Un artículo publicado en la fecha y que reproducimos a continuación, profundiza en el enigma sobre el tema mencionado, que ha desembocado -aparentemente- en un crimen. Sin negar que el motivo alegado en ese artículo haya existido, nos parece inverosímil que un funcionario judicial de vasta experiencia haya presentado una denuncia carente de pruebas, como afirman miembros del gobierno. Por otra parte, pudo haber otro interés mutuo para llegar a un acuerdo con Irán; a eso se refiere una nota que agregamos más adelante.
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Las verdaderas
razones del pacto con Irán
Rodolfo Terragno
Clarín, 7-2-15
Muchos creen –y el
extinto fiscal Alberto Nisman lo refrendó en su acusación contra la Presidenta
y el canciller– que la “comisión de la verdad”, convenida en 2013 por la
Argentina e Irán, escondía un acuerdo para intercambiar petróleo por cereales.
No es lógico. Para
que un país venda lo que tiene y compre lo que necesita, no hace falta un
“memorándum de entendimiento” como el que se firmó. Además, ni nosotros
estábamos desesperados por petróleo ni Irán por cereales.
A la Argentina no le
hacía falta, para completar su producción, grandes cantidades de crudo; y las
que necesitaba podía comprárselas a cualquiera. Por otra parte, el ministro de
Producción, Julio de Vido, ha explicado que “la Argentina nunca importó
petróleo iraní porque tiene 1,3 % de azufre, lo cual impide su refinación aquí,
donde no son tolerables niveles superiores a 0,2 %”.
Irán, a su vez, sabía
(como todo el mundo) que la Argentina ya no era hoy ni la sombra del “granero
del mundo”. Hay doce países que producen más trigo que nosotros, y seis que
exportan más. Ucrania produce el doble. Pakistán también. Peor aun: hasta el
propio Irán produce más trigo que la Argentina. Y para comprar un suplemento
tiene un supermercado global. Puede comprar hasta trigo norteamericano, y de
hecho lo hace, porque las sanciones no comprenden, por razones “humanitarias”
la provisión de alimentos.
El gobierno de la
señora de Kirchner, sin necesidad de memorándum alguno, había triplicado las
exportaciones por todo concepto a Irán, pasando de 319 millones de dólares en
2007 a 1.080 millones en 2011. Y eso mientras el gobierno argentino culpaba a
funcionarios iraníes por el atentado contra la AMIA y exigía su extradición,
como lo hicieron ante la asamblea de las Naciones Unidas el presidente Néstor
Kirchner en 2007 y su esposa en 2008, 2009 y 2010.
El memorándum
argentino-iraní de 2013 sólo puede obedecer a dos razones:
1. El gobierno
argentino creyó, genuinamente, que una “comisión de la verdad” ayudaría a
esclarecer el crimen de la AMIA.
2. Hubo un interés
oculto que nada tenía que ver con el petróleo ni con los cereales.
¿Qué pudo querer
Irán?
Las potencias estaba
empeñadas en frenar el desarrollo atómico iraní, y hacían lo imposible para que
Irán no recibiera material nuclear o know how. La Argentina, ha hecho un avance
notable en materia nuclear: tiene tres centrales atómicas: Atucha (1974),
Embalse (1983) y Atucha 2 (2011), diseñó su propio reactor de potencia y ha
exportado (a Australia, Argelia, Egipto y Perú) reactores para la fabricación
de radioisótopos.
La presidenta del
Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes norteamericana,
Ileana Ros-Lehtinen, dijo en julio de 2011 que el presidente venezolano Hugo
Chávez “habría intercedido ante la Argentina a favor de Irán para la obtención
por medio de Venezuela de tecnología nuclear argentina”.
La denuncia no fue
avalada por el Departamento de Estado, para el cual no había “evidencias” de
que se hubiese formado un triángulo Irán-Venezuela- Argentina para ayudar a
Irán en el desarrollo de su programa nuclear.
Sin embargo, el 27 de
ese mes, el instituto Gatestone –un organismo especializado en política
internacional—afirmó: “Hay razones para creer que, con la ayuda de Venezuela,
la Argentina está cooperando con Irán en asuntos nucleares, como parte de un
acuerdo que incluye la disposición de la Argentina a retirar las acusaciones
por los atentados de 1994 en Buenos Aires, a cambio de negocios”.
Esa fue la primera
vez que se habló de un acuerdo argentino-iraní que incluyera el caso AMIA.
Hubo luego indicios
de un acercamiento entre ambos países. El 2 de octubre de 2012, FARS News
Agency, la agencia de noticias iraní, informó que, en la Conferencia
Ministerial de Seguridad Nuclear, el canciller Héctor Timerman había “defendido
el programa nuclear de Irán, uniéndose a Venezuela en una muestra de apoyo al
gobierno de Irán”. Era la interpretación exagerada de un párrafo que, de todos
modos, resultaba sugestivo: Timerman había enfatizado que la Argentina apoyaba
y participaba “activamente” en la “lucha contra el terrorismo nuclear”, a lo
cual añadió que esa lucha no debía convertirse en “un medio indirecto de
limitar los derechos a la autonomía tecnológica y el uso pacífico de la energía
nuclear”. Irán ha sostenido siempre que sólo quiere radiosótopos para medicina
nuclear, no para fabricar bombas atómicas.
El memorándum de 2013
produjo sorpresa e irritación en la Argentina. En 2010 la Presidenta había
anunciado en Naciones Unidas su decisión de proponer a Irán que el caso AMIA
fuera dirimido en “un tercer país”, con la participación de “delegados de las
Naciones Unidas” y “observadores internacionales”. El memorándum estableció, en
cambio, que el caso sería analizado en Teherán, por una comisión que al término
de sus deliberaciones haría simple “recomendaciones” a cada país. Para
interrogar a los iraníes acusados, los jueces argentinos debían ir a Irán.
En una de las
cláusulas se establecía que el memorándum debía ser remitido por ambos
cancilleres a Interpol. Timerman sostiene –y un ex jefe de Interpol ha
confirmado– que la Argentina no pidió el levantamiento de las “alertas rojas”
que pesaban sobre los sospechosos. En realidad, no hace falta: la “alerta roja”
no es más que una comunicación a todo el mundo de que ciertas personas son
buscadas por determinado país. Los países donde se los encuentre no tienen
obligación de detenerlos. Mucho menos si el que busca y los buscados han
entrado en negociaciones.
Timerman jura que “el
único compromiso” del gobierno argentino era “con los familiares de las
víctimas”, en busca de “hallar en la verdad y obtener de la justicia la
reparación debida”. Los familiares de las víctimas no creyeron que la verdad
fuera a surgir de la comisión argentino-iraní.
Nunca se analizó
seriamente la hipótesis sobre un acuerdo nuclear subrepticio.
Sin embargo, en 2013
la propia Presidenta subrayó ante la Asamblea de Naciones Unidas, a propósito
de nada: “Por lo demás, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, negociarán a partir del 26 de febrero un Acuerdo Nuclear con
la República de Irán”.
Se refería al inicio
de las negociaciones, aún en marcha, para resolver el conflicto. Ese mismo año
Irán concedió una pequeña reducción de su plan nuclear a cambio de un
relajamiento de las sanciones. No es seguro, ni tampoco improbable, que la
perspectiva de un acuerdo con las potencias hubiera debilitado el interés de
Irán en burlarse de la sanciones impuestas por esas potencias.
Eso, y la fuerte
reacción de la sociedad argentina –que de hecho bloqueó la constitución de la
“comisión de la verdad”– explicarían que Irán haya desistido del acuerdo,
negándose a ratificarlo.
Lo que nunca quedó
claro fue qué ventajas habría logrado de la Argentina si el pacto hubiese
prosperado.
Para Irán, obtener
tecnología nuclear, pasar a ser la sede del debate sobre el caso AMIA (sin
obligación de acatar los resultados), y tener a sus acusados deambulando
libremente por el mundo, eran todos beneficios tan desproporcionados que, sin
duda, debió haber ofrecido a cambio algo difícil de imaginar.
Es muy poco verosímil
que se fuera a pasar, como no faltó quien sospechara, dinero por debajo de la
mesa. No al menos el precio de todo cuanto habría concedido la Argentina: una
cantidad de dinero tan desorbitante que no habría pasado debajo de ninguna
mesa.
Pero es también
inverosímil que el gobierno creyera, realmente, que el caso AMIA iba a
esclarecerse en Teherán. La Argentina no habría sido favorecida en el caso de
implementarse el acuerdo. Tampoco lo ha sido tras el fracaso.
El país y el propio
gobierno lo están comprobando. La desaparición de Nisman –por suicidio o por
homicidio— fue un sismo que estremeció las instituciones y tendrá secuelas
Para Irán, obtener
tecnología nuclear, pasar a ser la sede del debate sobre el caso AMIA (sin
obligación de acatar los resultados), y tener a sus acusados deambulando
libremente por el mundo, eran todos beneficios tan desproporcionados que, sin
duda, debió haber ofrecido a cambio algo difícil de imaginar.
Es muy poco verosímil
que se fuera a pasar, como no faltó quien sospechara, dinero por debajo de la
mesa. No al menos el precio de todo cuanto habría concedido la Argentina: una
cantidad de dinero tan desorbitante que no habría pasado debajo de ninguna
mesa.
Pero es también
inverosímil que el gobierno creyera, realmente, que el caso AMIA iba a
esclarecerse en Teherán.
La Argentina no
habría sido favorecida en el caso de implementarse el acuerdo. Tampoco lo ha
sido tras el fracaso.
El país y el propio
gobierno lo están comprobando. La desaparición del fiscal Nisman –por suicidio
o por homicidio— fue un sismo que estremeció las instituciones y tendrá
secuelas.
EL PROYECTO DE UN
MISIL LIGA AL PAÍS CON IRÁN
Por Daniel Gallo
La sombra de Irán se
proyecta nuevamente sobre el desarrollo de un misil argentino. El Cóndor II,
aquel cohete dirigido que fue cancelado en julio de 1990, revivió con fuerza en
2009. El control del proyecto quedó a cargo de Fabricaciones Militares (FM),
que pese a su denominación es manejada por Julio De Vido y su Ministerio de
Planificación.
A partir de esa
decisión, FM interesó en el misil a la Compañía Anónima Venezolana de
Industrias Militares (Cavim), sancionada la semana pasada por el Departamento
de Estado norteamericano a raíz de la sospecha de operaciones vinculadas con
tecnología misilística con Teherán.
Representantes de la
empresa venezolana visitaron en septiembre pasado Fabricaciones Militares y
firmaron convenios sobre transferencia de tecnología para plantas de compuestos
químicos usados en motores de empuje de misiles. Las negociaciones forman parte
de un acuerdo estratégico militar firmado entre la Argentina y Venezuela, cuyo
socio principal en la materia es Irán.
En julio de 2011 fue
la propia presidenta Cristina Kirchner quien terminó con el misterio del nuevo
misil argentino.
Ella presentó públicamente
durante la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, para que no quedasen
dudas de su uso militar, el lanzamiento del prototipo. Esa noche, el
seleccionado de fútbol argentino jugaba uno de los partidos de la Copa América,
así que pasó inadvertido el mensaje presidencial que rehabilitaba al Cóndor
II, denominado ahora Gradicom.
Resultó una
confirmación de las sospechas que tenía la embajada norteamericana en Buenos
Aires. Desde 2007, esa delegación diplomática estaba interesada en potenciales
derivaciones de un proyecto local de cohetes para poner satélites en órbita. De
acuerdo con los cables secretos filtrados por WikiLeaks, los norteamericanos
preguntaban a funcionarios argentinos sobre los verdaderos objetivos del plan
espacial. En 2010, determinaron que De Vido quería hacer un arma balística,
oculta bajo un supuesto uso civil.
El proyecto Cóndor II
comenzó en 1985 mediante la firma del decreto secreto 604 y fue desactivado en
julio de 1990, tras las presiones de Estados Unidos. Naciones árabes estaban
detrás de la financiación del plan. Durante 15 años, la Argentina se mostró
como un buen alumno internacional, incluso ocupó la presidencia en 2003 del
Régimen Internacional de Control de Tecnología Misilística, que vigila la
proliferación de cohetes con alcance superior a los 300 kilómetros. Esas armas
están prohibidas, aunque los países poderosos tienen miles de vectores
similares en sus arsenales.
Irán dominó hace
años esa tecnología y posee misiles de muy largo alcance; Venezuela pretende integrarse
en ese club militar al que la Argentina se suma paso a paso.
Hasta mediados de
2009, el proyecto oficial tenía que ver con la colocación de satélites en
órbita. En ese momento estaba a cargo la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (Conae), cuyos técnicos buscaban resolver los problemas encontrados
en el catalizador de hidrocina, el compuesto líquido que debía dar empuje a los
motores del cohete Tronador, cuyo primer y secreto lanzamiento fue informado en
exclusiva por LA NACION en 2007.
Con la iniciativa
civil paralizada por temas técnicos, el entonces interventor de Fabricaciones
Militares empezó a visitar en 2009 las instalaciones en las que se desarrollaba
el Tronador. El enviado personal de De Vido era Arturo Puricelli, hoy ministro
de Defensa. El lugar recorrido varias veces fue Falda del Carmen.
A mitad de camino
entre la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz, bajo tierra, se encuentra esa
unidad que era secreta en los años 80 y que se pensó anulada en los 90. Toda la
maquinaría estaba en su lugar a la espera de la decisión política de regresar
el Cóndor II. A fines de 2009, De Vido y Puricelli obtuvieron la aprobación de
Cristina Kirchner. Los cables norteamericanos hacen referencia a la queja del
entonces canciller Jorge Taiana, que había defendido públicamente la
orientación civil del proyecto de la Conae, orgánicamente dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Puricelli encontró en
Falda del Carmen la capacidad esperada, incluso la mezcladora de perclorato de
amonio, base del combustible del misil. En Planificación -cancillería paralela
en la relación con Caracas- nació el plan de colocar a la Argentina como
potencia misilística.
Con esa meta en
vista, Puricelli sostiene su puesto en el Ministerio de Defensa, donde en los
últimos meses no quedaron espacios para desarrollos faraónicos mientras buques
se hunden en sus propios muelles, otros se rompen en navegación y los pocos
aviones de combate que vuelan se caen.
Puricelli dejó su
lugar en Fabricaciones Militares a un funcionario vinculado con La Cámpora,
Santiago Rodríguez, quien firmó los acuerdos con la venezolana Cavim. El
gobierno de Estados Unidos prohibió a sus compañías comerciar con Cavim por sus
relaciones con el desarrollo misilístico de Irán.
Rodríguez se sumó al
impulso por los misiles adoptado por De Vido y Puricelli. En el presupuesto de
2013 figura la construcción de una planta llenado de propulsión de sólidos
compuestos para misiles; también la edificación de armado de vectores (la
estructura del misil) en Villa María. Las piezas principales llegarán desde
Falda del Carmen, ocupada por la Conae con su plan espacial que perdió fuerza
frente a la iniciativa de Fabricaciones Militares.
En seminarios de ese
organismo, De Vido dijo que debía contarse con esa planta de armado de misiles
a nivel industrial dado que se necesitaría abastecer las necesidades argentinas
y de la región. La idea en el laboratorio era del Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef). El plan de De Vido, expuesto
en los mensajes del presupuesto 2013, es independizar a Fabricaciones Militares
y a Citedef para convertirlas en empresas con mayoría estatal y participación
de otros inversores. Cavim está en primera fila. Pese a su relación con Irán.
EL ARMA SECRETA
Cristina Kirchner aprobó iniciar el plan
misilístico
2009
El inicio del plan
Arturo Puricelli,
como jefe de Fabricaciones Militares, empieza a visitar las instalaciones donde
se había planificado el proyecto Cóndor II, en los 90
2011
Presentación de
Cristina
La Presidenta anunció
el lanzamiento del prototipo de cohete, durante la cena de camaradería de las
Fuerzas Armadas
2012
Acuerdos con
Venezuela
Fabricaciones
Militares firmó convenios para el desarrollo misilístico con una firma venezolana
sancionada por EE.UU. por su supuesto lazo con Irán.
La Nación, 17-2-13
