado.
La Iglesia rechaza esta hipótesis, que no se ha verificado nunca en la historia. Por el contrario, considera que:
“No se puede confiar el desarrollo ni al solo proceso casi mecánico de la acción económica de los individuos ni a la sola decisión de la autoridad pública. Por este motivo hay que calificar de falsas tanto las doctrinas que se oponen a las reformas indispensables en nombre de una falsa libertad como las que sacrifican los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción.” (GS, 65)

ii) Cuando el Orden Económico es diseñado por el Estado y realizado por él mismo, se cae en el estatismo. El párrafo citado anteriormente explica los motivos del rechazo de esta posición, por parte de la Iglesia. La experiencia histórica demuestra que una economía estatizada anula la libertad de los ciudadanos y de los grupos sociales, además de resultar ineficiente en el largo plazo.

iii) El Orden Económico diseñado por el Estado, pero realizado por los particulares, con la mayor libertad posible, es el promovido por la Iglesia.
No corresponde al Estado “hacer” en materia económica, sino “ordenar y coordinar”. La justicia impone los límites a la libertad de los particulares en este campo, así como las cargas que puede imponer la autoridad pública. En efecto:
“Toca a los poderes públicos escoger y ver el modo de imponer los objetivos que hay que proponerse, las metas que hay que fijar, los medios para llegar a ellas, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas agrupadas en esta acción común. Pero han de tener cuidado de asociar a esta empresa las iniciativas privadas y los cuerpos intermedios. Evitarán así el riesgo de una colectivización integral o de una planificación arbitraria que, al negar la libertad, excluirá el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona humana.” (PP, 33)

La economía es principalmente una relación del hombre con las cosas. Pero con un determinado tipo de cosas únicamente, que son las cosas escasas y útiles. Escasez y utilidad, son necesarias para que las cosas tengan valor económico. De esta relación, surge una ley fundamental de la economía que es la Ley de la oferta y la demanda.
Una cosa, en la medida en que es más necesitada o es más escasa tiende a aumentar su valor, y tiende a disminuirlo en la medida en que es más abundante.
Lo aberrante del liberalismo no consiste en defender esta ley natural y espontánea de las relaciones económicas, sino pretender que esa tendencia funcione fuera de todo encuadramiento y subordinación a leyes superiores. Que esta ley sea espontánea en la economía, no quiere decir que no se pueda hacer un ordenamiento inteligente de esa tendencia natural.

Existe una segunda ley fundamental de la economía que es la Ley de Reciprocidad en los Cambios, que tiene por virtud ordenar las tendencias espontáneas del mercado al Bien Común, siendo por eso, al mismo tiempo, una ley política. La ley de reciprocidad en los cambios, es la condición o supuesto previo para que la ley de la oferta y la demanda funcione regularmente sin deformar y desequilibrar la economía de una sociedad.
Esta ley fue expuesta por Aristóteles en el libro V de la Ética a Nicómaco, donde sostiene que debe haber un valor equivalente entre lo que se da y lo que se recibe. Porque si alguien “da más y recibe menos, desaparece su razón para vivir en sociedad”
[6].
Por eso, las dos leyes fundamentales de la economía deben funcionar necesariamente juntas, representando: la ley de la oferta y la demanda, la espontaneidad, la vitalidad y la libertad de los intercambios económicos; y la de reciprocidad en los cambios, la armonía de la estructura económica, la justicia social, y el crecimiento sostenido de la economía, libre de dependencias y condicionamientos exteriores.

La Encíclica “Centesimus Annus” considera justo rechazar un sistema económico que asegura el predominio absoluto del capital respecto a la libre subjetividad del trabajo del hombre, y no garantiza el bien común mediante un sólido contexto jurídico. Cuando el capitalismo asume este enfoque, se considera inaceptable.
Promueve, por el contrario, una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa -entendida como comunidad de hombres- y en la participación. Este tipo de sociedad, acepta el mercado como un instrumento eficaz para colocar los recursos y responder a las necesidades, pero exige que sea controlado por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad. Cuando el capitalismo responde a esta descripción, se considera aceptable.

La distinción, contenida en el párrafo 42 de la encíclica, no resulta ambigua, pues se encuadra en la diferencia que los especialistas han formulado, entre dos tipos de capitalismo: el anglosajón y el renano
[7]. La primera parte del párrafo, señala el capitalismo anglosajón, que, en líneas generales, coincide con el concepto de neoliberalismo. La segunda parte, describe lo que se conoce como capitalismo renano.
En otra parte de la encíclica (p. 19), el pontífice destaca el esfuerzo positivo que realizan algunos países para: “evitar que los mecanismos de mercado sean el único punto de referencia de la vida social y tienden a someterlos a un control público que haga valer el principio del destino común de los bienes de la tierra.” Luego detalla los aspectos positivos:

► una cierta abundancia de ofertas de trabajo;
► un sólido sistema de seguridad social;
► la libertad de asociación y la acción incisiva del sindicato;
► la previsión social en casos de desempleo.

Esta caracterización corresponde, precisamente, al capitalismo renano, que es el sistema económico que tiene vigencia en varios países, en especial: Alemania, Italia y Japón. La mención de este antecedente es importante para que no se tome a la enseñanza social de la Iglesia como a una “utopía” -lugar que no existe-, sino que, al menos parcialmente, coincide con experiencias concretas de la realidad.

Capítulo clave de la doctrina social en materia económica, lo constituye la necesidad de la participación del Estado (CA, p. 15), que debe actuar:
A) Indirectamente, según el principio de subsidiariedad, pues el orden económico debe estar a cargo de los particulares, salvo en situaciones excepcionales. No corresponde al Estado “hacer”, en materia económica, sino “ordenar” la actividad para que los particulares ejecuten. La acción del Estado debe consistir en: fomentar, estimular, ordenar, suplir y completar, la actividad de los particulares.
La interpretación neoliberal que atribuye al Estado poder actuar sólo por delegación de los particulares, es insuficiente. Lo correcto es que el Estado actúe siempre como gestor del bien común, orientando la economía y, en casos excepcionales, realizando directamente actividades que no pueden ser ejecutadas por los particulares.

B) Directamente, según el principio de solidaridad, para:
► corregir abusos: usura - monopolio, etc., pudiendo usar el instituto jurídico de la expropiación;
► redistribuir la riqueza: aplicando la ley de reciprocidad en los cambios. Mediante, por ejemplo, la política impositiva y la seguridad social.

No es suficiente reconocer el deber de intervención estatal en la economía, es necesario también limitar esa intervención. Pues la regulación estatal no debe anular o afectar gravemente la propiedad y la libertad individuales. Advierte el Papa que “se olvida que la convivencia entre los hombres no tiene como fin ni el mercado ni el Estado, ya que posee en sí misma un valor singular a cuyo servicio deben estar el Estado y el mercado.” (CA, p. 49)

Por eso, la Doctrina Social de la Iglesia no acepta:
Ni la no- intervención de la autoridad pública en materia económica
Ni la intervención total.

La doctrina social parte de una actitud realista, que conoce la lucha eterna entre el bien y el mal a que está sometido el hombre, y por ello “valiéndose de todas las aportaciones de las ciencias y de la filosofía, se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación.” (CA, p. 54). Como definió Pío XII esta doctrina está fijada definitivamente en sus principios fundamentales, pero se adapta a las situaciones variables a las que debe aplicarse (Aloc. 29-4-1945). Por ello, desde Populorum Progressio hasta la última encíclica social, Caritas in Veritate, ha hecho hincapié en el concepto de desarrollo humano. El desarrollo es algo más que simple crecimiento económico; “es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas” (PP, 20). La economía debe estar al servicio del hombre, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y espirituales.

Juan Pablo II (CA, 35) advirtió sobre la necesidad de un sistema económico apto para la realidad contemporánea, basado en tres instancias: el mercado, el Estado y la sociedad civil. La solidaridad requiere que todos se sientan responsables de todos; por tanto no se la puede dejar solamente en manos del Estado. Junto a la empresa privada, orientada al beneficio, y los diferentes tipos de empresa pública, deben poderse establecer y desenvolver aquellas organizaciones productivas que persiguen fines mutualistas y sociales. Es lo que Stefano Zamagni llama economía civil: “el conjunto de todas aquellas actividades en las que, ni la coerción formal ni la finalidad del beneficio, constituyen el principio formal de tales actividades. En otras palabras, mientras en los sectores estatal y del mercado privado, el principio de legitimidad de las decisiones económicas está constituido, en un caso, por el derecho de ciudadanía y, en el otro, por el poder de adquisición, en la economía civil está constituido por el principio de reciprocidad”
[8].
En las relaciones económicas, “el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria”
[9]. Iniciativas concretas, como la denominada economía de comunión, demuestran que es posible que en el mercado actúen personas y grupos que optan por tipos de gestión alejados del mero lucro, sin perjuicio de producir valor económico (CV, 37).

El ya citado Profesor Zamagni, consultor del Consejo Justicia y Paz, y uno de los redactores de Caritas in Veritate, ha cuestionado desde la perspectiva cristiana la tesis de la disminución económica, de Serge Latouche, que como solución a las injusticias del sistema económico actual, propone el decrecimiento
[10]. Explica que, etimológicamente, desarrollo significa liberar los rollos, o sea los vínculos que limitan la libertad de la persona; buscar las vías del desarrollo significa amar la libertad. Tres son las dimensiones del desarrollo humano: la cuantitativo-material, la socio-relacional, y la espiritual. Es verdad que la dimensión cuantitativo-material opaca las otras dos, pero esto no significa que, reduciendo el crecimiento económico se garantice el crecimiento de las otros dos dimensiones. El desarrollo humano exige la armonía de las tres dimensiones: procurando menos bienes materiales, más bienes relacionales y más bienes espirituales. El antídoto al actual modelo no es la disminución económica, sino la economía civil. Mientras la economía política busca el bien total, la economía civil tiene como meta el bien común.

En conclusión, vivimos en una época, signada por la globalización y enormes injusticias sociales; por eso, el desarrollo humano exige un esfuerzo enorme, al que todos estamos llamados, y obligados moralmente, por lo tanto, no se justifican ni la desesperación, ni el pesimismo, ni la pasividad. “Aunque imperfecto y provisional, nada de lo que se puede y debe realizar mediante el esfuerzo solidario de todos y la gracia divina en un momento dado de la historia, para hacer más humana la vida de los hombres se habrá perdido ni habrá sido en vano.” (SRS, 48)

(*) Exposición efectuada en el III Congreso Nacional de Filosofía del Derecho, Derecho Natural, Política y Bioética


Resistencia, Chaco, 2/4-9-2011




Fuentes:
CA, encíclica Centesimus annus.
CV, encíclica Caritas in veritate.
MM, encíclica Mater et Magistra.
GS, constitución Gaudium et Spes.
PP, encíclica Populorum Progressio.
SRS, encíclica Solicitudo rei socialis.
Garda Ortiz, Ignacio. Seminario “Defensa e ilustración de la libertad económica”; Buenos Aires, Fundación Forum, s/f.
Meneghini, Mario. “Sumario de Doctrina Social”; Córdoba, Escuela de Dirigentes Santo Tomás Moro, 2009.
Sacheri, Carlos. “La Iglesia y lo social”; Bahía Blanca, La Nueva Provincia, 1972.
Widow, Juan Antonio. “El hombre, animal político”; Buenos Aires, Fundación Forum, 1984.



[1] Martino, Renato Raffaele Card. Conferencia en Barcelona; cit. en Catholic.net, 17-2-06.
[2] Pontifico Consejo Justicia y Paz. “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”; Buenos Aires, Conferencia Episcopal Argentina, 2005, p. 211.
[3] “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” (p. 105); cit. por: Vitta, Carlos – Fior, Santos. “Ética y economía”; Buenos Aires, revista Imagen Profesional, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Mayo de 2011, p. 33/34.
[4] Ratzinger, Joseph. “Economía de Mercado y Ética”; conferencia en la Universidad Urbaniana, noviembre de 1985.
[5] Palumbo, Carmelo. “Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia”, Buenos Aires, CIES, 2004, pp. 316/323.
[6] Meinvielle, Julio. “Conceptos fundamentales de la economía”; Buenos Aires, Eudeba, 1973, p. 35.
[7] Albert, Michel: “Capitalismo contra capitalismo”, Buenos Aires, Paidós, 1992.

[8] “Hacia uma economía civil”; Revista Criterio, Nº 2205, octubre 1997.
[9] Caritas in Veritate, nº 36.
[10] Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan, Newsletter n º 344, 8-4-2011.

Ponencia (*)





DILEMA: DERECHO DE RESISTENCIA O ACCIÓN POLÍTICA


Ponencia:

En el mundo contemporáneo es frecuente el impulso a utilizar el derecho de resistencia frente a los abusos de la autoridad pública. Estimamos, sin embargo, que en la mayoría de los casos: a) o no se justifica el empleo de este recurso, b) o bien el intento está condenado al fracaso, por carecer de viabilidad, deviniendo entonces en una actitud imprudente e ineficaz. En ambos casos, existe renuencia a la acción política, considerando que es insuficiente para lograr la solución de los problemas, o por que conduce inevitablemente a una conducta inmoral.

Fundamentación:

1. La doctrina establece cuatro tipos o grados de resistencia, que permiten matizar la aplicación de los principios, según las circunstancias y el juicio prudencial: Resistencia pasiva - Resistencia activa ( legal o de hecho) – Rebelión.
Tanto para la rebelión como para la resistencia activa de hecho, deben tenerse en cuenta los requisitos que fija la doctrina, resumida en el Catecismo:
“La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: 1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; 2) después de haberse agotado todos los otros recursos; 3) sin provocar desórdenes peores; 4) que haya esperanza fundada de éxito; 5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores.” (Nº 2243)

2. Las indicaciones doctrinarias son precisas, y deben servir para evitar insurrecciones o guerras civiles, cuando no se dan las condiciones mínimas para asegurar el bien común
[1]. En palabras de Pablo VI: “No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor” (PP, 31).
Como les advirtió severamente Juan Pablo II a los políticos irlandeses: “Los que recurren a la violencia sostienen siempre que solamente la violencia conduce al cambio. Afirman que la acción política no puede conseguir la justicia. Vosotros, los políticos, debéis demostrar que están equivocados. Debéis mostrar que hay un camino pacífico, político, para la justicia. La violencia florece mejor, cuando hay un vacío político o una repulsa del movimiento político”
[2].

3. Suele suceder, entre algunos intelectuales o dirigentes católicos, que invocan frecuentemente el derecho de resistencia, no porque estén dadas las condiciones que lo justifican moralmente, sino por rechazo al régimen político vigente, que consideran debe ser modificado de raíz pues impide un gobierno que garantice el bien común.
Procurar el reemplazo de los procedimientos actuales de selección de gobernantes, constituye un noble esfuerzo, siempre que la alternativa propuesta sea factible y no una fórmula teórica, para ser aplicada en un futuro indefinido. Sobre eso escribió Pablo VI: “La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas”
[3].

4. Si se sostiene que no se puede -o no se debe- actuar dentro del sistema político vigente, pues el sistema es la enfermedad, quedamos paralizados de entrada. El sistema institucional vigente nos incluye, mal que nos pese, puesto que somos ciudadanos de éste Estado, y debemos sujetarnos a los trámites oficiales, cobrar sueldos o jubilaciones, pagar las multas e impuestos, etcétera.
La única manera efectiva de procurar un cambio es participando activamente en la vida cívica. Pero para eso, se debe partir de dos premisas doctrinarias: la licitud moral del voto
[4], y la obligación de respetar el régimen institucional vigente[5], sin que ello implique avalar las imperfecciones que atribuyamos al sistema electoral y a la Constitución vigentes.

5. Algunos objetan estas premisas:

5.1. El artículo 2240 del Catecismo referido al voto, estaría interpretado simpliciter –de modo directo o simplista-, y correspondería hacerlo secundum quid –matizado según las circunstancias.

Sin embargo, al aprobar el texto del Catecismo, Juan Pablo II manifestó: “Lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe”
[6]. Si para interpretarlo adecuadamente fuese necesario conocer teología y latín, no sería una norma segura pues no sería posible una interpretación unívoca. En conclusión, debe ser interpretado simpliciter.

5.2. Sobre la encíclica Au milieu des solicitudes, se alega que estuvo dirigida a los franceses, en una situación determinada, por tanto lo que expone no es magisterio universal. Pero la misma enseñanza se reiteró posteriormente y no hay ningún documento que contradiga el criterio fijado. Pío XI, en la carta apostólica Firmissimam constantiam, dirigida a los obispos mejicanos, luego de la guerra cristera, explica que: “un católico se guardará de descuidar, por ejemplo, el ejercicio del derecho de votar cuando entran en juego el bien de la Iglesia o de la patria” (p. 40).

6. No se trata, por cierto, de intervenir en la vida pública, para adaptarse a lo que sostiene la mayoría, sino, precisamente, para defender y procurar aplicar, con firmeza, la propia doctrina.
Tampoco la decisión de participar en política implica que todos se sientan obligados a afiliarse a un partido, ni mucho menos a postularse como candidatos. También la emisión del voto, deberá quedar librada a la conciencia individual.

Objeciones a la participación en política

7. La Iglesia siempre ha considerado válido cualquier sistema político que asegure el bien común; por eso, cada persona tiene derecho a preferir uno en particular. Pero es obvio, que en un país como el nuestro, donde rige el sistema republicano desde hace dos siglos, no habrá posibilidad de cambiarlo por otro, a menos que sea interviniendo en el régimen vigente o utilizando la fuerza.

8. De las dos premisas indicadas, se infiere la necesidad de actuar en política, utilizando las herramientas que permite la legislación, sin desconocer las dificultades que conlleva esa decisión. La compleja y desagradable realidad contemporánea puede hacer caer en dos tipos de convicciones erróneas, que, a su vez, conducen a estrategias diferentes para enfrentar la realidad.

Primera posición:

9. Algunos sostienen que, como existe un oligopolio partidocrático que restringe las chances electorales a dos o tres partidos o alianzas, es un esfuerzo inútil aceptar el combate electoral, con el consiguiente desgaste de dinero y energías que podrían ser mejor empleadas.
Entonces, aducen, mientras no cambie el panorama, conviene concentrar el esfuerzo en el combate intelectual, formando a los jóvenes que en el futuro podrán ocuparse de la política.

10. La acción cultural no debe descuidarse, por el contrario debe acentuarse, perfeccionando los instrumentos correspondientes. Pero, como enseña el Magisterio y demuestra la historia, en última instancia es el poder político el que determina, incluso, las posibilidades de la acción cultural
[7].
Refugiarse en cenáculos intelectuales, hasta que se produzca el cambio que soñamos, es caer en la utopía. Afirmaba Juan XXIII: “tengan presente que el crecimiento de todas las cosas es una ley impuesta por la naturaleza y que, por tanto, en el campo de las instituciones humanas no puede lograrse mejora alguna si no es partiendo paso a paso desde el interior de las instituciones”
[8].

Segunda posición:

11. Se alega que, como la corrupción de la política se acelera y se vulneran gravemente los llamados valores no negociables, es necesario enfrentar con energía al gobierno, ejerciendo el derecho de resistencia.

12. El derecho de resistencia puede y debe aplicarse, cuando se dan las condiciones que fija el Catecismo. Saltear los tres grados previos (resistencia pasiva, resistencia legal, resistencia activa de hecho), para promover la rebelión armada, no es lícito moralmente, y es un planteo ineficaz y suicida
[9].
Un caso concreto de aplicación de la doctrina lo encontramos en la Carta Encíclica de Pío XI Acerba anima, donde el Papa explica que, al haberse mitigado parcialmente la persecución religiosa en México “parecía conveniente suspender las medidas de resistencia, que podían ser cada vez más dañosas al pueblo cristiano, y adoptar otras medidas más adecuadas a la nueva situación” (p. 10).

13. Que la política contemporánea ofrece un panorama desolador, nadie lo puede negar, pero ante este horizonte, consideramos que no basta con trabajar en el campo de la cultura, y criticar la realidad presente, esperando que se produzca un cambio positivo, puesto que: “El poder es la facultad de mover la realidad, y la idea no es capaz por sí misma de hacer tal cosa”
[10].
Como se pregunta el P. Gómez Pérez
[11], ¿qué hacer mientras tanto? Porque, si mientras damos el buen combate en el plano religioso e intelectual, nos abstenemos de actuar a través de las instituciones vigentes, “la política, que es un asunto humano de primera importancia, queda relegada al campo de lo casi pecaminoso y, de rechazo, el cristianismo se convierte en algo ya ultraterreno, cuando en realidad su dimensión trascendente no ahorra ahora sino que estimula la acción en las entrañas de la historia”.

14. Si desde hace un siglo se ha producido el alejamiento de los católicos de la actividad política, ello se debe a un menosprecio de la misma -la "cenicienta del espíritu", según Irazusta- y a una cierta pereza mental que impide imaginar soluciones eficaces para enfrentar los problemas espinosos que plantea la época.
Asumir una posición rigorista en temas de procedimiento, implica colocar a quien defiende la necesidad de actuar en la vida cívica, pese a las dificultades, en una situación casi herética, siendo que dicha participación ha sido insistentemente recomendada por los Papas
[12].
La posición rigorista llega a extremos insólitos; el prestigioso autor Stan Popescu, sostiene que: "Durante dos mil años, la humanidad se desarrolló y evolucionó sin política"; "La filosofía de la política va ligada estrechamente a la teología del infierno. La política no es una creación divina…"
[13].

15. El enfoque realista en materia política ha sido destacado por Joseph Ratzinger
[14]:
“Ser sobrios y realizar lo que es posible en vez de exigir con ardor lo imposible ha sido siempre cosa difícil… El grito que reclama grandes hazañas tiene la vibración del moralismo; limitarse a lo posible parece, en cambio, una renuncia a la pasión moral, tiene el aspecto del pragmatismo de los mezquinos”.
Los consejos de Santo Tomás Moro, Patrono de los Gobernantes y Políticos, nos estimulan a continuar el arduo camino de servir al bien común con los instrumentos disponibles
“La imposibilidad de suprimir enseguida prácticas inmorales y corregir defectos inveterados no vale como razón para renunciar a la función pública. El piloto no abandona su nave en la tempestad, porque no puede dominar los vientos”
[15].

Conclusión

El cristianismo siempre ha considerado a la política como una actividad noble, pero no deben confundirse los planos y pretender con la política lograr la perfección de una sociedad; es imprescindible, sin embargo, para ayudar “a reducir el mal y a acentuar el bien lo más posible, y a crear un orden de convivencia estable”
[16]. Si, como afirma Aristóteles[17], es imposible que esté bien ordenada una ciudad que no esté gobernada por los mejores sino por los malos, resulta imprescindible la participación activa de los ciudadanos para procurar seleccionar a los más aptos y honestos para el desempeño de las funciones públicas.



Córdoba, Agosto 15-8-2011. -

Mario Meneghini

(*) Presentada al III Congreso Nacional de Filosofía del Derecho, Derecho Natural, Política y Bioética -Resistencia, Chaco, 2/4-9-2011

Bibliografía consultada

Aquino, Santo Tomás de. “Del gobierno de los príncipes”; Buenos Aires, 1945, T. I.

Castaño, Sergio Raúl. “Defensa de la política”; Buenos Aires, Editorial ábaco de Rodolfo Palma, 2003.

Doctrina Pontificia; Madrid, 1958, T. II, Documentos Políticos.

Hoffner, Joseph. “Doctrina social cristiana”; Madrid, Rialp, 1964.

Irazusta, Julio. “La Política, cenicienta del espíritu”; Buenos Aires, Dictio, 1977.

Messner, Johannes. “Ética social, política y económica; a la luz del derecho natural”; Madrid, Rialp, 1967.

Portela, Jorge Guillermo. “La justificación iusnaturalista de la desobediencia civil y de la objeción de conciencia”; Buenos Aires, EDUCA, 2005.

Rommen, Heinrich. “El Estado en el pensamiento católico”; Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1956.

Unión Internacional de Estudios Sociales (Malinas). “Código de Moral Política”; Santander, Sal Terrae, 1959.








[1] El profesor Juan A. Widow cita cuatro ejemplos concretos de rebeliones en que se dieron todas las condiciones exigidas por la doctrina; incluso en dos que fracasaron (Alemania, 1944, y Hungría, 1956) existían probabilidades de éxito, por lo que estaban justificadas: El hombre, animal político, Buenos Aires, Nueva Hispanidad Académica, 2007, pp. 141/142.
[2] Homilía, 29-9-1979, en Irlanda del Norte (p. 14).
[3] Carta Apostólica “Octogesima Adveniens”; p. 37.
[4] Catecismo de la Iglesia Católica, Nº 2240.
[5] Encíclica Au Millieu des Solicitudes, pp. 16/23.
[6] Constitución Apostólica Fidei Depositum, 11-10-1992, p. 4.
[7] “Sin embargo, es cosa de todos sabida que, en los campos social y económico –tanto nacional como internacional-, la decisión última corresponde al poder político” (Octogesima Adveniens, p. 46).
[8] Encíclica Pacem in terris, p. 162.
[9] “La gravedad de los peligros que el recurso a la violencia comporta hoy evidencia que es siempre preferible el camino de la resistencia pasiva, más conforme con los principios morales y no menos prometedor del éxito” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, p. 401).
[10] Guardini, Romano. “El poder”; Guadarrama, 1963, pág. 22.
[11] Gómez Pérez, Rafael. “Introducción a la política activa”; Editorial Magisterio Español, 1978, págs. 105/106.
[12] “…los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política”: Juan Pablo II. Exhortación apostólica Christifideles laici, p. 42.
[13] “Psicología de la política”; Buenos Aires, EUTHYMIA, 1991, pp. 69 y 74.
[14] “Cristianismo y política”; Revista Internacional Communio, julio/agosto, 1995.
[15] “Utopía”, Sopena Argentina, 1944, pág. 64.
[16] Iraburu, P. José María. “Los católicos y la Política, utopía y política”; El último Alcázar, 26-6-2006.
[17] “Política”; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 182.