jueves, 30 de abril de 2020

EL PLANEAMIENTO COMO INSTRUMENTO DE GOBIERNO



 En vísperas de cumplirse 46 años de la presentación ante el Congreso, por parte del Presidente Perón, del Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, nos parece imprescindible volver a meditar sobre este tema, en un momento sumamente grave para la Argentina. Cuando termine la pandemia en curso, la situación socio-económica nos enfrentará a la realidad de un país devastado, con dificultades enormes para recuperarse, y sin un plan de largo plazo. Cuatro décadas sin planeamiento, han dejado una herencia nefasta; ojalá aprendamos la lección.

*****


En la actualidad, resulta evidente que la acción de planificar constituye un instrumento esencial del gobierno. El planeamiento constituye el desarrollo de un proceso de toma de decisiones anticipadas y coordinadas entre sí, con vistas a alcanzar un objetivo predeterminado. (1)

Varios gobernantes argentinos utilizaron el planeamiento, pero esporádica y brevemente; quien lo aplicó en forma sistemática y en mayor medida fue el Gral. Perón. Desde 1944, cuando el gobierno provisional del Gral. Farrell le encarga crear el Consejo Nacional de Posguerra, para preparar una transformación del país al terminar la segunda guerra mundial. Esta experiencia le sirve para, ya siendo Presidente, impulsar el Primer Plan Quinquenal 1947/51, y luego el Segundo  Plan Quinquenal 1953/57.

En el Modelo Argentino encontramos, en la Segunda Parte del documento presentado por Perón ante el Congreso el 1-5-1974, una frase significativa que reproduce un párrafo de la Carta  Apostólica Octogesima adveniens (p. 37), de Pablo VI, haciendo propia la reflexión del flamante Santo:
“La apelación a la utopía es, con frecuencia, un cómodo pretexto cuando se quiere rehuir las tareas concretas y refugiarse en un mundo imaginario; vivir en un futuro hipotético significa deponer las responsabilidades inmediatas.” (2)

La palabra utopía fue inventada por Tomás Moro, y significa lugar que no existe. En sentido inverso, el Modelo propone  el ideal no utópico de realizar dos tareas permanentes:
*acercar la realidad al ideal
*y revisar la validez de ese ideal para mantenerlo abierto a la realidad del futuro.

Este enfoque realista de la política, nos debe servir para orientarnos en esta época de globalización donde existen amenazas y desafíos muy complejos.
Pese a todos los condicionamientos, la situación internacional, vista sin anteojeras ideológicas, ofrece - en especial desde 1989- posibilidades de actuación autonómica aún a los países pequeños y medianos. Por eso no compartimos la opinión de que la soberanía es inalcanzable por un Estado-Nación en el siglo XXI, siendo necesario lograr una organización política supranacional, como sostiene por ejemplo Juan Grabois en un reciente libro (La clase peligrosa, Planeta, 2018, p. 77).

Pero es imprescindible sí, que el Estado funcione con la máxima eficacia. Y allí nos encontramos con un serio problema, que señaló Perón en un mensaje a los Gobernadores el 2 de agosto de 1973:
“la destrucción aquí ha comenzado por lo más grave que puede producirse, la destrucción del hombre; ha seguido por lo más grave que puede haber después de eso, que es la destrucción del Estado”. (3)

Cuando Perón inicia su tercer mandato presidencial, el Estado argentino ya no existía. Esto requiere una explicación; el Prof. de Mahieu  describe al Estado como el órgano de síntesis, conciencia y mando, de una sociedad territorialmente delimitada, destinado a lograr el bien común. (4)

El ejercicio de las tres funciones señaladas -la síntesis o integración social, el planeamiento y la conducción-,  es requisito indispensable para la existencia de un Estado; cuando dejan de cumplirse, el Estado desaparece, aunque se mantengan las formalidades constitucionales. Eso es lo que ocurrió en la Argentina, hace 5 décadas. Si un Estado no posee, en acto, estas tres funciones, ha dejado de funcionar como tal o ha efectuado una trasferencia de poder en beneficio de organismos supraestatales, o de actores privados, o de otro Estado.
La soberanía,  es la cualidad del poder estatal que consiste en ser supremo en un territorio determinado, y no depender de otra normatividad superior. No es susceptible de grados; existe o no. Por lo tanto, carece de sentido mencionar la "disminución de soberanía" de los Estados contemporáneos.
Lo que puede disminuirse o incrementarse es el poder propiamente dicho, es decir, la capacidad efectiva de hacer cosas, de resolver problemas e influir en la realidad.

Ahora bien, el grave problema argentino, es que no existe soberanía pues no existe el Estado. De allí la paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen de los problemas es la ausencia del Estado. Limitándonos ahora al planeamiento como instrumento de gobierno, nos referimos a un proceso permanente que asegure la máxima racionalidad en la adopción de decisiones para el logro de los objetivos del país.

Un plan nacional debe estar basado en un conjunto de concertaciones que lo hacen patrimonio de la sociedad y no sólo del gobierno. Su ejecución es de responsabilidad compartida, de las instituciones públicas, de las asociaciones de trabajadores, de empresarios, de las universidades y en general de todos los ciudadanos.
El planeamiento como proceso político administrativo no se agota en la formulación de un plan. Incluye además, el análisis de la ejecución de las actividades previstas y la revisión periódica  de sus principales programas y proyectos, evaluándose la viabilidad y consecuencias.

El proceso de planeamiento abarca tres niveles de elaboración:
*El largo plazo (no menos de 10 años) requiere la definición de las cualidades de la sociedad que se vislumbra para el futuro y la identificación de las estrategias globales para alcanzarla.
*El mediano plazo (coincidente con el mandato de un gobierno), estará a cargo del poder ejecutivo, con la participación del Congreso.
*El plan de corto plazo -paralelo al presupuesto anual-, así como su ejecución, corresponde al gabinete presidencial.

El control de gestión es parte del planeamiento, requiere un flujo constante de datos que permitan evaluar el cumplimiento de las metas y detectar las anomalías que se presenten.
El proyecto, sin embargo, es mucho más que extrapolación en el tiempo; el vocablo se refiere a la intervención necesaria de la voluntad humana en su configuración.
Existe el riesgo de hacer futurología, aplicando métodos cuantitativos a los aspectos cualitativos de la vida social, como si se pudiera revelar el porvenir por computación. Evitaremos el intento de hacer futurología y su consecuencia más dañina, la ingeniería social, si reconocemos que la sociedad no es una cosa susceptible de manipular. Sin embargo, “el futuro es parcialmente controlable”; “el futuro de un pueblo, entendido como proyecto vital colectivo, puede en buena medida ser regulado desde el presente”. (5)

 “Un plan de la nación no aparece, pues, como una fórmula mágica, sino como una combinación perfectible de realismo y voluntad”. (6)
De manera que, no sólo es posible sino imprescindible  la planificación. Pero siempre, respaldando los planes en el consenso de sus protagonistas, quienes deben participar en su elaboración, ejecución y modificación.

El Estado, en su función de planeamiento, realiza  un proceso permanente con varias etapas:
1. Centraliza la información que le llega de los grupos sociales; recopila sus problemas, necesidades y demandas, elaborándose un Diagnóstico.
2. Sobre la base del diagnóstico, y de las Directivas Políticas que fijan las prioridades, se confecciona un Modelo de Desarrollo –que equivale a un proyecto nacional-, en función de los fines comunes, fijados en la Constitución Nacional y en otros documentos, que señalan los objetivos políticos y los valores que identifican a un pueblo.
3. Del modelo surgen los Objetivos, las Políticas para cada área de gobierno y las Estrategias a utilizar.
4. Recién entonces comienza la faz técnica del proceso que consiste en la Programación de las actividades con el detalle de los programas y proyectos concretos, la previsión financiera y el cronograma respectivo.
5. Mediante el Control de Gestión, se evalúa no solamente el grado de cumplimiento de las metas fijadas, sino también las otras etapas del proceso, de manera de corregir los errores en el diagnóstico, los objetivos, las políticas y las estrategias, adaptando el plan a las circunstancias cambiantes de la realidad.

Para que un plan nacional sea implementado eficazmente, y logre el apoyo de todos los sectores de la sociedad, además de la ya citada concertación previa, se requiere “contar con funcionarios estables, de la mayor capacidad, que permanezcan ajenos a los cambios políticos”, como lo expresa el Modelo Argentino (7).
Esto exige abandonar la administración pública clientelista, opción que se mantiene desde hace mucho tiempo, al margen de los cambios de gobierno, y que consiste en la cobertura de la mayoría de los cargos estatales por la simple voluntad de las autoridades.
Basta mencionar algunos datos oficiales del Ministerio de Modernización: en la administración nacional hay 2.300 cargos de directores y coordinadores, que según la legislación vigente deberían estar nombrados por concurso; sólo hay 72 de ellos concursados, estimándose que para el 2020 estarían concursados la mitad de los cargos (La Nación, 5-8-2018).

Un estado moderno requiere que los organismos públicos estén a cargo de empleados permanentes, designados en función del mérito. La administración pública, integrada por funcionarios de carrera, designados y promovidos por concurso, constituye la mejor garantía de eficiencia del estado, al servicio de la sociedad, y un elemento necesario para el proceso de planeamiento.
El nuevo modelo de gestión, deberá quedar reflejado en la legislación; en la ley de Presupuesto, deberá detallarse el número de cargos de nivel político, que, para el orden nacional, no debería superar la cantidad de 500 funcionarios, quedando fijada la obligación de cubrir todos los demás cargos por concurso de antecedentes y oposición.

En una concepción no totalitaria el planeamiento estatal sólo será vinculante para el propio Estado, y meramente indicativo para el sector privado. La autoridad pública no debe realizar ni decidir por sí misma lo que puedan hacer y procurar comunidades menores e inferiores. Pero, debido a la complejidad de los problemas modernos, el principio de subsidiariedad resulta insuficiente para resolverlos sin la orientación del Estado, que mediante el planeamiento se dedique a  estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los grupos intermedios.

En conclusión:
Un proyecto nacional puede contribuir, en ésta época signada por el fenómeno de la globalización, a compatibilizar la inevitable integración del país con los demás países, con la preservación de la propia identidad cultural, haciendo explícito lo que somos a fin de buscar lo que debemos ser; lo contrario sería abandonarse al futuro sin prudencia, de la mano de un empirismo más o menos ciego. (8)

Exposición realizada en el Congreso “Primero Argentina”, Córdoba, 17-11-18

Referencias:
1)  Moreno, Antonio Federico. “El planeamiento y nuestra Argentina”; Corregidor, 1978, p. 24.
 2) Perón, Juan. Modelo Argentino, 1974;  El Cid Editor, 1986, p. 88.
3) Perón, Juan. Perón en la Argentina 1973;  Vespa Ediciones, 1974, p. 58.
4) De Mahieu, José María.  “El Estado comunitario”;  Arayú, 1962.
 5) de Imaz, José Luis. “Nosotros mañana”; Eudeba, 1968, p. 9.
 6) Massé, Pierre. “El plan o el antiazar”; Barcelona, Ed. Labor, 1968, p. 37.
7) Perón, Juan. Modelo Argentino, p. 129.
 8) Pithod, Abelardo. “Proyecto Nacional y orden social”; en: AAVV. “Planeamiento y Nación”; OIKOS, l979, p. 63.
















martes, 21 de abril de 2020

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN CÍVICA



Para quienes quieran aprovechar el tiempo libre que surge de la cuarentena obligatoria, ofrecemos este programa de contenido sintético, virtual y gratuito. 

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domingo, 12 de abril de 2020

BIENAVENTURANZAS DEL POLÍTICO



Por el siervo de Dios,
el cardenal François-Xavier Nguyên Van Thuân
(1928-2002)


1. Bienaventurado el político que tiene un elevado conocimiento y una profunda conciencia de su papel.

El Concilio Vaticano II definió la política «arte noble y difícil» (Gaudium et spes, 73). A más de treinta años de distancia y en pleno fenómeno de globalización, tal afirmación encuentra confirmación al considerar que, a la debilidad y a la fragilidad de los mecanismos económicos de dimensiones planetarias se puede responder sólo con la fuerza de la política, esto es, con una arquitectura política global que sea fuerte y esté fundada en valores globalmente compartidos.

2. Bienaventurado el político cuya persona refleja la credibilidad.

En nuestros días, los escándalos en el mundo de la política, ligadas sobre todo al elevado coste de las elecciones, se multiplican haciendo perder credibilidad a sus protagonistas. Para volcar esta situación, es necesaria una respuesta fuerte, una respuesta que implique reforma y purificación a fin de rehabilitar la figura del político.

3. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés.

Para vivir esta bienaventuranza, que el político mire su conciencia y se pregunte: ¿estoy trabajando para el pueblo o para mí? ¿Estoy trabajando por la patria, por la cultura? ¿Estoy trabajando para honrar la moralidad? ¿Estoy trabajando por la humanidad?

4. Bienaventurado el político que se mantiene fielmente coherente,

con una coherencia constante entre su fe y su vida de persona comprometida en política;
con una coherencia firme entre sus palabras y sus acciones;
con una coherencia que honra y respeta las promesas electorales.

5. Bienaventurado el político que realiza la unidad y, haciendo a Jesús punto de apoyo de aquélla, la defiende.

Ello, porque la división es autodestrucción. Se dice en Francia: «los católicos franceses jamás se han puesto en pié a la vez, más que en el momento del Evangelio». ¡Me parece que este refrán se puede aplicar también a los católicos de otros países!

6. Bienaventurado el político que está comprometido en la realización de un cambio radical,

y lo hace luchando contra la perversión intelectual;
lo hace sin llamar bueno a lo que es malo;
no relega la religión a lo privado;
establece las prioridades de sus elecciones basándose en su fe;
tiene una carta magna: el Evangelio.

7. Bienaventurado el político que sabe escuchar,

que sabe escuchar al pueblo, antes, durante y después de las elecciones;
que sabe escuchar la propia conciencia;
que sabe escuchar a Dios en la oración.
Su actividad brindará certeza, seguridad y eficacia.

8. Bienaventurado el político que no tiene miedo.

Que no tiene miedo, ante todo, de la verdad: «¡la verdad –dice Juan Pablo II-- no necesita de votos!».
Es de sí mismo, más bien, de quien deberá tener miedo. El vigésimo presidente de los Estados Unidos, James Garfield, solía decir: «Garfield tiene miedo de Garfield».
Que no tema, el político, los medios de comunicación. ¡En el momento del juicio él tendrá que responder a Dios, no a los medios!


jueves, 9 de abril de 2020

COMENTARIO SOBRE LA "COMUNIDAD ORGANIZADA"




A los 71 años del 9 de abril de 1949

La expresión comunidad organizada  se remite al  texto de una conferencia pronunciada por el entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, el 9 de abril de 1949 al clausurar el Primer Congreso Nacional de Filosofía, realizado en Mendoza.

Resulta curioso que se haya aceptado durante mucho tiempo la versión de que la conferencia mencionada hubiese abarcado el texto completo de lo que luego, al ser publicado, tuvo una extensión de 52 páginas -según la publicación del Congreso de la Nación- cuya lectura demandaría unas dos horas y media.

Recién al encontrarse -varias décadas después- el audio de la exposición de Perón, en el Archivo General de la Nación, que figuraba archivado como Discurso pronunciado el 9 de abril de 1949, se comprobó que duraba 65 minutos, incluida la presentación y cierre del locutor. En el acto mencionado el presidente se había limitado a la lectura de los últimos seis subtítulos o capítulos del trabajo, del XVII al XXII, del total de veintidós. De manera que los primeros 16 se insertaron posteriormente al incorporarse a las Actas del Congreso (1).

Es habitual que en los discursos oficiales el gobernante se limite a corregir  o ampliar lo escrito en borrador por sus colaboradores; en este caso –en que se trata de una ponencia, más que de un discurso-  se ha estimado, que podrían haber intervenido Carlos Astrada, Hernán Benitez y Juan Sepich, entre otros. 
De todos modos, lo que nos interesa es el contenido de los capítulos XX y XXI, pues el mismo fue reiterado en muchas ocasiones por Perón, y no cabe duda de su autoría. En especial, podemos citar el breve artículo “Una comunidad organizada”, publicada en el diario Democracia, el 29 de noviembre de 1951, con el pseudónimo Descartes (lo agregamos como Anexo); también el capítulo 1 de la Segunda Parte (Comunidad Organizada) del Modelo Argentino, de 1974. En los textos citados se encuentra el núcleo del modelo de sociedad al que Perón denominó comunidad organizada, y que constituye la esencia de su doctrina política.

Se ha manifestado muchas veces que el justicialismo fue influido por el fascismo italiano, e incluso un prestigioso constitucionalista sostuvo que la reforma de la Constitución Nacional de 1949 –marco jurídico de los dos primeros gobiernos peronistas- fue inconstitucional, por motivos formales y de contenido. “Para la impugnación en razón de contenido, se alega que la reforma de 1949 alteró la democracia como forma de estado, suplantándola por un totalitarismo” (2).

Recordemos que la presentación del trabajo de Perón en el Congreso citado, fue posterior a la sanción de la reforma aprobada el 11-3-49. La Convención Constituyente, con amplia mayoría del peronismo –la bancada radical se retiró el 8 de marzo- no modificó ninguna de las funciones de los tres poderes clásicos, ni aumentó las atribuciones del Poder Ejecutivo. Al respecto, es interesante repasar lo expresado por el miembro informante, Dr. Arturo Sampay:

“No se trata de modificar las instituciones que tiene la República basadas en su Constitución Nacional; sino adecuar su accionar a la hora presente.”

“El alma de la concepción política que propicia la reforma constitucional está inmersa en un dogma que sustenta la primacía de la persona humana y su destino. Tal como lo proclama Perón tantas veces: El Estado debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del Estado. De esto debemos deducir que el Estado debe promover el bienestar común en un orden justo.

El totalitarismo es la contrafigura de esta concepción política, porque degrada al hombre a la situación de ser instrumento del Estado.
La aparición de los totalitarismos, uno arengando al sometimiento de la voluntad personal mediante la premisa del bien común;  otro utilizando el sistema violento de someter a otros pueblos y razas con el Estado-Dios, amante de la guerra de conquistas”. [3]

La reforma del 49 sólo incorporó seis nuevos artículos; nos parece importante destacar el poco citado artículo 15, pues esclarece el enfoque del justicialismo.

“El Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad.
Esta norma se entiende sin perjuicio del derecho de emisión del pensamiento dentro del derecho doctrinal, sometido a las prescripciones de la ley. El Estado no reconoce organizaciones, nacionales, o internacionales –cualesquiera sean sus fines- que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución o atentatorias al sistema democrático en que ésta se inspira.
Quienes pertenezcan a cualquiera de las organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones públicas en ninguno de los poderes del Estado.
Quedan prohibidos la organización y el funcionamiento de milicias o agrupaciones similares que no sean las del Estado, así como el uso público de uniformes, símbolos o distintivos de organizaciones cuyos fines prohíbe esta Constitución o las leyes de la Nación.”

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Anexo

Una Comunidad Organizada (*)

Cuando hablamos de una “comunidad organizada”, nos referimos a un gobierno, un Estado y un pueblo que orgánicamente deben cumplir una misión común. Para que ello suceda, es menester primero establecer esa misión, luego ordenarse adecuadamente para cumplirla, disponiendo de una organización objetiva, simple, pero eficaz y estable, aunque animada por un alto grado de perfectibilidad.

Uno de los errores más recuentes de la organización es la falta de objetividad. Aunque parezca mentira, los hombres pocas veces conocen claramente “lo que desean”. Este es el punto de partida de numerosos y groseros errores en la organización. Ninguna organización puede iniciarse si antes no fijamos su objetivo o finalidad. Los efectos de los errores de esta clase, cometidos en el comienzo orgánico, difícilmente se corrigen en el curso de los acontecimientos.

Lo difícil y lo complejo son siempre antagónicos de lo orgánicamente funcional. El secreto está en transformar en simple lo complejo y en claro lo difícil. La simplificación y clarificación es un proceso de síntesis. La simplicidad en lo orgánico es la base del éxito en la ejecución.
La comunidad en su planteamiento orgánico no escapa a estos grandes principios. La doctrina es la finalidad, encarnada en el alma colectiva de la comunidad. La teoría, sus formas de ejecución.

Al fijar una doctrina, establecida en la Constitución Justicialista, y una teoría, evidenciada en las realizaciones mismas del peronismo, la comunidad argentina ha comenzado el cumplimiento de su misión común. En la doctrina, la teoría y la misión está el germen de la organización Justicialista.
A la actual organización del gobierno y del Estado ha de seguir la del pueblo. El justicialismo concibe al gobierno como el órgano de la concepción y planificación, y por eso es centralizado; al Estado como organismo de la ejecución, y por eso es descentralizado, y al pueblo como el elemento de acción, y para ello debe estar también organizado.

Los tres factores, gobierno, Estado y pueblo, deben actuar armónicamente coordinados y equilibradamente compensados en la ejecución de la misión común. Para que ello ocurra, son necesarias una subordinación ajustada y absoluta del Estado al gobierno y una colaboración y cooperación inteligentes de las distintas fuerzas del pueblo con el gobierno y las instituciones estatales. Sólo así la comunidad puede constituir un conjunto orgánico y armónico para empeñarse a fondo en el cumplimiento de una tarea común. Por eso el Estado moderno no podrá cumplir su cometido si no realiza acabadamente su organización.

El gobierno, tal como lo concibe el justicialismo, es una acción destinada a la dirección común en forma de posibilidad que cada uno se realice a sí mismo, al propio tiempo que todos realizan la comunidad. Posibilitar, ayudar, impulsar la acción de todos y de cada uno es una función elemental de gobierno.
Las instituciones estatales, orgánicamente dependientes del gobierno, están naturalmente tuteladas en su acción por el mismo. Las instituciones populares deben recibir del gobierno idéntico trato, ya que son el pueblo mismo, pero no está en manos del gobierno el organizarlas, porque esa organización, para que sea eficaz y constructiva, debe ser popularmente libre.

Para realizar esta concepción es menester que el pueblo se organice en sectores de diversas actividades afines, ya sean éstas formativas o de realización, de modo de poder llegar representativamente a la dirección común con las exigencias, necesidades, aspiraciones, colaboración y cooperación.
Desde hace cinco años propugnamos esa organización; los bienes que ella acarreará en lo colectivo y en lo individual han de persuadir a todos sobre la necesidad de hacerlo. Las fuerzas económicas, de la producción, la industria, el comercio, del trabajo, de la ciencia, las artes, la cultura, etc., necesitan de esa orgánica elemental para su desarrollo, consolidación y progreso ulterior. El gobierno y el Estado también lo necesitan para servirlas, ayudarlas, impulsarlas y protegerlas.

Cuando escuchamos críticas interesadas, superficiales o subalternas, sobre el insólito desarrollo de la organización de algunos sectores de la comunidad argentina, no podemos menos que preguntar por qué los demás no hacen lo mismo si, lejos de impedirlo u obstaculizarlo, el gobierno hace cinco años que ruega al pueblo argentino que se organice, porque siendo su función la de gobernar, se da cuenta de que no puede gobernarse lo inorgánico.
Para cualquiera de las tres formas de la conducción, dirigir, gobernar o mandar, es indispensable una organización previa.

Si para un mejor gobierno de lo interno la organización es indispensable, para enfrentar lo internacional esa organización es un imperativo ineludible de nuestra época. Si pueden tolerarse “disonancias” en los asuntos entre argentinos, no podemos presentarnos con dualidades al exterior sin correr el grave riesgo de desaparecer como nación.

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(*) “Una Comunidad Organizada” (29-11-51), en Descartes (pseudónimo) “Política y Estrategia”, 1953, pp. 108/109.


Referencias:

(1) Castellucci, Oscar. “Aportes para una nueva lectura de la Comunidad Organizada”; en Biblioteca del Congreso de la Nación. Comisión Ejecutora Ley 25.114, Perón: la comunidad organizada (1949), 2014,  pp. 9/17.

(2) Bidart Campos, Germán. “Manual de Derecho Constitucional Argentino”; Ediar, 1972, p. 84.

[3] Beccacece, Héctor Nazario. “Comparativo de la Constitución Argentina 1853-1949”; Edición del autor, 1985, pp. 62/63.





jueves, 2 de abril de 2020

¿FRAUDE PATRIÓTICO?



¿Quiénes son veteranos de guerra?

Es el título de un artículo del Gral. Balza, que se publica en la fecha (Infobae, 2-4-20). Pese a los antecedentes negativos de dicho militar, consideramos conveniente reproducir los datos que menciona, que ya había aportado en su libro “Malvinas: gesta e incompetencia”; Atlántida, 2003. 
Como, al cabo de 17 años, nunca se han desmentido las cifras citadas, estaríamos frente a un fraude sumamente grave, que merece ser esclarecido y corregido.


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“En 1982, al término de la guerra, los efectivos acreditados como veteranos eran 14.189, distribuidos de esta manera: Ejército, 10.189; Armada, 3.119; Fuerza Aérea, 1.000; Gendarmería, 40; y Prefectura, 29. Curiosamente, a fines de 1999, según el Ministerio de Defensa, el número de veteranos había ascendido a 22.200 (Ejército, 10.306; Armada, 10.321; Fuerza Aérea, 1.478; Gendarmería, 53; y Prefectura, 62). Es decir que el Ejército incrementó un 3%, la Fuerza Aérea un 48% y la Armada un 231%. 

Es comprensible que entre 1982 y 1990 pueden haberse hecho ajustes en la medida que se reunieron nuevos antecedentes.
Sin embargo, lo exagerado y poco comprensible es que en 1982 la participación de oficiales y suboficiales era del 26%, y de soldados del 74%, porcentaje totalmente ajustado a la realidad. Pero en 1999 —siempre según el Ministerio de Defensa— el porcentaje de soldados disminuyó al 52% y el de cuadros (oficiales y suboficiales) se incrementó al 48%.

Como veterano de guerra no puedo aceptar que combatieron 11.532 soldados y 10.661 oficiales y suboficiales. Lo niega la historia militar y el más mínimo sentido común.

Esta flagrante anomalía e injustificado incremento de cuadros fue informada de inmediato, a fines de 1999, al entonces ministro de Defensa, Jorge Domínguez; al presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, Jorge Villaverde, y al de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Casella. 

Entre otros considerandos expresaba: “Atendiendo a que los presuntos errores o irregularidades que pudieran estar produciéndose en el carácter de Veterano de Guerra, con las consecuencias de que este carácter legal lleva implícito beneficios laborales, económicos, previsionales y sociales, se estaría ocasionando un serio perjuicio económico al erario y moral al genuino ex combatiente (Veterano de Guerra), considero indispensable la formulación de parámetros comunes para las Fuerzas intervinientes, para adjudicar el carácter de veterano con justicia y equidad, y reducir la cantidad de personas que injustificadamente detentan esa situación (…) 
Ello, con una considerable reducción de los costos que actualmente afronta y deberá afrontar el Estado nacional, los gobiernos provinciales, municipales, obras sociales y empleadores (…) Asimismo, considero que se deben adoptar medidas que impone la legislación vigente tanto en el orden administrativo y civil”.

Ninguno de los nombrados acusó recibo. Un mes después entregué el mando del Ejército. En la actualidad el número de “veteranos” podría superar los 23.000.”